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    18/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20516 Una hipoteca de máximo puede garantizar las distintas deudas que se vayan generando en el tiempo, por un mismo contrato de prestación de servicios (en el caso concreto, asesoramiento y defensa jurídica) o de suministro; sin necesidad de instrumentarla como hipoteca en garantía del saldo de una cuenta corriente.
    HIPOTECA MAXIMO, HIPOTECA CUENTA CORRIENTE, HIPOTECA SEGURIDAD, ABOGADO, ARRENDAMIENTO SERVICIOS, OBLIGACION FUTURA
    Resumen:
    Dentro de las hipotecas de máximo, existen, entre otras, tres modalidades en garantía de obligación futura: la hipoteca en garantía de obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas; la en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente; y la global y flotante. Cada una de esas modalidades de hipotecas de máximo tiene caracteres y requisitos distintos. La hipoteca en garantía del saldo de cuenta corriente podría emplearse para garantizar la obligación u obligaciones a que se refiere la escritura calificada y además el acreedor hipotecario lo rechaza en su recurso. La hipoteca global y flotante sólo es admitida a favor de entidades financieras (y, en este caso, el acreedor es un abogado). Esta es la hipoteca que el recurrente alega que se constituye en el presente caso, que se refiere a las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios jurídicos. Ahora bien, es requisito de estas hipotecas que el contrato básico del que derivarían las obligaciones asegurables sea único y se encuentre perfectamente determinado, así como las obligaciones de pago que pueden surgir del mismo; expresándose, asimismo, el plazo de duración y sus prórrogas posibles. La hipoteca en garantía de un contrato de suministro o de un contrato de prestación de servicios jurídicos tiene carácter individual y no global; no se refiere a pluralidad de contratos básicos que puedan dar lugar a hipoteca flotante. Tiene que estar perfectamente determinado y configurado el contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones que se garantizan, lo que ocurre en el presente caso, al concretarse suficientemente el contrato de prestación de servicios jurídicos del que surgen las obligaciones. Por otra parte, están determinadas suficientemente las obligaciones garantizadas, aunque sean futuras, como debe ocurrir en cualquier contrato en el que se pretenden garantizar las obligaciones surgidas de un único contrato. También en la hipoteca en garantía de obligaciones con distintos vencimientos o de rentas de un contrato de arrendamiento existen diferentes obligaciones resultantes de los plazos en que se fracciona el cumplimiento de la obligación. No muy diferentes son los supuestos en los que, si bien existe una mayor indeterminación, las diferentes obligaciones a las que se alude no dejan de ser las que unitariamente derivan del contrato básico que es de entidad unitaria suficiente para producir la determinación de las obligaciones que se derivan del mismo (como ocurre con el contrato de suministro o con el de prestación de servicios jurídicos contemplado en el presente caso). De este modo, como son eventuales las obligaciones garantizadas porque dependen de los suministros o servicios prestados y de su cuantía dentro del marco contractual, la hipoteca, aunque ya es un derecho real existente, puede quedar afectada en cuanto a sus vicisitudes y desenvolvimiento por la existencia y cuantía de las obligaciones futuras derivadas del contrato de suministro o prestación de servicios. Por eso, la Ley Hipotecaria establece que dicha hipoteca surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse. Así, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada, constando ya constituido y con su propio rango. Cuando se contraiga la obligación futura, podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria. Esta nota marginal está prevista para la hipoteca en garantía de obligación futura pero no para las hipotecas en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente. En las dos últimas, existe el mecanismo de fijación del saldo. No cabe duda de que la nota marginal es un sustitutivo de las certificaciones del saldo de la cuenta. Los interesados pueden libremente optar por la constitución de una hipoteca en garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de suministro o de prestación de servicios como obligaciones futuras derivadas unitariamente de ese contrato o bien constituir una hipoteca en garantía de la apertura del saldo de una cuenta corriente. Resulta claramente que el objeto de la escritura es asegurar hipotecariamente el cumplimiento por la sociedad deudora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de asistencia jurídica descrito. Asimismo, se expresa el plazo de duración y ejercicio de la hipoteca (diez años, a contar desde el día del otorgamiento, siempre que la deuda garantizada se haya contraído durante el plazo pactado de asistencia jurídica). Por lo demás, tampoco puede desconocerse que el Tribunal Supremo dice que la actuación del abogado es global en el conjunto de asuntos que controla respecto al mismo cliente, que las puede minutar conjuntamente sin escindir las reclamaciones caso por caso. Indudablemente, obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra. Este criterio debe aplicarse a fortiori a un supuesto como el presente, en el que existe claramente una sola relación obligatoria, un solo contrato de asistencia jurídica, con una única causa. Así lo impone también la interpretación del artículo 12 de la Ley Hipotecaria que alude a la necesidad de que en la inscripción del derecho real de hipoteca se identifiquen las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. Además, este precepto habrá de ser interpretado atendiendo a la finalidad de la reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre de 2007. Así, la Exposición de Motivos de esta ley, pone de relieve que la sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el régimen jurídico de las hipotecas, con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga también a todos los operadores que intervienen en el proceso formativo de los contratos y de las garantías reales, especialmente a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad, de