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La Ley de la Jurisdicción Voluntaria delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro. En relación con las expedientes autorizados notarialmente, según este Centro Directivo, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En el presente caso, el notario hace constar las pruebas documentales y testificales en que se basa la notoriedad y, concretamente, que la fallecida se hallaba separada de hecho de su esposo, como resulta de las declaraciones de la requirente del acta, de la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada. Carece de fundamento, por tanto, la afirmación del registrador por la que se limita a afirmar que no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante.
BOE-A-2022-13446
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13446.pdf
En el recurso interpuesto por doña E. L. M. M. contra la negativa del registrador de la Propiedad de Madrid número 22, don Adrián Jareño González, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 1 de marzo de 2022 por el notario de Madrid, don Luis Calatayud Gallego, con el número 591 de protocolo, se formalizó la aceptación y adjudicación de herencia por fallecimiento de don R. L. M. H. Una de las herederas de dicho causante, doña M. D. L. M. M. falleció el día 24 de noviembre de 1989 sin haber otorgado testamento, por lo que fue declarada heredera abintestato de ella su madre, doña E. M. D., según se acreditaba con acta de requerimiento para la declaración de herederos autorizada el día 9 de septiembre de 2021 por el citado notario de Madrid, don Luis Calatayud Gallego, con el número 2.008 de su protocolo, y con acta de declaración de notoriedad de los hechos en que se basa dicha declaración autorizada el 29 de octubre de 2021 por el mismo notario, con el número 2.483 de protocolo.En la primera de tales actas, el notario hacía constar, entre otros extremos, las pruebas documentales y testificales en que se basaba la notoriedad que se declara en la segunda acta, en la cual expresaba lo siguiente: «(…) Segundo. Que al fallecimiento de la indicada causante, separada de hecho de su único esposo don P. F., sin descendientes, y habiéndola premuerto su padre, don R. L. M. H., su pariente más próximo es su madre doña E. M. D. (…) y en virtud de lo expuesto, vistas las declaraciones de la parte requirente de este acta, la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada, y habida cuenta de la vigente normativa aplicable a ese tipo de actas de notoriedad, declaro acreditada la notoriedad de todos los extremos referidos y de cuantos hechos han quedado consignados en el acta inicial por mi autorizada, en fecha 9 de septiembre de 2021, con el número 2008 de orden, cuya primera copia se acompañará a la primera copia que se libre de la presente».IIPresentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Madrid número 22, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Calificado el precedente documento en el día de hoy, presentado en esta Oficina, por don B. S. A., el día 04/04/2022, bajo el asiento número 87, del tomo 61 del Libro Diario y número de entrada 2438, que corresponde al documento otorgado ante el Notario de Madrid don Luis Calatayud Gallego, con el número 591/2022 de su protocolo, de fecha 01/03/2022, el Registrador que suscribe ha resuelto suspender la inscripción solicitada, por el defecto subsanable que seguidamente se indica, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:Hechos:No resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante intestada, doña M. D. L. M. M., fallecida el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con sumisión al Derecho Común, por la que se prescinde de los derechos sucesorios de su esposo don P. F.Fundamentos de Derecho:Artículos 24 de la Constitución Española; 69,657, 834, 835, 945 y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Código Civil; 20 de la Ley Hipotecaria; y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, con sus Fundamentos de Derecho.No se toma anotación de suspensión por no solicitarse. Contra la presente nota (…)Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Adrián Jareño González registrador/a de Registro Propiedad de Madrid 22 a día veinticinco de abril del dos mil veintidós.»IIIContra la anterior nota de calificación, doña E. L. M. M. interpuso recurso el día 20 de mayo de 2022 mediante escrito en el que alegaba los siguientes motivos:«Primero. El Sr. Registrador de la Propiedad suspende la inscripción por considerar que no está acreditado, a su juicio, un extremo o circunstancia determinante del resultado de la declaración de notoriedad, concretamente, la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento.Dicha opinión choca frontalmente y está en plena contradicción con lo que, por su parte, ha entendido el Señor Notario que ha intervenido en el expediente de jurisdicción voluntaria, quien, en virtud del principio de inmediación y de los medios de prueba practicados en el seno del mismo (documental y testifical reforzada) así como de su valoración conjunta, ha obtenido, como conclusión, una consecuencia diametralmente opuesta, considerando demostrada la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento, todo ello, además, tras acordar la publicación de los edictos que han quedado unidos al referido expediente notarial.Por lo expuesto la cuestión se ciñe, afectando, al análisis y consecuencias de la valoración de las pruebas practicadas en el expediente de jurisdicción voluntaria y, en definitiva, a determinar si el Señor Registrador, entre las facultades que tiene atribuidas, puede cuestionar y revisar la valoración de la prueba practicada por el fedatario así como la constancia fehaciente de los extremos dimanantes del acta por él autorizada.Conforme al art. 2 del Reglamento Notarial, la fe pública notarial abarca a la exactitud de los hechos que el Notario percibe por sus sentidos y a la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad contenidas en el instrumento público, circunstancias que a nuestro entender impedirían que la calificación del Registrador se extendiese a la valoración de los medios de prueba practicados, siendo esta de exclusiva competencia notarial y sujeta, en todo caso, al control judicial.Segundo. El ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria está contemplado en el art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria al establecer en el párrafo tercero que, si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado. a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro.Es doctrina pacífica de la DGRN (véanse, entre otras, las Resoluciones de 26 de abril de 2003, 12 y 16 de noviembre de 2015, 20 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2020) que la calificación registral con relación a las actas notariales de declaración de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro, considerando por ello que al Registrador le está vedado entrar en el fondo del juicio de notoriedad, únicamente sujeto a control judicial.El art. 18 de la LH establece asimismo el ámbito y alcance de la calificación registral (Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.), habiendo expresado la DGRN el Resolución de 29 de septiembre de 2016 que, como ha expresado este Centro Directivo en Resolución de 1 de octubre de 2009, «conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (…), los Registradores calificarán la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras presentadas a inscripción por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Pero ello no significa que ejerzan una función de carácter judicial y de plena cognición, respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba más. En el procedimiento registral se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título, cuando concurran los requisitos legales para ello, con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este.A los motivos anteriores son de aplicación los siguientes:Fundamentos de Derecho:I. Permite el recurso gubernativo el art. 324 de la Ley Hipotecaria, que establece que las calificaciones negativas del Registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de Registros y del Notariado, en la forma y según los trámites que prevén los artículos siguientes.II. Legitimación. Concurre legitimación en la compareciente en su condición de heredera e interesada en la herencia de su hermana, la causante.III. Requisitos. El presente recurso se interpone dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la calificación, y contempla los requisitos que a tal fin exige el art. 326 de la LH, designándose a efectos de notificaciones el domicilio del letrado de la compareciente y presentante del documento.IV. En cuanto al fondo de la cuestión son de aplicación los artículos y resoluciones citadas en los motivos de este escrito relativos al ámbito objetivo y alcance de la calificación registral.»IVMediante escrito, de fecha 31 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta Dirección General. En su informe hacía constar que el día 23 de mayo de 2022 dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, sin que se hayan recibido alegaciones formuladas por dicho notario.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 69, 657, 658, 834, 835, 945, 1216, 1217, 1218 y 1259 del Código Civil; 321 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 978 y 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; 3, 14, 18, 21, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 1, 17 bis, 24, 55 y 56 de la Ley del Notariado; 33, 51, 76, 78, 99 y 100 del Reglamento Hipotecario; 1, 162, 209, 209 bis, 237 y 251 del Reglamento Notarial; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 y 20 de marzo de 2012, y de, Sala Tercera, 24 de octubre de 2000; la sentencia número 220/2008, de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de diciembre de 1945, 15 de enero de 1960, 3 de abril de 1995, 11 de marzo y 26 de abril de 2003, 8 y 22 de julio de 2005, 10 y 12 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, 3 de febrero, 4 y 12 de junio y 2 de octubre de 2012, 27 de febrero y 14 de marzo de 2013, 6 de mayo de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 11 de enero y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero y 1 de junio de 2018, 16 de enero de 2019 y 15 de enero de 2020.1. Por el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia respecto de la cual una de las interesadas falleció el día 24 de noviembre de 1989, sin haber otorgado testamento, por lo que fue declarada heredera abintestato de ella su madre, según se acredita con acta de requerimiento para la declaración de herederos y con acta de declaración de notoriedad de los hechos en que se basa dicha declaración autorizadas, respectivamente, los días 9 de septiembre y 29 de octubre de 2021.El registrador basa su negativa a la inscripción solicitada en una calificación en la cual se limita a expresar que «no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante intestada, doña M. D. L. M. M., fallecida el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con sumisión al Derecho Común, por la que se prescinde de los derechos sucesorios de su esposo don P. F.». Y como fundamentos de Derecho se limita a citar determinados preceptos legales y una Resolución de este Centro Directivo.La recurrente alega que la afirmación del registrador está en plena contradicción con lo que, por su parte, ha entendido el notario que ha intervenido en el expediente de jurisdicción voluntaria, quien, en virtud del principio de inmediación y de los medios de prueba practicados en el seno del mismo (documental y testifical reforzada) así como de su valoración conjunta, ha obtenido, como conclusión, una consecuencia diametralmente opuesta, considerando demostrada la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento, todo ello, además, tras acordar la publicación de los edictos que han quedado unidos al referido expediente notarial. Añade que es doctrina pacífica de esta Dirección General que la calificación registral con relación a las actas notariales de declaración de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro, considerando por ello que al registrador le está vedado entrar en el fondo del juicio de notoriedad, únicamente sujeto a control judicial.2. Para resolver la cuestión planteada, esta Dirección General ha venido sosteniendo que puede inscribirse la escritura de adjudicación de herencia basada en un acta de declaración de herederos si en aquélla se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento (la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato) necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008, de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel.).Como añadió la Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operados por la ley–, ello no impide que la constatación documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995. Según esta última resolución, testimoniados los referidos extremos de la declaración de herederos abintestato, no es necesario acompañar ni testimoniar los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque sólo es exigido por el artículo 76 del Reglamento Hipotecario cuando se trata de herencia testada, mientras que para la inscripción de bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración judicial o notarial de herederos –cfr. párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento Hipotecario–. Como puso de relieve dicha Resolución, «la diferencia de régimen es perfectamente explicable a la vista de que la declaración de herederos abintestato presupone forzosamente que al órgano competente se habrán aportado esos certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad»). De dicha transcripción o testimonio del título sucesorio deben resultar los elementos imprescindibles para la calificación en los términos que a continuación se exponen.Según se afirmó en Resolución de 20 de diciembre de 2017, cabe tener en cuenta la doctrina de esta Dirección General sobre calificación registral de la declaración judicial de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, predicable igualmente respecto del acta de notoriedad sobre declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015 y en otras posteriores).La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo expuesto. En su artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que «la calificación de los registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de jurisdicción voluntaria autorizados notarialmente, no hay precepto semejante, pero debe tomarse en consideración dicho artículo 22. 2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también a los jueces– en exclusiva, y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.Como se expresa en las citadas Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, «(…) la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, recordar que al Registro solo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, “a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles”. Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán “…la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase,... así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas…”. Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este».En los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre de la declaración de herederos abintestato presentada incorporaba todos los datos necesarios para la calificación e inscripción relativos a la apertura de la sucesión, los particulares de la prueba practicada en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, fecha de nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos, por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía exigirse que se aportara, además, el acta previa en que se documentó el inicial requerimiento al notario autorizante (Resolución de 12 de noviembre de 2015) ni el certificado de defunción y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, pues el notario manifiesta que dichos certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo un hecho que queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del Notariado y 1 y 143 de su Reglamento– (Resolución de 16 de noviembre de 2015).Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 17 bis, número 1, apartado a), de la Ley del Notariado, el notario da fe de que «el otorgamiento se adecua a la legalidad», lo que implica según el apartado b) que «los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Y según el artículo 24 de la misma ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice[n] o intervenga[n]».En virtud de lo expuesto, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, debe recordarse que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, «a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán «(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, (…) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)». Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste.3. En el presente caso, en la primera de las actas sobre declaración de heredera abintestato el notario hace constar, entre otros extremos, las pruebas documentales y testificales en que se basa la notoriedad que respecto de dicha declaración consta en la segunda acta, en los términos que se transcribe en el apartado I de los antecedentes de hecho de esta Resolución. Interesa hacer constar que en dichas actas figuran los datos relativos a la fecha de nacimiento y de fallecimiento de la causante, estado civil y, concretamente, que ésta se hallaba separada de hecho de su esposo como resulta de las declaraciones de la requirente del acta, de la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada.Carece de fundamento, por tanto, la afirmación del registrador por la que se limita a afirmar que «no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante (…)». Por ello, y habida cuenta del objeto del presente recurso ex artículo 326 de la Ley Hipotecaria, no puede confirmarse la calificación objeto de impugnación.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
La Ley de la Jurisdicción Voluntaria delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro. En relación con las expedientes autorizados notarialmente, según este Centro Directivo, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En el presente caso, el notario hace constar las pruebas documentales y testificales en que se basa la notoriedad y, concretamente, que la fallecida se hallaba separada de hecho de su esposo, como resulta de las declaraciones de la requirente del acta, de la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada. Carece de fundamento, por tanto, la afirmación del registrador por la que se limita a afirmar que no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante.
BOE-A-2022-13446
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13446.pdf
En el recurso interpuesto por doña E. L. M. M. contra la negativa del registrador de la Propiedad de Madrid número 22, don Adrián Jareño González, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 1 de marzo de 2022 por el notario de Madrid, don Luis Calatayud Gallego, con el número 591 de protocolo, se formalizó la aceptación y adjudicación de herencia por fallecimiento de don R. L. M. H. Una de las herederas de dicho causante, doña M. D. L. M. M. falleció el día 24 de noviembre de 1989 sin haber otorgado testamento, por lo que fue declarada heredera abintestato de ella su madre, doña E. M. D., según se acreditaba con acta de requerimiento para la declaración de herederos autorizada el día 9 de septiembre de 2021 por el citado notario de Madrid, don Luis Calatayud Gallego, con el número 2.008 de su protocolo, y con acta de declaración de notoriedad de los hechos en que se basa dicha declaración autorizada el 29 de octubre de 2021 por el mismo notario, con el número 2.483 de protocolo.En la primera de tales actas, el notario hacía constar, entre otros extremos, las pruebas documentales y testificales en que se basaba la notoriedad que se declara en la segunda acta, en la cual expresaba lo siguiente: «(…) Segundo. Que al fallecimiento de la indicada causante, separada de hecho de su único esposo don P. F., sin descendientes, y habiéndola premuerto su padre, don R. L. M. H., su pariente más próximo es su madre doña E. M. D. (…) y en virtud de lo expuesto, vistas las declaraciones de la parte requirente de este acta, la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada, y habida cuenta de la vigente normativa aplicable a ese tipo de actas de notoriedad, declaro acreditada la notoriedad de todos los extremos referidos y de cuantos hechos han quedado consignados en el acta inicial por mi autorizada, en fecha 9 de septiembre de 2021, con el número 2008 de orden, cuya primera copia se acompañará a la primera copia que se libre de la presente».IIPresentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Madrid número 22, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Calificado el precedente documento en el día de hoy, presentado en esta Oficina, por don B. S. A., el día 04/04/2022, bajo el asiento número 87, del tomo 61 del Libro Diario y número de entrada 2438, que corresponde al documento otorgado ante el Notario de Madrid don Luis Calatayud Gallego, con el número 591/2022 de su protocolo, de fecha 01/03/2022, el Registrador que suscribe ha resuelto suspender la inscripción solicitada, por el defecto subsanable que seguidamente se indica, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:Hechos:No resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante intestada, doña M. D. L. M. M., fallecida el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con sumisión al Derecho Común, por la que se prescinde de los derechos sucesorios de su esposo don P. F.Fundamentos de Derecho:Artículos 24 de la Constitución Española; 69,657, 834, 835, 945 y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Código Civil; 20 de la Ley Hipotecaria; y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, con sus Fundamentos de Derecho.No se toma anotación de suspensión por no solicitarse. Contra la presente nota (…)Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Adrián Jareño González registrador/a de Registro Propiedad de Madrid 22 a día veinticinco de abril del dos mil veintidós.»IIIContra la anterior nota de calificación, doña E. L. M. M. interpuso recurso el día 20 de mayo de 2022 mediante escrito en el que alegaba los siguientes motivos:«Primero. El Sr. Registrador de la Propiedad suspende la inscripción por considerar que no está acreditado, a su juicio, un extremo o circunstancia determinante del resultado de la declaración de notoriedad, concretamente, la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento.Dicha opinión choca frontalmente y está en plena contradicción con lo que, por su parte, ha entendido el Señor Notario que ha intervenido en el expediente de jurisdicción voluntaria, quien, en virtud del principio de inmediación y de los medios de prueba practicados en el seno del mismo (documental y testifical reforzada) así como de su valoración conjunta, ha obtenido, como conclusión, una consecuencia diametralmente opuesta, considerando demostrada la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento, todo ello, además, tras acordar la publicación de los edictos que han quedado unidos al referido expediente notarial.Por lo expuesto la cuestión se ciñe, afectando, al análisis y consecuencias de la valoración de las pruebas practicadas en el expediente de jurisdicción voluntaria y, en definitiva, a determinar si el Señor Registrador, entre las facultades que tiene atribuidas, puede cuestionar y revisar la valoración de la prueba practicada por el fedatario así como la constancia fehaciente de los extremos dimanantes del acta por él autorizada.Conforme al art. 2 del Reglamento Notarial, la fe pública notarial abarca a la exactitud de los hechos que el Notario percibe por sus sentidos y a la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad contenidas en el instrumento público, circunstancias que a nuestro entender impedirían que la calificación del Registrador se extendiese a la valoración de los medios de prueba practicados, siendo esta de exclusiva competencia notarial y sujeta, en todo caso, al control judicial.Segundo. El ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria está contemplado en el art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria al establecer en el párrafo tercero que, si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado. a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro.Es doctrina pacífica de la DGRN (véanse, entre otras, las Resoluciones de 26 de abril de 2003, 12 y 16 de noviembre de 2015, 20 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2020) que la calificación registral con relación a las actas notariales de declaración de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro, considerando por ello que al Registrador le está vedado entrar en el fondo del juicio de notoriedad, únicamente sujeto a control judicial.El art. 18 de la LH establece asimismo el ámbito y alcance de la calificación registral (Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.), habiendo expresado la DGRN el Resolución de 29 de septiembre de 2016 que, como ha expresado este Centro Directivo en Resolución de 1 de octubre de 2009, «conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (…), los Registradores calificarán la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras presentadas a inscripción por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Pero ello no significa que ejerzan una función de carácter judicial y de plena cognición, respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba más. En el procedimiento registral se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título, cuando concurran los requisitos legales para ello, con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este.A los motivos anteriores son de aplicación los siguientes:Fundamentos de Derecho:I. Permite el recurso gubernativo el art. 324 de la Ley Hipotecaria, que establece que las calificaciones negativas del Registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de Registros y del Notariado, en la forma y según los trámites que prevén los artículos siguientes.II. Legitimación. Concurre legitimación en la compareciente en su condición de heredera e interesada en la herencia de su hermana, la causante.III. Requisitos. El presente recurso se interpone dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la calificación, y contempla los requisitos que a tal fin exige el art. 326 de la LH, designándose a efectos de notificaciones el domicilio del letrado de la compareciente y presentante del documento.IV. En cuanto al fondo de la cuestión son de aplicación los artículos y resoluciones citadas en los motivos de este escrito relativos al ámbito objetivo y alcance de la calificación registral.»IVMediante escrito, de fecha 31 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta Dirección General. En su informe hacía constar que el día 23 de mayo de 2022 dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, sin que se hayan recibido alegaciones formuladas por dicho notario.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 69, 657, 658, 834, 835, 945, 1216, 1217, 1218 y 1259 del Código Civil; 321 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 978 y 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; 3, 14, 18, 21, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 1, 17 bis, 24, 55 y 56 de la Ley del Notariado; 33, 51, 76, 78, 99 y 100 del Reglamento Hipotecario; 1, 162, 209, 209 bis, 237 y 251 del Reglamento Notarial; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 y 20 de marzo de 2012, y de, Sala Tercera, 24 de octubre de 2000; la sentencia número 220/2008, de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de diciembre de 1945, 15 de enero de 1960, 3 de abril de 1995, 11 de marzo y 26 de abril de 2003, 8 y 22 de julio de 2005, 10 y 12 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, 3 de febrero, 4 y 12 de junio y 2 de octubre de 2012, 27 de febrero y 14 de marzo de 2013, 6 de mayo de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 11 de enero y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero y 1 de junio de 2018, 16 de enero de 2019 y 15 de enero de 2020.1. Por el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia respecto de la cual una de las interesadas falleció el día 24 de noviembre de 1989, sin haber otorgado testamento, por lo que fue declarada heredera abintestato de ella su madre, según se acredita con acta de requerimiento para la declaración de herederos y con acta de declaración de notoriedad de los hechos en que se basa dicha declaración autorizadas, respectivamente, los días 9 de septiembre y 29 de octubre de 2021.El registrador basa su negativa a la inscripción solicitada en una calificación en la cual se limita a expresar que «no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante intestada, doña M. D. L. M. M., fallecida el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con sumisión al Derecho Común, por la que se prescinde de los derechos sucesorios de su esposo don P. F.». Y como fundamentos de Derecho se limita a citar determinados preceptos legales y una Resolución de este Centro Directivo.La recurrente alega que la afirmación del registrador está en plena contradicción con lo que, por su parte, ha entendido el notario que ha intervenido en el expediente de jurisdicción voluntaria, quien, en virtud del principio de inmediación y de los medios de prueba practicados en el seno del mismo (documental y testifical reforzada) así como de su valoración conjunta, ha obtenido, como conclusión, una consecuencia diametralmente opuesta, considerando demostrada la separación de hecho de la causante al tiempo de su fallecimiento, todo ello, además, tras acordar la publicación de los edictos que han quedado unidos al referido expediente notarial. Añade que es doctrina pacífica de esta Dirección General que la calificación registral con relación a las actas notariales de declaración de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro, considerando por ello que al registrador le está vedado entrar en el fondo del juicio de notoriedad, únicamente sujeto a control judicial.2. Para resolver la cuestión planteada, esta Dirección General ha venido sosteniendo que puede inscribirse la escritura de adjudicación de herencia basada en un acta de declaración de herederos si en aquélla se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento (la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato) necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008, de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel.).Como añadió la Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operados por la ley–, ello no impide que la constatación documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995. Según esta última resolución, testimoniados los referidos extremos de la declaración de herederos abintestato, no es necesario acompañar ni testimoniar los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque sólo es exigido por el artículo 76 del Reglamento Hipotecario cuando se trata de herencia testada, mientras que para la inscripción de bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración judicial o notarial de herederos –cfr. párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento Hipotecario–. Como puso de relieve dicha Resolución, «la diferencia de régimen es perfectamente explicable a la vista de que la declaración de herederos abintestato presupone forzosamente que al órgano competente se habrán aportado esos certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad»). De dicha transcripción o testimonio del título sucesorio deben resultar los elementos imprescindibles para la calificación en los términos que a continuación se exponen.Según se afirmó en Resolución de 20 de diciembre de 2017, cabe tener en cuenta la doctrina de esta Dirección General sobre calificación registral de la declaración judicial de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, predicable igualmente respecto del acta de notoriedad sobre declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015 y en otras posteriores).La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo expuesto. En su artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que «la calificación de los registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de jurisdicción voluntaria autorizados notarialmente, no hay precepto semejante, pero debe tomarse en consideración dicho artículo 22. 2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también a los jueces– en exclusiva, y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.Como se expresa en las citadas Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, «(…) la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, recordar que al Registro solo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, “a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles”. Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán “…la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase,... así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas…”. Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este».En los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre de la declaración de herederos abintestato presentada incorporaba todos los datos necesarios para la calificación e inscripción relativos a la apertura de la sucesión, los particulares de la prueba practicada en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, fecha de nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos, por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía exigirse que se aportara, además, el acta previa en que se documentó el inicial requerimiento al notario autorizante (Resolución de 12 de noviembre de 2015) ni el certificado de defunción y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, pues el notario manifiesta que dichos certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo un hecho que queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del Notariado y 1 y 143 de su Reglamento– (Resolución de 16 de noviembre de 2015).Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 17 bis, número 1, apartado a), de la Ley del Notariado, el notario da fe de que «el otorgamiento se adecua a la legalidad», lo que implica según el apartado b) que «los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Y según el artículo 24 de la misma ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice[n] o intervenga[n]».En virtud de lo expuesto, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, debe recordarse que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, «a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán «(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, (…) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)». Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste.3. En el presente caso, en la primera de las actas sobre declaración de heredera abintestato el notario hace constar, entre otros extremos, las pruebas documentales y testificales en que se basa la notoriedad que respecto de dicha declaración consta en la segunda acta, en los términos que se transcribe en el apartado I de los antecedentes de hecho de esta Resolución. Interesa hacer constar que en dichas actas figuran los datos relativos a la fecha de nacimiento y de fallecimiento de la causante, estado civil y, concretamente, que ésta se hallaba separada de hecho de su esposo como resulta de las declaraciones de la requirente del acta, de la prueba documental por ella aportada, así como la declaración testifical presentada.Carece de fundamento, por tanto, la afirmación del registrador por la que se limita a afirmar que «no resulta acreditada en sede extrajudicial de seguridad jurídica preventiva, la separación de hecho, sin reconciliación, de la causante (…)». Por ello, y habida cuenta del objeto del presente recurso ex artículo 326 de la Ley Hipotecaria, no puede confirmarse la calificación objeto de impugnación.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
Tratándose de la vivienda familiar adquirida en estado de soltero y pagándose durante el matrimonio el préstamo hipotecario con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido –ex lege–, con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y el cónyuge titular, en proporción al valor de las aportaciones respectivas. El Tribunal Supremo destaca la relevancia que tiene para la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado con fondos gananciales derivados de un préstamo hipotecario durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que se realicen con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación. Se trata de evitar el abuso que cometería quien, conociendo la proximidad del matrimonio, adquiere una vivienda, mediante un crédito pagadero durante mucho años, en buena medida mediante fondos gananciales. Por lo que son plenamente equiparables las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio y los pagos de una compraventa a plazos. Si se atiende a la ratio legis de tales preceptos, deben aplicarse las mismas consideraciones a la adquisición de la plaza de garaje, de suerte que sea equiparada a la vivienda, de la que no es sino un elemento accesorio. A tal efecto, no puede ser determinante el hecho de que no esté gravada con la hipoteca que garantiza el préstamo con el que se financia la compra de la vivienda; y es relevante que con dicho préstamo se financie el precio que globalmente se pagó por la vivienda y dicha plaza de garaje, unido al hecho de que se hayan adquirido conjuntamente y se trate de inmuebles situados en el mismo edificio, circunstancias que son suficientes para que se considere que la adquisición de la plaza de garaje se asimila a la de la vivienda propiamente dicha.
