En el recurso interpuesto por don F. J. G. G., en nombre y representación de «Pompadour Ibérica, S.A.», contra la nota de calificación emitida por el registrador Mercantil II de Alicante, don José Simeón Rodríguez Sánchez, mediante la que resuelve no practicar las inscripciones correspondientes a los acuerdos de renovación de consejeros y cargos adoptados por la junta general y el consejo de administración de la sociedad. Hechos I Se expidió el día 9 de julio de 2021 certificación de acuerdos sociales, librada por el secretario con el visto bueno del presidente, cuyas firmas constaban legitimadas notarialmente, de la compañía mercantil «Pompadour Ibérica, S.A.», consistentes en la renovación de miembros del consejo de administración por un plazo de seis meses, así como la distribución de cargos en el seno de este órgano. II Presentada el día 9 de agosto de 2021 dicha certificación en el Registro Mercantil de Alicante, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos Diario/Asiento: 364/254 F. presentación: 09/08/2021 Entrada: 1/2021/17.518,0 Sociedad: Pompadour Ibérica SA Fundamentos de Derecho (defectos) 1. El nombramiento de consejero, fuera de los casos de cooptación, debe realizarse por el plazo determinado en los estatutos sociales que es de seis años, por lo que no es posible el nombramiento de los consejeros, por plazo de seis meses, (artículo 221.2 Ley Sociedades de Capital y 124.3 Reglamento del Registro Mercantil). 2. No consta en la certificación la aprobación del acta de la sesión del consejo, presupuesto de ejecución de los acuerdos sociales y de su operatividad notarial y registral (artículos 97.1.8.ª, 99.2 y 107 del Reglamento del Registro Mercantil), debiendo hacerse constar en la certificación la fecha y el sistema de aprobación del acta correspondiente (artículo 112.1 del Reglamento del Registro Mercantil), circunstancias estas que han de hacerse constar en la inscripción de los acuerdos sociales de que se trate (artículo 113 en relación con los artículos 6 y 58 de dicho Reglamento) 3. Falta la aceptación del cargo del administrador suplente nombrado. Artículo 147.2.2 del Reglamento del Registro Mercantil. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.º del R.R.M. contando la presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro. En relación con la presente calificación: (…) Alicante/Alacant, a 30 de agosto de 2021 (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador). El registrador n.º 2». III Contra la anterior nota de calificación, don F. J. G. G., en nombre y representación de «Pompadour Ibérica, S.A.», interpuso recurso el día 29 de septiembre de 2021 en los siguientes términos: «Antecedentes de hecho Primero.–Que por medio de Junta General y Extraordinaria y Universal de Accionistas y por medio de reunión del Consejo de Administración, todo ello de fecha 9 de julio de 2021, tuvo lugar la renovación de los cargos del órgano de Administración por un plazo de 6 meses, así como el nombramiento de administrador suplente. Segundo.–Con fecha 9 de agosto de 2021 fue presentado ante el Registro Mercantil de Alicante, certificado de los acuerdos adoptados, debidamente emitido en fecha 9 de julio de 2021 y firmado por el Secretario del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente del mismo, estando sus firmas legitimadas ante Notario previa su presentación al Registro. Tercero.–El Sr. Registrador Mercantil de Alicante, al calificar el citado certificado, deniega la solicitada inscripción de renovación de cargos por el defecto de, en síntesis: – “El nombramiento de consejero, fuera de los casos de cooptación, debe realizarse por el plazo determinado en los estatutos sociales que es de seis años, por lo que no es posible el nombramiento de los consejeros, por plazo de seis meses”. – “No consta en la certificación la aprobación del acta de la sesión del consejo, presupuesto de ejecución de los acuerdos sociales y de su operatividad y registral...” – “Falta la aceptación del cargo del administrador suplente nombrado...” Cuarto.–Entendiendo esta parte que la mencionada nota de calificación del Registro Mercantil de alicante, de fecha 30 de agosto de 2021, es improcedente, es por lo que se formula el presente recurso (…) A los anteriores hechos les resultan de aplicación los siguientes Fundamentos de Derecho I. La cuestión que se plantea el presente recurso consiste en decidir si la Junta General Universal de Accionistas puede, adoptando el acuerdo por unanimidad, renovar los cargos de consejeros de la mercantil por un plazo de 6 meses y no por un plazo de 6 años como prevé los Estatutos Sociales. Fundamenta el Sr. Registrador que no es posible el nombramiento de los consejeros, por plazo de seis meses de conformidad con el artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y por el 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM). Estando ante un supuesto de renovación de cargos de los consejeros, y habiendo ejercido su cargo durante el plazo determinado en los Estatutos Sociales, no procede denegar una renovación de cargos por un plazo adicional que no abarque el máximo legal determinado (6 años). En este sentido, la LSC diferencia entre un primer plazo de ejercicio y las posibles reelecciones posteriores: a) Primer plazo de ejercicio: Los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años y deberá ser igual para todos ellos. b) Reelecciones