manera que como operadores jurídicos, en la redacción de los documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de los títulos autorizados por los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva, y disfruten de sus beneficios, de conformidad, en todo caso, con las disposiciones legales y reglamentarias que determinan el contenido propio de la inscripción registral, los requisitos para su extensión, y sus efectos. Esa necesaria flexibilidad del régimen de las hipotecas debe conducir a una interpretación que, sin violentar los reglas generales de nuestro sistema hipotecario, haga posible que en un caso como el presente pueda constituirse una sola garantía y no tantas hipotecas como obligaciones derivadas de una misma relación jurídica suficientemente determinada quieran asegurarse, pues esta multiplicidad, además de injustificada, sería, sin duda, económicamente desproporcionada. No existe duda alguna sobre cuáles sean las obligaciones que se garantizan, respetándose así el principio de especialidad o determinación, interpretado con la necesaria flexibilidad a fin de facilitar el crédito territorial. Asimismo, quedan cumplidas las exigencias derivadas del carácter accesorio del derecho de garantía hipotecaria en tanto en cuanto tal derecho depende en su desenvolvimiento del incumplimiento de las obligaciones aseguradas. Y, precisamente porque todas esas obligaciones que tiene su origen en una misma relación jurídica son de cuantía incierta, es suficiente la fijación de una cifra máxima de responsabilidad para que se haya de considerar correctamente constituida desde el punto de vista del referido principio de determinación o especialidad. Además, al no tratarse del supuesto del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, exigir un pacto novatorio por el que las obligaciones vencidas asentadas en la cuenta quedaran sustituidas por una única obligación de restitución del saldo deudor referido nada añadiría desde el punto de vista de los principios de determinación y accesoriedad de la hipoteca. Por otra parte, la adscripción a la cobertura hipotecaria no queda al arbitrio del acreedor, sino que se produce indefectiblemente en la forma pactada, por lo que no se trata de la llamada hipoteca flotante. Si, cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento Hipotecario, el hipotecante puede consentir la posposición de rango en favor de una hipoteca de futura constitución, no puede haber impedimento a la constitución de una hipoteca antes del nacimiento las obligaciones derivadas del contrato de asistencia jurídica. A la vista de la obligación garantizada tal como es estructurada en el concreto negocio formalizado mediante la escritura calificada, resulta evidente la razón justificativa de la configuración de la garantía condicionada (no se trata de un vínculo inútil), que la hace merecedora de la necesaria flexibilidad con que ha de acogerse en materia de hipotecas el principio de determinación de los derechos inscribibles, en beneficio de las necesidades del tráfico y, en último término, de la economía nacional.
    18/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20516 En caso de hipoteca por deuda futura, dice la Dirección General que la nota marginal para reflejar su nacimiento real es un “sustitutivo” de las certificaciones del saldo de la cuenta corriente garantizada con hipoteca (más bien parecen que sean cosas distintas).
    HIPOTECA MAXIMO, HIPOTECA CUENTA CORRIENTE, ABOGADO, ARRENDAMIENTO SERVICIOS, OBLIGACION FUTURA, SALDO PRESTAMO BANCARIO, NOTA MARGINAL REGISTRAL
    Resumen:
    Dentro de las hipotecas de máximo, existen, entre otras, tres modalidades en garantía de obligación futura: la hipoteca en garantía de obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas; la en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente; y la global y flotante. Cada una de esas modalidades de hipotecas de máximo tiene caracteres y requisitos distintos. La hipoteca en garantía del saldo de cuenta corriente podría emplearse para garantizar la obligación u obligaciones a que se refiere la escritura calificada y además el acreedor hipotecario lo rechaza en su recurso. La hipoteca global y flotante sólo es admitida a favor de entidades financieras (y, en este caso, el acreedor es un abogado). Esta es la hipoteca que el recurrente alega que se constituye en el presente caso, que se refiere a las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios jurídicos. Ahora bien, es requisito de estas hipotecas que el contrato básico del que derivarían las obligaciones asegurables sea único y se encuentre perfectamente determinado, así como las obligaciones de pago que pueden surgir del mismo; expresándose, asimismo, el plazo de duración y sus prórrogas posibles. La hipoteca en garantía de un contrato de suministro o de un contrato de prestación de servicios jurídicos tiene carácter individual y no global; no se refiere a pluralidad de contratos básicos que puedan dar lugar a hipoteca flotante. Tiene que estar perfectamente determinado y configurado el contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones que se garantizan, lo que ocurre en el presente caso, al concretarse suficientemente el contrato de prestación de servicios jurídicos del que surgen las obligaciones. Por otra parte, están determinadas suficientemente las obligaciones garantizadas, aunque sean futuras, como debe ocurrir en cualquier contrato en el que se pretenden garantizar las obligaciones surgidas de un único contrato. También en la hipoteca en garantía de obligaciones con distintos vencimientos o de rentas de un contrato de arrendamiento existen diferentes obligaciones resultantes de los plazos en que se fracciona el cumplimiento de la obligación. No muy diferentes son los supuestos en los que, si bien existe una mayor indeterminación, las diferentes obligaciones a las que se alude no dejan de ser las que unitariamente derivan del contrato básico que es de entidad unitaria suficiente para producir la determinación de las obligaciones que se derivan del mismo (como ocurre con el contrato de suministro o con el de prestación de servicios jurídicos contemplado en el presente caso). De este modo, como son eventuales las obligaciones garantizadas porque dependen de los suministros o servicios