BOE-A-2022-13445
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13445.pdf
En el recurso interpuesto por don Javier Gómez Martínez, notario de Valladolid, contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Valladolid número 6, doña María Concepción Molina Serrano, a inscribir una escritura de liquidación de gananciales.HechosIMediante escritura de capitulaciones matrimoniales autorizada el día 2 de mayo de 2018 por el notario de Valladolid, don Javier Gómez Martínez, con el número 2.092 de protocolo, se formalizó la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales existente entre don M. R. P. y doña F. A. M. G., de modo que se inventaría como bien ganancial, entre otros bienes, una participación del 10,6119% de las fincas registrales números 49.733 y 49.975 del Ayuntamiento de Valladolid, Sección 3.ª B, y se adjudicaba a doña F. A. M. G., que además se subrogaba en un préstamo hipotecario garantizado con hipoteca que gravaba dicha finca. Tales fincas eran una vivienda y una plaza de garaje en el mismo edificio, que fueron compradas por el marido, en estado de soltero, mediante escritura otorgada el día 26 de marzo de 2007; y, según consta en la inscripción registral se vende la vivienda «junto con otra finca más [la plaza de garaje, objeto de inscripción concisa]», se fijó un «precio global de doscientos mil euros, que junto con su IVA correspondiente se ha satisfecho de la siguiente forma: setenta y cinco mil euros los retiene la parte compradora para hacer frente a la hipoteca que grava esta finca antes citada en la que se subroga; ciento catorce mil cuatrocientos euros es abonada por la parte compradora en el acto de otorgamiento de la que motiva este asiento mediante transferencia bancaria, copia del cual se incorpora la misma; y el resto del precio, es decir, veinticuatro mil seiscientos euros son confesados recibidos, habiéndose cumplido los requisitos de los artículos 21-2, 254-3 y 4 de la Ley Hipotecaria sobre la constancia e identificación de los medios de pago en el documento presentado». Se añadía que dicho préstamo se modificaba en la forma que se indicaba.Dicha escritura fue objeto de calificaciones registrales negativas que no fueron objeto de impugnación. Y mediante acta de aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el mismo notario, don Javier Gómez Martínez, con el número 854 de protocolo, el marido manifestó: a) «(…) que al tiempo de la adquisición de los dos inmuebles (vivienda con anejo y plaza de garaje) solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales»; y b) «Que (…) la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente, pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garaje finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo».IIPresentada copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Valladolid número 6, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Documento: capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad de ganancialesAutorizante: Notario de Valladolid Don Javier Gómez MartínezFecha: 02/05/2018N.º protocolo/procedimiento: 2092/2018N.º entrada: 1066Asiento de presentación n.º: 641Diario: 72Hechos:Presentadas en el Registro dos primeras copias de la escritura relacionada por las que los cónyuges don M. R. P. y doña F. A. M. G., pactan el régimen de separación de bienes para su matrimonio, y, previo el reconocimiento del carácter ganancial de una participación del 10,6119 por ciento de las fincas registrales números 49.975 y 49.733 del Ayuntamiento de Valladolid, Sección 3.ªB (propiedad de don M. R. P. por compra en estado de soltero), liquidan la sociedad de gananciales, adjudicando dichas participaciones a doña F. A. M. G., la misma fue objeto de calificación negativa por los defectos a que se refiere la nota de 2 de agosto de 2018.Presentada nuevamente dicha escritura en unión de Acta complementaria autorizada el día veintiséis de enero de dos mil veintiuno por el mismo notario, número 558 de protocolo, la misma quedó inscrita respecto de la finca 49975 con fecha 15 de febrero de 2021 y suspendida su inscripción respecto a la finca registral 49733 por los defectos que en nota de dicha fecha constan.Y ahora, nuevamente se presentaan [sic] dos copias de la citada escritura, en unión de Acta de Aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el notario de Valladolid don Javier Gómez Martínez, número 854 de protocolo en la que don M. R. P. realiza las siguientes manifestaciones:1. “Que al tiempo de adquisición de los dos inmuebles solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales”2. “Que la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garage [sic] finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo”Se observa que no se subsana el defecto citado en la nota de calificación de 15 de febrero de 2021 Las manifestaciones recogidas en el acta ahora presentada no se corresponden con lo que resulta del Registro puesto que el adquirente, como hemos dicha anteriormente en varias ocasiones, se subrogó en la hipoteca que gravaba la finca 49975 y no solicitó un préstamo que garantizara con una nueva hipoteca. por los mismos motivos que constan en dicha calificación:“En cuanto a la participación indivisa del 10,6119% de la finca registral 49.733 ya se hizo constar en la nota de calificación de fecha 2 de agosto de 2018 que la misma no estaba gravada con hipoteca cuando se compró por don M. R. P. en estado de soltero y además es un garaje, por lo que, el argumento del Notario autorizante del título presentado en el expositivo segundo de que ‘en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1354 y 1357 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que asimila la compra con hipoteca a la compra con precio aplazado los cónyuges reconocen el carácter ganancial de una participación indivisa del 10,6119% de las indicadas fincas’ no es de aplicación en cuanto a la finca 49733 ya que dicha finca ni está gravada con hipoteca ni lo ha estado en el momento de la compra, ni es vivienda familiar único caso en el que el párrafo segundo del artículo 1357 considera, como excepción a la regla general del párrafo primero de dicho artículo, que sería aplicable el artículo 1354.Así el artículo 1357 dispone que ‘Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el artículo 1.354.’Y este último artículo dispone que ‘Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas’”.La aplicación de ambos artículos en el presente caso no es procedente como hemos dicho en las dos notas de calificación anteriores a ésta, puesto que no se trata de vivienda habitual sino de un garaje, y el precio de su adquisición no ha sido aplazado, sino pagado en el acto de la adquisición que realizó don M. R. P. en estado de soltero, por lo que dicha finca es privativa suya.Por ello acuerdo1. Reiterar la calificación de fecha 15 de febrero de 2022 y suspender la inscripción solicitada, sin tornar anotación preventiva por defecto subsanable, por no haber sido solicitada.2. Notifíquese al presentante y al notario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días. Esta suspensión conlleva la prórroga del asiento de presentación por plazo de sesenta días contados desde la última de dichas notificaciones.3. Contra esta calificación (…)Valladolid, cuatro de abril del año dos mil veintidós. La registradora. Fdo. María Concepción Molina Serrano.»IIISolicitada calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondió la misma al registrador de la Propiedad de Astudillo, don Fernando Jesús Manrique Merino, quien, el día 30 de mayo de 2022, confirmó la calificación de la registradora sustituida por considerar que «no procede la aplicación conjunta de los artículos 1357 y 1354 del Código Civil para atribuir la condición de ganancial a la Finca registral 49.733, al tener esta la condición de garaje, y no de vivienda, como estipulan los mencionados preceptos. Téngase en cuenta, además, que el precio de adquisición de la mencionada finca no fue aplazado, como exige el artículo 1357 del Código Civil para que pueda ser de aplicación, sino que fue satisfecho en el acto de adquisición por el propietario, D. M. R. P.».IVContra la nota de calificación sustituida, don Javier Gómez Martínez, notario de Valladolid, interpuso recurso el día 1 de junio de 2022 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos:«Vistos los artículos 3, 1354 y 1357 del código civil español, el art 14 de la constitución española, Consulta vinculante a la DGT, V0830-16, STS 29 de mayo de 2007, 2 de octubre 2009, Sentencia del TJS de Valencia de 18/07/2014, Sentencia del TSJ CV Valenciana 2988/2014, de 18 julio de 2014 y ST TSJ CV 28/05/2012, artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, y de que la resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos, el artículo 51 del Reglamento del IRPF, aprobado por RD 214/1999, remisión que debe entenderse actualmente realizada al artículo 54 del RD 439/2007 y 55.2 c) del mismoExpongoI. En primer lugar, y entrando directamente en el fondo de la cuestión, sin olvidar que la calificación negativa supone rechazar un derecho de todo ciudadano: la inscripción en el registro para poder así obtener la importante protección que dicha institución le brinda, la registradora argumenta, por un lado, que se compró en estado de soltero y que además es un garaje que no se hipotecó.La realidad es que en unidad de acto el Señor compareciente de la escritura compró en estado de soltero, y solicitó un préstamo para la compra conjunta de vivienda con su anjeo [sic] y plaza de garaje. El hecho de que esté o no hipotecada la plaza de garaje es una cuestión que se sustrae de los efectos dispositivos de las consecuencias civiles de la firma de un contrato de préstamo, pues fue la exigencia de la entidad bancaria la de dejar fuera de la garantía hipotecaria la mencionada plaza de garaje, por cuestiones internas de la misma, como por ejemplo el riesgo crediticio, cualquier otro de cualquier naturaleza o especie que en nada afecta a lo que se pretende, máxime por el carácter meramente accesorio de la hipoteca respecto del préstamo.II. En segundo lugar, considero que la exclusión de la plaza de garaje del concepto integral de vivienda habitual se aleja de la realidad social, y, por qué no, legislativa, del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3 CC). Hoy es difícilmente escindible la compra en unidad de acto de una vivienda con anejo (trastero) y una plaza de garaje en el mismo edificio, se deban excluir normas sustantivas de aplicación práctica por el hecho de que el código civil, en sentido literal, y respecto del artículo que es objeto de aplicación, e inmutable desde el siglo 19, solo hable de “vivienda”.En este sentido son varias las normas que incluyen dentro del concepto de vivienda, al menos una plaza de garaje y un trastero.– Así, la Consulta vinculante a la DGT, V0830-16 dice:A la hora de delimitar qué se entiende por vivienda habitual del contribuyente, la letra c) del apartado 2 del artículo 55 del RIRPF, en su redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2012, especificaba que no se está ante un supuesto de adquisición de vivienda cuando se adquieran independientemente de ésta, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas, instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No obstante, añadía que se asimilan a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con un máximo de dos, y los trasteros. Siendo, ésta última expresión, una excepción a la norma general.En consecuencia, si bien, en principio, la adquisición de plazas de garaje y trasteros no se asimilaba a la de la vivienda propiamente dicha, en relación con dicha excepción, el criterio de este Centro Directivo es que para que se produzca tal asimilación es necesario que las plazas de garaje y los trasteros se encuentren en el mismo edificio o complejo inmobiliario de la vivienda y que la adquisición, tanto de la vivienda como de las plazas de garaje y trasteros, se hubiera producido en el mismo acto, aunque podía ser en documento distinto, entregándose todas en el mismo momento. No podrá tener uso distinto al privativo del propio adquirente, en caso alguno.– En continuación con lo anterior, el alto tribunal, en STC de 2 de octubre de 2009, y otras posteriores, viene entendiendo que constituye la morada o residencia habitual del núcleo familiar antes de la ruptura matrimonial y dónde se cumple la obligación de vivir juntos (artículo 67 del Código Civil) y se presume que así viven. Concepto que en base a una interpretación acorde con la realidad social (artículo 3.1 del Código Civil) se hace extensivo y comprende cuantos anexos puede incluir, entre los que habitualmente se encuentran los trasteros y plazas de garaje, ya que, aunque registralmente no sean un elemento anejo a la vivienda y constituyan fincas diferentes, sí están desunidos y afectos. Por razón de su ubicación. a ser usados por sus moradores constituyen elementos útiles para el desarrollo normal y habitual de la vida familiar y son complementos de la vivienda familiar al proporcionar utilidad y comodidad a sus miembros; de ahí que su atribución se encuentra vinculada y es posible en la sentencia de divorcio junto a la de la vivienda familiar cuando son dependencias inherentes, complementarias o anexos de ella. A sensu contrario, no es tema de familia cuando no cumple esas funciones ni es parte integrante de aquella o cuando, como dijo esta sección en su sentencia de 29 de mayo de 2.007 “la situación de la plaza de garaje está situada en una finca diferente y alejada de la vivienda”; supuestos en los que debe ser catalogada como un inmueble común sometido, al igual que el resto, a una administración conjunta hasta que se lleve a cabo la disolución de la sociedad de gananciales.– La Sentencia del TSJ CJ Valenciana 2988/2014, de 18 julio de 2014 y ST TSJ CJ 28/05/2012 en semejantes términos, reza.–La cuestión a resolver es si en la reducción del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, deben incluirse sus anejos garaje y trastero, por lo que partiendo de lo dispuesto en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, y de que la resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual, se remite al artículo 51 del Reglamento del IRPF, aprobado por RD 214/1999, remisión que debe entenderse actualmente realizada al artículo 54 del RD 439/2007 y 55.2 e) del mismo, que señala que se considerará adquisición de vivienda habitual por asimilación a tal concepto, la adquisición de trasteros y plazas de garaje, hasta un máximo de dos, conjuntamente con la vivienda que se va a habitar.Pues bien, aplicando tal normativa al presente recurso, y no siendo discutido por las partes que tales anejos han sido adquiridos de manera conjunta con la vivienda, procede desestimar el recurso interpuesto por la Generalitat frente a la resolución del TEAR que había estimado el recurso frente a a [sic] la liquidación, al entender que la remisión efectuada a la normativa citada resulta conforme a derecho, siendo que así lo ha entendido esta Sala y Sección mediante ST TSJ CV 28/05/2012.– En efecto, el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, determina que “Del mismo porcentaje de reducción (95 por 100), con el límite de 122.606,47 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones ‘mortis causa’ de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento”.La Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual y empresa familiar, dispone en la letra b) de su apartado 1.4, sobre el concepto de vivienda habitual, que “Para la determinación de lo que ha de entenderse por vivienda habitual, hay que acudir al artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, que es el que define dicho concepto en el ámbito fiscal”.Por su parte, el citado artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por RD 214/1999, de 5 de febrero, establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2: “1. Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. (...) y por su parte, el artículo 52.2 del citado Reglamento dispone que se asimilarán a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con el máximo de dos.”– Y poniendo en relación esto criterio con lo expresado en la Sentencia del TJS de Valencia de 18/07/2014, llegamos a la conclusión que sí hay que computar como vivienda habitual con derecho a reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones tanto la propia vivienda habitual como las hasta dos plazas de garajes y trasteros que formaran parte del “pack” vivienda habitual por estar en el mismo edificio o complejo inmobiliario si se adquirieron en el mismo acto. Hay que ver, por tanto, los títulos de adquisición por parte del causante de la propia vivienda y de los garajes (máximo 2) y trasteros; ver si se adquirieron en la misma fecha, incluso aunque consten en escrituras separadas.– Otra consulta Vinculante, de 21/09/2012 que habla igualmente en términos de asimilación, de vivienda habitual, garajes y trasteros.III. Por último, en el presente caso, existe un trastero pero que está vinculado a la vivienda, cosa que no ocurre con la plaza de garaje. La configuración del trastero como anejo de la vivienda, en interpretación de la funcionaria, sí que determina la aplicación de la norma, convirtiendo a la plaza de garaje en un elemento con sustantividad propia, y sustrayendo, por una decisión unilateral del promotor, la aplicación práctica de la norma cuya extensión se pretende aplicar por parte del recurrente.»VLa registradora de la Propiedad elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito de fecha 13 de junio de 2022.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 1354 y 1357 del Código Civil; 91.3 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1989, 23 de marzo de 1992, 3 de abril y 18 diciembre 2000 y 7 de julio de 2016; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de diciembre de 2013, 27 de julio y 24 de noviembre de 2015, 4 de mayo y 26 de julio de 2016 y 11 de enero y 8 de septiembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de febrero y 5 y 26 de mayo de 2021.1. En la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso, por la que se formalizó la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales existente entre don M. R. P. y doña F. A. M. G., se inventarió como bien ganancial, entre otros bienes, una participación del 10,6119% de dos fincas registrales que son una vivienda y una plaza de garaje en el mismo edificio, compradas por el marido, en estado de soltero, mediante escritura otorgada el día 26 de marzo de 2007.Los otorgantes de la escritura manifiestan «que desde la fecha de celebración del matrimonio hasta el día de hoy se ha abonado la cantidad de veintidós mil setecientos nueve euros y cuarenta y seis céntimos (22.709,46 €) en concepto de pago del préstamo con garantía hipotecaria que grava las fincas que se describirán en los apartados 1 y 2 del inventario, que ha constituido desde el inicio del matrimonio la vivienda habitual de la familia, por lo que por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1354 y 1357 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que en estos casos asimila la compra con hipoteca a la compra por precio aplazado reconocen el carácter ganancial de una participación indivisa del 10,6119% de las indicadas fincas». Y, a continuación, dicha participación de ambas fincas se adjudica a la esposa, quien además se subroga en el préstamo hipotecario garantizado con hipoteca que grava la referida vivienda.Según consta en la inscripción registral, en la compraventa se fijó un precio global, del cual se retuvo una parte para pagar el préstamo hipotecario en el que se subrogó el comprador (modificándose, además, determinadas condiciones de dicho préstamo).Mediante acta de aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el mismo notario, el marido manifestó: a) «(…) que al tiempo de la adquisición de los dos inmuebles (vivienda con anejo y plaza de garaje) solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales»; y b) «Que (…) la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente, pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garaje finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo».La registradora de la Propiedad inscribió la participación de la vivienda, pero suspendió la de la plaza de garaje, porque, según afirma, no es vivienda familiar, no está ni ha estado gravada con hipoteca, y el precio de su adquisición no ha sido aplazado, sino pagado en el acto de la adquisición que realizó el comprador en estado de soltero, por lo que dicha finca es privativa suya, al no ser aplicables los artículos 1354 y 1357 del Código Civil.El recurrente alega que han de aplicarse tales preceptos legales, pues se compraron ambas fincas en unidad de acto, y aunque no se hipotecara la plaza de garaje, el comprador, en estado de soltero, solicitó un préstamo para la compra conjunta de la vivienda con su anejo y plaza de garaje. Añade que, si se interpretan dichas normas atendiendo a la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, la plaza de garaje debe incluirse en el concepto de vivienda habitual, como resulta de las normas tributarias que cita.2. Debe estimarse (cfr., por todas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 27 de julio y 24 de noviembre de 2015) que, tratándose de la vivienda familiar adquirida en estado de soltero y pagándose durante el matrimonio el préstamo hipotecario con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido –ex lege– con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y el cónyuge titular, en proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. artículos 1354 y 1357.2 del Código Civil). Esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, para tener acceso registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. artículo 91.3 Reglamento Hipotecario). El propio Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de octubre de 1989 destaca la relevancia que tiene para la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado con fondos gananciales derivados de un préstamo hipotecario durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que se realicen con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación (vid. las Resoluciones de 19 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 26 de julio de 2016, 11 de enero y 8 de septiembre de 2017 y 25 de febrero y 5 y 26 de mayo de 2021).Como afirmó el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de abril de 2000, «aparece clara la intención del legislador sobre la exclusión del carácter privativo de la compraventa a plazos, anterior al matrimonio, de la vivienda familiar, la cual corresponderá proindiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de sus aportaciones respectivas. De manera que el Juzgador de instancia ha aplicado los preceptos indicados de forma adecuada, sin contradecir la doctrina contenida en la STS de 23 de marzo de 1992, la cual considera la copropiedad de los esposos en proporción a sus aportaciones respectivas en un supuesto en el cual aquellos habían comprado conjuntamente la vivienda antes de contraer matrimonio y pagado parte del precio en estado de soltería, con dinero privativo de cada uno de ellos y el resto, durante el matrimonio, con dinero ganancial, sino que la tiene en cuenta y sigue correctamente». Como puso de relieve la Sentencia del mismo Tribunal de 31 de octubre de 1989, se trata de evitar el abuso que supondría, quien conociendo la proximidad del matrimonio, adquiere una vivienda, mediante un crédito pagadero durante mucho años, en buena medida mediante fondos gananciales.Más recientemente, el Alto Tribunal, en Sentencia de 7 de julio de 2016 ha reiterado que «a efectos y aplicación de lo dispuesto en los artículos 1357 y 1354 CC, son plenamente equiparables las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio y los pagos de una compraventa a plazos».Por lo que se refiere a la cuestión concreta que se plantea en este expediente, y si se atiende a la ratio legis de tales preceptos, deben aplicarse las mismas consideraciones a la adquisición de la plaza de garaje, de suerte que sea equiparada a la vivienda, de la que no es sino un elemento accesorio. A tal efecto, no puede ser determinante el hecho de que –como alega la registradora– no esté gravada con la hipoteca que garantiza el préstamo con el que se financia la compra de la vivienda; y es relevante que con dicho préstamo se financie el precio que globalmente –como se ha expresado– se pagó por la vivienda y dicha plaza de garaje, unido al hecho de que se hayan adquirido conjuntamente y se trate de inmuebles situados en el mismo edificio, circunstancias que son suficientes para que se considere que la adquisición de la plaza de garaje se asimila a la de la vivienda propiamente dicha.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
Tratándose de la vivienda familiar adquirida en estado de soltero y pagándose durante el matrimonio el préstamo hipotecario con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido –ex lege–, con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y el cónyuge titular, en proporción al valor de las aportaciones respectivas. El Tribunal Supremo destaca la relevancia que tiene para la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado con fondos gananciales derivados de un préstamo hipotecario durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que se realicen con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación. Se trata de evitar el abuso que cometería quien, conociendo la proximidad del matrimonio, adquiere una vivienda, mediante un crédito pagadero durante mucho años, en buena medida mediante fondos gananciales. Por lo que son plenamente equiparables las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio y los pagos de una compraventa a plazos. Si se atiende a la ratio legis de tales preceptos, deben aplicarse las mismas consideraciones a la adquisición de la plaza de garaje, de suerte que sea equiparada a la vivienda, de la que no es sino un elemento accesorio. A tal efecto, no puede ser determinante el hecho de que no esté gravada con la hipoteca que garantiza el préstamo con el que se financia la compra de la vivienda; y es relevante que con dicho préstamo se financie el precio que globalmente se pagó por la vivienda y dicha plaza de garaje, unido al hecho de que se hayan adquirido conjuntamente y se trate de inmuebles situados en el mismo edificio, circunstancias que son suficientes para que se considere que la adquisición de la plaza de garaje se asimila a la de la vivienda propiamente dicha.
BOE-A-2022-13445
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13445.pdf
En el recurso interpuesto por don Javier Gómez Martínez, notario de Valladolid, contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Valladolid número 6, doña María Concepción Molina Serrano, a inscribir una escritura de liquidación de gananciales.HechosIMediante escritura de capitulaciones matrimoniales autorizada el día 2 de mayo de 2018 por el notario de Valladolid, don Javier Gómez Martínez, con el número 2.092 de protocolo, se formalizó la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales existente entre don M. R. P. y doña F. A. M. G., de modo que se inventaría como bien ganancial, entre otros bienes, una participación del 10,6119% de las fincas registrales números 49.733 y 49.975 del Ayuntamiento de Valladolid, Sección 3.ª B, y se adjudicaba a doña F. A. M. G., que además se subrogaba en un préstamo hipotecario garantizado con hipoteca que gravaba dicha finca. Tales fincas eran una vivienda y una plaza de garaje en el mismo edificio, que fueron compradas por el marido, en estado de soltero, mediante escritura otorgada el día 26 de marzo de 2007; y, según consta en la inscripción registral se vende la vivienda «junto con otra finca más [la plaza de garaje, objeto de inscripción concisa]», se fijó un «precio global de doscientos mil euros, que junto con su IVA correspondiente se ha satisfecho de la siguiente forma: setenta y cinco mil euros los retiene la parte compradora para hacer frente a la hipoteca que grava esta finca antes citada en la que se subroga; ciento catorce mil cuatrocientos euros es abonada por la parte compradora en el acto de otorgamiento de la que motiva este asiento mediante transferencia bancaria, copia del cual se incorpora la misma; y el resto del precio, es decir, veinticuatro mil seiscientos euros son confesados recibidos, habiéndose cumplido los requisitos de los artículos 21-2, 254-3 y 4 de la Ley Hipotecaria sobre la constancia e identificación de los medios de pago en el documento presentado». Se añadía que dicho préstamo se modificaba en la forma que se indicaba.Dicha escritura fue objeto de calificaciones registrales negativas que no fueron objeto de impugnación. Y mediante acta de aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el mismo notario, don Javier Gómez Martínez, con el número 854 de protocolo, el marido manifestó: a) «(…) que al tiempo de la adquisición de los dos inmuebles (vivienda con anejo y plaza de garaje) solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales»; y b) «Que (…) la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente, pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garaje finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo».IIPresentada copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Valladolid número 6, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Documento: capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad de ganancialesAutorizante: Notario de Valladolid Don Javier Gómez MartínezFecha: 02/05/2018N.º protocolo/procedimiento: 2092/2018N.º entrada: 1066Asiento de presentación n.º: 641Diario: 72Hechos:Presentadas en el Registro dos primeras copias de la escritura relacionada por las que los cónyuges don M. R. P. y doña F. A. M. G., pactan el régimen de separación de bienes para su matrimonio, y, previo el reconocimiento del carácter ganancial de una participación del 10,6119 por ciento de las fincas registrales números 49.975 y 49.733 del Ayuntamiento de Valladolid, Sección 3.ªB (propiedad de don M. R. P. por compra en estado de soltero), liquidan la sociedad de gananciales, adjudicando dichas participaciones a doña F. A. M. G., la misma fue objeto de calificación negativa por los defectos a que se refiere la nota de 2 de agosto de 2018.Presentada nuevamente dicha escritura en unión de Acta complementaria autorizada el día veintiséis de enero de dos mil veintiuno por el mismo notario, número 558 de protocolo, la misma quedó inscrita respecto de la finca 49975 con fecha 15 de febrero de 2021 y suspendida su inscripción respecto a la finca registral 49733 por los defectos que en nota de dicha fecha constan.Y ahora, nuevamente se presentaan [sic] dos copias de la citada escritura, en unión de Acta de Aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el notario de Valladolid don Javier Gómez Martínez, número 854 de protocolo en la que don M. R. P. realiza las siguientes manifestaciones:1. “Que al tiempo de adquisición de los dos inmuebles solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales”2. “Que la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garage [sic] finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo”Se observa que no se subsana el defecto citado en la nota de calificación de 15 de febrero de 2021 Las manifestaciones recogidas en el acta ahora presentada no se corresponden con lo que resulta del Registro puesto que el adquirente, como hemos dicha anteriormente en varias ocasiones, se subrogó en la hipoteca que gravaba la finca 49975 y no solicitó un préstamo que garantizara con una nueva hipoteca. por los mismos motivos que constan en dicha calificación:“En cuanto a la participación indivisa del 10,6119% de la finca registral 49.733 ya se hizo constar en la nota de calificación de fecha 2 de agosto de 2018 que la misma no estaba gravada con hipoteca cuando se compró por don M. R. P. en estado de soltero y además es un garaje, por lo que, el argumento del Notario autorizante del título presentado en el expositivo segundo de que ‘en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1354 y 1357 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que asimila la compra con hipoteca a la compra con precio aplazado los cónyuges reconocen el carácter ganancial de una participación indivisa del 10,6119% de las indicadas fincas’ no es de aplicación en cuanto a la finca 49733 ya que dicha finca ni está gravada con hipoteca ni lo ha estado en el momento de la compra, ni es vivienda familiar único caso en el que el párrafo segundo del artículo 1357 considera, como excepción a la regla general del párrafo primero de dicho artículo, que sería aplicable el artículo 1354.Así el artículo 1357 dispone que ‘Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el artículo 1.354.’Y este último artículo dispone que ‘Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas’”.La aplicación de ambos artículos en el presente caso no es procedente como hemos dicho en las dos notas de calificación anteriores a ésta, puesto que no se trata de vivienda habitual sino de un garaje, y el precio de su adquisición no ha sido aplazado, sino pagado en el acto de la adquisición que realizó don M. R. P. en estado de soltero, por lo que dicha finca es privativa suya.Por ello acuerdo1. Reiterar la calificación de fecha 15 de febrero de 2022 y suspender la inscripción solicitada, sin tornar anotación preventiva por defecto subsanable, por no haber sido solicitada.2. Notifíquese al presentante y al notario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días. Esta suspensión conlleva la prórroga del asiento de presentación por plazo de sesenta días contados desde la última de dichas notificaciones.3. Contra esta calificación (…)Valladolid, cuatro de abril del año dos mil veintidós. La registradora. Fdo. María Concepción Molina Serrano.»IIISolicitada calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondió la misma al registrador de la Propiedad de Astudillo, don Fernando Jesús Manrique Merino, quien, el día 30 de mayo de 2022, confirmó la calificación de la registradora sustituida por considerar que «no procede la aplicación conjunta de los artículos 1357 y 1354 del Código Civil para atribuir la condición de ganancial a la Finca registral 49.733, al tener esta la condición de garaje, y no de vivienda, como estipulan los mencionados preceptos. Téngase en cuenta, además, que el precio de adquisición de la mencionada finca no fue aplazado, como exige el artículo 1357 del Código Civil para que pueda ser de aplicación, sino que fue satisfecho en el acto de adquisición por el propietario, D. M. R. P.».IVContra la nota de calificación sustituida, don Javier Gómez Martínez, notario de Valladolid, interpuso recurso el día 1 de junio de 2022 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos:«Vistos los artículos 3, 1354 y 1357 del código civil español, el art 14 de la constitución española, Consulta vinculante a la DGT, V0830-16, STS 29 de mayo de 2007, 2 de octubre 2009, Sentencia del TJS de Valencia de 18/07/2014, Sentencia del TSJ CV Valenciana 2988/2014, de 18 julio de 2014 y ST TSJ CV 28/05/2012, artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, y de que la resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos, el artículo 51 del Reglamento del IRPF, aprobado por RD 214/1999, remisión que debe entenderse actualmente realizada al artículo 54 del RD 439/2007 y 55.2 c) del mismoExpongoI. En primer lugar, y entrando directamente en el fondo de la cuestión, sin olvidar que la calificación negativa supone rechazar un derecho de todo ciudadano: la inscripción en el registro para poder así obtener la importante protección que dicha institución le brinda, la registradora argumenta, por un lado, que se compró en estado de soltero y que además es un garaje que no se hipotecó.La realidad es que en unidad de acto el Señor compareciente de la escritura compró en estado de soltero, y solicitó un préstamo para la compra conjunta de vivienda con su anjeo [sic] y plaza de garaje. El hecho de que esté o no hipotecada la plaza de garaje es una cuestión que se sustrae de los efectos dispositivos de las consecuencias civiles de la firma de un contrato de préstamo, pues fue la exigencia de la entidad bancaria la de dejar fuera de la garantía hipotecaria la mencionada plaza de garaje, por cuestiones internas de la misma, como por ejemplo el riesgo crediticio, cualquier otro de cualquier naturaleza o especie que en nada afecta a lo que se pretende, máxime por el carácter meramente accesorio de la hipoteca respecto del préstamo.II. En segundo lugar, considero que la exclusión de la plaza de garaje del concepto integral de vivienda habitual se aleja de la realidad social, y, por qué no, legislativa, del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3 CC). Hoy es difícilmente escindible la compra en unidad de acto de una vivienda con anejo (trastero) y una plaza de garaje en el mismo edificio, se deban excluir normas sustantivas de aplicación práctica por el hecho de que el código civil, en sentido literal, y respecto del artículo que es objeto de aplicación, e inmutable desde el siglo 19, solo hable de “vivienda”.En este sentido son varias las normas que incluyen dentro del concepto de vivienda, al menos una plaza de garaje y un trastero.– Así, la Consulta vinculante a la DGT, V0830-16 dice:A la hora de delimitar qué se entiende por vivienda habitual del contribuyente, la letra c) del apartado 2 del artículo 55 del RIRPF, en su redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2012, especificaba que no se está ante un supuesto de adquisición de vivienda cuando se adquieran independientemente de ésta, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas, instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No obstante, añadía que se asimilan a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con un máximo de dos, y los trasteros. Siendo, ésta última expresión, una excepción a la norma general.En consecuencia, si bien, en principio, la adquisición de plazas de garaje y trasteros no se asimilaba a la de la vivienda propiamente dicha, en relación con dicha excepción, el criterio de este Centro Directivo es que para que se produzca tal asimilación es necesario que las plazas de garaje y los trasteros se encuentren en el mismo edificio o complejo inmobiliario de la vivienda y que la adquisición, tanto de la vivienda como de las plazas de garaje y trasteros, se hubiera producido en el mismo acto, aunque podía ser en documento distinto, entregándose todas en el mismo momento. No podrá tener uso distinto al privativo del propio adquirente, en caso alguno.– En continuación con lo anterior, el alto tribunal, en STC de 2 de octubre de 2009, y otras posteriores, viene entendiendo que constituye la morada o residencia habitual del núcleo familiar antes de la ruptura matrimonial y dónde se cumple la obligación de vivir juntos (artículo 67 del Código Civil) y se presume que así viven. Concepto que en base a una interpretación acorde con la realidad social (artículo 3.1 del Código Civil) se hace extensivo y comprende cuantos anexos puede incluir, entre los que habitualmente se encuentran los trasteros y plazas de garaje, ya que, aunque registralmente no sean un elemento anejo a la vivienda y constituyan fincas diferentes, sí están desunidos y afectos. Por razón de su ubicación. a ser usados por sus moradores constituyen elementos útiles para el desarrollo normal y habitual de la vida familiar y son complementos de la vivienda familiar al proporcionar utilidad y comodidad a sus miembros; de ahí que su atribución se encuentra vinculada y es posible en la sentencia de divorcio junto a la de la vivienda familiar cuando son dependencias inherentes, complementarias o anexos de ella. A sensu contrario, no es tema de familia cuando no cumple esas funciones ni es parte integrante de aquella o cuando, como dijo esta sección en su sentencia de 29 de mayo de 2.007 “la situación de la plaza de garaje está situada en una finca diferente y alejada de la vivienda”; supuestos en los que debe ser catalogada como un inmueble común sometido, al igual que el resto, a una administración conjunta hasta que se lleve a cabo la disolución de la sociedad de gananciales.– La Sentencia del TSJ CJ Valenciana 2988/2014, de 18 julio de 2014 y ST TSJ CJ 28/05/2012 en semejantes términos, reza.–La cuestión a resolver es si en la reducción del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, deben incluirse sus anejos garaje y trastero, por lo que partiendo de lo dispuesto en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, y de que la resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual, se remite al artículo 51 del Reglamento del IRPF, aprobado por RD 214/1999, remisión que debe entenderse actualmente realizada al artículo 54 del RD 439/2007 y 55.2 e) del mismo, que señala que se considerará adquisición de vivienda habitual por asimilación a tal concepto, la adquisición de trasteros y plazas de garaje, hasta un máximo de dos, conjuntamente con la vivienda que se va a habitar.Pues bien, aplicando tal normativa al presente recurso, y no siendo discutido por las partes que tales anejos han sido adquiridos de manera conjunta con la vivienda, procede desestimar el recurso interpuesto por la Generalitat frente a la resolución del TEAR que había estimado el recurso frente a a [sic] la liquidación, al entender que la remisión efectuada a la normativa citada resulta conforme a derecho, siendo que así lo ha entendido esta Sala y Sección mediante ST TSJ CV 28/05/2012.