posteriores: Los administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual duración máxima. En el presente supuesto, ya han transcurrido los 6 años de ejercicio de su cargo y la Junta General adopta el acuerdo de renovar los cargos de los consejeros, por igual plazo para todos ellos, pero sin alcanzar el periodo de duración máxima determinado en la LSC. A este respecto, es importante destacar la diferencia de redacción en el art. 221 LSC respecto las renovaciones de cargos en las Sociedades Limitadas (en las que sí se establece expresamente que los periodos de reelección deben ser de igual duración a los determinados en los Estatutos Sociales), y las renovaciones de cargos en las Sociedades Anónimas, en las que la LSC únicamente determina por períodos de igual duración máxima: “1. Los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. 2. Los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años y deberá ser igual para todos ellos. Los administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración máxima.” De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.b) LSC es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre el nombramiento y separación de los administradores. Resulta evidente que la LSC establece una única prohibición: el plazo de duración del cargo de administrador en la sociedad anónima no puede ser superior a seis años. Nada dicen, ni prohíben, la LSC y el RRM en orden a que el nombramiento se efectúe por un plazo igual o menor al límite citado, que es de seis años y que debe venir determinado en estatutos. Ello no significa, en modo alguno, que las renovaciones no puedan ser igual o inferior a seis años, si así lo acordase la Junta General en ejercicio de las competencias que le son atribuidas por los artículos 160.b) y 214 de la LSC. Y es que la finalidad del artículo 221.2.º de la LSC, al aludir al plazo de ejercicio del cargo de administrador, no es otra que la de limitar temporalmente dicho ejercicio del cargo, fijando un término máximo y perentorio, que no podrá exceder de seis años. De modo que, si la junta es el órgano facultado para designar a los administradores y miembros del consejo de administración, es también la junta la que puede decidir renovarlos por un periodo igual o inferior a seis años una vez ya han cumplido dicho plazo en el cargo. Es importante precisar que lo que busca la LSC respecto el nombramiento de administradores en las Sociedades Anónimas, es limitar la temporalidad del cargo, para evitar que se nombren administradores con cargos indefinidos. En la misma línea, la propia LSC al regular el cese de los administradores, admite implícitamente que la junta acuerde el nombramiento de administradores por un número de años inferior al fijado por la ley o por los estatutos, ya que el propio art. 223.1 LSC recoge: “Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general aun cuando la separación no conste en el orden del día”. Este precepto reconoce que el plazo de seis años señalado por el art. 221.2 LSC actúa como un límite máximo al ejercicio del cargo de administrador, puesto que se reconoce el derecho de la Junta a que en cualquier momento, con anterioridad a que transcurran los seis años, puede separar a los administradores de su cargo. A mayor abundamiento, la Resolución de 26 de marzo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, valiéndose de la interpretación anteriormente mencionada, según la cual la Junta General puede nombrar a un administrador por un número de años inferior al fijado por la ley o los estatutos que señalan el plazo máximo, estimó un recurso planteado sobre la inscripción de una cláusula estatutaria con diferentes plazos de duración para los miembros del Consejo, revocando la nota del Registrador y admitiendo la inscripción de la cláusula que, después de fijar en general la duración del cargo de consejero en cinco años, disponía que “la Junta General podrá elegir como Consejeros, por un plazo de ejercicio de dos años, a profesionales de singular relieve a criterio de la Junta General o del Consejo de Administración”. Sentado cuanto antecede, habiéndose respetado las normas imperativas y, dado que se trata de una renovación del cargo, por el cual los consejeros ya han cumplido el plazo máximo determinado en Estatutos, procede la inscripción de la renovación de los cargos de consejeros por plazo inferior al determinado en Estatutos, sin que sea precisa una modificación estatutaria del referido artículo. II. En cuanto al segundo defecto observado “no consta en la certificación la aprobación del acta de la sesión del consejo, presupuesto de ejecución de los acuerdos sociales y de su operatividad notarial y registral...”, es preciso destacar que la reunión del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, tuvieron lugar en la misma sesión, constando debidamente su aprobación en el acta de la misma, la aprobación del acta de la Junta por unanimidad de los accionistas, así como la aprobación del acta del Consejo de Administración por unanimidad de los consejeros, al término de la sesión. No obstante, a pesar de que es imprescindible para el fondo del asunto dilucidar el alcance de la renovación del cargo como consejero por un plazo de 6 meses (delimitado en el apartado anterior), expresamente se deja constancia que, una vez resuelta la cuestión de fondo número uno, se procederá, en su caso, a subsanar este punto