prestados y de su cuantía dentro del marco contractual, la hipoteca, aunque ya es un derecho real existente, puede quedar afectada en cuanto a sus vicisitudes y desenvolvimiento por la existencia y cuantía de las obligaciones futuras derivadas del contrato de suministro o prestación de servicios. Por eso, la Ley Hipotecaria establece que dicha hipoteca surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse. Así, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada, constando ya constituido y con su propio rango. Cuando se contraiga la obligación futura, podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria. Esta nota marginal está prevista para la hipoteca en garantía de obligación futura pero no para las hipotecas en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente. En las dos últimas, existe el mecanismo de fijación del saldo. No cabe duda de que la nota marginal es un sustitutivo de las certificaciones del saldo de la cuenta. Los interesados pueden libremente optar por la constitución de una hipoteca en garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de suministro o de prestación de servicios como obligaciones futuras derivadas unitariamente de ese contrato o bien constituir una hipoteca en garantía de la apertura del saldo de una cuenta corriente. Resulta claramente que el objeto de la escritura es asegurar hipotecariamente el cumplimiento por la sociedad deudora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de asistencia jurídica descrito. Asimismo, se expresa el plazo de duración y ejercicio de la hipoteca (diez años, a contar desde el día del otorgamiento, siempre que la deuda garantizada se haya contraído durante el plazo pactado de asistencia jurídica). Por lo demás, tampoco puede desconocerse que el Tribunal Supremo dice que la actuación del abogado es global en el conjunto de asuntos que controla respecto al mismo cliente, que las puede minutar conjuntamente sin escindir las reclamaciones caso por caso. Indudablemente, obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra. Este criterio debe aplicarse a fortiori a un supuesto como el presente, en el que existe claramente una sola relación obligatoria, un solo contrato de asistencia jurídica, con una única causa. Así lo impone también la interpretación del artículo 12 de la Ley Hipotecaria que alude a la necesidad de que en la inscripción del derecho real de hipoteca se identifiquen las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. Además, este precepto habrá de ser interpretado atendiendo a la finalidad de la reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre de 2007. Así, la Exposición de Motivos de esta ley, pone de relieve que la sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el régimen jurídico de las hipotecas, con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga también a todos los operadores que intervienen en el proceso formativo de los contratos y de las garantías reales, especialmente a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad, de manera que como operadores jurídicos, en la redacción de los documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de los títulos autorizados por los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva, y disfruten de sus beneficios, de conformidad, en todo caso, con las disposiciones legales y reglamentarias que determinan el contenido propio de la inscripción registral, los requisitos para su extensión, y sus efectos. Esa necesaria flexibilidad del régimen de las hipotecas debe conducir a una interpretación que, sin violentar los reglas generales de nuestro sistema hipotecario, haga posible que en un caso como el presente pueda constituirse una sola garantía y no tantas hipotecas como obligaciones derivadas de una misma relación jurídica suficientemente determinada quieran asegurarse, pues esta multiplicidad, además de injustificada, sería, sin duda, económicamente desproporcionada. No existe duda alguna sobre cuáles sean las obligaciones que se garantizan, respetándose así el principio de especialidad o determinación, interpretado con la necesaria flexibilidad a fin de facilitar el crédito territorial. Asimismo, quedan cumplidas las exigencias derivadas del carácter accesorio del derecho de garantía hipotecaria en tanto en cuanto tal derecho depende en su desenvolvimiento del incumplimiento de las obligaciones aseguradas. Y, precisamente porque todas esas obligaciones que tiene su origen en una misma relación jurídica son de cuantía incierta, es suficiente la fijación de una cifra máxima de responsabilidad para que se haya de considerar correctamente constituida desde el punto de vista del referido principio de determinación o especialidad. Además, al no tratarse del supuesto del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, exigir un pacto novatorio por el que las obligaciones vencidas asentadas en la cuenta quedaran sustituidas por una única obligación de restitución del saldo deudor referido nada añadiría desde el punto de vista de los principios de determinación y accesoriedad de la hipoteca. Por otra parte, la adscripción a la cobertura hipotecaria no queda al arbitrio del acreedor, sino que se produce indefectiblemente en la forma pactada, por lo que no se trata de la llamada hipoteca flotante. Si, cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento Hipotecario, el hipotecante puede consentir la posposición de rango en favor de una hipoteca de futura constitución, no puede haber impedimento a la constitución de una hipoteca antes del nacimiento las obligaciones derivadas del contrato de asistencia jurídica. A la vista de la obligación garantizada tal como es estructurada en el concreto negocio formalizado mediante la escritura calificada, resulta evidente la razón justificativa de la configuración de la garantía condicionada (no se trata de un vínculo inútil), que la hace merecedora de la necesaria flexibilidad con que ha de acogerse en materia de hipotecas el principio de determinación de los derechos inscribibles, en beneficio de las necesidades del tráfico y, en último término, de la economía nacional.
    18/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20516 Obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria, cuando tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra.