– En efecto, el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, determina que “Del mismo porcentaje de reducción (95 por 100), con el límite de 122.606,47 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones ‘mortis causa’ de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento”.La Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual y empresa familiar, dispone en la letra b) de su apartado 1.4, sobre el concepto de vivienda habitual, que “Para la determinación de lo que ha de entenderse por vivienda habitual, hay que acudir al artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, que es el que define dicho concepto en el ámbito fiscal”.Por su parte, el citado artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por RD 214/1999, de 5 de febrero, establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2: “1. Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. (...) y por su parte, el artículo 52.2 del citado Reglamento dispone que se asimilarán a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con el máximo de dos.”– Y poniendo en relación esto criterio con lo expresado en la Sentencia del TJS de Valencia de 18/07/2014, llegamos a la conclusión que sí hay que computar como vivienda habitual con derecho a reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones tanto la propia vivienda habitual como las hasta dos plazas de garajes y trasteros que formaran parte del “pack” vivienda habitual por estar en el mismo edificio o complejo inmobiliario si se adquirieron en el mismo acto. Hay que ver, por tanto, los títulos de adquisición por parte del causante de la propia vivienda y de los garajes (máximo 2) y trasteros; ver si se adquirieron en la misma fecha, incluso aunque consten en escrituras separadas.– Otra consulta Vinculante, de 21/09/2012 que habla igualmente en términos de asimilación, de vivienda habitual, garajes y trasteros.III. Por último, en el presente caso, existe un trastero pero que está vinculado a la vivienda, cosa que no ocurre con la plaza de garaje. La configuración del trastero como anejo de la vivienda, en interpretación de la funcionaria, sí que determina la aplicación de la norma, convirtiendo a la plaza de garaje en un elemento con sustantividad propia, y sustrayendo, por una decisión unilateral del promotor, la aplicación práctica de la norma cuya extensión se pretende aplicar por parte del recurrente.»VLa registradora de la Propiedad elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito de fecha 13 de junio de 2022.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 1354 y 1357 del Código Civil; 91.3 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1989, 23 de marzo de 1992, 3 de abril y 18 diciembre 2000 y 7 de julio de 2016; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de diciembre de 2013, 27 de julio y 24 de noviembre de 2015, 4 de mayo y 26 de julio de 2016 y 11 de enero y 8 de septiembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de febrero y 5 y 26 de mayo de 2021.1. En la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso, por la que se formalizó la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales existente entre don M. R. P. y doña F. A. M. G., se inventarió como bien ganancial, entre otros bienes, una participación del 10,6119% de dos fincas registrales que son una vivienda y una plaza de garaje en el mismo edificio, compradas por el marido, en estado de soltero, mediante escritura otorgada el día 26 de marzo de 2007.Los otorgantes de la escritura manifiestan «que desde la fecha de celebración del matrimonio hasta el día de hoy se ha abonado la cantidad de veintidós mil setecientos nueve euros y cuarenta y seis céntimos (22.709,46 €) en concepto de pago del préstamo con garantía hipotecaria que grava las fincas que se describirán en los apartados 1 y 2 del inventario, que ha constituido desde el inicio del matrimonio la vivienda habitual de la familia, por lo que por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1354 y 1357 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que en estos casos asimila la compra con hipoteca a la compra por precio aplazado reconocen el carácter ganancial de una participación indivisa del 10,6119% de las indicadas fincas». Y, a continuación, dicha participación de ambas fincas se adjudica a la esposa, quien además se subroga en el préstamo hipotecario garantizado con hipoteca que grava la referida vivienda.Según consta en la inscripción registral, en la compraventa se fijó un precio global, del cual se retuvo una parte para pagar el préstamo hipotecario en el que se subrogó el comprador (modificándose, además, determinadas condiciones de dicho préstamo).Mediante acta de aclaración autorizada el día 23 de febrero de 2022 por el mismo notario, el marido manifestó: a) «(…) que al tiempo de la adquisición de los dos inmuebles (vivienda con anejo y plaza de garaje) solicitó un préstamo para la financiación de la adquisición de ambas fincas registrales»; y b) «Que (…) la entidad financiera solicitó el complemento de garantías al compareciente, pidiendo garantía hipotecaria pero sólo respecto de la finca registral 49975, excluyendo de dicha garantía a la plaza de garaje finca 49733, siendo la hipoteca un derecho de garantía completamente accesorio al préstamo».La registradora de la Propiedad inscribió la participación de la vivienda, pero suspendió la de la plaza de garaje, porque, según afirma, no es vivienda familiar, no está ni ha estado gravada con hipoteca, y el precio de su adquisición no ha sido aplazado, sino pagado en el acto de la adquisición que realizó el comprador en estado de soltero, por lo que dicha finca es privativa suya, al no ser aplicables los artículos 1354 y 1357 del Código Civil.El recurrente alega que han de aplicarse tales preceptos legales, pues se compraron ambas fincas en unidad de acto, y aunque no se hipotecara la plaza de garaje, el comprador, en estado de soltero, solicitó un préstamo para la compra conjunta de la vivienda con su anejo y plaza de garaje. Añade que, si se interpretan dichas normas atendiendo a la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, la plaza de garaje debe incluirse en el concepto de vivienda habitual, como resulta de las normas tributarias que cita.2. Debe estimarse (cfr., por todas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 27 de julio y 24 de noviembre de 2015) que, tratándose de la vivienda familiar adquirida en estado de soltero y pagándose durante el matrimonio el préstamo hipotecario con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido –ex lege– con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y el cónyuge titular, en proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. artículos 1354 y 1357.2 del Código Civil). Esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, para tener acceso registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. artículo 91.3 Reglamento Hipotecario). El propio Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de octubre de 1989 destaca la relevancia que tiene para la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado con fondos gananciales derivados de un préstamo hipotecario durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que se realicen con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación (vid. las Resoluciones de 19 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 26 de julio de 2016, 11 de enero y 8 de septiembre de 2017 y 25 de febrero y 5 y 26 de mayo de 2021).Como afirmó el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de abril de 2000, «aparece clara la intención del legislador sobre la exclusión del carácter privativo de la compraventa a plazos, anterior al matrimonio, de la vivienda familiar, la cual corresponderá proindiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de sus aportaciones respectivas. De manera que el Juzgador de instancia ha aplicado los preceptos indicados de forma adecuada, sin contradecir la doctrina contenida en la STS de 23 de marzo de 1992, la cual considera la copropiedad de los esposos en proporción a sus aportaciones respectivas en un supuesto en el cual aquellos habían comprado conjuntamente la vivienda antes de contraer matrimonio y pagado parte del precio en estado de soltería, con dinero privativo de cada uno de ellos y el resto, durante el matrimonio, con dinero ganancial, sino que la tiene en cuenta y sigue correctamente». Como puso de relieve la Sentencia del mismo Tribunal de 31 de octubre de 1989, se trata de evitar el abuso que supondría, quien conociendo la proximidad del matrimonio, adquiere una vivienda, mediante un crédito pagadero durante mucho años, en buena medida mediante fondos gananciales.Más recientemente, el Alto Tribunal, en Sentencia de 7 de julio de 2016 ha reiterado que «a efectos y aplicación de lo dispuesto en los artículos 1357 y 1354 CC, son plenamente equiparables las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio y los pagos de una compraventa a plazos».Por lo que se refiere a la cuestión concreta que se plantea en este expediente, y si se atiende a la ratio legis de tales preceptos, deben aplicarse las mismas consideraciones a la adquisición de la plaza de garaje, de suerte que sea equiparada a la vivienda, de la que no es sino un elemento accesorio. A tal efecto, no puede ser determinante el hecho de que –como alega la registradora– no esté gravada con la hipoteca que garantiza el préstamo con el que se financia la compra de la vivienda; y es relevante que con dicho préstamo se financie el precio que globalmente –como se ha expresado– se pagó por la vivienda y dicha plaza de garaje, unido al hecho de que se hayan adquirido conjuntamente y se trate de inmuebles situados en el mismo edificio, circunstancias que son suficientes para que se considere que la adquisición de la plaza de garaje se asimila a la de la vivienda propiamente dicha.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
En el supuesto de hecho, el testamento no contiene partición hecha por el testador, quien, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante. Ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser pars valoris bonorum), pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija. De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, y el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia -aunque ha sido designado como tal, para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición- no ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.
BOE-A-2022-13444
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13444.pdf
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, contra la calificación del registrador de la Propiedad de San Sebastián número 2, don José Francisco Javier Mir Sagardía, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 11 de febrero de 2022 por el notario de San Sebastián, don Francisco Javier Oñate Cuadros, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de la herencia causada por don L. G. P. fallecido el día 1 de diciembre de 2021, de vecindad civil foral vasca, en estado de casado con doña M. B. C., y dejando una hija de un anterior matrimonio, llamada doña D. G. B. En su último testamento, otorgado el día 18 de diciembre de 2019 ante el mismo notario, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento. En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, intervenía solo la viuda, doña M. B. C., que aceptaba y se adjudicaba la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».IIPresentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de San Sebastián número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«En relación a la escritura número 338 de su protocolo, de fecha 11 de febrero de 2022, presentada telemáticamente con esa misma fecha, causando asiento de presentación número 2186 del Diario 78, incluyendo la justificación de la liquidación del impuesto de sucesiones, certificaciones bancarias y cédulas parcelarias, certificado de defunción del causante, copia del testamento del causante y certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, justificante de la comunicación realizada al Ayuntamiento de esta Ciudad, a los efectos de la liquidación del impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, calificada dentro del plazo legal, se suspende con esta fecha su inscripción, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:1. Por la presente, escritura de aceptación y adjudicación de herencia, se practican las operaciones particionales al fallecimiento de D. L. G. P.Dicho señor, falleció el día 1 de diciembre de 2021, siendo vecino de esta Ciudad, en estado de casado con D.ª M. J. C. B. C., se supone que bajo el régimen económico de gananciales dada la existencia de los mismos, de cuyo matrimonio carece de descendientes, habiendo estado casado en primeras nupcias con D.ª M. D. G. R., de cuyo matrimonio tiene una hija llamada M. D. G. B.Falleció, en Donostia-San Sebastián, de donde era vecino, bajo testamento abierto otorgado ante el mismo Sr. Notario autorizante, el 18 de diciembre de 2019, n.º 2580 de su protocolo.2. En dicho testamento, que no contiene partición, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, escogiendo como ley rectora de su sucesión, la ley civil vasca aplicable por su vecindad y guipuzcoana como local, aparta expresamente de su herencia a su citada hija única, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes. Además, para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, D. G. y D. A. L. G., por partes iguales.Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa, estableciendo una serie de sustituciones, que no vienen al caso.Finalmente, nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al Notario autorizante del citado testamento.Dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios, los dos nietos nombrados por el testador.A los efectos del otorgan séptimo, se hace constar, que el testamento no contiene poder testatorio, el testador no dispone expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el Sr. Notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia actúa como albacea contador partidor.3. En la escritura presentada, comparece únicamente la viuda del causante, liquida la sociedad de gananciales, acepta pura y simplemente la herencia del causante manifestando que tal como señala el testamento, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes, y se adjudica la totalidad de los bienes inventariados.4. El inventario y avalúo comprende fincas de esta Ciudad, todas ellas inscritas en pleno dominio con carácter privativo, a favor del causante, así como valores mobiliarios de carácter ganancial.5. No consta el valor de las asignaciones realizadas a favor de los legitimarios y se hace imposible comprobar si se ha respetado la legítima legal correspondiente a los legitimarios, ni consta pacto sucesorio de renuncia a la misma.6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 02/08/2016, 17/10/2008, 29/06/2017, 14/02/2019, 05/04/2019, entre otras.7. Dados los defectos subsanables citados, no procede de momento la inscripción del presente documento. Arts. 1, 3, 14, 15, 18, 19, 19 bis, 20 L. Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, arts. 1056 y ss C. Civil, arts. 47, 48, 49, 53, 59 L 5/2015, así como los artículos de las normas legales y resoluciones ya citadas.De conformidad a lo previsto en el art. 323 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado el asiento de presentación por plazo de sesenta días hábiles contados desde la fecha de la última notificación de la presente calificación.Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2022.–El Registrador de la Propiedad.Contra dicha calificación (…).»IIIContra la anterior nota de calificación, don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, interpuso recurso el día 16 de mayo de 2022 en el que alegaba lo siguiente:«Fundamentos de Derecho:Único.Conforme a su práctica habitual, el señor registrador expone en su larga nota, una serie de hechos y reflexiones que nada tienen que ver con el fundamento de su decisión de suspender la inscripción. Dicho fundamento es expuesto en el punto 6 de la nota en el que se indica lo siguiente:“6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de agosto de 2016, 17 de octubre de 2008, 29 de junio de 2017, 14 de febrero de 2019, 5 de abril de 2019, entre otras.”Pues bien, la mera lectura de dicha resolución permite la inscripción de la escritura cuya suspensión ha acordado el registrador.En el caso de la resolución de 2 de julio de 2020, la viuda comisaria autorizada por el testador, se instituye heredera y se adjudica los bienes de la herencia, manifestando que ya han sido pagadas las legítimas, se solicita la inscripción con la mención del art. 15 LH y así lo dispone y ordena la DG.En el presente caso, la cuestión es más sencilla: Los testadores se han instituido herederos, autorizado la toma de posesión de los bienes y manifiestan que ya han pagado las legítimas.Teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, al [sic] aplicación de la lógica más elemental no pude llevar a otra conclusión que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo. De modo que si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.Y en ambos casos, si no consta la declaración de un legitimario manifestando que ha sido satisfecha la legítima colectiva, con la advertencia o mención.La escritura cumple escrupulosamente los requisitos establecidos por la Ley 5/2015, del Derecho civil vasco, así como por la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vinculante para el funcionario calificador.Por lo demás, reitero los argumentos de mi recurso que dio lugar a la citada resolución de dos de julio de dos mil veintiuno [sic], que se dan por reproducidos a fin de evitar inútiles repeticiones.»IVMediante escrito, de fecha 30 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 9.8, 16.1, 806 y 831 del Código Civil; la Exposición de Motivos y los artículos 3, 4, 9, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 46, 47, 48,49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 140 y 142 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 479 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 243 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de septiembre de 1987, 13 de enero de 2006, 13 de abril de 2009, 4 de marzo y 16 de octubre de 2015, 28 de marzo, 5 de abril y 2 de agosto de 2016, 9 y 16 de marzo, 9 y 12 de junio y 12 de julio de 2017, 5 de julio, 17 de septiembre, 31 de octubre y 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 y 27 de febrero y 4 de julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de julio de 2020.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que concurren los hechos y circunstancias siguientes:– La escritura es de 11 de febrero de 2022; el causante fallece el día 1 de diciembre de 2021; es de vecindad civil foral vasca; deja viuda –doña M. B. C.– y una hija de anterior matrimonio llamada doña D. G. B.– En su último testamento, de fecha 18 de diciembre de 2019, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y Don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento.– En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, interviene solo la viuda y heredera, que acepta y se adjudica la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».El registrador señala como defecto que dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima.El notario recurrente alega lo siguiente: que teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, se concluye que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo, de modo que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.2. Para la resolución de este expediente, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 4 de julio de 2019 y 2 de julio de 2020) en la que se pone de relieve que, aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum» y, en consecuencia, la existencia de legitimarios implica la necesaria intervención de los mismos en la partición. En Resolución de 4 de julio de 2019, concluyó que la legítima en el Derecho civil común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos españoles) se configura como una «pars bonorum» y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico. De ahí que, en Derecho civil común, se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima. La citada Resolución, centrada en el análisis de la naturaleza de la legítima en Derecho vasco, puso de relieve lo siguiente:«El registrador concluye, a la vista de esta doctrina, en el carácter “pars bonorum” de la legítima reconocida al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho inscrita, pero que aunque la Ley 5/2015 no se pronuncia expresamente sobre la naturaleza jurídica de la legítima vasca de los descendientes, sostiene que hay determinaciones que impiden calificar como meros acreedores del heredero a los descendientes legitimarios: que se considera como una limitación a la libertad de testar (título segundo, capítulo segundo, sección primera) y se define como una cuota sobre la herencia (artículo 48.1); que se dice que el causante está obligado a “transmitir” al legitimario (artículo 48.2), a diferencia de la “parte de libre disposición de la herencia” a que se refieren sus artículos 56 y 57; que el legitimario es denominado “heredero forzoso” (por ejemplo, en los artículos 33.2, 51.2 y 51.3) o, con mejor técnica, “sucesor forzoso” (artículos 56.1 y 58); que el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho es definido como “usufructuario”, no de crédito alguno sino de la mitad o de los dos tercios de los bienes del causante (artículo 52); que no hay ninguna calificación del legitimario como acreedor del heredero; que existiendo legitimarios, el comisario, a quien le corresponde designar sucesor, distribuir los bienes de la herencia y cuantas facultades se le atribuyan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos, no podrá designar sucesores a otras personas (artículo 33.3); que al menos un legitimario con plena capacidad de obrar es llamado (por el artículo 43.5) a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario, cuando aquellos se refiriesen a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos; que los artículos 56 y 57 consagran unas normas sobre intangibilidad cualitativa de la legítima de los hijos o descendientes; que los apartados 2 y 3 del artículo 51 llevan aparejada la nulidad de las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial, ineficacia que afecta incluso a terceros cuando hay lesión de la legítima colectiva de los descendientes; que si hubiese poder testatorio, la valoración de los bienes para fijar la legítima se hará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, esto es, por el comisario si no tuviese interés en la sucesión, o por el comisario con el contador-partidor que el causante hubiese designado, o por el comisario junto con los sucesores presuntos, o por decisión judicial.En consecuencia, entiende el registrador que la legítima vasca de los descendientes es una “pars bonorum”, o cuando menos, una “pars valoris bonorum”, y, por lo tanto, será necesaria la concurrencia de los legitimarios para la entrega y adquisición de la cosa legada (…).Concluye el notario recurrente en que, a la vista de esta doctrina, que ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal Superior del País Vasco, la legítima foral vasca tiene la misma naturaleza que la de Aragón, esto es, que se trata de una legítima colectiva.Pero esto, por sí solo, no le confiere la naturaleza de “pars valoris”, por lo que el recurrente interpreta que la legítima vasca es una especie de «legítima colectiva de libre disposición por el testador, mediante el mecanismo del apartamiento que puede ser expreso o tácito» de manera que le nutra de los mismos efectos que la “pars valoris”. Para ello, alega en el escrito de interposición, la esencia e importancia del apartamiento –incluido el tácito–, como forma tradicional e histórica que se trae de nuevo a la legislación de todo el País Vasco, lo que denomina un “sistema de cuño propio”, configurado como una legítima colectiva de libre elección por el causante entre los posibles legitimarios y con una legítima calculada sobre el valor económico de la herencia y que puede, en definitiva, atribuirse a título de herencia, legado, donación o de cualquier otro modo, pero que no supone derecho alguno sobre los bienes de la herencia, constituyendo, en todo caso, para el legitimario elegido, por medio del apartamiento expreso o tácito o para todos los legitimarios antes de producirse dicho apartamiento expreso o tácito, el derecho a recibir en el primero de los casos o, el de poder solicitar en el segundo, un tercio de ese valor económico como un derecho de crédito. En definitiva, el recurrente sostiene que se producen los mismos efectos de la legítima “pars valoris”, y entre ellos, especialmente el de la no necesidad de la intervención de los legitimarios –ya que a su juicio están tácitamente apartados– en la toma de posesión de la cosa legada por el legatario cuando ha sido autorizado para hacerlo por sí mismo (…).6. Así pues, para la resolución de este expediente, hay que determinar la naturaleza de la legítima foral vasca. La legítima es definida en el artículo 48.1 de la Ley 5/2015 como “una cuota sobre la herencia, que se calcula por su valor económico, y que el causante puede atribuir a sus legitimarios a título de herencia, legado, donación o de otro modo”. De otros artículos de la misma ley vasca, resultan los indicios de la naturaleza de esta legítima: “Son legitimarios los hijos y descendientes (…)” (artículo 47); “el causante está obligado a transmitir la legítima a los legitimarios (…)” (artículo 48.2); cuantía de la legítima (artículo 49); sustitución y representación de los legitimarios (artículo 50); en apartamiento y preterición de los legitimarios, “la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial”; (artículo 51.2); regulación de la intangibilidad de la legítima (artículo 56); en los artículos 58 a 60 se articulan las normas para el cálculo de la cuota de legítima, resultando que no solo se toma en consideración el valor neto de la herencia (activo menos pasivo) sino también el valor de ciertas donaciones otorgadas en vida por el causante (“relictum” más “donatum”).Utilizó el legislador del Código Civil una terminología semejante a la que ahora utiliza el legislador vasco: “legítima es la porción de bienes de la cual el testador no puede disponer (…)” (artículo 806); “(…) las dos terceras partes del haber hereditario (…)” (artículo 808); “(…) la mitad del haber hereditario de (…)” (artículo 809); regulación de la preterición con unos efectos no diametralmente distintos de los recogidos en la ley vasca (artículo 814), y un amplio abanico de normas de regulación del cómputo u cálculo de la legítima.Alega el recurrente los antecedentes históricos para determinar la naturaleza de la legítima vasca. El legislador vasco, en el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, alude a esos precedentes, de los cuales resulta el mantenimiento de la legítima aun cuando se produce en la nueva Ley una reducción y atemperación de la misma, precisamente porque la mayor parte del territorio vasco –causan excepción las zonas de Fueros de Vizcaya y de Ayala–, tal como el de Guipúzcoa y Álava, se nutrió continuamente y vivió tradicionalmente el Derecho sucesorio de Castilla: “En cuanto a la sucesión forzosa, hay grandes divergencias en nuestro Derecho histórico que convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener. Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema de legítimas del Código Civil, salvo en Bizkaia, en la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que regía en Castilla, contraria a nuestra tradición, era de los cuatro quintos de la herencia, pese a que el Código Civil la hubiera reducido a dos tercios, uno de legítima estricta y el otro de mejora. El texto quiere establecer una legítima única de un tercio del patrimonio, para todo el País Vasco. Se estima que esta decisión es muy importante y contribuye mejor que cualquier otra a dar unidad al Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones europeas. La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de respetar su libertad absoluta de testar al otorgar testamento”. En esta alusión a los precedentes históricos, no hay que olvidar que la zona de aplicación del Derecho Foral Vasco, en la historia, estuvo reducido a la zona del Señorío de Vizcaya –Bizkaia– excepto las doce villas no aforadas y el casco urbano de Bilbao, y a la zona de aplicación del Fuero de Ayala, siendo que no se aplicaba, además de las villas referidas, al resto de Álava y a Guipúzcoa.En consecuencia, aunque se extiende la aplicación de la actual normativa vasca a la totalidad del País Vasco y se reduce y adapta el concepto de los derechos forzosos a la nueva legislación, por reminiscencia histórica, sigue existiendo una legítima, que siendo colectiva no es la puramente formal como la navarra; y, que conforme resulta de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, solo se mantiene en su concepto de legítima formal, en la zona del antiguo Fuero de Ayala, para la que se recoge en el artículo 89.1 de la Ley 5/2015 lo siguiente: “Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, donación o pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o mucho”. Pues bien, a la vista de este precepto, a diferencia del resto de las zonas forales del País Vasco –en las que continúa existiendo la legítima–, en la del Fuero de Ayala, cabe la disposición libre de los bienes sin límite de legítimas. De otra forma no se entendería la existencia de este articulado específico relativo a este Fuero. Así pues, los antecedentes históricos, que nos serviría para las zonas tradicionalmente sujetas a la legislación vasca, no pueden ser tenidos en cuenta para la naturaleza de una legítima aplicable a la totalidad del País Vasco.Desde el punto de vista terminológico, en la Ley 5/2015, se recoge el término “herederos forzosos” o el de “sucesores forzosos” en numerosos artículos: el artículo 33.2 referido a las personas entre las que ha de elegir el comisario a falta de otras designaciones del testador; el artículo 51.2, conforme el cual la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial; el artículo 51.3, que se refiere al heredero forzoso apartado expresa o tácitamente, para la conservación de sus derechos frente a terceros cuando el testamento lesione su legítima colectiva; en el artículo 56.1, regulando en el campo de la intangibilidad de la legítima, los efectos de la sustitución o gravamen que exceda de la parte de libre disposición, a no ser que sea a favor de sucesores forzosos; el artículo 58, en el que se consideran donaciones computables las hechas a favor de quien no sea sucesor forzoso; en el régimen del ejercicio del poder testatorio y las cautelas en favor de terceros, la necesidad de la intervención de “cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar (…)”. Y los referidos artículos 47 y 48, en los que se utilizan los términos “legítima” y “legitimarios” con semejantes parámetros a los del Código Civil. Solo la figura del apartamiento, sostiene las importantes diferencias.7. En cuanto a la pretendida consideración de la legítima foral vasca como un derecho de crédito, tan solo hay una aproximación a esta concepción en la Ley 5/2015, que es la recogida en el artículo 52.1, en el que se regula el derecho del cónyuge supérstite o de la pareja de hecho, y que define como «el derecho de usufructo de la mitad de todos los bienes del causante si concurriere con descendientes». De esto resulta que es calificado como un usufructuario de una cuota y no como un acreedor de los herederos. De la misma forma que ocurre con el Derecho Civil Foral de Aragón, paradigma de la legítima colectiva –cuya naturaleza es “pars valoris bonorum”–, en la Ley 5/2015 que también ha acogido esa forma de legítima, no existe ninguna mención a la calificación del legitimario como acreedor de los herederos. Ciertamente, que como sostiene el recurrente, en el artículo 479 del Código Civil de Derecho de Aragón, se recoge una norma especial para habilitar la posesión del legado, de manera que el legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación. Pues bien, precisamente porque la naturaleza de la legítima en Aragón, aunque colectiva, no es una “pars valoris”, es por lo que el legislador aragonés ha introducido esta norma especial para la toma de posesión del legado, de manera que en ningún otro precepto de la ley foral aragonesa se califica la legítima aragonesa como de valor. Por otra parte, si el legislador vasco hubiera querido introducir una norma semejante, lo habría hecho.El recurrente menciona una configuración del derecho del legitimario gallego, como un valor económico o crédito dentro de un sistema de legítima individualizada para cada uno de los herederos, que establece que el legitimario no tiene acción real para reclamar la legítima y será considerado a todos los efectos, como un acreedor (artículo 243 de la Ley de Derecho Civil de Galicia), de manera que en la norma vasca sería parecido, pero referido a la legítima colectiva. Pues bien, siendo un argumento consistente, lo cierto es que en la legislación vasca no existe norma semejante (…)8. Además, como recoge el registrador, hay otras situaciones contenidas en la Ley 5/2015, que alejan la naturaleza de la legítima vasca de la de un derecho de crédito: que al menos un legitimario con plena capacidad concurra a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge o pareja supérstite designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario cuando se refieren a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos (artículo 43.5 de la Ley 5/2015). Esta disposición recuerda la necesidad de concurrencia de los legitimarios de derecho común en la disposición de bienes administrados por el delegado con la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil, en cuya versión de “fiducia sucesoria de derecho común”, se aprecia el auténtico límite que supone la legítima “pars bonorum” a la delegación de la facultad d mejorar, a través de la necesidad de ese consentimiento de los legitimarios.Alega a esto el recurrente que, la intervención del legitimario lo es para mantener la esencia de la legítima colectiva y que es por esto que, se exige la intervención de al menos uno de los legitimarios. Así, esta concurrencia de al menos un legitimario para esos actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o pareja supérstite designado comisario, representante y administrador, lo es a los efectos de control y protección de la legítima ante las enormes facultades del comisario, a quien se puede encomendar (artículo 30) por el testador la designación de sucesor, la distribución de los bienes y cuantas facultades sean necesarias para la transmisión sucesoria de los mismos, con funciones o poderes semejantes a los de un heredero de confianza. Pues bien, efectivamente, la intervención de uno de los legitimarios junto con el comisario, supone una protección de la legítima colectiva, pero como complemento y protección de esa cuota de legítima ante las inmensas facultades del comisario hasta que no se produzca la designación del heredero o la distribución de los bienes.»Así, la legítima foral vasca es colectiva, cabe el apartamiento de los legitimarios tanto de forma expresa como tácita; pero esto, como regla general, no significa, que el legitimario no apartado no pueda tener unos mecanismos de defensa para el amparo de su derecho, aunque sea mínimo, puesto que, aunque colectiva, la naturaleza sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum».3. En el supuesto del expediente de la Resolución de 4 de julio de 2019, no se había instituido comisario y, por lo tanto, no era el caso ni esto convertía la legítima en un derecho de crédito, por lo que se exigió la intervención de los legitimarios no apartados. En el expediente de la Resolución de 2 de julio de 2020, –a diferencia del supuesto de la de 4 de julio de 2019–, se trataba de un poder testatorio, en el que se había nombrado comisaria a la viuda y se le concedía la facultad vitalicia de ordenar la herencia, distribuyendo libremente los bienes, pudiendo en uso de sus facultades, entre otras facultades, nombrarse a sí misma heredera del premuerto y adjudicar bienes y derechos libremente. En ejercicio de esas facultades, ella se designó heredera a sí misma, y estaba facultada para, a su vez, designar a los herederos o apartarlos, lo que hizo, sin perjuicio de la mención a que se refiere el artículo 15 de la Ley Hipotecaria en favor de los presuntos legitimarios o del legitimario que en su momento designara la comisaria-heredera. En ese caso, se admitió para el concreto expediente, que al tratarse de un poder testatorio, la viuda había sido nombrada comisaria con amplísimas facultades para designar herederos e incluso designarse heredera a sí misma, y, además, lo podía hacer durante toda su vida tanto por actos «inter vivos» como «mortis causa», y, por esencia, ser contadora-partidora de la herencia, lo que diferenciaba ese supuesto del analizado en la Resolución de 4 de julio de 2019. En consecuencia, se revocó el defecto señalado.Ahora en el concreto supuesto, el testamento no contiene partición hecha por el testador, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante, de manera que no realiza la partición.De acuerdo con estos parámetros, ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser «pars valoris bonorum») pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija.De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.4. Alega el recurrente que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes. Pero, en este punto, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo, que si aplicable a Derecho común, también lo es al Derecho vasco.Ciertamente, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o «pars valoris bonorum». De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima (cfr. las Resoluciones de 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 13 de junio de 2013, 15 de septiembre y 29 de diciembre de 2014, 2 de agosto de 2016, 10 de abril y 29 de junio de 2017, 22 de febrero, 5 de julio, 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018 y 14 de febrero de 2019, entre otras citadas en el apartado «Vistos» de la presente). Y dicha intervención es necesaria también para la entrega de legados (vid. Resoluciones de 25 de febrero de 2008, 9 de marzo de 2009, 6 de marzo de 2012 y 12 y 16 de junio y 4 de julio de 2014).La necesaria intervención del legitimario ha sido exigida, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que reconoce las acciones que corresponden a los legitimarios: Se reduce en determinar si cabe la posibilidad de ejercicio por uno o varios herederos forzosos de la acción de complemento de la legítima antes de haberse practicado la partición del caudal hereditario y, por tanto, antes de conocerse a cuánto asciende el importe de la legítima estricta correspondiente a cada heredero, por lo que se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el 657 y aplicación indebida de los 1075 y 1079 del Código Civil en relación con los 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores partidores, en la ejecución de la misma «será cuando podrá saberse si alguno o algunos de los herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (…), ha percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta». Así, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso sino hasta saber el montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales. También la Sentencia de 18 de julio de 2012 pone de relieve que el legatario que es también legitimario debe intervenir y consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios.No cabe dejar al legitimario la defensa de su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada, lo que puede convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por reiteradísima doctrina y jurisprudencia es «pars bonorum», en otra muy distinta («pars valoris»), lo que haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir que sus derechos, aun cuando sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la herencia y no otros. Y esta doctrina se aplicará aun cuando se haya citado a los legitimarios fehacientemente y no hayan comparecido, ya que conforme reiterada doctrina de este Centro Directivo, la circunstancia de citación a los legitimarios para formación del inventario, no altera la necesidad de su consentimiento.Como afirmó esta Dirección General en Resolución de 2 de agosto de 2016, cuando la legítima es «pars hereditatis», «pars bonorum» o «pars valoris bonorum», el legitimario, aunque no haya sido instituido heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede interponer el juicio de testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la hubiere efectuado por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador partidor. Por lo tanto, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de herencia (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), y aunque el testador considere que el legitimario ha sido satisfecho en sus derechos, la comparecencia e intervención de éste es inexcusable, a fin de consentir las operaciones particionales de las que resulte que no se perjudica su derecho de carácter forzoso.En el supuesto concreto de este expediente, no ha intervenido el contador-partidor designado, por lo que se hace necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
En el supuesto de hecho, el testamento no contiene partición hecha por el testador, quien, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante. Ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser pars valoris bonorum), pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija. De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, y el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia -aunque ha sido designado como tal, para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición- no ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.
BOE-A-2022-13444
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13444.pdf
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, contra la calificación del registrador de la Propiedad de San Sebastián número 2, don José Francisco Javier Mir Sagardía, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 11 de febrero de 2022 por el notario de San Sebastián, don Francisco Javier Oñate Cuadros, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de la herencia causada por don L. G. P. fallecido el día 1 de diciembre de 2021, de vecindad civil foral vasca, en estado de casado con doña M. B. C., y dejando una hija de un anterior matrimonio, llamada doña D. G. B. En su último testamento, otorgado el día 18 de diciembre de 2019 ante el mismo notario, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento. En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, intervenía solo la viuda, doña M. B. C., que aceptaba y se adjudicaba la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».IIPresentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de San Sebastián número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«En relación a la escritura número 338 de su protocolo, de fecha 11 de febrero de 2022, presentada telemáticamente con esa misma fecha, causando asiento de presentación número 2186 del Diario 78, incluyendo la justificación de la liquidación del impuesto de sucesiones, certificaciones bancarias y cédulas parcelarias, certificado de defunción del causante, copia del testamento del causante y certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, justificante de la comunicación realizada al Ayuntamiento de esta Ciudad, a los efectos de la liquidación del impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, calificada dentro del plazo legal, se suspende con esta fecha su inscripción, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:1. Por la presente, escritura de aceptación y adjudicación de herencia, se practican las operaciones particionales al fallecimiento de D. L. G. P.Dicho señor, falleció el día 1 de diciembre de 2021, siendo vecino de esta Ciudad, en estado de casado con D.ª M. J. C. B. C., se supone que bajo el régimen económico de gananciales dada la existencia de los mismos, de cuyo matrimonio carece de descendientes, habiendo estado casado en primeras nupcias con D.ª M. D. G. R., de cuyo matrimonio tiene una hija llamada M. D. G. B.Falleció, en Donostia-San Sebastián, de donde era vecino, bajo testamento abierto otorgado ante el mismo Sr. Notario autorizante, el 18 de diciembre de 2019, n.º 2580 de su protocolo.2. En dicho testamento, que no contiene partición, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, escogiendo como ley rectora de su sucesión, la ley civil vasca aplicable por su vecindad y guipuzcoana como local, aparta expresamente de su herencia a su citada hija única, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes. Además, para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, D. G. y D. A. L. G., por partes iguales.Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa, estableciendo una serie de sustituciones, que no vienen al caso.Finalmente, nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al Notario autorizante del citado testamento.Dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios, los dos nietos nombrados por el testador.A los efectos del otorgan séptimo, se hace constar, que el testamento no contiene poder testatorio, el testador no dispone expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el Sr. Notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia actúa como albacea contador partidor.3. En la escritura presentada, comparece únicamente la viuda del causante, liquida la sociedad de gananciales, acepta pura y simplemente la herencia del causante manifestando que tal como señala el testamento, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes, y se adjudica la totalidad de los bienes inventariados.4. El inventario y avalúo comprende fincas de esta Ciudad, todas ellas inscritas en pleno dominio con carácter privativo, a favor del causante, así como valores mobiliarios de carácter ganancial.5. No consta el valor de las asignaciones realizadas a favor de los legitimarios y se hace imposible comprobar si se ha respetado la legítima legal correspondiente a los legitimarios, ni consta pacto sucesorio de renuncia a la misma.6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 02/08/2016, 17/10/2008, 29/06/2017, 14/02/2019, 05/04/2019, entre otras.7. Dados los defectos subsanables citados, no procede de momento la inscripción del presente documento. Arts. 1, 3, 14, 15, 18, 19, 19 bis, 20 L. Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, arts. 1056 y ss C. Civil, arts. 47, 48, 49, 53, 59 L 5/2015, así como los artículos de las normas legales y resoluciones ya citadas.De conformidad a lo previsto en el art. 323 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado el asiento de presentación por plazo de sesenta días hábiles contados desde la fecha de la última notificación de la presente calificación.Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2022.–El Registrador de la Propiedad.Contra dicha calificación (…).»IIIContra la anterior nota de calificación, don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, interpuso recurso el día 16 de mayo de 2022 en el que alegaba lo siguiente:«Fundamentos de Derecho:Único.Conforme a su práctica habitual, el señor registrador expone en su larga nota, una serie de hechos y reflexiones que nada tienen que ver con el fundamento de su decisión de suspender la inscripción. Dicho fundamento es expuesto en el punto 6 de la nota en el que se indica lo siguiente:“6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de agosto de 2016, 17 de octubre de 2008, 29 de junio de 2017, 14 de febrero de 2019, 5 de abril de 2019, entre otras.”Pues bien, la mera lectura de dicha resolución permite la inscripción de la escritura cuya suspensión ha acordado el registrador.En el caso de la resolución de 2 de julio de 2020, la viuda comisaria autorizada por el testador, se instituye heredera y se adjudica los bienes de la herencia, manifestando que ya han sido pagadas las legítimas, se solicita la inscripción con la mención del art. 15 LH y así lo dispone y ordena la DG.En el presente caso, la cuestión es más sencilla: Los testadores se han instituido herederos, autorizado la toma de posesión de los bienes y manifiestan que ya han pagado las legítimas.Teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, al [sic] aplicación de la lógica más elemental no pude llevar a otra conclusión que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo. De modo que si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.Y en ambos casos, si no consta la declaración de un legitimario manifestando que ha sido satisfecha la legítima colectiva, con la advertencia o mención.La escritura cumple escrupulosamente los requisitos establecidos por la Ley 5/2015, del Derecho civil vasco, así como por la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vinculante para el funcionario calificador.Por lo demás, reitero los argumentos de mi recurso que dio lugar a la citada resolución de dos de julio de dos mil veintiuno [sic], que se dan por reproducidos a fin de evitar inútiles repeticiones.»IVMediante escrito, de fecha 30 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 9.8, 16.1, 806 y 831 del Código Civil; la Exposición de Motivos y los artículos 3, 4, 9, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 46, 47, 48,49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 140 y 142 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 479 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 243 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de septiembre de 1987, 13 de enero de 2006, 13 de abril de 2009, 4 de marzo y 16 de octubre de 2015, 28 de marzo, 5 de abril y 2 de agosto de 2016, 9 y 16 de marzo, 9 y 12 de junio y 12 de julio de 2017, 5 de julio, 17 de septiembre, 31 de octubre y 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 y 27 de febrero y 4 de julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de julio de 2020.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que concurren los hechos y circunstancias siguientes:– La escritura es de 11 de febrero de 2022; el causante fallece el día 1 de diciembre de 2021; es de vecindad civil foral vasca; deja viuda –doña M. B. C.– y una hija de anterior matrimonio llamada doña D. G. B.– En su último testamento, de fecha 18 de diciembre de 2019, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y Don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento.– En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, interviene solo la viuda y heredera, que acepta y se adjudica la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».El registrador señala como defecto que dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima.El notario recurrente alega lo siguiente: que teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, se concluye que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo, de modo que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.2. Para la resolución de este expediente, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 4 de julio de 2019 y 2 de julio de 2020) en la que se pone de relieve que, aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum» y, en consecuencia, la existencia de legitimarios implica la necesaria intervención de los mismos en la partición. En Resolución de 4 de julio de 2019, concluyó que la legítima en el Derecho civil común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos españoles) se configura como una «pars bonorum» y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico. De ahí que, en Derecho civil común, se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima. La citada Resolución, centrada en el análisis de la naturaleza de la legítima en Derecho vasco, puso de relieve lo siguiente:«El registrador concluye, a la vista de esta doctrina, en el carácter “pars bonorum” de la legítima reconocida al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho inscrita, pero que aunque la Ley 5/2015 no se pronuncia expresamente sobre la naturaleza jurídica de la legítima vasca de los descendientes, sostiene que hay determinaciones que impiden calificar como meros acreedores del heredero a los descendientes legitimarios: que se considera como una limitación a la libertad de testar (título segundo, capítulo segundo, sección primera) y se define como una cuota sobre la herencia (artículo 48.1); que se dice que el causante está obligado a “transmitir” al legitimario (artículo 48.2), a diferencia de la “parte de libre disposición de la herencia” a que se refieren sus artículos 56 y 57; que el legitimario es denominado “heredero forzoso” (por ejemplo, en los artículos 33.2, 51.2 y 51.3) o, con mejor técnica, “sucesor forzoso” (artículos 56.1 y 58); que el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho es definido como “usufructuario”, no de crédito alguno sino de la mitad o de los dos tercios de los bienes del causante (artículo 52); que no hay ninguna calificación del legitimario como acreedor del heredero; que existiendo legitimarios, el comisario, a quien le corresponde designar sucesor, distribuir los bienes de la herencia y cuantas facultades se le atribuyan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos, no podrá designar sucesores a otras personas (artículo 33.3); que al menos un legitimario con plena capacidad de obrar es llamado (por el artículo 43.5) a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario, cuando aquellos se refiriesen a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos; que los artículos 56 y 57 consagran unas normas sobre intangibilidad cualitativa de la legítima de los hijos o descendientes; que los apartados 2 y 3 del artículo 51 llevan aparejada la nulidad de las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial, ineficacia que afecta incluso a terceros cuando hay lesión de la legítima colectiva de los descendientes; que si hubiese poder testatorio, la valoración de los bienes para fijar la legítima se hará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, esto es, por el comisario si no tuviese interés en la sucesión, o por el comisario con el contador-partidor que el causante hubiese designado, o por el comisario junto con los sucesores presuntos, o por decisión judicial.En consecuencia, entiende el registrador que la legítima vasca de los descendientes es una “pars bonorum”, o cuando menos, una “pars valoris bonorum”, y, por lo tanto, será necesaria la concurrencia de los legitimarios para la entrega y adquisición de la cosa legada (…).Concluye el notario recurrente en que, a la vista de esta doctrina, que ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal Superior del País Vasco, la legítima foral vasca tiene la misma naturaleza que la de Aragón, esto es, que se trata de una legítima colectiva.Pero esto, por sí solo, no le confiere la naturaleza de “pars valoris”, por lo que el recurrente interpreta que la legítima vasca es una especie de «legítima colectiva de libre disposición por el testador, mediante el mecanismo del apartamiento que puede ser expreso o tácito» de manera que le nutra de los mismos efectos que la “pars valoris”. Para ello, alega en el escrito de interposición, la esencia e importancia del apartamiento –incluido el tácito–, como forma tradicional e histórica que se trae de nuevo a la legislación de todo el País Vasco, lo que denomina un “sistema de cuño propio”, configurado como una legítima colectiva de libre elección por el causante entre los posibles legitimarios y con una legítima calculada sobre el valor económico de la herencia y que puede, en definitiva, atribuirse a título de herencia, legado, donación o de cualquier otro modo, pero que no supone derecho alguno sobre los bienes de la herencia, constituyendo, en todo caso, para el legitimario elegido, por medio del apartamiento expreso o tácito o para todos los legitimarios antes de producirse dicho apartamiento expreso o tácito, el derecho a recibir en el primero de los casos o, el de poder solicitar en el segundo, un tercio de ese valor económico como un derecho de crédito. En definitiva, el recurrente sostiene que se producen los mismos efectos de la legítima “pars valoris”, y entre ellos, especialmente el de la no necesidad de la intervención de los legitimarios –ya que a su juicio están tácitamente apartados– en la toma de posesión de la cosa legada por el legatario cuando ha sido autorizado para hacerlo por sí mismo (…).6. Así pues, para la resolución de este expediente, hay que determinar la naturaleza de la legítima foral vasca. La legítima es definida en el artículo 48.1 de la Ley 5/2015 como “una cuota sobre la herencia, que se calcula por su valor económico, y que el causante puede atribuir a sus legitimarios a título de herencia, legado, donación o de otro modo”. De otros artículos de la misma ley vasca, resultan los indicios de la naturaleza de esta legítima: “Son legitimarios los hijos y descendientes (…)” (artículo 47); “el causante está obligado a transmitir la legítima a los legitimarios (…)” (artículo 48.2); cuantía de la legítima (artículo 49); sustitución y representación de los legitimarios (artículo 50); en apartamiento y preterición de los legitimarios, “la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial”; (artículo 51.2); regulación de la intangibilidad de la legítima (artículo 56); en los artículos 58 a 60 se articulan las normas para el cálculo de la cuota de legítima, resultando que no solo se toma en consideración el valor neto de la herencia (activo menos pasivo) sino también el valor de ciertas donaciones otorgadas en vida por el causante (“relictum” más “donatum”).Utilizó el legislador del Código Civil una terminología semejante a la que ahora utiliza el legislador vasco: “legítima es la porción de bienes de la cual el testador no puede disponer (…)” (artículo 806); “(…) las dos terceras partes del haber hereditario (…)” (artículo 808); “(…) la mitad del haber hereditario de (…)” (artículo 809); regulación de la preterición con unos efectos no diametralmente distintos de los recogidos en la ley vasca (artículo 814), y un amplio abanico de normas de regulación del cómputo u cálculo de la legítima.Alega el recurrente los antecedentes históricos para determinar la naturaleza de la legítima vasca. El legislador vasco, en el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, alude a esos precedentes, de los cuales resulta el mantenimiento de la legítima aun cuando se produce en la nueva Ley una reducción y atemperación de la misma, precisamente porque la mayor parte del territorio vasco –causan excepción las zonas de Fueros de Vizcaya y de Ayala–, tal como el de Guipúzcoa y Álava, se nutrió continuamente y vivió tradicionalmente el Derecho sucesorio de Castilla: “En cuanto a la sucesión forzosa, hay grandes divergencias en nuestro Derecho histórico que convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener. Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema de legítimas del Código Civil, salvo en Bizkaia, en la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que regía en Castilla, contraria a nuestra tradición, era de los cuatro quintos de la herencia, pese a que el Código Civil la hubiera reducido a dos tercios, uno de legítima estricta y el otro de mejora. El texto quiere establecer una legítima única de un tercio del patrimonio, para todo el País Vasco. Se estima que esta decisión es muy importante y contribuye mejor que cualquier otra a dar unidad al Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones europeas. La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de respetar su libertad absoluta de testar al otorgar testamento”. En esta alusión a los precedentes históricos, no hay que olvidar que la zona de aplicación del Derecho Foral Vasco, en la historia, estuvo reducido a la zona del Señorío de Vizcaya –Bizkaia– excepto las doce villas no aforadas y el casco urbano de Bilbao, y a la zona de aplicación del Fuero de Ayala, siendo que no se aplicaba, además de las villas referidas, al resto de Álava y a Guipúzcoa.En consecuencia, aunque se extiende la aplicación de la actual normativa vasca a la totalidad del País Vasco y se reduce y adapta el concepto de los derechos forzosos a la nueva legislación, por reminiscencia histórica, sigue existiendo una legítima, que siendo colectiva no es la puramente formal como la navarra; y, que conforme resulta de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, solo se mantiene en su concepto de legítima formal, en la zona del antiguo Fuero de Ayala, para la que se recoge en el artículo 89.1 de la Ley 5/2015 lo siguiente: “Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, donación o pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o mucho”. Pues bien, a la vista de este precepto, a diferencia del resto de las zonas forales del País Vasco –en las que continúa existiendo la legítima–, en la del Fuero de Ayala, cabe la disposición libre de los bienes sin límite de legítimas. De otra forma no se entendería la existencia de este articulado específico relativo a este Fuero. Así pues, los antecedentes históricos, que nos serviría para las zonas tradicionalmente sujetas a la legislación vasca, no pueden ser tenidos en cuenta para la naturaleza de una legítima aplicable a la totalidad del País Vasco.Desde el punto de vista terminológico, en la Ley 5/2015, se recoge el término “herederos forzosos” o el de “sucesores forzosos” en numerosos artículos: el artículo 33.2 referido a las personas entre las que ha de elegir el comisario a falta de otras designaciones del testador; el artículo 51.2, conforme el cual la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial; el artículo 51.3, que se refiere al heredero forzoso apartado expresa o tácitamente, para la conservación de sus derechos frente a terceros cuando el testamento lesione su legítima colectiva; en el artículo 56.1, regulando en el campo de la intangibilidad de la legítima, los efectos de la sustitución o gravamen que exceda de la parte de libre disposición, a no ser que sea a favor de sucesores forzosos; el artículo 58, en el que se consideran donaciones computables las hechas a favor de quien no sea sucesor forzoso; en el régimen del ejercicio del poder testatorio y las cautelas en favor de terceros, la necesidad de la intervención de “cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar (…)”. Y los referidos artículos 47 y 48, en los que se utilizan los términos “legítima” y “legitimarios” con semejantes parámetros a los del Código Civil. Solo la figura del apartamiento, sostiene las importantes diferencias.7. En cuanto a la pretendida consideración de la legítima foral vasca como un derecho de crédito, tan solo hay una aproximación a esta concepción en la Ley 5/2015, que es la recogida en el artículo 52.1, en el que se regula el derecho del cónyuge supérstite o de la pareja de hecho, y que define como «el derecho de usufructo de la mitad de todos los bienes del causante si concurriere con descendientes». De esto resulta que es calificado como un usufructuario de una cuota y no como un acreedor de los herederos. De la misma forma que ocurre con el Derecho Civil Foral de Aragón, paradigma de la legítima colectiva –cuya naturaleza es “pars valoris bonorum”–, en la Ley 5/2015 que también ha acogido esa forma de legítima, no existe ninguna mención a la calificación del legitimario como acreedor de los herederos. Ciertamente, que como sostiene el recurrente, en el artículo 479 del Código Civil de Derecho de Aragón, se recoge una norma especial para habilitar la posesión del legado, de manera que el legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación. Pues bien, precisamente porque la naturaleza de la legítima en Aragón, aunque colectiva, no es una “pars valoris”, es por lo que el legislador aragonés ha introducido esta norma especial para la toma de posesión del legado, de manera que en ningún otro precepto de la ley foral aragonesa se califica la legítima aragonesa como de valor. Por otra parte, si el legislador vasco hubiera querido introducir una norma semejante, lo habría hecho.El recurrente menciona una configuración del derecho del legitimario gallego, como un valor económico o crédito dentro de un sistema de legítima individualizada para cada uno de los herederos, que establece que el legitimario no tiene acción real para reclamar la legítima y será considerado a todos los efectos, como un acreedor (artículo 243 de la Ley de Derecho Civil de Galicia), de manera que en la norma vasca sería parecido, pero referido a la legítima colectiva. Pues bien, siendo un argumento consistente, lo cierto es que en la legislación vasca no existe norma semejante (…)8. Además, como recoge el registrador, hay otras situaciones contenidas en la Ley 5/2015, que alejan la naturaleza de la legítima vasca de la de un derecho de crédito: que al menos un legitimario con plena capacidad concurra a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge o pareja supérstite designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario cuando se refieren a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos (artículo 43.5 de la Ley 5/2015). Esta disposición recuerda la necesidad de concurrencia de los legitimarios de derecho común en la disposición de bienes administrados por el delegado con la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil, en cuya versión de “fiducia sucesoria de derecho común”, se aprecia el auténtico límite que supone la legítima “pars bonorum” a la delegación de la facultad d mejorar, a través de la necesidad de ese consentimiento de los legitimarios.Alega a esto el recurrente que, la intervención del legitimario lo es para mantener la esencia de la legítima colectiva y que es por esto que, se exige la intervención de al menos uno de los legitimarios. Así, esta concurrencia de al menos un legitimario para esos actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o pareja supérstite designado comisario, representante y administrador, lo es a los efectos de control y protección de la legítima ante las enormes facultades del comisario, a quien se puede encomendar (artículo 30) por el testador la designación de sucesor, la distribución de los bienes y cuantas facultades sean necesarias para la transmisión sucesoria de los mismos, con funciones o poderes semejantes a los de un heredero de confianza. Pues bien, efectivamente, la intervención de uno de los legitimarios junto con el comisario, supone una protección de la legítima colectiva, pero como complemento y protección de esa cuota de legítima ante las inmensas facultades del comisario hasta que no se produzca la designación del heredero o la distribución de los bienes.»Así, la legítima foral vasca es colectiva, cabe el apartamiento de los legitimarios tanto de forma expresa como tácita; pero esto, como regla general, no significa, que el legitimario no apartado no pueda tener unos mecanismos de defensa para el amparo de su derecho, aunque sea mínimo, puesto que, aunque colectiva, la naturaleza sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum».3. En el supuesto del expediente de la Resolución de 4 de julio de 2019, no se había instituido comisario y, por lo tanto, no era el caso ni esto convertía la legítima en un derecho de crédito, por lo que se exigió la intervención de los legitimarios no apartados. En el expediente de la Resolución de 2 de julio de 2020, –a diferencia del supuesto de la de 4 de julio de 2019–, se trataba de un poder testatorio, en el que se había nombrado comisaria a la viuda y se le concedía la facultad vitalicia de ordenar la herencia, distribuyendo libremente los bienes, pudiendo en uso de sus facultades, entre otras facultades, nombrarse a sí misma heredera del premuerto y adjudicar bienes y derechos libremente. En ejercicio de esas facultades, ella se designó heredera a sí misma, y estaba facultada para, a su vez, designar a los herederos o apartarlos, lo que hizo, sin perjuicio de la mención a que se refiere el artículo 15 de la Ley Hipotecaria en favor de los presuntos legitimarios o del legitimario que en su momento designara la comisaria-heredera. En ese caso, se admitió para el concreto expediente, que al tratarse de un poder testatorio, la viuda había sido nombrada comisaria con amplísimas facultades para designar herederos e incluso designarse heredera a sí misma, y, además, lo podía hacer durante toda su vida tanto por actos «inter vivos» como «mortis causa», y, por esencia, ser contadora-partidora de la herencia, lo que diferenciaba ese supuesto del analizado en la Resolución de 4 de julio de 2019. En consecuencia, se revocó el defecto señalado.Ahora en el concreto supuesto, el testamento no contiene partición hecha por el testador, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante, de manera que no realiza la partición.De acuerdo con estos parámetros, ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser «pars valoris bonorum») pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija.De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.4. Alega el recurrente que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes. Pero, en este punto, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo, que si aplicable a Derecho común, también lo es al Derecho vasco.Ciertamente, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o «pars valoris bonorum». De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima (cfr. las Resoluciones de 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 13 de junio de 2013, 15 de septiembre y 29 de diciembre de 2014, 2 de agosto de 2016, 10 de abril y 29 de junio de 2017, 22 de febrero, 5 de julio, 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018 y 14 de febrero de 2019, entre otras citadas en el apartado «Vistos» de la presente). Y dicha intervención es necesaria también para la entrega de legados (vid. Resoluciones de 25 de febrero de 2008, 9 de marzo de 2009, 6 de marzo de 2012 y 12 y 16 de junio y 4 de julio de 2014).La necesaria intervención del legitimario ha sido exigida, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que reconoce las acciones que corresponden a los legitimarios: Se reduce en determinar si cabe la posibilidad de ejercicio por uno o varios herederos forzosos de la acción de complemento de la legítima antes de haberse practicado la partición del caudal hereditario y, por tanto, antes de conocerse a cuánto asciende el importe de la legítima estricta correspondiente a cada heredero, por lo que se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el 657 y aplicación indebida de los 1075 y 1079 del Código Civil en relación con los 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores partidores, en la ejecución de la misma «será cuando podrá saberse si alguno o algunos de los herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (…), ha percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta». Así, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso sino hasta saber el montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales. También la Sentencia de 18 de julio de 2012 pone de relieve que el legatario que es también legitimario debe intervenir y consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios.No cabe dejar al legitimario la defensa de su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada, lo que puede convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por reiteradísima doctrina y jurisprudencia es «pars bonorum», en otra muy distinta («pars valoris»), lo que haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir que sus derechos, aun cuando sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la herencia y no otros. Y esta doctrina se aplicará aun cuando se haya citado a los legitimarios fehacientemente y no hayan comparecido, ya que conforme reiterada doctrina de este Centro Directivo, la circunstancia de citación a los legitimarios para formación del inventario, no altera la necesidad de su consentimiento.Como afirmó esta Dirección General en Resolución de 2 de agosto de 2016, cuando la legítima es «pars hereditatis», «pars bonorum» o «pars valoris bonorum», el legitimario, aunque no haya sido instituido heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede interponer el juicio de testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la hubiere efectuado por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador partidor. Por lo tanto, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de herencia (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), y aunque el testador considere que el legitimario ha sido satisfecho en sus derechos, la comparecencia e intervención de éste es inexcusable, a fin de consentir las operaciones particionales de las que resulte que no se perjudica su derecho de carácter forzoso.En el supuesto concreto de este expediente, no ha intervenido el contador-partidor designado, por lo que se hace necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
En el supuesto de hecho, el testamento no contiene partición hecha por el testador, quien, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante. Ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser pars valoris bonorum), pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija. De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, y el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia -aunque ha sido designado como tal, para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición- no ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.