    HIPOTECA MAXIMO, ABOGADO, ARRENDAMIENTO SERVICIOS, OBLIGACION FUTURA
    Resumen:
    Dentro de las hipotecas de máximo, existen, entre otras, tres modalidades en garantía de obligación futura: la hipoteca en garantía de obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas; la en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente; y la global y flotante. Cada una de esas modalidades de hipotecas de máximo tiene caracteres y requisitos distintos. La hipoteca en garantía del saldo de cuenta corriente podría emplearse para garantizar la obligación u obligaciones a que se refiere la escritura calificada y además el acreedor hipotecario lo rechaza en su recurso. La hipoteca global y flotante sólo es admitida a favor de entidades financieras (y, en este caso, el acreedor es un abogado). Esta es la hipoteca que el recurrente alega que se constituye en el presente caso, que se refiere a las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios jurídicos. Ahora bien, es requisito de estas hipotecas que el contrato básico del que derivarían las obligaciones asegurables sea único y se encuentre perfectamente determinado, así como las obligaciones de pago que pueden surgir del mismo; expresándose, asimismo, el plazo de duración y sus prórrogas posibles. La hipoteca en garantía de un contrato de suministro o de un contrato de prestación de servicios jurídicos tiene carácter individual y no global; no se refiere a pluralidad de contratos básicos que puedan dar lugar a hipoteca flotante. Tiene que estar perfectamente determinado y configurado el contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones que se garantizan, lo que ocurre en el presente caso, al concretarse suficientemente el contrato de prestación de servicios jurídicos del que surgen las obligaciones. Por otra parte, están determinadas suficientemente las obligaciones garantizadas, aunque sean futuras, como debe ocurrir en cualquier contrato en el que se pretenden garantizar las obligaciones surgidas de un único contrato. También en la hipoteca en garantía de obligaciones con distintos vencimientos o de rentas de un contrato de arrendamiento existen diferentes obligaciones resultantes de los plazos en que se fracciona el cumplimiento de la obligación. No muy diferentes son los supuestos en los que, si bien existe una mayor indeterminación, las diferentes obligaciones a las que se alude no dejan de ser las que unitariamente derivan del contrato básico que es de entidad unitaria suficiente para producir la determinación de las obligaciones que se derivan del mismo (como ocurre con el contrato de suministro o con el de prestación de servicios jurídicos contemplado en el presente caso). De este modo, como son eventuales las obligaciones garantizadas porque dependen de los suministros o servicios prestados y de su cuantía dentro del marco contractual, la hipoteca, aunque ya es un derecho real existente, puede quedar afectada en cuanto a sus vicisitudes y desenvolvimiento por la existencia y cuantía de las obligaciones futuras derivadas del contrato de suministro o prestación de servicios. Por eso, la Ley Hipotecaria establece que dicha hipoteca surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse. Así, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada, constando ya constituido y con su propio rango. Cuando se contraiga la obligación futura, podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria. Esta nota marginal está prevista para la hipoteca en garantía de obligación futura pero no para las hipotecas en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente. En las dos últimas, existe el mecanismo de fijación del saldo. No cabe duda de que la nota marginal es un sustitutivo de las certificaciones del saldo de la cuenta. Los interesados pueden libremente optar por la constitución de una hipoteca en garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de suministro o de prestación de servicios como obligaciones futuras derivadas unitariamente de ese contrato o bien constituir una hipoteca en garantía de la apertura del saldo de una cuenta corriente. Resulta claramente que el objeto de la escritura es asegurar hipotecariamente el cumplimiento por la sociedad deudora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de asistencia jurídica descrito. Asimismo, se expresa el plazo de duración y ejercicio de la hipoteca (diez años, a contar desde el día del otorgamiento, siempre que la deuda garantizada se haya contraído durante el plazo pactado de asistencia jurídica). Por lo demás, tampoco puede desconocerse que el Tribunal Supremo dice que la actuación del abogado es global en el conjunto de asuntos que controla respecto al mismo cliente, que las puede minutar conjuntamente sin escindir las reclamaciones caso por caso. Indudablemente, obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra. Este criterio debe aplicarse a fortiori a un supuesto como el presente, en el que existe claramente una sola relación obligatoria, un solo contrato de asistencia jurídica, con una única causa. Así lo impone también la interpretación del artículo 12 de la Ley Hipotecaria que alude a la necesidad de que en la inscripción del derecho real de hipoteca se identifiquen las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. Además, este precepto habrá de ser interpretado atendiendo a la finalidad de la reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre de 2007. Así, la Exposición de Motivos de esta ley, pone de relieve que la sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el régimen jurídico de las hipotecas, con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga también a todos los operadores que intervienen en el proceso formativo de los contratos y de las garantías reales, especialmente a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad, de manera que como operadores jurídicos, en la redacción de los documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de los títulos autorizados por los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva, y disfruten de sus beneficios, de conformidad, en todo caso, con las disposiciones legales y reglamentarias que determinan el contenido propio de la inscripción registral, los requisitos para su extensión, y sus efectos. Esa necesaria flexibilidad del régimen de las hipotecas debe conducir a una interpretación que, sin violentar los reglas generales de nuestro sistema hipotecario, haga posible que en un caso como el presente pueda constituirse una sola garantía y no tantas hipotecas como obligaciones derivadas de una misma relación jurídica suficientemente determinada quieran asegurarse, pues esta multiplicidad, además de injustificada, sería, sin duda, económicamente desproporcionada. No existe duda alguna sobre cuáles sean las obligaciones que se garantizan, respetándose así el principio de especialidad o determinación, interpretado con la necesaria flexibilidad a fin de facilitar el crédito territorial. Asimismo, quedan cumplidas las exigencias derivadas del carácter accesorio del derecho de garantía hipotecaria en tanto en cuanto tal derecho depende en su desenvolvimiento del incumplimiento de las obligaciones aseguradas. Y, precisamente porque todas esas obligaciones que tiene su origen en una misma relación jurídica son de cuantía incierta, es suficiente la fijación de una cifra máxima de responsabilidad para que se haya de considerar correctamente constituida desde el punto de vista del referido principio de determinación o especialidad. Además, al no tratarse del supuesto del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, exigir un pacto novatorio por el que las obligaciones vencidas asentadas en la cuenta quedaran sustituidas por una única obligación de restitución del saldo deudor referido nada añadiría desde el punto de vista de los principios de determinación y accesoriedad de la hipoteca. Por otra parte, la adscripción a la cobertura hipotecaria no queda al arbitrio del acreedor, sino que se produce indefectiblemente en la forma pactada, por lo que no se trata de la llamada hipoteca flotante. Si, cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento Hipotecario, el hipotecante puede consentir la posposición de rango en favor de una hipoteca de futura constitución, no puede haber impedimento a la constitución de una hipoteca antes del nacimiento las obligaciones derivadas del contrato de asistencia jurídica. A la vista de la obligación garantizada tal como es estructurada en el concreto negocio formalizado mediante la escritura calificada, resulta evidente la razón justificativa de la configuración de la garantía condicionada (no se trata de un vínculo inútil), que la hace merecedora de la necesaria flexibilidad con que ha de acogerse en materia de hipotecas el principio de determinación de los derechos inscribibles, en beneficio de las necesidades del tráfico y, en último término, de la economía nacional.
    18/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20516 Recuerda la Dirección General la obligación de notarios y registradores de interpretar la ley en beneficio de las necesidades del tráfico y de la economía nacional, conforme dijo la ley de 2007, la misma ley que ella se encargó de desvirtuar en cuanto a las limitaciones que introdujo a la calificación del préstamo hipotecario.
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION, REFORMA LEGAL, CALIFICACION REGISTRAL, CALIFICACION NOTARIAL, PACTO INSCRIBIBLE, PRESTAMO HIPOTECARIO, TRAFICO MERCANTIL, CONSTITUCION HIPOTECA
    Resumen:
    Dentro de las hipotecas de máximo, existen, entre otras, tres modalidades en garantía de obligación futura: la hipoteca en garantía de obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas; la en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente; y la global y flotante. Cada una de esas modalidades de hipotecas de máximo tiene caracteres y requisitos distintos. La hipoteca en garantía del saldo de cuenta corriente podría emplearse para garantizar la obligación u obligaciones a que se refiere la escritura calificada y además el acreedor hipotecario lo rechaza en su recurso. La hipoteca global y flotante sólo es admitida a favor de entidades financieras (y, en este caso, el acreedor es un abogado). Esta es la hipoteca que el recurrente alega que se constituye en el presente caso, que se refiere a las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios jurídicos. Ahora bien, es requisito de estas hipotecas que el contrato básico del que derivarían las obligaciones asegurables sea único y se encuentre perfectamente determinado, así como las obligaciones de pago que pueden surgir del mismo; expresándose, asimismo, el plazo de duración y sus prórrogas posibles. La hipoteca en garantía de un contrato de suministro o de un contrato de prestación de servicios jurídicos tiene carácter individual y no global; no se refiere a pluralidad de contratos básicos que puedan dar lugar a hipoteca flotante. Tiene que estar perfectamente determinado y configurado el contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones que se garantizan, lo que ocurre en el presente caso, al concretarse suficientemente el contrato de prestación de servicios jurídicos del que surgen las obligaciones. Por otra parte, están determinadas suficientemente las obligaciones garantizadas, aunque sean futuras, como debe ocurrir en cualquier contrato en el que se pretenden garantizar las obligaciones surgidas de un único contrato. También en la hipoteca en garantía de obligaciones con distintos vencimientos o de rentas de un contrato de arrendamiento existen diferentes obligaciones resultantes de los plazos en que se fracciona el cumplimiento de la obligación. No muy diferentes son los supuestos en los que, si bien existe una mayor indeterminación, las diferentes obligaciones a las que se alude no dejan de ser las que unitariamente derivan del contrato básico que es de entidad unitaria suficiente para producir la determinación de las obligaciones que se derivan del mismo (como ocurre con el contrato de suministro o con el de prestación de servicios jurídicos contemplado en el presente caso). De este modo, como son eventuales las obligaciones garantizadas porque dependen de los suministros o servicios prestados y de su cuantía dentro del marco contractual, la hipoteca, aunque ya es un derecho real existente, puede quedar afectada en cuanto a sus vicisitudes y desenvolvimiento por la existencia y cuantía de las obligaciones futuras derivadas del contrato de suministro o prestación de servicios. Por eso, la Ley Hipotecaria establece que dicha hipoteca surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse. Así, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada, constando ya constituido y con su propio rango. Cuando se contraiga la obligación futura, podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria. Esta nota marginal está prevista para la hipoteca en garantía de obligación futura pero no para las hipotecas en garantía de apertura de saldo de cuenta corriente. En las dos últimas, existe el mecanismo de fijación del saldo. No cabe duda de que la nota marginal es un sustitutivo de las certificaciones del saldo de la cuenta. Los interesados pueden libremente optar por la constitución de una hipoteca en garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de suministro o de prestación de servicios como obligaciones futuras derivadas unitariamente de ese contrato o bien constituir una hipoteca en garantía de la apertura del saldo de una cuenta corriente. Resulta claramente que el objeto de la escritura es asegurar hipotecariamente el cumplimiento por la sociedad deudora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de asistencia jurídica descrito. Asimismo, se expresa el plazo de duración y ejercicio de la hipoteca (diez años, a contar desde el día del otorgamiento, siempre que la deuda garantizada se haya contraído durante el plazo pactado de asistencia jurídica). Por lo demás, tampoco puede desconocerse que el Tribunal Supremo dice que la actuación del abogado es global en el conjunto de asuntos que controla respecto al mismo cliente, que las puede minutar conjuntamente sin escindir las reclamaciones caso por caso. Indudablemente, obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra. Este criterio debe aplicarse a fortiori a un supuesto como el presente, en el que existe claramente una sola relación obligatoria, un solo contrato de asistencia jurídica, con una única causa. Así lo impone también la interpretación del artículo 12 de la Ley Hipotecaria que alude a la necesidad de que en la inscripción del derecho real de hipoteca se identifiquen las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. Además, este precepto habrá de ser interpretado atendiendo a la finalidad de la reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre de 