BOE-A-2022-13444
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13444.pdf
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, contra la calificación del registrador de la Propiedad de San Sebastián número 2, don José Francisco Javier Mir Sagardía, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 11 de febrero de 2022 por el notario de San Sebastián, don Francisco Javier Oñate Cuadros, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de la herencia causada por don L. G. P. fallecido el día 1 de diciembre de 2021, de vecindad civil foral vasca, en estado de casado con doña M. B. C., y dejando una hija de un anterior matrimonio, llamada doña D. G. B. En su último testamento, otorgado el día 18 de diciembre de 2019 ante el mismo notario, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento. En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, intervenía solo la viuda, doña M. B. C., que aceptaba y se adjudicaba la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».IIPresentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de San Sebastián número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«En relación a la escritura número 338 de su protocolo, de fecha 11 de febrero de 2022, presentada telemáticamente con esa misma fecha, causando asiento de presentación número 2186 del Diario 78, incluyendo la justificación de la liquidación del impuesto de sucesiones, certificaciones bancarias y cédulas parcelarias, certificado de defunción del causante, copia del testamento del causante y certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, justificante de la comunicación realizada al Ayuntamiento de esta Ciudad, a los efectos de la liquidación del impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, calificada dentro del plazo legal, se suspende con esta fecha su inscripción, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:1. Por la presente, escritura de aceptación y adjudicación de herencia, se practican las operaciones particionales al fallecimiento de D. L. G. P.Dicho señor, falleció el día 1 de diciembre de 2021, siendo vecino de esta Ciudad, en estado de casado con D.ª M. J. C. B. C., se supone que bajo el régimen económico de gananciales dada la existencia de los mismos, de cuyo matrimonio carece de descendientes, habiendo estado casado en primeras nupcias con D.ª M. D. G. R., de cuyo matrimonio tiene una hija llamada M. D. G. B.Falleció, en Donostia-San Sebastián, de donde era vecino, bajo testamento abierto otorgado ante el mismo Sr. Notario autorizante, el 18 de diciembre de 2019, n.º 2580 de su protocolo.2. En dicho testamento, que no contiene partición, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, escogiendo como ley rectora de su sucesión, la ley civil vasca aplicable por su vecindad y guipuzcoana como local, aparta expresamente de su herencia a su citada hija única, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes. Además, para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, D. G. y D. A. L. G., por partes iguales.Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa, estableciendo una serie de sustituciones, que no vienen al caso.Finalmente, nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al Notario autorizante del citado testamento.Dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios, los dos nietos nombrados por el testador.A los efectos del otorgan séptimo, se hace constar, que el testamento no contiene poder testatorio, el testador no dispone expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el Sr. Notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia actúa como albacea contador partidor.3. En la escritura presentada, comparece únicamente la viuda del causante, liquida la sociedad de gananciales, acepta pura y simplemente la herencia del causante manifestando que tal como señala el testamento, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes, y se adjudica la totalidad de los bienes inventariados.4. El inventario y avalúo comprende fincas de esta Ciudad, todas ellas inscritas en pleno dominio con carácter privativo, a favor del causante, así como valores mobiliarios de carácter ganancial.5. No consta el valor de las asignaciones realizadas a favor de los legitimarios y se hace imposible comprobar si se ha respetado la legítima legal correspondiente a los legitimarios, ni consta pacto sucesorio de renuncia a la misma.6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 02/08/2016, 17/10/2008, 29/06/2017, 14/02/2019, 05/04/2019, entre otras.7. Dados los defectos subsanables citados, no procede de momento la inscripción del presente documento. Arts. 1, 3, 14, 15, 18, 19, 19 bis, 20 L. Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, arts. 1056 y ss C. Civil, arts. 47, 48, 49, 53, 59 L 5/2015, así como los artículos de las normas legales y resoluciones ya citadas.De conformidad a lo previsto en el art. 323 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado el asiento de presentación por plazo de sesenta días hábiles contados desde la fecha de la última notificación de la presente calificación.Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2022.–El Registrador de la Propiedad.Contra dicha calificación (…).»IIIContra la anterior nota de calificación, don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San Sebastián, interpuso recurso el día 16 de mayo de 2022 en el que alegaba lo siguiente:«Fundamentos de Derecho:Único.Conforme a su práctica habitual, el señor registrador expone en su larga nota, una serie de hechos y reflexiones que nada tienen que ver con el fundamento de su decisión de suspender la inscripción. Dicho fundamento es expuesto en el punto 6 de la nota en el que se indica lo siguiente:“6. Dado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Resolución de 4 de julio de 2019, declaró que la legítima vasca es pars valoris bonorum, corroborada esa misma declaración en otra resolución posterior, de 2 de julio de 2020, en recurso interpuesto por el mismo Sr. Notario autorizante de la presente escritura, respecto a otra escritura, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de agosto de 2016, 17 de octubre de 2008, 29 de junio de 2017, 14 de febrero de 2019, 5 de abril de 2019, entre otras.”Pues bien, la mera lectura de dicha resolución permite la inscripción de la escritura cuya suspensión ha acordado el registrador.En el caso de la resolución de 2 de julio de 2020, la viuda comisaria autorizada por el testador, se instituye heredera y se adjudica los bienes de la herencia, manifestando que ya han sido pagadas las legítimas, se solicita la inscripción con la mención del art. 15 LH y así lo dispone y ordena la DG.En el presente caso, la cuestión es más sencilla: Los testadores se han instituido herederos, autorizado la toma de posesión de los bienes y manifiestan que ya han pagado las legítimas.Teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, al [sic] aplicación de la lógica más elemental no pude llevar a otra conclusión que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo. De modo que si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.Y en ambos casos, si no consta la declaración de un legitimario manifestando que ha sido satisfecha la legítima colectiva, con la advertencia o mención.La escritura cumple escrupulosamente los requisitos establecidos por la Ley 5/2015, del Derecho civil vasco, así como por la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vinculante para el funcionario calificador.Por lo demás, reitero los argumentos de mi recurso que dio lugar a la citada resolución de dos de julio de dos mil veintiuno [sic], que se dan por reproducidos a fin de evitar inútiles repeticiones.»IVMediante escrito, de fecha 30 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 9.8, 16.1, 806 y 831 del Código Civil; la Exposición de Motivos y los artículos 3, 4, 9, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 46, 47, 48,49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 140 y 142 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 479 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 243 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de septiembre de 1987, 13 de enero de 2006, 13 de abril de 2009, 4 de marzo y 16 de octubre de 2015, 28 de marzo, 5 de abril y 2 de agosto de 2016, 9 y 16 de marzo, 9 y 12 de junio y 12 de julio de 2017, 5 de julio, 17 de septiembre, 31 de octubre y 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 y 27 de febrero y 4 de julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de julio de 2020.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que concurren los hechos y circunstancias siguientes:– La escritura es de 11 de febrero de 2022; el causante fallece el día 1 de diciembre de 2021; es de vecindad civil foral vasca; deja viuda –doña M. B. C.– y una hija de anterior matrimonio llamada doña D. G. B.– En su último testamento, de fecha 18 de diciembre de 2019, dispuso lo siguiente: «Segunda.–Aparta expresamente de su herencia y no atribuye el testador legitima alguna a su hija, doña D. G. B., entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legitima que pudiera corresponder a sus descendientes. Tercera. Para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, todos los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán a sus dos nietos, don G. y don A. L. G., por partes iguales. Cuarta.–Instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su citada esposa doña M. J. C. B. C., que será sustituida, por partes iguales, por los dos nietos del testador, don G. y Don A. L. G. que, a su vez, serán sustituidos por su respectiva estirpe de descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de no haber descendencia o renuncia». Nombra como albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del citado testamento.– En la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, interviene solo la viuda y heredera, que acepta y se adjudica la herencia, y «manifiesta que, en virtud de lo indicado en el testamento del causante, la legítima colectiva ya ha sido pagada en vida de aquel con las atribuciones gratuitas efectuadas a sus descendientes».El registrador señala como defecto que dado el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, por lo que la manifestación realizada por el testador respecto a los derechos legitimarios, no exime de la intervención de los mismos, debiendo éstos intervenir en las operaciones particionales para preservar la intangibilidad de su legítima, otorgando su consentimiento a la partición realizada, para verificar que efectivamente, lo recibido coincide al menos con su legítima.El notario recurrente alega lo siguiente: que teniendo en cuenta que las facultades del comisario en la legislación vasca tienen sólo dos límites, los impuestos por la ley al testador y los impuestos por éste al comisario, se concluye que lo que puede hacer el comisario autorizado por el testador, con mayor razón lo puede hacer éste mismo, de modo que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes.2. Para la resolución de este expediente, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 4 de julio de 2019 y 2 de julio de 2020) en la que se pone de relieve que, aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum» y, en consecuencia, la existencia de legitimarios implica la necesaria intervención de los mismos en la partición. En Resolución de 4 de julio de 2019, concluyó que la legítima en el Derecho civil común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos españoles) se configura como una «pars bonorum» y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico. De ahí que, en Derecho civil común, se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima. La citada Resolución, centrada en el análisis de la naturaleza de la legítima en Derecho vasco, puso de relieve lo siguiente:«El registrador concluye, a la vista de esta doctrina, en el carácter “pars bonorum” de la legítima reconocida al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho inscrita, pero que aunque la Ley 5/2015 no se pronuncia expresamente sobre la naturaleza jurídica de la legítima vasca de los descendientes, sostiene que hay determinaciones que impiden calificar como meros acreedores del heredero a los descendientes legitimarios: que se considera como una limitación a la libertad de testar (título segundo, capítulo segundo, sección primera) y se define como una cuota sobre la herencia (artículo 48.1); que se dice que el causante está obligado a “transmitir” al legitimario (artículo 48.2), a diferencia de la “parte de libre disposición de la herencia” a que se refieren sus artículos 56 y 57; que el legitimario es denominado “heredero forzoso” (por ejemplo, en los artículos 33.2, 51.2 y 51.3) o, con mejor técnica, “sucesor forzoso” (artículos 56.1 y 58); que el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho es definido como “usufructuario”, no de crédito alguno sino de la mitad o de los dos tercios de los bienes del causante (artículo 52); que no hay ninguna calificación del legitimario como acreedor del heredero; que existiendo legitimarios, el comisario, a quien le corresponde designar sucesor, distribuir los bienes de la herencia y cuantas facultades se le atribuyan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos, no podrá designar sucesores a otras personas (artículo 33.3); que al menos un legitimario con plena capacidad de obrar es llamado (por el artículo 43.5) a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario, cuando aquellos se refiriesen a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos; que los artículos 56 y 57 consagran unas normas sobre intangibilidad cualitativa de la legítima de los hijos o descendientes; que los apartados 2 y 3 del artículo 51 llevan aparejada la nulidad de las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial, ineficacia que afecta incluso a terceros cuando hay lesión de la legítima colectiva de los descendientes; que si hubiese poder testatorio, la valoración de los bienes para fijar la legítima se hará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, esto es, por el comisario si no tuviese interés en la sucesión, o por el comisario con el contador-partidor que el causante hubiese designado, o por el comisario junto con los sucesores presuntos, o por decisión judicial.En consecuencia, entiende el registrador que la legítima vasca de los descendientes es una “pars bonorum”, o cuando menos, una “pars valoris bonorum”, y, por lo tanto, será necesaria la concurrencia de los legitimarios para la entrega y adquisición de la cosa legada (…).Concluye el notario recurrente en que, a la vista de esta doctrina, que ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal Superior del País Vasco, la legítima foral vasca tiene la misma naturaleza que la de Aragón, esto es, que se trata de una legítima colectiva.Pero esto, por sí solo, no le confiere la naturaleza de “pars valoris”, por lo que el recurrente interpreta que la legítima vasca es una especie de «legítima colectiva de libre disposición por el testador, mediante el mecanismo del apartamiento que puede ser expreso o tácito» de manera que le nutra de los mismos efectos que la “pars valoris”. Para ello, alega en el escrito de interposición, la esencia e importancia del apartamiento –incluido el tácito–, como forma tradicional e histórica que se trae de nuevo a la legislación de todo el País Vasco, lo que denomina un “sistema de cuño propio”, configurado como una legítima colectiva de libre elección por el causante entre los posibles legitimarios y con una legítima calculada sobre el valor económico de la herencia y que puede, en definitiva, atribuirse a título de herencia, legado, donación o de cualquier otro modo, pero que no supone derecho alguno sobre los bienes de la herencia, constituyendo, en todo caso, para el legitimario elegido, por medio del apartamiento expreso o tácito o para todos los legitimarios antes de producirse dicho apartamiento expreso o tácito, el derecho a recibir en el primero de los casos o, el de poder solicitar en el segundo, un tercio de ese valor económico como un derecho de crédito. En definitiva, el recurrente sostiene que se producen los mismos efectos de la legítima “pars valoris”, y entre ellos, especialmente el de la no necesidad de la intervención de los legitimarios –ya que a su juicio están tácitamente apartados– en la toma de posesión de la cosa legada por el legatario cuando ha sido autorizado para hacerlo por sí mismo (…).6. Así pues, para la resolución de este expediente, hay que determinar la naturaleza de la legítima foral vasca. La legítima es definida en el artículo 48.1 de la Ley 5/2015 como “una cuota sobre la herencia, que se calcula por su valor económico, y que el causante puede atribuir a sus legitimarios a título de herencia, legado, donación o de otro modo”. De otros artículos de la misma ley vasca, resultan los indicios de la naturaleza de esta legítima: “Son legitimarios los hijos y descendientes (…)” (artículo 47); “el causante está obligado a transmitir la legítima a los legitimarios (…)” (artículo 48.2); cuantía de la legítima (artículo 49); sustitución y representación de los legitimarios (artículo 50); en apartamiento y preterición de los legitimarios, “la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial”; (artículo 51.2); regulación de la intangibilidad de la legítima (artículo 56); en los artículos 58 a 60 se articulan las normas para el cálculo de la cuota de legítima, resultando que no solo se toma en consideración el valor neto de la herencia (activo menos pasivo) sino también el valor de ciertas donaciones otorgadas en vida por el causante (“relictum” más “donatum”).Utilizó el legislador del Código Civil una terminología semejante a la que ahora utiliza el legislador vasco: “legítima es la porción de bienes de la cual el testador no puede disponer (…)” (artículo 806); “(…) las dos terceras partes del haber hereditario (…)” (artículo 808); “(…) la mitad del haber hereditario de (…)” (artículo 809); regulación de la preterición con unos efectos no diametralmente distintos de los recogidos en la ley vasca (artículo 814), y un amplio abanico de normas de regulación del cómputo u cálculo de la legítima.Alega el recurrente los antecedentes históricos para determinar la naturaleza de la legítima vasca. El legislador vasco, en el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, alude a esos precedentes, de los cuales resulta el mantenimiento de la legítima aun cuando se produce en la nueva Ley una reducción y atemperación de la misma, precisamente porque la mayor parte del territorio vasco –causan excepción las zonas de Fueros de Vizcaya y de Ayala–, tal como el de Guipúzcoa y Álava, se nutrió continuamente y vivió tradicionalmente el Derecho sucesorio de Castilla: “En cuanto a la sucesión forzosa, hay grandes divergencias en nuestro Derecho histórico que convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener. Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema de legítimas del Código Civil, salvo en Bizkaia, en la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que regía en Castilla, contraria a nuestra tradición, era de los cuatro quintos de la herencia, pese a que el Código Civil la hubiera reducido a dos tercios, uno de legítima estricta y el otro de mejora. El texto quiere establecer una legítima única de un tercio del patrimonio, para todo el País Vasco. Se estima que esta decisión es muy importante y contribuye mejor que cualquier otra a dar unidad al Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones europeas. La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de respetar su libertad absoluta de testar al otorgar testamento”. En esta alusión a los precedentes históricos, no hay que olvidar que la zona de aplicación del Derecho Foral Vasco, en la historia, estuvo reducido a la zona del Señorío de Vizcaya –Bizkaia– excepto las doce villas no aforadas y el casco urbano de Bilbao, y a la zona de aplicación del Fuero de Ayala, siendo que no se aplicaba, además de las villas referidas, al resto de Álava y a Guipúzcoa.En consecuencia, aunque se extiende la aplicación de la actual normativa vasca a la totalidad del País Vasco y se reduce y adapta el concepto de los derechos forzosos a la nueva legislación, por reminiscencia histórica, sigue existiendo una legítima, que siendo colectiva no es la puramente formal como la navarra; y, que conforme resulta de la Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, solo se mantiene en su concepto de legítima formal, en la zona del antiguo Fuero de Ayala, para la que se recoge en el artículo 89.1 de la Ley 5/2015 lo siguiente: “Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, donación o pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o mucho”. Pues bien, a la vista de este precepto, a diferencia del resto de las zonas forales del País Vasco –en las que continúa existiendo la legítima–, en la del Fuero de Ayala, cabe la disposición libre de los bienes sin límite de legítimas. De otra forma no se entendería la existencia de este articulado específico relativo a este Fuero. Así pues, los antecedentes históricos, que nos serviría para las zonas tradicionalmente sujetas a la legislación vasca, no pueden ser tenidos en cuenta para la naturaleza de una legítima aplicable a la totalidad del País Vasco.Desde el punto de vista terminológico, en la Ley 5/2015, se recoge el término “herederos forzosos” o el de “sucesores forzosos” en numerosos artículos: el artículo 33.2 referido a las personas entre las que ha de elegir el comisario a falta de otras designaciones del testador; el artículo 51.2, conforme el cual la preterición de todos los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial; el artículo 51.3, que se refiere al heredero forzoso apartado expresa o tácitamente, para la conservación de sus derechos frente a terceros cuando el testamento lesione su legítima colectiva; en el artículo 56.1, regulando en el campo de la intangibilidad de la legítima, los efectos de la sustitución o gravamen que exceda de la parte de libre disposición, a no ser que sea a favor de sucesores forzosos; el artículo 58, en el que se consideran donaciones computables las hechas a favor de quien no sea sucesor forzoso; en el régimen del ejercicio del poder testatorio y las cautelas en favor de terceros, la necesidad de la intervención de “cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar (…)”. Y los referidos artículos 47 y 48, en los que se utilizan los términos “legítima” y “legitimarios” con semejantes parámetros a los del Código Civil. Solo la figura del apartamiento, sostiene las importantes diferencias.7. En cuanto a la pretendida consideración de la legítima foral vasca como un derecho de crédito, tan solo hay una aproximación a esta concepción en la Ley 5/2015, que es la recogida en el artículo 52.1, en el que se regula el derecho del cónyuge supérstite o de la pareja de hecho, y que define como «el derecho de usufructo de la mitad de todos los bienes del causante si concurriere con descendientes». De esto resulta que es calificado como un usufructuario de una cuota y no como un acreedor de los herederos. De la misma forma que ocurre con el Derecho Civil Foral de Aragón, paradigma de la legítima colectiva –cuya naturaleza es “pars valoris bonorum”–, en la Ley 5/2015 que también ha acogido esa forma de legítima, no existe ninguna mención a la calificación del legitimario como acreedor de los herederos. Ciertamente, que como sostiene el recurrente, en el artículo 479 del Código Civil de Derecho de Aragón, se recoge una norma especial para habilitar la posesión del legado, de manera que el legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación. Pues bien, precisamente porque la naturaleza de la legítima en Aragón, aunque colectiva, no es una “pars valoris”, es por lo que el legislador aragonés ha introducido esta norma especial para la toma de posesión del legado, de manera que en ningún otro precepto de la ley foral aragonesa se califica la legítima aragonesa como de valor. Por otra parte, si el legislador vasco hubiera querido introducir una norma semejante, lo habría hecho.El recurrente menciona una configuración del derecho del legitimario gallego, como un valor económico o crédito dentro de un sistema de legítima individualizada para cada uno de los herederos, que establece que el legitimario no tiene acción real para reclamar la legítima y será considerado a todos los efectos, como un acreedor (artículo 243 de la Ley de Derecho Civil de Galicia), de manera que en la norma vasca sería parecido, pero referido a la legítima colectiva. Pues bien, siendo un argumento consistente, lo cierto es que en la legislación vasca no existe norma semejante (…)8. Además, como recoge el registrador, hay otras situaciones contenidas en la Ley 5/2015, que alejan la naturaleza de la legítima vasca de la de un derecho de crédito: que al menos un legitimario con plena capacidad concurra a consentir los actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge o pareja supérstite designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario cuando se refieren a bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos (artículo 43.5 de la Ley 5/2015). Esta disposición recuerda la necesidad de concurrencia de los legitimarios de derecho común en la disposición de bienes administrados por el delegado con la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil, en cuya versión de “fiducia sucesoria de derecho común”, se aprecia el auténtico límite que supone la legítima “pars bonorum” a la delegación de la facultad d mejorar, a través de la necesidad de ese consentimiento de los legitimarios.Alega a esto el recurrente que, la intervención del legitimario lo es para mantener la esencia de la legítima colectiva y que es por esto que, se exige la intervención de al menos uno de los legitimarios. Así, esta concurrencia de al menos un legitimario para esos actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o pareja supérstite designado comisario, representante y administrador, lo es a los efectos de control y protección de la legítima ante las enormes facultades del comisario, a quien se puede encomendar (artículo 30) por el testador la designación de sucesor, la distribución de los bienes y cuantas facultades sean necesarias para la transmisión sucesoria de los mismos, con funciones o poderes semejantes a los de un heredero de confianza. Pues bien, efectivamente, la intervención de uno de los legitimarios junto con el comisario, supone una protección de la legítima colectiva, pero como complemento y protección de esa cuota de legítima ante las inmensas facultades del comisario hasta que no se produzca la designación del heredero o la distribución de los bienes.»Así, la legítima foral vasca es colectiva, cabe el apartamiento de los legitimarios tanto de forma expresa como tácita; pero esto, como regla general, no significa, que el legitimario no apartado no pueda tener unos mecanismos de defensa para el amparo de su derecho, aunque sea mínimo, puesto que, aunque colectiva, la naturaleza sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum».3. En el supuesto del expediente de la Resolución de 4 de julio de 2019, no se había instituido comisario y, por lo tanto, no era el caso ni esto convertía la legítima en un derecho de crédito, por lo que se exigió la intervención de los legitimarios no apartados. En el expediente de la Resolución de 2 de julio de 2020, –a diferencia del supuesto de la de 4 de julio de 2019–, se trataba de un poder testatorio, en el que se había nombrado comisaria a la viuda y se le concedía la facultad vitalicia de ordenar la herencia, distribuyendo libremente los bienes, pudiendo en uso de sus facultades, entre otras facultades, nombrarse a sí misma heredera del premuerto y adjudicar bienes y derechos libremente. En ejercicio de esas facultades, ella se designó heredera a sí misma, y estaba facultada para, a su vez, designar a los herederos o apartarlos, lo que hizo, sin perjuicio de la mención a que se refiere el artículo 15 de la Ley Hipotecaria en favor de los presuntos legitimarios o del legitimario que en su momento designara la comisaria-heredera. En ese caso, se admitió para el concreto expediente, que al tratarse de un poder testatorio, la viuda había sido nombrada comisaria con amplísimas facultades para designar herederos e incluso designarse heredera a sí misma, y, además, lo podía hacer durante toda su vida tanto por actos «inter vivos» como «mortis causa», y, por esencia, ser contadora-partidora de la herencia, lo que diferenciaba ese supuesto del analizado en la Resolución de 4 de julio de 2019. En consecuencia, se revocó el defecto señalado.Ahora en el concreto supuesto, el testamento no contiene partición hecha por el testador, tras manifestar que ostenta la vecindad civil vasca, aparta expresamente de su herencia a su única hija, entendiendo el testador que con las asignaciones que de él ha recibido en vida, queda suficientemente pagada la legítima que pudiera corresponder a sus descendientes; para el caso de que existan personas con derecho a legítima por descendientes, dispone que los derechos legitimarios, en su caso, corresponderán, a sus dos nietos, por partes iguales; instituye heredera de todos sus bienes y derechos a su esposa; nombra albacea, contador-partidor, con las más amplias facultades legales y sólo para el caso de que los herederos no se entendieran o no pudieran practicar por sí solos la partición, al notario autorizante del testamento, pero en la escritura éste, no intervienen sino como autorizante, de manera que no realiza la partición.De acuerdo con estos parámetros, ante el apartamiento expreso de la única hija, se entienden como legitimarios los dos nietos nombrados por el testador, si bien con la consideración especial de que, en el caso de la legítima vasca, las nietas no tienen derecho a la legítima de un tercio, sino que lo que tienen es el derecho a concurrir en la partición (por ser «pars valoris bonorum») pero a los solos efectos de que se cuantifique la legítima y se les complemente, en su caso, respecto de la legítima que se dice ya entregada a la hija.De los hechos y contenido del testamento, no resulta que del mismo haya poder testatorio, ni que el testador haya dispuesto expresamente que la legítima se pague en efectivo o en bienes no inmuebles, ni el notario autorizante de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia ha actuado como albacea contador-partidor. En consecuencia, es necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.4. Alega el recurrente que, si el comisario puede nombrarse heredero y adjudicarse los bienes, también puede el testador nombrar heredero y éste, adjudicarse los bienes. Pero, en este punto, hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo, que si aplicable a Derecho común, también lo es al Derecho vasco.Ciertamente, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o «pars valoris bonorum». De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima (cfr. las Resoluciones de 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 13 de junio de 2013, 15 de septiembre y 29 de diciembre de 2014, 2 de agosto de 2016, 10 de abril y 29 de junio de 2017, 22 de febrero, 5 de julio, 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018 y 14 de febrero de 2019, entre otras citadas en el apartado «Vistos» de la presente). Y dicha intervención es necesaria también para la entrega de legados (vid. Resoluciones de 25 de febrero de 2008, 9 de marzo de 2009, 6 de marzo de 2012 y 12 y 16 de junio y 4 de julio de 2014).La necesaria intervención del legitimario ha sido exigida, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que reconoce las acciones que corresponden a los legitimarios: Se reduce en determinar si cabe la posibilidad de ejercicio por uno o varios herederos forzosos de la acción de complemento de la legítima antes de haberse practicado la partición del caudal hereditario y, por tanto, antes de conocerse a cuánto asciende el importe de la legítima estricta correspondiente a cada heredero, por lo que se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el 657 y aplicación indebida de los 1075 y 1079 del Código Civil en relación con los 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores partidores, en la ejecución de la misma «será cuando podrá saberse si alguno o algunos de los herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (…), ha percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta». Así, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso sino hasta saber el montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales. También la Sentencia de 18 de julio de 2012 pone de relieve que el legatario que es también legitimario debe intervenir y consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios.No cabe dejar al legitimario la defensa de su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada, lo que puede convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por reiteradísima doctrina y jurisprudencia es «pars bonorum», en otra muy distinta («pars valoris»), lo que haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir que sus derechos, aun cuando sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la herencia y no otros. Y esta doctrina se aplicará aun cuando se haya citado a los legitimarios fehacientemente y no hayan comparecido, ya que conforme reiterada doctrina de este Centro Directivo, la circunstancia de citación a los legitimarios para formación del inventario, no altera la necesidad de su consentimiento.Como afirmó esta Dirección General en Resolución de 2 de agosto de 2016, cuando la legítima es «pars hereditatis», «pars bonorum» o «pars valoris bonorum», el legitimario, aunque no haya sido instituido heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede interponer el juicio de testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la hubiere efectuado por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador partidor. Por lo tanto, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de herencia (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), y aunque el testador considere que el legitimario ha sido satisfecho en sus derechos, la comparecencia e intervención de éste es inexcusable, a fin de consentir las operaciones particionales de las que resulte que no se perjudica su derecho de carácter forzoso.En el supuesto concreto de este expediente, no ha intervenido el contador-partidor designado, por lo que se hace necesaria la intervención de los legitimarios en la partición.Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
La Ley Hipotecaria establece que, para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, y el Reglamento Hipotecario, que las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. En la parte expositiva del título sucesorio del caso concreto, se hace constar que los adjudicatarios son herederos por partes iguales; se dispone en la escritura que, en pago de los derechos que en ella les corresponde, se adjudican la totalidad de los bienes descritos por su valor conjunto. Y que asciende por tanto el valor de lo adjudicado a cada hijo y heredero la mitad de ese valor, y que, siendo lo adjudicado igual a sus respectivos haberes netos, quedan pagados. Así que se deduce indudablemente que sus adjudicaciones son iguales.
BOE-A-2022-13443
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13443.pdf
En el recurso interpuesto por don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, contra la calificación del registrador de la Propiedad de Escalona, don Julio Soler Simonneau, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación, partición y adjudicación de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 3 de marzo de 2022 por el notario de Fuenlabrada, don Ricardo Cabanas Trejo, se otorgaron las operaciones de aceptación, partición y adjudicación de la herencia causada por doña F. C. G., fallecida el día 24 de marzo de 2021, en estado de viuda y dejando dos hijos, don M. y doña M. S. J. C., ambos otorgantes de la escritura.A efectos de lo que interesa en este expediente, de la escritura resultaba lo siguiente: en el apartado relativo a «herederos abintestato», constaba que «fueron declarados como únicos y universales herederos de la citada causante doña F. C. G., por partes iguales, sus hijos don M. y doña M. S. J. C.»; en el inventario, constaba, además de unos saldos en cuenta corriente, la mitad indivisa de una finca urbana, y en la cláusula de aceptación y adjudicación se contenía lo siguiente: «Aceptación, liquidación y adjudicación de la herencia de doña F. C. G. Los comparecientes don M. y doña M. S.J. C. aceptan la herencia de su causante doña F. C. G., pura y simplemente, proceden a liquidarla y, en pago de los derechos que en ella les corresponde, se adjudican la totalidad de los bienes descritos por el valor conjunto de noventa y dos mil treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (92.039,49). Asciende por tanto el valor de lo adjudicado a favor de cada uno de los hijos y herederos a la cantidad de cuarenta y seis mil diecinueve euros con setenta y cinco céntimos (46.019,7), y siendo lo adjudicado igual a sus respectivos haberes netos, quedan pagados (…) Con estas adjudicaciones, los comparecientes se dan por enteramente satisfechos en todos sus derechos hereditarios. Aprueban las operaciones de inventario, avalúo, liquidación y adjudicación en la forma expuesta».IIPresentada el día 28 de marzo de 2022 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Escalona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Calificación negativa Asiento 641 Diario 118.Hechos: La presentación para su calificación e inscripción si procede de la documentación siguiente: documento de fecha 03/03/2022 del Notario de Fuenlabrada Ricardo Cabanas Trejo, protocolo/expediente 461/2022, presentado por Confislab Asesoramiento e Inversión el día 28/03/2022 a las 11:00, con el número de entrada 3163, asiento 641 del diario 118.Fundamentos de Derecho.1. Suspendida la inscripción por falta de presentación del acta de declaración de herederos cuyos particulares han de consignarse en la inscripción conforme al artículo 76.2 del Reglamento Hipotecario, pues como señala la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha seis de mayo de dos mil catorce -BOE 3 de julio- del texto de los artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 76 y 78 de su Reglamento y del artículo 15 del anexo II del Reglamento Notarial, se desprende la necesidad de aportar estos documentos destacando que tanto el Reglamento Hipotecario, como el Reglamento Notarial, ordenan suspender la inscripción, por considerar defecto la no aportación de los mismos. Dichos documentos, mal llamados complementarios pues realmente el testamento contiene la ley de la sucesión y los certificados de defunción y Últimas Voluntades acreditan su eficacia, son imprescindibles para la calificación del título particional que contenga la atribución de los derechos hereditarios sobre bienes concretos.2. No consta la forma en que los herederos se adjudican los bienes integrantes del caudal hereditario. El artículo 14.2 de la Ley Hipotecaria establece que \"para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero\". Por su parte el artículo 80 del Reglamento Hipotecario dispone que \"para obtener la inscripción de adjudicación de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos se deberán presentar, según los casos: a) Escritura de partición, escritura o, en su caso, acta de protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las Leyes, o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado, cuando fuesen varios los herederos. Por otra parte, conforme al artículo 54.1 del Reglamento Hipotecario, las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. Según doctrina reiterada de la Dirección General de Registros y del Notariado (entre otras, resoluciones de 23 de marzo de 1994, 28 de abril de 1999), el principio de especialidad registral exige que se determinen de manera expresa las cuotas de cada uno de los partícipes, sin que sea suficiente a tal efecto la presunción de igualdad de partes del artículo 393 del Código Civil, que como tal presunción no define la verdadera extensión del derecho.Resolución: En vista de los precedentes supuestos de hecho y antecedentes de Derecho, este registrador, en su en su condición de autoridad pública legalmente competente para ello ha resuelto adoptar el acuerdo formal (Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE 7 de noviembre) de suspender la inscripción en tanto no se subsanen los defectos señalados.Prórroga del asiento de presentación: Artículo 323 Ley Hipotecaria, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de la última notificación a que se refiere el artículo anterior.Conforme al artículo 19 bis (…)Escalona, veinte de abril del año dos mil veintidós El Registrador de la Propiedad (firma ilegible) Fdo.: Julio Soler Simonneau.»IIIContra la anterior nota de calificación, únicamente respecto del segundo de los defectos expresados, don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, interpuso recurso el día 5 de mayo de 2022 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:«En el exponen dos de la escritura se da cuenta del acta notarial de declaración de herederos de la causante, donde fueron declarados sus dos hijos herederos \"por partes iguales\". En el inventario de la herencia solo hay una mitad indivisa de un inmueble y la tercera parte de una cuenta bancaria, sin pasivo. En la estipulación segunda los dos comparecientes aceptan la herencia y \"se adjudican la totalidad de los bienes descritos\" por un valor que se corresponde con la suma del valor de la mitad de la finca inventariada y de la tercera parte de la cuenta, siendo el valor de lo adjudicado a cada heredero equivalente a la mitad de aquella cifra. Según la nota de calificación \"no consta la forma en que los herederos se adjudican los bienes integrantes del caudal hereditario\", pues no se especifica la parte indivisa o porción individual de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente.Ciertamente, se ha omitido una indicación expresa en la estipulación segunda de que la adjudicación se hace por mitad entre ambos herederos. No obstante, esa omisión carece de trascendencia desde el momento en que los herederos aceptan pura y simplemente la herencia de su causante, procediendo a la adjudicación de la totalidad de los bienes descritos, sin distribución entre ellos, pues esa adjudicación solo puede ser por mitad, desde el momento en que han sido declarados herederos por mitad en la correspondiente acta notarial. Si son herederos por mitad de la herencia de su causante y aceptan ésta adjudicándose los bienes descritos \"en pago de los derechos que en ella les corresponden\", es obvio que la adjudicación es por mitad. No puede ser de otra manera, pues no se hace un reparto distinto en la escritura. Además, la adjudicación por mitad según el titulo sucesorio, referida en este caso a la mitad indivisa de una finca, tampoco precisa de datos matemáticos adicionales para que el RP sepa que la mitad de una mitad, es una cuarta parte de la total finca. Supongo que el RP ya sabe hacer ese cálculo, sin que el art. 54 RH obligue a tener que hacerlo por él.En tal sentido conviene recordar que, según criterio de la Dirección General ante la cual se interpone este recurso, solo deben oponerse a la inscripción del título aquellas discrepancias que, respecto de los asientos registrales, tengan suficiente trascendencia por ofrecer dudas razonables. Así, en palabras de la Res. de 10/02/2021: \"el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto\".En el presente caso, la omisión en esa estipulación del inciso «por mitad» queda suficientemente suplida por el hecho de que aceptan y se adjudican los bienes en los mismos términos en que han sido declarados herederos, es decir, según se indica en otro lugar de la misma escritura, por mitad entre ellos. Para que la duda del RP fuera razonable deberla indicar algún otro pasaje de la escritura que le permitiera argumentar que la adjudicación respecto de la finca también pueda entenderse hecha de otro modo, en cuyo caso resultarla lógico que los herederos deban aclarar si es por mitad o en otro porcentaje, pero los términos en que se ha redactado la escritura solo permiten entender que la adjudicación se ha hecho por mitad, salvo algún arcano hermenéutico que a este notario se le escapa, pero que el RP tampoco ha tenido a bien explicamos en su nota de calificación. Para tenerlo claro no es necesario acudir a la presunción del art. 393 CC, basta con leerse la escritura entera.Consiguientemente, la aclaración que demanda el RP es innecesaria, y absolutamente improcedente como fundamento de una calificación negativa.»IVMediante escrito, de fecha 20 de mayo de 2022, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 393 del Código Civil; 14 de la Ley Hipotecaria, y 54 del Reglamento Hipotecario.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación, partición y adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes:– La escritura es de fecha 3 de marzo de 2022, la causante fallece el día 24 de marzo de 2021, en estado de viuda y dejando dos hijos, ambos otorgantes de la escritura.– De la escritura resulta lo siguiente: en el apartado relativo a «herederos abintestato», consta «fueron declarados como únicos y universales herederos de la citada causante doña F. C. G., por partes iguales, sus hijos don M. y doña M. S. J. C.»; en el inventario, consta, además de unos saldos en cuenta corriente, la mitad indivisa de una finca urbana y en la cláusula de aceptación y adjudicación se contiene lo siguiente: «Aceptación, liquidación y adjudicación de la herencia de doña F. C. G. Los comparecientes don M. y doña M. S.J. C. aceptan la herencia de su causante doña F. C. G., pura y simplemente, proceden a liquidarla y, en pago de los derechos que en ella les corresponde, se adjudican la totalidad de los bienes descritos por el valor conjunto de noventa y dos mil treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (92.039,49). Asciende por tanto el valor de lo adjudicado a favor de cada uno de los hijos y herederos a la cantidad de cuarenta y seis mil diecinueve euros con setenta y cinco céntimos (46.019,7), y siendo lo adjudicado igual a sus respectivos haberes netos, quedan pagados (…) Con estas adjudicaciones, los comparecientes se dan por enteramente satisfechos en todos sus derechos hereditarios. Aprueban las operaciones de inventario, avalúo, liquidación y adjudicación en la forma expuesta».El registrador señala dos defectos de los que se recurre solo el segundo de ellos: no consta la forma en que los herederos se adjudican los bienes integrantes del caudal hereditario.El notario recurrente alega lo siguiente: que en la parte expositiva de la escritura se da cuenta del acta notarial de declaración de herederos de la causante, donde fueron declarados sus dos hijos herederos «por partes iguales»; que en el inventario de la herencia solo hay una mitad indivisa de un inmueble y la tercera parte de una cuenta bancaria, sin pasivo; que los comparecientes aceptan la herencia y «se adjudican la totalidad de los bienes descritos» por un valor que se corresponde con la suma del valor de la mitad de la finca inventariada y de la tercera parte de la cuenta, siendo el valor de lo adjudicado a cada heredero equivalente a la mitad de aquella cifra; que los herederos aceptan pura y simplemente la herencia, procediendo a la adjudicación de la totalidad de los bienes descritos, sin distribución entre ellos, pues esa adjudicación solo puede ser por mitad, desde el momento en que han sido declarados herederos por mitad en la correspondiente acta notarial; que si son herederos por mitad de la herencia de su causante y aceptan ésta adjudicándose los bienes descritos «en pago de los derechos que en ella les corresponden», es obvio que la adjudicación es por mitad; que en definitiva, habiendo aceptado por partes iguales, esa adjudicación solo puede ser por mitad, desde el momento en que han sido declarados herederos por mitad en la correspondiente acta notarial; que no existe en la escritura pasaje o palabra alguna que pueda poner en duda que la adquisición es por mitad.2. El párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria establece que «para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero», y el artículo 54.1 del Reglamento Hipotecario, que «las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente».La cuestión es si del contenido de la escritura resulta determinado de forma clara que la adquisición lo ha sido por mitad y partes iguales o con datos matemáticos que permitan conocer de forma indubitada la participación.Debe tenerse en cuenta que, en la parte expositiva, referido al título sucesorio, se hace constar que los adjudicatarios son herederos por partes iguales; se dispone en la escritura que «en pago de los derechos que en ella les corresponde, se adjudican la totalidad de los bienes descritos por el valor conjunto de noventa y dos mil treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (92.039,49). Asciende por tanto el valor de lo adjudicado a favor de cada uno de los hijos y herederos a la cantidad de cuarenta y seis mil diecinueve euros con setenta y cinco céntimos (46.019,7), y siendo lo adjudicado igual a sus respectivos haberes netos, quedan pagados (…) Con estas adjudicaciones, los comparecientes se dan por enteramente satisfechos». Así, se ha hecho la adjudicación en comunidad a ambos, de forma que se deduce indudablemente que sus adjudicaciones son iguales y, dado que no se diferencian cuotas, como bien sostiene el recurrente, se presumen iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad, conforme el artículo 393 del Código Civil. Por tanto, debe concluirse en este caso concreto, que es indubitado que el bien se adjudica a ambos herederos por mitad.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la calificación.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
El primer defecto señala la necesidad de la aportación de la escritura de herencia a la que se adiciona la finca, por la consignación de los documentos necesarios para la misma: el testamento, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad y el certificado de defunción. Pues bien, efectivamente, dado que, conforme la escritura de adición, no se han acompañado los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, la aportación de estos, bastaría para cumplir la necesidad de esta acreditación, por lo que esta parte del defecto debe ser confirmada. En cuanto a la aportación del testamento, no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Como así se hace en la escritura de adición. En consecuencia, se debe revocar esta parte del defecto señalado. El segundo defecto señalado es que, para el caso de haberse adjudicado algún derecho a la viuda tal como el usufructo, es necesario aportar el certificado de defunción de la esposa del testador. Alega el recurrente que se trata de un bien privativo del causante y que conforme su testamento, resulta que lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, por lo que deberá entenderse por cumplido el requisito. Pero dado que se trata de una legitimaria y el valor de la finca que se adiciona determina el valor de su legítima, habrá que acreditar en su caso que esa legítima se cubre; o en caso de fallecimiento de la legitimaria, habrá que acreditar el mismo, con el certificado de defunción. Por tanto, el defecto debe ser confirmado. Respecto del acta de declaración de herederos abintestato de la hija fallecida, la calificación registral de tales actas abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En la escritura de adición de herencia se dice que las copias de tal acta se acompañarán a la copia de esta matriz. Consecuentemente, no cabe sino confirmar este defecto de la calificación impugnada.
BOE-A-2022-13442
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13442.pdf
En el recurso interpuesto por don T. C. R. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Soria número 1, doña María Isabel de Salas Murillo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de adición de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 7 de marzo de 2022 por la notaria de Soria, doña Amaya Martínez Nieto, se otorgaba adición a la herencia causada por don M. R. J. De esta escritura de adición de herencia, resultaba lo siguiente:– Que don M. R. J. falleció el día 11 de marzo de 2003, dejando viuda y tres hijos de su matrimonio –don C. S., don J. I. y doña M. C. R. A.–, bajo la vigencia de su testamento otorgado el día 3 de abril de 1998 ante el notario de Burgos, don Julio Romero Maza, en el que, conforme se testimoniaba en la escritura citada de adición de herencia, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», resultaba lo siguiente: «Primera. Lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, con dispensa de hacer inventario y fianza y con facultad de tomar por sí posesión de este legado. Segunda. Instituye herederos a sus tres citados hijos, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes, por estirpes, para los casos de premoriencia y conmoriencia». Mediante escritura, otorgada el día 4 de septiembre de 2003 ante el notario de Burgos, don Alberto Sáenz de Santa María Vierna, y por otra, autorizada el día 18 de octubre de 2010 por el notario de Burgos, don José Luis Herrero Ortega, otorgaron las operaciones de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación, partición y adjudicación de su herencia.– Que su esposa, doña M. C. A. M., falleció el día 15 de noviembre de 2010, en estado de viuda y dejando los tres hijos citados. En su último testamento, otorgado el día de 3 de abril de 1998 ante el notario de Burgos, don Julio Romero Maza, legaba a su esposo el usufructo e instituía a sus tres hijos por partes iguales. Mediante escritura, autorizada el día 3 de agosto de 2012 por el notario de Burgos, don José Luis Melo Peña, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de su herencia.– Que la hija doña M. C. R. A. falleció el día 5 de julio de 2016, dejando viudo –don J. M. V. S.– y una hija –doña I. V. R.–. Mediante acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, otorgada ante el notario de Burgos, don José María Gómez-Oliveros y Sánchez de Rivera, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, fue declarada heredera doña I. V. R., sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. En la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz».Ahora, en la citada escritura de adición de herencia, de fecha 7 de marzo de 2022, se inventaría una finca de carácter privativo de don M. R. J., que por error había sido omitida en las escrituras de herencia de fecha 4 de septiembre de 2003 y 18 de octubre de 2010. Comparecían al otorgamiento los dos hijos que vivían y doña I. V. R., junto con el viudo de su madre, don J. M. V. S.IIPresentada el día 27 de abril de 2022 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Soria número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Nombre autoridad Amaya Martínez Nieto.Población autoridad: Soria.N.º protocolo: 526/2022.N.º entrada: 2213/2022.N.º diario: 105.N.º asiento: 1658.Isabel de Salas Murillo, registradora del Registro de la Propiedad de Soria número uno, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario calificó el presente documento según los siguientes hechos y fundamentos de derecho:Hechos:1. Con fecha 27 de abril de 2022 so presenta primera copia de escritura de adición de herencia autorizada el día 7 de marzo de 2022 por el Notario de Soria, don [sic] Amaya Martínez Nieto bajo el número 526/2022 de protocolo, habiendo sido practicado en este Registro asiento de presentación número 1658 del Diario 105.2. Se solicita la inscripción de la finca registral 1055 de Oncala a favor de los herederos de don M. R. J., cuya escritura de herencia se autorizó en Burgos, ante el Notario don Alberto Sáenz de Santana María Vierna el 4 de septiembre de 2003 con el número 1210 de su protocolo, que no se aporta.3. No se acompaña la herencia a la que se adiciona esta.4. La finca registral 1055 de Oncala se adiciona en virtud de esta escritura, a la herencia de dicho fallecido por ser la naturaleza privativa del mismo.5. Con posterioridad al fallecimiento del causante en 2003, falleció su esposa M. C. A. M. en 2010, sin que se acredite tal hecho, así como su hija M. C. R. A., fallecida en 2016, sin que se acredite ni su fallecimiento ni su título sucesorio.Fundamentos de Derecho:Primero. Tratándose de una adición a una herencia ya formalizada (de su padre y abuelo), por haber olvidado incluir una finca, debe aportarse la escritura de herencia citada con numero de protocolo 1210 de 2003, autorizada por el notario don Alberto Sáenz de Santana María Vierna, con sus complementarios (testamento, certificado de defunción, certificado del Registro General de Actos de Últimas Voluntades).Dicha escritura de herencia os la principal, siendo la de adición complementaria de aquella respecto al bien omitido.La calificación registral, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria debe hacerse primero de la escritura principal de herencia, al objeto de comprobar si se ha aceptado o renunciado a la misma por todos o algunos de los herederos. En caso de haberse renunciado por alguno de ellos, no podrán ahora aceptar la finca adicionada (artículo 990 del Código Civil). La adición de bienes a una herencia, requiere aportarla, pues en caso de haber renunciado a la misma no cabría ahora adicionar aceptando (teoría de los propios actos, nadie puede ir en contra de sus propios actos), artículo 997 del Código Civil, “la aceptación y repudiación de la herencia son irrevocables”, la aceptación de la herencia no puede hacerse “en parte” (artículo 990 del Código Civil).En dicha herencia principal se habrán consignado los documentos necesarios para la misma:– el testamento, que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral (artículo 14 de la Ley Hipotecaria) y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta.– certificado del Registro General de Actos de Últimas Voluntades, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente.– certificado de defunción, imprescindible para que se abra la sucesión (artículo 76 Reglamento Hipotecario).Nada de lo cual ha sido aportado junto con la escritura de adición.En caso de haberse adjudicado algún derecho (como el usufructo) a su viuda, doña M. C. A., deberá aportar certificado de defunción de la misma junto con 1.a instancia solicitando su cancelación, debidamente liquidada (artículo 254 de la Ley Hipotecaria).Respecto al fallecimiento de su hija M. en 2016, posterior al del causante, se produce un derecho de transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia de su padre a sus herederos.Debe acreditarse quien sean estos con la aportación del Acta de Declaración de herederos intestada que se relaciona, n.º 2808/2016 del notario don José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera (resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 19-01-2022).Resolución:En su virtud, se suspende la inscripción del documento objeto de la presente calificación, quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria.Puedo no obstante el interesado o el notario o funcionario autorizante del título, durante la vigencia del asiento de presentación, y dentro del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el art. 42.9 de la Ley Hipotecaria.Notifíquese al presentante y al notario o funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días naturales contados desde esta fecha.La presente calificación podrá (…)La Registradora Soria a nueve de mayo de dos mil veintidós (firma ilegible) Fdo: Isabel de Salas Murillo.»IIIContra la anterior nota de calificación, don T. C. R. interpuso recurso el día 26 de mayo de 2022 en el que alegaba lo siguiente:1. Justifica en primer lugar el recurrente su legitimación para interponer el recurso en que es el comprador de una finca de concentración parcelaria que procede, precisamente, de la finca privativa que se adiciona a la herencia de don M. R. J., sin cuya inscripción no podrá acceder al Registro a su vez la de compraventa en la que él está interesado como comprador.«2. La Sra. Registradora, al suspender la inscripción de la finca de concentración parcelaria que protagoniza la Escritura de Adición de Herencia con n.º de protocolo 526/2022, cita el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para justificar que “la calificación registral, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe hacerse primero de la escritura principal de herencia, al objeto de comprobar si se ha aceptado o renunciado a la misma por todos o algunos de los herederos”.Pero el artículo 18 de la Ley Hipotecaria lo que dice es que “Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro del contenido de la propia escritura a registrar y de los antecedentes de los asientos del Registro sobre la finca. No de hipótesis especulativas. Ni tampoco de eventualidades carentes de lógica y de toda probabilidad de suceder, o de artificiosidades y rigideces desproporcionadas y desconectadas con la realidad del momento en el que ocurren los hechos, más propias de elucubraciones teóricas que de interpretaciones legales sensatas y eficaces con arreglo al artículo 3 del Código Civil.La inscripción de la finca heredada a favor de los actuales herederos de D. M. R. J., cuya personalidad y capacidad, así como su condición, aptitud y validez del acto han sido acreditadas ante la Sra. Notaria actuante, en modo alguno comprometen la responsabilidad de la Sra. Registradora, cuya escrupulosidad formal nos resulta injustificada y desproporcionada.3. De las tres herencias acaecidas antes del otorgamiento de la Escritura de Adición de Herencia de la finca omitida involuntariamente (por desconocimiento de su existencia) y que ahora exige la Sra. Registradora, la documentación reseñada en la Escritura de Adición de la Herencia con n.º de protocolo 526/2022 es adecuada y suficiente para satisfacer las exigencias legales que requiere una inscripción registral de dominio. Veámoslo seguidamente.4. El testamento de D. M. R. J., otorgado ante el Notario de Burgos D. Julio Romero Maza el día 3 de abril de 1.998 con el n.º 732 de su protocolo, instituye como únicos herederos a sus tres hijos, C. S., J. I. y M. C. R. A. por partes iguales con sustitución vulgar de sus descendientes, sin perjuicio del legado a su esposa del usufructo vitalicio de sus bienes gananciales. Así aparece recogido expresamente en la escritura de herencia autorizada en Burgos por el Notario D. Alberto Sáenz de Santana María Vierna el día 4 de septiembre de 2003 con el n.º 1210 de su protocolo, en la de liquidación de sociedad de gananciales y adjudicación de herencia del causante autorizada en Burgos por el Notario D. José Luis Herrero Ortega el día 18 de octubre de 2010 con el n.º 1953 de su protocolo y también en la Escritura de Adición que ahora nos ocupa donde la Notaría de Soria D.ª Amaya Martínez Nieto efectúa la transcripción de los elementos básicos del testamento de D. M. R. J. y emite un juicio de suficiencia sobre la capacidad y las facultades de discernimiento (cita literal) de los otorgantes de la Escritura que autoriza, a los que reconoce la condición de herederos, de D. C. S. y D. J. I. como hijos del causante y de D.ª I. V. R. en sustitución de su madre D.ª M. C., protocolizando a continuación las operaciones de reparto de la finca adicionada al caudal relicto.De la documentación sucesoria exhibida por los herederos de D. M. R. J. y examinada por la Notaria actuante Sra. Martínez Nieto, se constata indubitadamente quienes son los únicos herederos del Sr. R. J., los cuales han comparecido ante Notario para el otorgamiento de la Escritura de Adición de su Herencia en lo relativo a la finca de concentración parcelaria adjudicada, a título de dueño, con carácter de bien privativo, cuando ya había fallecido, con el propósito de documentar su adquisición y poder venderla luego al abajo firmante que sí estaba interesado en comprársela.5. No se puede presumir la existencia puramente hipotética de alguna renuncia. Todo lo contrario, lo presumible es precisamente que la condición de herederos no ha variado durante el transcurso de los años que van desde 2.003 a 2.016 y desde este periodo hasta ahora.Conforme a cuanto se ha venido exponiendo y a lo que en este recurso se irá viendo, no resulta lógico ni verosímil presumir, ni conjeturar ni especular siquiera como hipótesis teórica (que por otra parte no vendría a cuento al estar en todo momento considerando escrituras públicas), que alguno de los herederos de D. M. R. J., (los cuales han comparecido juntos a otorgar esta escritura de adición de su herencia), hubiera renunciado a dicha herencia.Todo lo contrario. El simple hecho de concurrir al otorgamiento de esta escritura junto con la fe pública desplegada en los diferentes documentos notariales involucrados en la sucesión, las transcripciones notariales de los aspectos básicos, las circunstancias temporales concurrentes y demás cuestiones consideradas y expuestas con precisión en estas escrituras satisfacen a nuestro entender la exigencia de documentación auténtica establecida por el artículo 3 de la Ley Hipotecaria en los términos exigidos por la normativa notarial (artículo 17 y 17 bis de la Ley del Notariado, artículo 251 del Reglamento Notarial). En el presente supuesto la actuación de la Sra. Notaria, al recoger en la escritura los particulares significativos del testamento de D. M. R. J., la declaración de herederos, tanto de D. M. como de D.ª M., etc., se ha ajustado a lo previsto en el artículo 251 del Reglamento Notarial, que le faculta para expedir en relación testimonios por exhibición de documentos que tiene a la vista, conteniendo así la Escritura de Adición de Herencia los datos requeridos para la inscripción.En definitiva, no se puede destruir por el Registro con los argumentos esgrimidos en la Resolución objeto de este recurso la presunción de veracidad que se deriva del documento notarial y suspender la inscripción de la finca imposibilitando así la ulterior inscripción de la compraventa que era en todo momento la finalidad legítima de las operaciones escrituradas el día 7 de marzo de 2022 en la Notaría de Soria de D.