2007. Así, la Exposición de Motivos de esta ley, pone de relieve que la sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el régimen jurídico de las hipotecas, con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga también a todos los operadores que intervienen en el proceso formativo de los contratos y de las garantías reales, especialmente a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad, de manera que como operadores jurídicos, en la redacción de los documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de los títulos autorizados por los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva, y disfruten de sus beneficios, de conformidad, en todo caso, con las disposiciones legales y reglamentarias que determinan el contenido propio de la inscripción registral, los requisitos para su extensión, y sus efectos. Esa necesaria flexibilidad del régimen de las hipotecas debe conducir a una interpretación que, sin violentar los reglas generales de nuestro sistema hipotecario, haga posible que en un caso como el presente pueda constituirse una sola garantía y no tantas hipotecas como obligaciones derivadas de una misma relación jurídica suficientemente determinada quieran asegurarse, pues esta multiplicidad, además de injustificada, sería, sin duda, económicamente desproporcionada. No existe duda alguna sobre cuáles sean las obligaciones que se garantizan, respetándose así el principio de especialidad o determinación, interpretado con la necesaria flexibilidad a fin de facilitar el crédito territorial. Asimismo, quedan cumplidas las exigencias derivadas del carácter accesorio del derecho de garantía hipotecaria en tanto en cuanto tal derecho depende en su desenvolvimiento del incumplimiento de las obligaciones aseguradas. Y, precisamente porque todas esas obligaciones que tiene su origen en una misma relación jurídica son de cuantía incierta, es suficiente la fijación de una cifra máxima de responsabilidad para que se haya de considerar correctamente constituida desde el punto de vista del referido principio de determinación o especialidad. Además, al no tratarse del supuesto del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, exigir un pacto novatorio por el que las obligaciones vencidas asentadas en la cuenta quedaran sustituidas por una única obligación de restitución del saldo deudor referido nada añadiría desde el punto de vista de los principios de determinación y accesoriedad de la hipoteca. Por otra parte, la adscripción a la cobertura hipotecaria no queda al arbitrio del acreedor, sino que se produce indefectiblemente en la forma pactada, por lo que no se trata de la llamada hipoteca flotante. Si, cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento Hipotecario, el hipotecante puede consentir la posposición de rango en favor de una hipoteca de futura constitución, no puede haber impedimento a la constitución de una hipoteca antes del nacimiento las obligaciones derivadas del contrato de asistencia jurídica. A la vista de la obligación garantizada tal como es estructurada en el concreto negocio formalizado mediante la escritura calificada, resulta evidente la razón justificativa de la configuración de la garantía condicionada (no se trata de un vínculo inútil), que la hace merecedora de la necesaria flexibilidad con que ha de acogerse en materia de hipotecas el principio de determinación de los derechos inscribibles, en beneficio de las necesidades del tráfico y, en último término, de la economía nacional.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20515 Quedando inconclusa la ejecución hipotecaria, la cancelación de la hipoteca se rige por las normas generales (sentencia, escritura o documento público); pero con las varias excepciones que establece esta misma resolución, en las que basta un mandamiento judicial.
    EJECUCION HIPOTECA, CANCELACION HIPOTECA, TITULO INSCRIBIBLE, MANDAMIENTO JUDICIAL, CONSIGNACION PAGO, PAGO OBLIGACION
    Resumen:
    En el recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y que han sido aportados al interponer el recurso). [Se afirma que acreditan el pago de la deuda garantizada por la hipoteca, sin necesidad de terminar la ejecución iniciada] El mandamiento se refiere a la cancelación de la inscripción de la hipoteca, pero que identifica la inscripción de hipoteca con la nota marginal que en su día se extendió como consecuencia de la solicitud de la certificación de dominio y cargas. El supuesto de hecho guarda gran paralelismo con los que dieron lugar a las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de junio de 2019 y 14 de febrero de 2020, cuya doctrina debe ser ahora reiterada. El título necesario para cancelar una hipoteca es una sentencia o una escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación. También será posible cancelar una hipoteca como consecuencia de la ejecución del embargo anotado o de otra hipoteca inscrita con anterioridad, en virtud del mandamiento judicial expedido al efecto en el procedimiento de ejecución. Es cierto que este Centro Directivo ha admitido tal posibilidad cuando ha habido consignación de todas las cantidades exigidas en el procedimiento, y que hubiera habido igualmente declaración judicial de estar la consignación bien hecha y también cuando se ha aclarado por la autoridad judicial que la cancelación de hipoteca se ordena por pago de la cantidad adeudada. E igualmente, se podrá cancelar una hipoteca cuando, habiendo sido objeto de ejecución, esta culminase con el correspondiente decreto de adjudicación. Ninguno de dichos títulos es el que da lugar a la presente. Procede en suma la confirmación de la calificación emitida, calificación que no rebasa los límites para los documentos judiciales.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20515 Quedando inconclusa la ejecución hipotecaria, cabe cancelar la hipoteca -sin seguir las normas generales- si consta que hubo consignación o pago de toda la deuda.