ª Amaya Martínez Nieto por el abajo firmante y todos los herederos de D. M. R. J.. Porque no cabe discutir la fuerza probatoria de un documento legalmente suficiente y la escritura pública de adición de la herencia de D. M. R. J., en lo relativo a la finca de concentración parcelaria que aquí venimos considerando, lo es.6. A respecto la escritura de adición de herencia al reflejar los antecedentes es manifiestamente clara: Los herederos de D. M. R. J., instituidos en su testamento abierto de 3 de abril de 1998, son sus tres hijos, como ya se ha dicho, D. C. S, D. J. I. y D.ª M. C. R. A. Al fallecer M. le sucede su propia hija y compareciente D.ª I. V. R. Comparece también el padre de I. y viudo de M. D. J. M. V. S. Todos ellos se reconocen la condición de herederos que así refleja la escritura. No hay margen para duda alguna.7. Como la finca transmitida a inscribir es un bien de naturaleza privativa que el Acta de Reorganización de la Propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria de Oncala (Soria) de 11 de abril de 2019 le atribuye, como propietario número 209 a D. M. R. J., (que había fallecido en 2.003), ninguna duda cabe de que su testamento y las operaciones sucesorias de su herencia, en la forma en que han sido reflejadas en la escritura de adición de herencia objeto de este recurso, sirven para acreditar la propiedad sobre la finca de sus herederos y venderla posteriormente al ahora recurrente.8. Que el testamento de D. M. R. J. es el que ordena su sucesión y los derechos hereditarios de sus tres únicos hijos y herederos es obvio y así ha quedado recogido en todas las escrituras públicas en las que aparece mencionado, así como en la Escritura de Adición de Herencia controvertida, en la forma que se consigna en ella por la Notaría interviniente a la vista de toda la documentación sucesoria que ha examinado y de la que deja constancia en ella.9. Es evidente también, porque así se ha reflejado expresamente en la Escritura Pública en la que se expide el Título de Propiedad de la Finca de Concentración Parcelaria que intentamos inscribir, de 1 de julio de 2019, otorgada por la Notaría de San Leonardo de Yagüe D.ª Clara Sánchez Tenajas, con el n.º 113 de su protocolo, que si todas las operaciones esenciales de la tramitación del expediente de la Concentración Parcelaria de Oncala (Soria) son muy posteriores a la fecha de fallecimiento de D. M. R. J. el día 11 de marzo de 2003, porque la declaración de dominio conforme a las Bases es de 27 de junio de 2005 y el Acuerdo de Concentración Parcelaria, que adjudicó las fincas de reemplazo (entre otras muchas la que ha sido adicionada a su herencia) es de 16 de julio de 2009 y no devino firme hasta el 16 de abril de 2014, y no es hasta el 11 de abril de 2019 la fecha en la que la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias aprueba finalmente el Acta de Reorganización de la Propiedad, difícilmente D. M. R. J., que como ya se ha dicho había fallecido, pudo haber legado a nadie dicha finca.De manera que la exigencia de su testamento por parte de la Sra. Registradora con el propósito literal: “… y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta”, tal y como hace en la Resolución objeto de este recurso, carece completamente de sentido y por lo tanto de credibilidad respecto a las intenciones de la resolución recurrida.10. En cuanto a los demás documentos sucesorios exigidos por la Sra. Registradora de Soria cuya resolución se impugna, debemos tener también en cuenta que se trata de documentos que constituyen legalmente un presupuesto previo, una condición sine qua non, un requisito documental ineludible para la producción o el otorgamiento de las escrituras públicas necesarias para acreditar las sucesiones de las que se hace cumplida reseña en la escritura. Nos referimos tanto a los Certificados de Defunción como a los Certificados del Registro de Últimas Voluntades de D. M. R., de D.ª Concepción A. y de D.ª M. R., porque su existencia e incorporación a las distintas operaciones sucesorias protocolizadas notarialmente en el supuesto que nos ocupa eran imprescindibles para que esas operaciones se hayan efectuado y por lo tanto documentado y reflejado en la escritura pública cuya inscripción se ha suspendido.Por la misma razón por la que en la inscripción de los bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración notarial de herederos, sin que sea necesario acompañar la correspondiente Acta en que conste dicha declaración (Resolución de 22 de julio de 2005 por ejemplo), tampoco tiene ningún sentido la exigencia de aportar esas mismas certificaciones cuya expedición es previa al otorgamiento de las escrituras públicas reflejadas con toda precisión por el Notario autorizante de una escritura complementaria o derivada posterior. Lo contrario, o sea la ultraactividad o el exceso de celo fiscalizador de los Registros de la Propiedad tal vez se pueda interpretar como desautorización o al menos puesta en entredicho de la profesionalidad y del propio estatuto de los Notarios y de su imprescindible función jurídica y también social de Fe Pública.Es evidente que es algo perfectamente innecesario, un obstáculo a la fluidez del tráfico jurídico, susceptible de ser además mal interpretado.11. En la resolución recurrida se advierte una incongruencia grave y una prueba patente de los excesos en los que incurre su autora:La incongruencia está en la documentación que exige respecto a la herencia de D.ª C. A. M. porque el testamento de D. M. R. J. establecía el legado del usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tuvieran carácter ganancial en pago de los derechos legitimarios que la ley le asignaba. Y la finca rústica de D. M. R. J. omitida tiene la condición de bien privativo, luego no estuvo nunca sometida al usufructo vitalicio. De ahí la innecesaria aportación de la herencia de D.ª C. vinculados a ella.Y otro de los excesos está en la exigencia de la documentación de la herencia de D.ª M. C. R. A. porque la suya fue una herencia intestada ya que falleció en Burgos el día 5 de julio de 2016 en estado de casada en únicas nupcias con D. J. M. V. S. sobreviviéndole a su fallecimiento una única hija habida del matrimonio, D.ª I. V. R., según se acredita mediante Acta de Requerimiento para tramitación del Acta Notoriedad de Declaración de Herederos abintestato autorizada en Burgos por el Notario D. José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera el día 17 de agosto de 2016 con el n.º 2589 de su protocolo y posterior Acta de Notoriedad autorizada en Burgos por el Notario D. José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera el día 13 de septiembre de 2016 con el n.º 2808 de su protocolo. El criterio de la Dirección General de Registros y del Notariado, ahora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre las exigencias de documentación sucesoria de los Registros de la Propiedad cuando las escrituras públicas otorgadas ante Notario incluyen la declaración de herederos es que basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro, como se refleja con toda claridad en la siguiente Resolución de esa Dirección General, de 8 de julio de 2005 (…) que estimó el recurso interpuesto al respecto contra la resolución del Registrador y declaró procedente la inscripción suspendida, tratándose en ese caso de una declaración de herederos abintestato. Fundamento Jurídico 2.º: “Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo [Res. de 3/4/1995 (…)], en el caso de la declaración de herederos basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales con dicha relación quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica establecida por el artículo 3 de la Ley hipotecaria. En el presente supuesto la actuación del Notario al recoger en la escritura los particulares significativos de la declaración de herederos se ha ajustado a lo previsto en el artículo 251 del Reglamento Notarial, que le faculta para expedir en relación testimonios por exhibición de documentos que tiene a la vista, conteniendo el testimonio los datos requeridos para la inscripción”.Es evidente el paralelismo entre el caso que motivó la Resolución cuyo fundamento jurídico se ha transcrito con la declaración de herederos abintestato de D.ª M. C. R. A., por lo que tampoco en este caso le asiste a la Registradora de Soria el derecho a exigir la documentación sucesoria de esta herencia para examinarla y calificarla, bastando con el contenido de lo consignado en la referida escritura de adición de herencia.12. Como a nuestro entender la Resolución objeto de este recurso es injusta y nos parecía incomprensible, había que buscar alguna hipótesis que sirviera para explicarnos el comportamiento del Registro en este caso, o lo que es lo mismo, el móvil perseguido por esta Resolución tan sorprendente.Y lo primero que constatamos al comparar lo que el abajo firmante pretendía, (que era la inscripción registral de las dos escrituras públicas referidas a la misma finca, la de adición de la herencia y la de compraventa), con lo que se le está exigiendo en la Resolución recurrida, (que es la presentación, para su calificación por la Registradora, de las dos escrituras públicas de la herencia de D. M. R. J., más su testamento, más sus Certificados de defunción y del Registro de últimas voluntades, más idéntica documentación pública de su esposa, también fallecida, a pesar del carácter privativo de la finca, más el Acta de Declaración de herederos de D.ª M. R. A., a pesar de su innecesariedad en base a la doctrina de esa Dirección General), la conclusión que se obtiene nos parece muy obvia: el incremento considerable en el número de documentos a presentar y a calificar por el Registro, con cuantías posiblemente muy superiores a las que representan las escrituras cuya inscripción solicitaba el recurrente, a los que previsiblemente se le sumarían un cierto número de adherencias documentales, tal vez no siempre necesarias pero que si fueran expedidas de oficio, se les aplicaría el arancel correspondiente, como a todo lo demás, y la facturación total aumentaría considerablemente pese al escaso valor de la finca transmitida.Si los argumentos de la Sra. Registradora hubieran sido sólidos y la Resolución recurrida no hubiera incurrido en excesos e incongruencias tal vez los propios herederos de D. M. R. J. se hubieran prestado a solventar, de inmediato, los obstáculos que hubieran surgido en el proceso de inscripción de la escritura de compraventa, pero a la vista del contenido de dicha Resolución y sus exigencias, que podemos considerar como exageradas por no decir abusivas, el único camino a seguir es el de su impugnación.»IVMediante escrito, de fecha 2 de junio de 2022, la registradora de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Dado traslado del recurso interpuesto a la notaria autorizante del título calificado, contestó señalando que «nada tengo que manifestar acerca de los criterios mantenidos en la calificación, pues que revisada la escritura considero que está completa».Fundamentos de DerechoVistos los artículos 609, 657, 658, 670, 912, 913 y 945 del Código Civil; 1, 3, 9, 14, 16, 18, 19 bis y 65 de la Ley Hipotecaria; 33, 51, 76, 78 y 98 del Reglamento Hipotecario; 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; 209 y 209 bis del Reglamento Notarial; la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 enero 1941, 5 de diciembre de 1945, 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 19 de junio de 2013, 12 y 16 de noviembre de 2015, 22 de enero, 1 de junio y 5 de octubre de 2018 y 15 y 23 de enero de 2020, así como, respecto de la motivación de la calificación, las de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo y 12 de noviembre de 2001, 28 de diciembre de 2004, 2 de abril y 18 de noviembre de 2005, 25 de octubre de 2007, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 28 de febrero y 20 de julio de 2012, 5 de marzo de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 12 de febrero y 28 de septiembre de 2016, 26 de abril, 19 de junio, 4 de octubre y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero, 1 y 4 de junio, 17 de septiembre, 26 de octubre y 21 de noviembre de 2018 y 13 de febrero, 1 de marzo, 4 de abril y 16 de septiembre de 2019 y 15 y 23 de enero de 2020, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica Preventiva y Fe Pública de 30 de noviembre de 2021, así como, respecto de la motivación de la calificación, las de 18 de febrero y 14 de octubre y 30 de noviembre de 2021.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de fecha 7 de marzo de 2022, que adiciona un bien a la herencia causada por don M. R. J. De esta escritura de adición de herencia resulta lo siguiente:– Que don M. R. J. falleció el 11 de marzo de 2003, dejando viuda y tres hijos de su matrimonio, bajo la vigencia de su testamento de fecha 3 de abril de 1998, en el que, conforme se testimonia en la escritura citada de adición de herencia, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», resulta lo siguiente: «Primera. Lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, con dispensa de hacer inventario y fianza y con facultad de tomar por sí posesión de este legado. Segunda. Instituye herederos a sus tres citados hijos, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes, por estirpes, para los casos de premoriencia y conmoriencia». Mediante escritura de fecha 4 de septiembre de 2003, y por otra de fecha 18 de octubre de 2010, se otorgaron las operaciones de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación, partición y adjudicación de su herencia.– Que doña M. C.A. M. falleció el día 15 de noviembre de 2010, en estado de viuda y dejando los tres hijos citados. En su último testamento de fecha 3 de abril de 1998, lega a su esposo el usufructo e instituye a sus tres hijos por partes iguales. Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2012, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de su herencia.– Que la hija, doña M. C. R. A., falleció el día 5 de julio de 2016, dejando viudo y una hija. Mediante acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, fue declarada heredera su hija sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. En la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz».Ahora, en la citada escritura de adición de herencia de fecha 7 de marzo de 2022, se adiciona una finca de carácter privativo de don M. R. J., que por error había sido omitida en las escrituras de herencia de fecha 4 de septiembre de 2003 y 18 de octubre de 2010. Comparecen al otorgamiento, los dos hijos que viven, y la hija de la otra hija fallecida junto con el viudo de esta.La registradora señala como defectos los siguientes: a) que debe aportarse la escritura de herencia a la que se adiciona la finca. En dicha herencia principal se habrán consignado los documentos necesarios para la misma: el testamento, que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta; certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente; certificado de defunción, imprescindible para que se abra la sucesión. Nada de lo cual ha sido aportado junto con la escritura de adición; b) en caso de haberse adjudicado algún derecho (como el usufructo) a su viuda, deberá aportarse certificado de defunción de la misma junto con la instancia solicitando su cancelación, debidamente liquidada, y c) respecto al fallecimiento de su hija, en 2016, posterior al del causante, se produce un derecho de transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia de su padre a sus herederos; debe acreditarse quienes sean estos con la aportación del acta de declaración de herederos abintestato.El recurrente alega lo siguiente: que la personalidad y capacidad, así como su condición, aptitud y validez del acto han sido acreditadas ante la notaria actuante; que el testamento del causante aparece relacionado en la escritura de herencia del mismo y en la de adición de herencia, se efectúa la transcripción de los elementos básicos del testamento y se emite un juicio de suficiencia sobre la capacidad y las facultades de discernimiento de los otorgantes de la escritura que autoriza, a los que reconoce la condición de herederos; que de la documentación sucesoria exhibida por los herederos y examinada por la notaria actuante, se constata indubitadamente quienes son los únicos herederos del causante, los cuales han comparecido ante notario para el otorgamiento de la escritura de adición de su herencia en lo relativo a la finca de concentración parcelaria adjudicada, a título de dueño, con carácter de bien privativo, cuando ya había fallecido, con el propósito de documentar su adquisición y poder venderla luego al abajo firmante que sí estaba interesado en comprársela; que no se puede presumir la existencia puramente hipotética de alguna renuncia de los herederos siendo que han comparecido juntos a otorgar la escritura de adición de su herencia; que el testamento y las operaciones sucesorias de su herencia, en la forma en que han sido reflejadas en la escritura de adición de herencia, sirven para acreditar la propiedad sobre la finca de sus herederos y venderla posteriormente; que el testamento ha quedado recogido en todas las escrituras públicas en las que aparece mencionado, así como en la escritura de adición de herencia controvertida, en la forma que se consigna en ella por la notaría interviniente a la vista de toda la documentación sucesoria que ha examinado y de la que deja constancia en ella; que los demás documentos sucesorios exigidos, se trata de documentos que constituyen legalmente un presupuesto previo, una condición «sine qua non», y un requisito documental ineludible para el otorgamiento de las escrituras necesarias para acreditar las sucesiones de las que se hace cumplida reseña en la escritura, esto es, los certificados de defunción como a los certificados del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque su existencia e incorporación a las distintas operaciones sucesorias protocolizadas notarialmente, eran imprescindibles para que esas operaciones se hayan efectuado y por lo tanto documentado y reflejado en la escritura pública cuya inscripción se ha suspendido; que en el testamento del causante se establece un legado del usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tuvieran carácter ganancial en pago de los derechos legitimarios que la ley le asignaba, por lo que, como la finca rústica omitida tiene la condición de bien privativo, nunca sometida al usufructo vitalicio, es innecesaria aportación de la escritura de herencia de la esposa; que en cuanto a la documentación exigida de la herencia de la hija fallecida, basta con el contenido de lo consignado en la referida escritura de adición de herencia.2. El artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil), establece lo siguiente: «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012» (asimismo, según el texto de este mismo artículo anterior a la referida reforma, es título sucesorio la declaración judicial de herederos abintestato).Conforme al párrafo primero del artículo 76 del Reglamento Hipotecario, «en la inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las disposiciones testamentarias pertinentes, la fecha del fallecimiento del causante, tomada de la certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad». Y el párrafo segundo del mismo precepto reglamentario añade que «en la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos» (lo mismo debe entenderse actualmente respecto del acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato).Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015, 1 de junio de 2018 y 23 de enero de 2020, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, entre el testamento y acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.Como puso de relieve este Centro Directivo en la Resolución de 12 de noviembre de 2011, la diferencia entre el testamento o el contrato sucesorio y la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, es sustancial. En estas últimas lo relevante es la constatación de determinados hechos –fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que deriva la atribución legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 señaló que «la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente ope legis». Por ello, concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo hace la Ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 1945.Por el contrario, en la delación testamentaria lo prevalente es la voluntad del causante. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en el caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la legalidad de las formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas testamentarias.Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este Centro Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los efectos del Registro, que al ser el testamento el título fundamental en la sucesión testamentaria y conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, aquél ha de aportarse al Registro, bien sea en copia autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la escritura de partición, pero en este último caso no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto.En definitiva, se hace una distinción entre el título material y el título formal. En la sucesión testamentaria, el título material es la voluntad del causante, que es la primera ley en la sucesión con respeto a las legítimas y a las normas imperativas de derecho sucesorio y, el título formal es el propio testamento. Cuando procede la apertura de la sucesión intestada (ex artículo 912 del Código Civil) el título material es la Ley y el título formal en el que debe plasmarse es el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato.Así, el testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de su adquisición, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.3. En el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento (la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato) necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008 de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel).Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operados por la ley–, ello no impide que la constatación documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995. Según esta última resolución, testimoniados los referidos extremos de la declaración de herederos abintestato, no es necesario acompañar ni testimoniar los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque sólo es exigido por el artículo 76 del Reglamento Hipotecario cuando se trata de herencia testada, mientras que para la inscripción de bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración judicial o notarial de herederos –cfr. párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento Hipotecario–. Como puso de relieve dicha Resolución, «la diferencia de régimen es perfectamente explicable a la vista de que la declaración de herederos abintestato presupone forzosamente que al órgano competente se habrán aportado esos certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad»). De dicha transcripción o testimonio del título sucesorio deben resultar los elementos imprescindibles para la calificación en los términos que a continuación se exponen.Según se afirmó en Resolución de 20 de diciembre de 2017, cabe tener en cuenta la doctrina de esta Dirección General sobre calificación registral de la declaración judicial de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, predicable igualmente respecto del acta de notoriedad sobre declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015 y en otras posteriores).La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo expuesto. En su artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que «la calificación de los registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de jurisdicción voluntaria autorizados notarialmente, no hay precepto semejante, pero debe tomarse en consideración dicho artículo 22. 2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también a los jueces– en exclusiva, y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.Como se expresa en las citadas Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, «(…) la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, recordar que al Registro solo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, “a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles”. Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán “(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, (...) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)”. Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este».En los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre de la declaración de herederos abintestato presentada incorporaba todos los datos necesarios para la calificación e inscripción relativos a la apertura de la sucesión, los particulares de la prueba practicada en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, fecha de nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos, por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía exigirse que se aportara, además, el acta previa en que se documentó el inicial requerimiento al notario autorizante (Resolución de 12 de noviembre de 2015) ni el certificado de defunción y el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, pues el notario manifiesta que dichos certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo un hecho que queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del Notariado y 1 y 143 de su Reglamento– (Resolución de 16 de noviembre de 2015).4. En la escritura de adición cuya calificación motiva el presente recurso se contienen variadas reseñas según las distintas sucesiones que se han producido hasta la adición, para las que, en cada una de ellas, se señala la necesidad de aportar determinados documentos complementarios, que, por tanto, se han de analizar separadamente.El primer defecto señala la necesidad de la aportación de la escritura de herencia a la que se adiciona la finca, por la consignación de los documentos necesarios para la misma: el testamento, «que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta»; certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente; y certificado de defunción, imprescindible. Pues bien, efectivamente, dado que, conforme la escritura de adición, no se han acompañado los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, la aportación de estos, bastaría para cumplir la necesidad de esta acreditación, por lo que esta parte del defecto debe ser confirmada.Otra cosa es la exigencia de la aportación del testamento, para lo que la ley exige que sea, bien en copia autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la escritura de partición, pero en este último caso no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Pues bien, en el supuesto concreto, en la escritura de adición de herencia, efectivamente se expresan los datos precisos del testamento que sirve de título sucesorio, y se hace testimonio del clausulado del testamento, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», por lo que se da por cumplida la exigencia en cuanto a este título sucesorio. En consecuencia, se debe revocar esta parte del defecto señalado.5. El segundo defecto señalado es que, para el caso de haberse adjudicado algún derecho a la viuda tal como el usufructo, es necesario aportar el certificado de defunción de la esposa del testador. Alega el recurrente que se trata de un bien privativo del causante y que conforme su testamento, resulta que «lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial», por lo que deberá entenderse por cumplido el requisito. Pero dado que se trata de una legitimaria y el valor de la finca que se adiciona determina el valor de su legítima, habrá que acreditar en su caso que esa legítima se cubre, lo que será con la escritura de herencia; o en caso de fallecimiento de la legitimaria, habrá que acreditar el mismo, con el certificado de defunción. Por tanto, el defecto debe ser confirmado.6. El tercer defecto señala la necesidad de la aportación del acta de declaración de herederos abintestato de la hija fallecida. Como se ha fundamentado antes, efectivamente, en la sucesión intestada, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro.En el concreto supuesto, en la escritura de adición de herencia, cuya copia autorizada se presenta en el Registro, respecto a la sucesión de la hija fallecida intestada, se hace expresión del llamamiento hecho en virtud de acta de declaración de herederos abintestato, ante el notario de Burgos, don José María Gómez-Oliveros y Sánchez de Rivera, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, en la que fue declarada heredera doña Inés sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. Pero en la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz», por lo que esta aseveración implica la exigencia de la presentación del documento. Consecuentemente, no cabe sino confirmar este defecto de la calificación impugnada.Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto respecto de la tercera parte del primer defecto señalado, relativo a la necesidad de acompañar la copia autorizada del testamento del causante, y desestimarlo respecto del resto de los defectos señalados confirmando la calificación en los mismos.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
El primer defecto señala la necesidad de la aportación de la escritura de herencia a la que se adiciona la finca, por la consignación de los documentos necesarios para la misma: el testamento, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad y el certificado de defunción. Pues bien, efectivamente, dado que, conforme la escritura de adición, no se han acompañado los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, la aportación de estos, bastaría para cumplir la necesidad de esta acreditación, por lo que esta parte del defecto debe ser confirmada. En cuanto a la aportación del testamento, no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Como así se hace en la escritura de adición. En consecuencia, se debe revocar esta parte del defecto señalado. El segundo defecto señalado es que, para el caso de haberse adjudicado algún derecho a la viuda tal como el usufructo, es necesario aportar el certificado de defunción de la esposa del testador. Alega el recurrente que se trata de un bien privativo del causante y que conforme su testamento, resulta que lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, por lo que deberá entenderse por cumplido el requisito. Pero dado que se trata de una legitimaria y el valor de la finca que se adiciona determina el valor de su legítima, habrá que acreditar en su caso que esa legítima se cubre; o en caso de fallecimiento de la legitimaria, habrá que acreditar el mismo, con el certificado de defunción. Por tanto, el defecto debe ser confirmado. Respecto del acta de declaración de herederos abintestato de la hija fallecida, la calificación registral de tales actas abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En la escritura de adición de herencia se dice que las copias de tal acta se acompañarán a la copia de esta matriz. Consecuentemente, no cabe sino confirmar este defecto de la calificación impugnada.