    EJECUCION HIPOTECA, CANCELACION HIPOTECA, TITULO INSCRIBIBLE, MANDAMIENTO JUDICIAL, CONSIGNACION PAGO, PAGO OBLIGACION
    Resumen:
    En el recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y que han sido aportados al interponer el recurso). [Se afirma que acreditan el pago de la deuda garantizada por la hipoteca, sin necesidad de terminar la ejecución iniciada] El mandamiento se refiere a la cancelación de la inscripción de la hipoteca, pero que identifica la inscripción de hipoteca con la nota marginal que en su día se extendió como consecuencia de la solicitud de la certificación de dominio y cargas. El supuesto de hecho guarda gran paralelismo con los que dieron lugar a las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de junio de 2019 y 14 de febrero de 2020, cuya doctrina debe ser ahora reiterada. El título necesario para cancelar una hipoteca es una sentencia o una escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación. También será posible cancelar una hipoteca como consecuencia de la ejecución del embargo anotado o de otra hipoteca inscrita con anterioridad, en virtud del mandamiento judicial expedido al efecto en el procedimiento de ejecución. Es cierto que este Centro Directivo ha admitido tal posibilidad cuando ha habido consignación de todas las cantidades exigidas en el procedimiento, y que hubiera habido igualmente declaración judicial de estar la consignación bien hecha y también cuando se ha aclarado por la autoridad judicial que la cancelación de hipoteca se ordena por pago de la cantidad adeudada. E igualmente, se podrá cancelar una hipoteca cuando, habiendo sido objeto de ejecución, esta culminase con el correspondiente decreto de adjudicación. Ninguno de dichos títulos es el que da lugar a la presente. Procede en suma la confirmación de la calificación emitida, calificación que no rebasa los límites para los documentos judiciales.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20514 Particular supuesto, en el que un antiguo titular catastral (que en su momento intentó inmatricular su parcela y se le denegó por estar incluida en una finca inscrita) se opone ahora a la georreferenciación de esa otra finca; la Dirección General lo rechaza.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, TITULAR CATASTRAL, INMATRICULACION FINCA REGISTRAL,
    Resumen:
    En el presente caso, la pretensión de georreferenciación del promotor ha provocado la oposición del titular catastral de una parcela que resulta incluida en la georreferenciación que pretende el promotor. Como mero titular catastral de un inmueble afectado, no sólo no resulta ser titular registral de finca alguna, sino que la supuesta presunción de certeza de la titularidad catastral, que no podría ser oponible a terceros, aparece desvirtuada porque el propio opositor manifiesta que transmitió dicha parcela a un tercero. E incluso si dicho tercero adquirente extrarregistral de dicho inmueble catastral hubiera sido quien formulara oposición los pronunciamientos jurídicos del Registro de la Propiedad prevalecerán sobre la presunción de certeza de los datos catastrales. Además, fue el propio registrador el que ya rechazó inmatricular la citada parcela catastral del opositor, por entender que la finca cuya inmatriculación se pretendía coincide parcialmente con la localización de la registral que figura inscrita a favor de la sociedad recurrente. Por todo ello, la nota de calificación ahora recurrida ha de ser revocada, pues, como dice el recurrente, no se fundamenta en ninguno de los supuestos que legalmente podrían una calificación negativa.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20514 La Dirección General califica de “supuesta” la presunción de certeza de la titularidad catastral, que está declarada por ley (pero al parecer por una de menor rango que las hipotecarias) y dice que no podría ser oponible a terceros.
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION, PRINCIPIO LEGITIMACION, TITULAR CATASTRAL
    Resumen:
    En el presente caso, la pretensión de georreferenciación del promotor ha provocado la oposición del titular catastral de una parcela que resulta incluida en la georreferenciación que pretende el promotor. Como mero titular catastral de un inmueble afectado, no sólo no resulta ser titular registral de finca alguna, sino que la supuesta presunción de certeza de la titularidad catastral, que no podría ser oponible a terceros, aparece desvirtuada porque el propio opositor manifiesta que transmitió dicha parcela a un tercero. E incluso si dicho tercero adquirente extrarregistral de dicho inmueble catastral hubiera sido quien formulara oposición los pronunciamientos jurídicos del Registro de la Propiedad prevalecerán sobre la presunción de certeza de los datos catastrales. Además, fue el propio registrador el que ya rechazó inmatricular la citada parcela catastral del opositor, por entender que la finca cuya inmatriculación se pretendía coincide parcialmente con la localización de la registral que figura inscrita a favor de la sociedad recurrente. Por todo ello, la nota de calificación ahora recurrida ha de ser revocada, pues, como dice el recurrente, no se fundamenta en ninguno de los supuestos que legalmente podrían una calificación negativa.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20513 Diserta la Dirección General sobre el régimen legal y la sede del fichero de titularidades reales.