BOE-A-2022-13442
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13442.pdf
En el recurso interpuesto por don T. C. R. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Soria número 1, doña María Isabel de Salas Murillo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de adición de herencia.HechosIMediante escritura autorizada el día 7 de marzo de 2022 por la notaria de Soria, doña Amaya Martínez Nieto, se otorgaba adición a la herencia causada por don M. R. J. De esta escritura de adición de herencia, resultaba lo siguiente:– Que don M. R. J. falleció el día 11 de marzo de 2003, dejando viuda y tres hijos de su matrimonio –don C. S., don J. I. y doña M. C. R. A.–, bajo la vigencia de su testamento otorgado el día 3 de abril de 1998 ante el notario de Burgos, don Julio Romero Maza, en el que, conforme se testimoniaba en la escritura citada de adición de herencia, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», resultaba lo siguiente: «Primera. Lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, con dispensa de hacer inventario y fianza y con facultad de tomar por sí posesión de este legado. Segunda. Instituye herederos a sus tres citados hijos, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes, por estirpes, para los casos de premoriencia y conmoriencia». Mediante escritura, otorgada el día 4 de septiembre de 2003 ante el notario de Burgos, don Alberto Sáenz de Santa María Vierna, y por otra, autorizada el día 18 de octubre de 2010 por el notario de Burgos, don José Luis Herrero Ortega, otorgaron las operaciones de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación, partición y adjudicación de su herencia.– Que su esposa, doña M. C. A. M., falleció el día 15 de noviembre de 2010, en estado de viuda y dejando los tres hijos citados. En su último testamento, otorgado el día de 3 de abril de 1998 ante el notario de Burgos, don Julio Romero Maza, legaba a su esposo el usufructo e instituía a sus tres hijos por partes iguales. Mediante escritura, autorizada el día 3 de agosto de 2012 por el notario de Burgos, don José Luis Melo Peña, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de su herencia.– Que la hija doña M. C. R. A. falleció el día 5 de julio de 2016, dejando viudo –don J. M. V. S.– y una hija –doña I. V. R.–. Mediante acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, otorgada ante el notario de Burgos, don José María Gómez-Oliveros y Sánchez de Rivera, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, fue declarada heredera doña I. V. R., sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. En la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz».Ahora, en la citada escritura de adición de herencia, de fecha 7 de marzo de 2022, se inventaría una finca de carácter privativo de don M. R. J., que por error había sido omitida en las escrituras de herencia de fecha 4 de septiembre de 2003 y 18 de octubre de 2010. Comparecían al otorgamiento los dos hijos que vivían y doña I. V. R., junto con el viudo de su madre, don J. M. V. S.IIPresentada el día 27 de abril de 2022 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Soria número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:«Nombre autoridad Amaya Martínez Nieto.Población autoridad: Soria.N.º protocolo: 526/2022.N.º entrada: 2213/2022.N.º diario: 105.N.º asiento: 1658.Isabel de Salas Murillo, registradora del Registro de la Propiedad de Soria número uno, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario calificó el presente documento según los siguientes hechos y fundamentos de derecho:Hechos:1. Con fecha 27 de abril de 2022 so presenta primera copia de escritura de adición de herencia autorizada el día 7 de marzo de 2022 por el Notario de Soria, don [sic] Amaya Martínez Nieto bajo el número 526/2022 de protocolo, habiendo sido practicado en este Registro asiento de presentación número 1658 del Diario 105.2. Se solicita la inscripción de la finca registral 1055 de Oncala a favor de los herederos de don M. R. J., cuya escritura de herencia se autorizó en Burgos, ante el Notario don Alberto Sáenz de Santana María Vierna el 4 de septiembre de 2003 con el número 1210 de su protocolo, que no se aporta.3. No se acompaña la herencia a la que se adiciona esta.4. La finca registral 1055 de Oncala se adiciona en virtud de esta escritura, a la herencia de dicho fallecido por ser la naturaleza privativa del mismo.5. Con posterioridad al fallecimiento del causante en 2003, falleció su esposa M. C. A. M. en 2010, sin que se acredite tal hecho, así como su hija M. C. R. A., fallecida en 2016, sin que se acredite ni su fallecimiento ni su título sucesorio.Fundamentos de Derecho:Primero. Tratándose de una adición a una herencia ya formalizada (de su padre y abuelo), por haber olvidado incluir una finca, debe aportarse la escritura de herencia citada con numero de protocolo 1210 de 2003, autorizada por el notario don Alberto Sáenz de Santana María Vierna, con sus complementarios (testamento, certificado de defunción, certificado del Registro General de Actos de Últimas Voluntades).Dicha escritura de herencia os la principal, siendo la de adición complementaria de aquella respecto al bien omitido.La calificación registral, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria debe hacerse primero de la escritura principal de herencia, al objeto de comprobar si se ha aceptado o renunciado a la misma por todos o algunos de los herederos. En caso de haberse renunciado por alguno de ellos, no podrán ahora aceptar la finca adicionada (artículo 990 del Código Civil). La adición de bienes a una herencia, requiere aportarla, pues en caso de haber renunciado a la misma no cabría ahora adicionar aceptando (teoría de los propios actos, nadie puede ir en contra de sus propios actos), artículo 997 del Código Civil, “la aceptación y repudiación de la herencia son irrevocables”, la aceptación de la herencia no puede hacerse “en parte” (artículo 990 del Código Civil).En dicha herencia principal se habrán consignado los documentos necesarios para la misma:– el testamento, que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral (artículo 14 de la Ley Hipotecaria) y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta.– certificado del Registro General de Actos de Últimas Voluntades, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente.– certificado de defunción, imprescindible para que se abra la sucesión (artículo 76 Reglamento Hipotecario).Nada de lo cual ha sido aportado junto con la escritura de adición.En caso de haberse adjudicado algún derecho (como el usufructo) a su viuda, doña M. C. A., deberá aportar certificado de defunción de la misma junto con 1.a instancia solicitando su cancelación, debidamente liquidada (artículo 254 de la Ley Hipotecaria).Respecto al fallecimiento de su hija M. en 2016, posterior al del causante, se produce un derecho de transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia de su padre a sus herederos.Debe acreditarse quien sean estos con la aportación del Acta de Declaración de herederos intestada que se relaciona, n.º 2808/2016 del notario don José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera (resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 19-01-2022).Resolución:En su virtud, se suspende la inscripción del documento objeto de la presente calificación, quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria.Puedo no obstante el interesado o el notario o funcionario autorizante del título, durante la vigencia del asiento de presentación, y dentro del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el art. 42.9 de la Ley Hipotecaria.Notifíquese al presentante y al notario o funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días naturales contados desde esta fecha.La presente calificación podrá (…)La Registradora Soria a nueve de mayo de dos mil veintidós (firma ilegible) Fdo: Isabel de Salas Murillo.»IIIContra la anterior nota de calificación, don T. C. R. interpuso recurso el día 26 de mayo de 2022 en el que alegaba lo siguiente:1. Justifica en primer lugar el recurrente su legitimación para interponer el recurso en que es el comprador de una finca de concentración parcelaria que procede, precisamente, de la finca privativa que se adiciona a la herencia de don M. R. J., sin cuya inscripción no podrá acceder al Registro a su vez la de compraventa en la que él está interesado como comprador.«2. La Sra. Registradora, al suspender la inscripción de la finca de concentración parcelaria que protagoniza la Escritura de Adición de Herencia con n.º de protocolo 526/2022, cita el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para justificar que “la calificación registral, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe hacerse primero de la escritura principal de herencia, al objeto de comprobar si se ha aceptado o renunciado a la misma por todos o algunos de los herederos”.Pero el artículo 18 de la Ley Hipotecaria lo que dice es que “Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro del contenido de la propia escritura a registrar y de los antecedentes de los asientos del Registro sobre la finca. No de hipótesis especulativas. Ni tampoco de eventualidades carentes de lógica y de toda probabilidad de suceder, o de artificiosidades y rigideces desproporcionadas y desconectadas con la realidad del momento en el que ocurren los hechos, más propias de elucubraciones teóricas que de interpretaciones legales sensatas y eficaces con arreglo al artículo 3 del Código Civil.La inscripción de la finca heredada a favor de los actuales herederos de D. M. R. J., cuya personalidad y capacidad, así como su condición, aptitud y validez del acto han sido acreditadas ante la Sra. Notaria actuante, en modo alguno comprometen la responsabilidad de la Sra. Registradora, cuya escrupulosidad formal nos resulta injustificada y desproporcionada.3. De las tres herencias acaecidas antes del otorgamiento de la Escritura de Adición de Herencia de la finca omitida involuntariamente (por desconocimiento de su existencia) y que ahora exige la Sra. Registradora, la documentación reseñada en la Escritura de Adición de la Herencia con n.º de protocolo 526/2022 es adecuada y suficiente para satisfacer las exigencias legales que requiere una inscripción registral de dominio. Veámoslo seguidamente.4. El testamento de D. M. R. J., otorgado ante el Notario de Burgos D. Julio Romero Maza el día 3 de abril de 1.998 con el n.º 732 de su protocolo, instituye como únicos herederos a sus tres hijos, C. S., J. I. y M. C. R. A. por partes iguales con sustitución vulgar de sus descendientes, sin perjuicio del legado a su esposa del usufructo vitalicio de sus bienes gananciales. Así aparece recogido expresamente en la escritura de herencia autorizada en Burgos por el Notario D. Alberto Sáenz de Santana María Vierna el día 4 de septiembre de 2003 con el n.º 1210 de su protocolo, en la de liquidación de sociedad de gananciales y adjudicación de herencia del causante autorizada en Burgos por el Notario D. José Luis Herrero Ortega el día 18 de octubre de 2010 con el n.º 1953 de su protocolo y también en la Escritura de Adición que ahora nos ocupa donde la Notaría de Soria D.ª Amaya Martínez Nieto efectúa la transcripción de los elementos básicos del testamento de D. M. R. J. y emite un juicio de suficiencia sobre la capacidad y las facultades de discernimiento (cita literal) de los otorgantes de la Escritura que autoriza, a los que reconoce la condición de herederos, de D. C. S. y D. J. I. como hijos del causante y de D.ª I. V. R. en sustitución de su madre D.ª M. C., protocolizando a continuación las operaciones de reparto de la finca adicionada al caudal relicto.De la documentación sucesoria exhibida por los herederos de D. M. R. J. y examinada por la Notaria actuante Sra. Martínez Nieto, se constata indubitadamente quienes son los únicos herederos del Sr. R. J., los cuales han comparecido ante Notario para el otorgamiento de la Escritura de Adición de su Herencia en lo relativo a la finca de concentración parcelaria adjudicada, a título de dueño, con carácter de bien privativo, cuando ya había fallecido, con el propósito de documentar su adquisición y poder venderla luego al abajo firmante que sí estaba interesado en comprársela.5. No se puede presumir la existencia puramente hipotética de alguna renuncia. Todo lo contrario, lo presumible es precisamente que la condición de herederos no ha variado durante el transcurso de los años que van desde 2.003 a 2.016 y desde este periodo hasta ahora.Conforme a cuanto se ha venido exponiendo y a lo que en este recurso se irá viendo, no resulta lógico ni verosímil presumir, ni conjeturar ni especular siquiera como hipótesis teórica (que por otra parte no vendría a cuento al estar en todo momento considerando escrituras públicas), que alguno de los herederos de D. M. R. J., (los cuales han comparecido juntos a otorgar esta escritura de adición de su herencia), hubiera renunciado a dicha herencia.Todo lo contrario. El simple hecho de concurrir al otorgamiento de esta escritura junto con la fe pública desplegada en los diferentes documentos notariales involucrados en la sucesión, las transcripciones notariales de los aspectos básicos, las circunstancias temporales concurrentes y demás cuestiones consideradas y expuestas con precisión en estas escrituras satisfacen a nuestro entender la exigencia de documentación auténtica establecida por el artículo 3 de la Ley Hipotecaria en los términos exigidos por la normativa notarial (artículo 17 y 17 bis de la Ley del Notariado, artículo 251 del Reglamento Notarial). En el presente supuesto la actuación de la Sra. Notaria, al recoger en la escritura los particulares significativos del testamento de D. M. R. J., la declaración de herederos, tanto de D. M. como de D.ª M., etc., se ha ajustado a lo previsto en el artículo 251 del Reglamento Notarial, que le faculta para expedir en relación testimonios por exhibición de documentos que tiene a la vista, conteniendo así la Escritura de Adición de Herencia los datos requeridos para la inscripción.En definitiva, no se puede destruir por el Registro con los argumentos esgrimidos en la Resolución objeto de este recurso la presunción de veracidad que se deriva del documento notarial y suspender la inscripción de la finca imposibilitando así la ulterior inscripción de la compraventa que era en todo momento la finalidad legítima de las operaciones escrituradas el día 7 de marzo de 2022 en la Notaría de Soria de D.ª Amaya Martínez Nieto por el abajo firmante y todos los herederos de D. M. R. J.. Porque no cabe discutir la fuerza probatoria de un documento legalmente suficiente y la escritura pública de adición de la herencia de D. M. R. J., en lo relativo a la finca de concentración parcelaria que aquí venimos considerando, lo es.6. A respecto la escritura de adición de herencia al reflejar los antecedentes es manifiestamente clara: Los herederos de D. M. R. J., instituidos en su testamento abierto de 3 de abril de 1998, son sus tres hijos, como ya se ha dicho, D. C. S, D. J. I. y D.ª M. C. R. A. Al fallecer M. le sucede su propia hija y compareciente D.ª I. V. R. Comparece también el padre de I. y viudo de M. D. J. M. V. S. Todos ellos se reconocen la condición de herederos que así refleja la escritura. No hay margen para duda alguna.7. Como la finca transmitida a inscribir es un bien de naturaleza privativa que el Acta de Reorganización de la Propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria de Oncala (Soria) de 11 de abril de 2019 le atribuye, como propietario número 209 a D. M. R. J., (que había fallecido en 2.003), ninguna duda cabe de que su testamento y las operaciones sucesorias de su herencia, en la forma en que han sido reflejadas en la escritura de adición de herencia objeto de este recurso, sirven para acreditar la propiedad sobre la finca de sus herederos y venderla posteriormente al ahora recurrente.8. Que el testamento de D. M. R. J. es el que ordena su sucesión y los derechos hereditarios de sus tres únicos hijos y herederos es obvio y así ha quedado recogido en todas las escrituras públicas en las que aparece mencionado, así como en la Escritura de Adición de Herencia controvertida, en la forma que se consigna en ella por la Notaría interviniente a la vista de toda la documentación sucesoria que ha examinado y de la que deja constancia en ella.9. Es evidente también, porque así se ha reflejado expresamente en la Escritura Pública en la que se expide el Título de Propiedad de la Finca de Concentración Parcelaria que intentamos inscribir, de 1 de julio de 2019, otorgada por la Notaría de San Leonardo de Yagüe D.ª Clara Sánchez Tenajas, con el n.º 113 de su protocolo, que si todas las operaciones esenciales de la tramitación del expediente de la Concentración Parcelaria de Oncala (Soria) son muy posteriores a la fecha de fallecimiento de D. M. R. J. el día 11 de marzo de 2003, porque la declaración de dominio conforme a las Bases es de 27 de junio de 2005 y el Acuerdo de Concentración Parcelaria, que adjudicó las fincas de reemplazo (entre otras muchas la que ha sido adicionada a su herencia) es de 16 de julio de 2009 y no devino firme hasta el 16 de abril de 2014, y no es hasta el 11 de abril de 2019 la fecha en la que la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias aprueba finalmente el Acta de Reorganización de la Propiedad, difícilmente D. M. R. J., que como ya se ha dicho había fallecido, pudo haber legado a nadie dicha finca.De manera que la exigencia de su testamento por parte de la Sra. Registradora con el propósito literal: “… y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta”, tal y como hace en la Resolución objeto de este recurso, carece completamente de sentido y por lo tanto de credibilidad respecto a las intenciones de la resolución recurrida.10. En cuanto a los demás documentos sucesorios exigidos por la Sra. Registradora de Soria cuya resolución se impugna, debemos tener también en cuenta que se trata de documentos que constituyen legalmente un presupuesto previo, una condición sine qua non, un requisito documental ineludible para la producción o el otorgamiento de las escrituras públicas necesarias para acreditar las sucesiones de las que se hace cumplida reseña en la escritura. Nos referimos tanto a los Certificados de Defunción como a los Certificados del Registro de Últimas Voluntades de D. M. R., de D.ª Concepción A. y de D.ª M. R., porque su existencia e incorporación a las distintas operaciones sucesorias protocolizadas notarialmente en el supuesto que nos ocupa eran imprescindibles para que esas operaciones se hayan efectuado y por lo tanto documentado y reflejado en la escritura pública cuya inscripción se ha suspendido.Por la misma razón por la que en la inscripción de los bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración notarial de herederos, sin que sea necesario acompañar la correspondiente Acta en que conste dicha declaración (Resolución de 22 de julio de 2005 por ejemplo), tampoco tiene ningún sentido la exigencia de aportar esas mismas certificaciones cuya expedición es previa al otorgamiento de las escrituras públicas reflejadas con toda precisión por el Notario autorizante de una escritura complementaria o derivada posterior. Lo contrario, o sea la ultraactividad o el exceso de celo fiscalizador de los Registros de la Propiedad tal vez se pueda interpretar como desautorización o al menos puesta en entredicho de la profesionalidad y del propio estatuto de los Notarios y de su imprescindible función jurídica y también social de Fe Pública.Es evidente que es algo perfectamente innecesario, un obstáculo a la fluidez del tráfico jurídico, susceptible de ser además mal interpretado.11. En la resolución recurrida se advierte una incongruencia grave y una prueba patente de los excesos en los que incurre su autora:La incongruencia está en la documentación que exige respecto a la herencia de D.ª C. A. M. porque el testamento de D. M. R. J. establecía el legado del usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tuvieran carácter ganancial en pago de los derechos legitimarios que la ley le asignaba. Y la finca rústica de D. M. R. J. omitida tiene la condición de bien privativo, luego no estuvo nunca sometida al usufructo vitalicio. De ahí la innecesaria aportación de la herencia de D.ª C. vinculados a ella.Y otro de los excesos está en la exigencia de la documentación de la herencia de D.ª M. C. R. A. porque la suya fue una herencia intestada ya que falleció en Burgos el día 5 de julio de 2016 en estado de casada en únicas nupcias con D. J. M. V. S. sobreviviéndole a su fallecimiento una única hija habida del matrimonio, D.ª I. V. R., según se acredita mediante Acta de Requerimiento para tramitación del Acta Notoriedad de Declaración de Herederos abintestato autorizada en Burgos por el Notario D. José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera el día 17 de agosto de 2016 con el n.º 2589 de su protocolo y posterior Acta de Notoriedad autorizada en Burgos por el Notario D. José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera el día 13 de septiembre de 2016 con el n.º 2808 de su protocolo. El criterio de la Dirección General de Registros y del Notariado, ahora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre las exigencias de documentación sucesoria de los Registros de la Propiedad cuando las escrituras públicas otorgadas ante Notario incluyen la declaración de herederos es que basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro, como se refleja con toda claridad en la siguiente Resolución de esa Dirección General, de 8 de julio de 2005 (…) que estimó el recurso interpuesto al respecto contra la resolución del Registrador y declaró procedente la inscripción suspendida, tratándose en ese caso de una declaración de herederos abintestato. Fundamento Jurídico 2.º: “Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo [Res. de 3/4/1995 (…)], en el caso de la declaración de herederos basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales con dicha relación quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica establecida por el artículo 3 de la Ley hipotecaria. En el presente supuesto la actuación del Notario al recoger en la escritura los particulares significativos de la declaración de herederos se ha ajustado a lo previsto en el artículo 251 del Reglamento Notarial, que le faculta para expedir en relación testimonios por exhibición de documentos que tiene a la vista, conteniendo el testimonio los datos requeridos para la inscripción”.Es evidente el paralelismo entre el caso que motivó la Resolución cuyo fundamento jurídico se ha transcrito con la declaración de herederos abintestato de D.ª M. C. R. A., por lo que tampoco en este caso le asiste a la Registradora de Soria el derecho a exigir la documentación sucesoria de esta herencia para examinarla y calificarla, bastando con el contenido de lo consignado en la referida escritura de adición de herencia.12. Como a nuestro entender la Resolución objeto de este recurso es injusta y nos parecía incomprensible, había que buscar alguna hipótesis que sirviera para explicarnos el comportamiento del Registro en este caso, o lo que es lo mismo, el móvil perseguido por esta Resolución tan sorprendente.Y lo primero que constatamos al comparar lo que el abajo firmante pretendía, (que era la inscripción registral de las dos escrituras públicas referidas a la misma finca, la de adición de la herencia y la de compraventa), con lo que se le está exigiendo en la Resolución recurrida, (que es la presentación, para su calificación por la Registradora, de las dos escrituras públicas de la herencia de D. M. R. J., más su testamento, más sus Certificados de defunción y del Registro de últimas voluntades, más idéntica documentación pública de su esposa, también fallecida, a pesar del carácter privativo de la finca, más el Acta de Declaración de herederos de D.ª M. R. A., a pesar de su innecesariedad en base a la doctrina de esa Dirección General), la conclusión que se obtiene nos parece muy obvia: el incremento considerable en el número de documentos a presentar y a calificar por el Registro, con cuantías posiblemente muy superiores a las que representan las escrituras cuya inscripción solicitaba el recurrente, a los que previsiblemente se le sumarían un cierto número de adherencias documentales, tal vez no siempre necesarias pero que si fueran expedidas de oficio, se les aplicaría el arancel correspondiente, como a todo lo demás, y la facturación total aumentaría considerablemente pese al escaso valor de la finca transmitida.Si los argumentos de la Sra. Registradora hubieran sido sólidos y la Resolución recurrida no hubiera incurrido en excesos e incongruencias tal vez los propios herederos de D. M. R. J. se hubieran prestado a solventar, de inmediato, los obstáculos que hubieran surgido en el proceso de inscripción de la escritura de compraventa, pero a la vista del contenido de dicha Resolución y sus exigencias, que podemos considerar como exageradas por no decir abusivas, el único camino a seguir es el de su impugnación.»IVMediante escrito, de fecha 2 de junio de 2022, la registradora de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Dado traslado del recurso interpuesto a la notaria autorizante del título calificado, contestó señalando que «nada tengo que manifestar acerca de los criterios mantenidos en la calificación, pues que revisada la escritura considero que está completa».Fundamentos de DerechoVistos los artículos 609, 657, 658, 670, 912, 913 y 945 del Código Civil; 1, 3, 9, 14, 16, 18, 19 bis y 65 de la Ley Hipotecaria; 33, 51, 76, 78 y 98 del Reglamento Hipotecario; 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; 209 y 209 bis del Reglamento Notarial; la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 enero 1941, 5 de diciembre de 1945, 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 19 de junio de 2013, 12 y 16 de noviembre de 2015, 22 de enero, 1 de junio y 5 de octubre de 2018 y 15 y 23 de enero de 2020, así como, respecto de la motivación de la calificación, las de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo y 12 de noviembre de 2001, 28 de diciembre de 2004, 2 de abril y 18 de noviembre de 2005, 25 de octubre de 2007, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 28 de febrero y 20 de julio de 2012, 5 de marzo de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 12 de febrero y 28 de septiembre de 2016, 26 de abril, 19 de junio, 4 de octubre y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero, 1 y 4 de junio, 17 de septiembre, 26 de octubre y 21 de noviembre de 2018 y 13 de febrero, 1 de marzo, 4 de abril y 16 de septiembre de 2019 y 15 y 23 de enero de 2020, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica Preventiva y Fe Pública de 30 de noviembre de 2021, así como, respecto de la motivación de la calificación, las de 18 de febrero y 14 de octubre y 30 de noviembre de 2021.1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de fecha 7 de marzo de 2022, que adiciona un bien a la herencia causada por don M. R. J. De esta escritura de adición de herencia resulta lo siguiente:– Que don M. R. J. falleció el 11 de marzo de 2003, dejando viuda y tres hijos de su matrimonio, bajo la vigencia de su testamento de fecha 3 de abril de 1998, en el que, conforme se testimonia en la escritura citada de adición de herencia, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», resulta lo siguiente: «Primera. Lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial, con dispensa de hacer inventario y fianza y con facultad de tomar por sí posesión de este legado. Segunda. Instituye herederos a sus tres citados hijos, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes, por estirpes, para los casos de premoriencia y conmoriencia». Mediante escritura de fecha 4 de septiembre de 2003, y por otra de fecha 18 de octubre de 2010, se otorgaron las operaciones de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación, partición y adjudicación de su herencia.– Que doña M. C.A. M. falleció el día 15 de noviembre de 2010, en estado de viuda y dejando los tres hijos citados. En su último testamento de fecha 3 de abril de 1998, lega a su esposo el usufructo e instituye a sus tres hijos por partes iguales. Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2012, se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de su herencia.– Que la hija, doña M. C. R. A., falleció el día 5 de julio de 2016, dejando viudo y una hija. Mediante acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, fue declarada heredera su hija sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. En la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz».Ahora, en la citada escritura de adición de herencia de fecha 7 de marzo de 2022, se adiciona una finca de carácter privativo de don M. R. J., que por error había sido omitida en las escrituras de herencia de fecha 4 de septiembre de 2003 y 18 de octubre de 2010. Comparecen al otorgamiento, los dos hijos que viven, y la hija de la otra hija fallecida junto con el viudo de esta.La registradora señala como defectos los siguientes: a) que debe aportarse la escritura de herencia a la que se adiciona la finca. En dicha herencia principal se habrán consignado los documentos necesarios para la misma: el testamento, que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta; certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente; certificado de defunción, imprescindible para que se abra la sucesión. Nada de lo cual ha sido aportado junto con la escritura de adición; b) en caso de haberse adjudicado algún derecho (como el usufructo) a su viuda, deberá aportarse certificado de defunción de la misma junto con la instancia solicitando su cancelación, debidamente liquidada, y c) respecto al fallecimiento de su hija, en 2016, posterior al del causante, se produce un derecho de transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia de su padre a sus herederos; debe acreditarse quienes sean estos con la aportación del acta de declaración de herederos abintestato.El recurrente alega lo siguiente: que la personalidad y capacidad, así como su condición, aptitud y validez del acto han sido acreditadas ante la notaria actuante; que el testamento del causante aparece relacionado en la escritura de herencia del mismo y en la de adición de herencia, se efectúa la transcripción de los elementos básicos del testamento y se emite un juicio de suficiencia sobre la capacidad y las facultades de discernimiento de los otorgantes de la escritura que autoriza, a los que reconoce la condición de herederos; que de la documentación sucesoria exhibida por los herederos y examinada por la notaria actuante, se constata indubitadamente quienes son los únicos herederos del causante, los cuales han comparecido ante notario para el otorgamiento de la escritura de adición de su herencia en lo relativo a la finca de concentración parcelaria adjudicada, a título de dueño, con carácter de bien privativo, cuando ya había fallecido, con el propósito de documentar su adquisición y poder venderla luego al abajo firmante que sí estaba interesado en comprársela; que no se puede presumir la existencia puramente hipotética de alguna renuncia de los herederos siendo que han comparecido juntos a otorgar la escritura de adición de su herencia; que el testamento y las operaciones sucesorias de su herencia, en la forma en que han sido reflejadas en la escritura de adición de herencia, sirven para acreditar la propiedad sobre la finca de sus herederos y venderla posteriormente; que el testamento ha quedado recogido en todas las escrituras públicas en las que aparece mencionado, así como en la escritura de adición de herencia controvertida, en la forma que se consigna en ella por la notaría interviniente a la vista de toda la documentación sucesoria que ha examinado y de la que deja constancia en ella; que los demás documentos sucesorios exigidos, se trata de documentos que constituyen legalmente un presupuesto previo, una condición «sine qua non», y un requisito documental ineludible para el otorgamiento de las escrituras necesarias para acreditar las sucesiones de las que se hace cumplida reseña en la escritura, esto es, los certificados de defunción como a los certificados del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque su existencia e incorporación a las distintas operaciones sucesorias protocolizadas notarialmente, eran imprescindibles para que esas operaciones se hayan efectuado y por lo tanto documentado y reflejado en la escritura pública cuya inscripción se ha suspendido; que en el testamento del causante se establece un legado del usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tuvieran carácter ganancial en pago de los derechos legitimarios que la ley le asignaba, por lo que, como la finca rústica omitida tiene la condición de bien privativo, nunca sometida al usufructo vitalicio, es innecesaria aportación de la escritura de herencia de la esposa; que en cuanto a la documentación exigida de la herencia de la hija fallecida, basta con el contenido de lo consignado en la referida escritura de adición de herencia.2. El artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil), establece lo siguiente: «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012» (asimismo, según el texto de este mismo artículo anterior a la referida reforma, es título sucesorio la declaración judicial de herederos abintestato).Conforme al párrafo primero del artículo 76 del Reglamento Hipotecario, «en la inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las disposiciones testamentarias pertinentes, la fecha del fallecimiento del causante, tomada de la certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad». Y el párrafo segundo del mismo precepto reglamentario añade que «en la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos» (lo mismo debe entenderse actualmente respecto del acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato).Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015, 1 de junio de 2018 y 23 de enero de 2020, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, entre el testamento y acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.Como puso de relieve este Centro Directivo en la Resolución de 12 de noviembre de 2011, la diferencia entre el testamento o el contrato sucesorio y la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, es sustancial. En estas últimas lo relevante es la constatación de determinados hechos –fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que deriva la atribución legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 señaló que «la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente ope legis». Por ello, concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo hace la Ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 1945.Por el contrario, en la delación testamentaria lo prevalente es la voluntad del causante. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en el caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la legalidad de las formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas testamentarias.Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este Centro Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los efectos del Registro, que al ser el testamento el título fundamental en la sucesión testamentaria y conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, aquél ha de aportarse al Registro, bien sea en copia autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la escritura de partición, pero en este último caso no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto.En definitiva, se hace una distinción entre el título material y el título formal. En la sucesión testamentaria, el título material es la voluntad del causante, que es la primera ley en la sucesión con respeto a las legítimas y a las normas imperativas de derecho sucesorio y, el título formal es el propio testamento. Cuando procede la apertura de la sucesión intestada (ex artículo 912 del Código Civil) el título material es la Ley y el título formal en el que debe plasmarse es el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato.Así, el testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de su adquisición, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.3. En el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento (la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato) necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008 de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel).Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operados por la ley–, ello no impide que la constatación documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995. Según esta última resolución, testimoniados los referidos extremos de la declaración de herederos abintestato, no es necesario acompañar ni testimoniar los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, porque sólo es exigido por el artículo 76 del Reglamento Hipotecario cuando se trata de herencia testada, mientras que para la inscripción de bienes por herencia intestada basta con consignar los particulares de la declaración judicial o notarial de herederos –cfr. párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento Hipotecario–. Como puso de relieve dicha Resolución, «la diferencia de régimen es perfectamente explicable a la vista de que la declaración de herederos abintestato presupone forzosamente que al órgano competente se habrán aportado esos certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad»). De dicha transcripción o testimonio del título sucesorio deben resultar los elementos imprescindibles para la calificación en los términos que a continuación se exponen.Según se afirmó en Resolución de 20 de diciembre de 2017, cabe tener en cuenta la doctrina de esta Dirección General sobre calificación registral de la declaración judicial de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, predicable igualmente respecto del acta de notoriedad sobre declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015 y en otras posteriores).La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo expuesto. En su artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al manifestar, que «la calificación de los registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de jurisdicción voluntaria autorizados notarialmente, no hay precepto semejante, pero debe tomarse en consideración dicho artículo 22. 2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también a los jueces– en exclusiva, y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.Como se expresa en las citadas Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, «(…) la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, recordar que al Registro solo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, “a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles”. Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán “(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, (...) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)”. Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de este».En los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre de la declaración de herederos abintestato presentada incorporaba todos los datos necesarios para la calificación e inscripción relativos a la apertura de la sucesión, los particulares de la prueba practicada en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, fecha de nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos, por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía exigirse que se aportara, además, el acta previa en que se documentó el inicial requerimiento al notario autorizante (Resolución de 12 de noviembre de 2015) ni el certificado de defunción y el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, pues el notario manifiesta que dichos certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo un hecho que queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del Notariado y 1 y 143 de su Reglamento– (Resolución de 16 de noviembre de 2015).4. En la escritura de adición cuya calificación motiva el presente recurso se contienen variadas reseñas según las distintas sucesiones que se han producido hasta la adición, para las que, en cada una de ellas, se señala la necesidad de aportar determinados documentos complementarios, que, por tanto, se han de analizar separadamente.El primer defecto señala la necesidad de la aportación de la escritura de herencia a la que se adiciona la finca, por la consignación de los documentos necesarios para la misma: el testamento, «que es el título que ordena la sucesión y clave en la calificación registral y se comprobará que la finca adicionada no ha sido legada a persona distinta»; certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que probará que es el último testamento otorgado y por tanto el vigente; y certificado de defunción, imprescindible. Pues bien, efectivamente, dado que, conforme la escritura de adición, no se han acompañado los certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad, la aportación de estos, bastaría para cumplir la necesidad de esta acreditación, por lo que esta parte del defecto debe ser confirmada.Otra cosa es la exigencia de la aportación del testamento, para lo que la ley exige que sea, bien en copia autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la escritura de partición, pero en este último caso no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Pues bien, en el supuesto concreto, en la escritura de adición de herencia, efectivamente se expresan los datos precisos del testamento que sirve de título sucesorio, y se hace testimonio del clausulado del testamento, haciéndose constar «sin que en la parte omitida del mismo haya nada que altere, restrinja, condicione o desvirtúe lo inserto», por lo que se da por cumplida la exigencia en cuanto a este título sucesorio. En consecuencia, se debe revocar esta parte del defecto señalado.5. El segundo defecto señalado es que, para el caso de haberse adjudicado algún derecho a la viuda tal como el usufructo, es necesario aportar el certificado de defunción de la esposa del testador. Alega el recurrente que se trata de un bien privativo del causante y que conforme su testamento, resulta que «lega a su citada esposa, en pago de los derechos legitimarios que la ley le asigna, el usufructo vitalicio de todos los bienes, derechos y acciones que tengan carácter ganancial», por lo que deberá entenderse por cumplido el requisito. Pero dado que se trata de una legitimaria y el valor de la finca que se adiciona determina el valor de su legítima, habrá que acreditar en su caso que esa legítima se cubre, lo que será con la escritura de herencia; o en caso de fallecimiento de la legitimaria, habrá que acreditar el mismo, con el certificado de defunción. Por tanto, el defecto debe ser confirmado.6. El tercer defecto señala la necesidad de la aportación del acta de declaración de herederos abintestato de la hija fallecida. Como se ha fundamentado antes, efectivamente, en la sucesión intestada, la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente –incluyendo la congruencia respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro.En el concreto supuesto, en la escritura de adición de herencia, cuya copia autorizada se presenta en el Registro, respecto a la sucesión de la hija fallecida intestada, se hace expresión del llamamiento hecho en virtud de acta de declaración de herederos abintestato, ante el notario de Burgos, don José María Gómez-Oliveros y Sánchez de Rivera, cerrada el día 13 de septiembre de 2016, en la que fue declarada heredera doña Inés sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del viudo. Pero en la citada escritura de adición de herencia se dice «cuyas copias se acompañarán a la copia de esta matriz», por lo que esta aseveración implica la exigencia de la presentación del documento. Consecuentemente, no cabe sino confirmar este defecto de la calificación impugnada.Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto respecto de la tercera parte del primer defecto señalado, relativo a la necesidad de acompañar la copia autorizada del testamento del causante, y desestimarlo respecto del resto de los defectos señalados confirmando la calificación en los mismos.Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.Madrid, 29 de julio de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