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, REGIMEN JURIDICO, BLANQUEO CAPITALES, REGISTRO ADMINISTRATIVO
    Resumen:
    Aunque el recurrente no discute la obligatoriedad de cumplimentar la declaración de titularidad real (junto con las cuentas anuales que presenta a depósito), sólo alega que no hay modificación respecto a la ya depositadas. [En realidad, y como dice la Dirección General más adelante, no alega eso, sino “que la orden JUS/616/2022 que la impone entró en vigor después de la celebración de la junta general, momento en el que no era necesario cumplimentar la misma, ya que no había ninguna modificación respecto a la titularidad real que se hizo constar en el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2017] El Preámbulo de la Orden JUS/319/2018 llevó a cabo la materialización de la obligación derivada de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que dispuso que los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades o en un registro público; que mediante la declaración de “titular real” de la sociedad o entidad que deposita cuentas anuales individuales -no consolidadas- las entidades sujetas a dicha obligación además darán cumplimiento a lo previsto en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Audiencia Nacional confirma que es aplicación meramente material de una obligación preexistente y simplemente viene a implementar unos nuevos formularios en el que determinadas sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real. El mismo régimen de declaración anual fue introducido para los denominados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos que dispone que las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en la ley y no constaren inscritas, deberán inscribirse y que las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales. Estas manifestaciones deberán ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real y que las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición, con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que resulte en su caso el titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro. Con posterioridad, y en tanto no se haya creado el Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, la autorización para obtener la información se podrá referir al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España o a la Base de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dará las instrucciones necesarias para que quede asegurado el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y a la Base de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado. El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, dispone que el Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, que además de los datos recabados de manera directa, centralizará la información de titularidad real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil y otros registros que puedan recoger la información de las entidades inscritas, así como la obtenida por el Consejo General del Notariado. Finalmente, la Orden JUS/616/2022 aprueba los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. La obligatoriedad de actualizar los datos también deriva, de que mientras no se haya creado el Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, esta Dirección General tiene que asegurar el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y cuyos datos posteriormente quedarán integrados en el Registro único. El recurrente alega que en el momento de aprobar la junta general las cuentas anuales -y dicho documento forma parte de ellas y sujeto también a su aprobación- no estaba en vigor la Orden. Dicha pretensión tampoco puede acogerse. La norma dispuso su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que al presentarse las cuentas anuales después, quedan sujetas a lo dispuesto en la misma. El documento relativo a la manifestación de los titulares reales no forma parte de las cuentas y no se incluye entre los documentos a aprobar por la Junta.
    16/11/2022 (05/12/2022) BOE-A-2022-20513 La primera declaración o la posterior actualización de la titularidad real de una sociedad no forman parte de las cuentas -aunque se presenten con ellas- y no están sujetas a aprobación de la junta.
    BLANQUEO CAPITALES, DEPOSITO CUENTAS ANUALES, COMPETENCIAS JUNTA GENERAL
    Resumen:
    Aunque el recurrente no discute la obligatoriedad de cumplimentar la declaración de titularidad real (junto con las cuentas anuales que presenta a depósito), sólo alega que no hay modificación respecto a la ya depositadas. [En realidad, y como dice la Dirección General más adelante, no alega eso, sino “que la orden JUS/616/2022 que la impone entró en vigor después de la celebración de la junta general, momento en el que no era necesario cumplimentar la misma, ya que no había ninguna modificación respecto a la titularidad real que se hizo constar en el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2017] El Preámbulo de la Orden JUS/319/2018 llevó a cabo la materialización de la obligación derivada de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que dispuso que los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades o en un registro público; que mediante la declaración de “titular real” de la sociedad o entidad que deposita cuentas anuales individuales -no consolidadas- las entidades sujetas a dicha obligación además darán cumplimiento a lo previsto en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Audiencia Nacional confirma que es aplicación meramente material de una obligación preexistente y simplemente viene a implementar unos nuevos formularios en el que determinadas sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real. El mismo régimen de declaración anual fue introducido para los denominados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos que dispone que las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en la ley y no constaren inscritas, deberán inscribirse y que las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales. Estas manifestaciones deberán ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real y que las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición, con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que resulte en su caso el titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro. Con posterioridad, y en tanto no se haya creado el Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, la autorización para obtener la información se podrá referir al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España o a la Base de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dará las instrucciones necesarias para que quede asegurado el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y a la Base de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado. El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, dispone que el Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, que además de los datos recabados de manera directa, centralizará la información de titularidad real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil y otros registros que puedan recoger la información de las entidades inscritas, así como la obtenida por el Consejo General del Notariado. Finalmente, la Orden JUS/616/2022 aprueba los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. La obligatoriedad de actualizar los datos también deriva, de que mientras no se haya creado el Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, esta Dirección General tiene que asegurar el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y cuyos datos posteriormente quedarán integrados en el Registro único. El recurrente alega que en el momento de aprobar la junta general las cuentas anuales -y dicho documento forma parte de ellas y sujeto también a su aprobación- no estaba en vigor la Orden. Dicha pretensión tampoco puede acogerse. La norma dispuso su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que al presentarse las cuentas anuales después, quedan sujetas a lo dispuesto en la misma. El documento relativo a la manifestación de los titulares reales no forma parte de las cuentas y no se incluye entre los documentos a aprobar por la Junta.
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