número dos aclarando específicamente tal extremo mediante nueva certificación de los acuerdos recogiendo dicho extremo. III. En cuanto al tercer defecto observado, esta parte es consciente que falta la aceptación del cargo del administrador suplente nombrado el cual se aceptará una vez se aclaren los puntos precedentes del presente recurso. IV. Artículos 322 y ss. de la Ley Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. V. El presente recurso se interpone en plazo oportuno puesto que no ha transcurrido un mes desde la fecha de la notificación de la calificación suspendiendo la inscripción, según lo previsto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria. Por todo lo cual, Solicito de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que, seguidos sean los trámites oportunos, resuelva el presente recurso gubernativo estimando las pretensiones de quien suscribe este escrito, de modo que se proceda a la práctica de la inscripción en el Registro Mercantil de Alicante en los términos que resulten de la resolución». IV El día 5 de octubre de 2021, el registrador Mercantil emitió el informe previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, se ratificó en la calificación y remitió el expediente a este Centro Directivo. Transcribe en este documento el texto inscrito del artículo 20 de los estatutos sociales de la sociedad, referente al plazo de duración del cargo de los miembros del consejo de administración, que procede reproducir en este lugar: «El Consejo de Administración estará integrado por un número de Consejeros no inferior a tres ni superior a cinco. Debiendo contar, al menos, con un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Corresponde a la Junta General Ordinaria establecer el número exacto de consejeros, así como su modificación. Para ser consejero no se requerirá ostentar la condición de accionista. El cargo de Consejero se establece por un periodo de seis años, sin perjuicio de la reelección del mismo por periodos idénticos». Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 221 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 126 del derogado texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de diciembre de 1996, 29 de septiembre de 1999, 26 de marzo de 2002 y 9 de febrero de 2013. 1. De los tres defectos observados en la nota de calificación, únicamente es objeto de recurso el primero de ellos, el referente a que el nombramiento de consejeros, fuera de los casos de cooptación, debe realizarse por el plazo estatutario de seis años. La cuestión planteada en este expediente se encuentra regulada en el artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital en los siguientes términos: «Los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años y deberá ser igual para todos ellos. Los administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración máxima». En consonancia con la claridad de que hace gala la norma transcrita, como con anterioridad sucedía con el artículo 126 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, es doctrina consolidada de este Centro Directivo (Resoluciones de 9 de diciembre de 1996, 29 de septiembre de 1999 y 9 de febrero de 2013) que la junta general, al proceder al nombramiento de un administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo de administrador inferior al establecido en los estatutos, fundamentando tal decisión tanto en la contundencia de los términos legales específicamente referidos al tema, como en la circunstancia de ser una mención necesaria de los estatutos sociales (artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital) y en la ilimitada facultad de destitución por la junta general (artículos 223 y 224 de la Ley de Sociedades de Capital). El recurrente cita en apoyo de su argumentación impugnatoria la Resolución de este Centro Directivo de 26 de marzo de 2002. El precedente que invoca no se refiere a un acuerdo de nombramiento de administradores por un período inferior al fijado en los estatutos, sino a una cláusula estatutaria donde, después de fijar la duración general del cargo de consejero en cinco años, se establecía que «la Junta General podrá elegir como Consejeros, por un plazo de ejercicio de dos años, a profesionales de singular relieve a criterio de la Junta General o del Consejo de Administración», fórmula que en aquel momento se estimó inscribible, fundamentalmente porque el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas no se oponía explícitamente a la posibilidad de fijar plazos de ejercicio diferentes para los distintos consejeros. Con posterioridad, la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, modificó el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas en el sentido de exigir que la duración del cargo de administrador fuera igual para todos, mandato que actualmente mantiene el artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital. En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña M. S. B. D. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Palamós, don Ramiro Subira Pérez, por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica de finca. Hechos I Mediante escritura de manifestación de herencia otorgada el día 30 de abril de 2021 ante la notaria de Badalona, doña María Fátima Hernández Ravanals, con el número 1.123 de protocolo, se formalizó la herencia de don L. N. M. en favor de doña M. S. B. D. de una serie de fincas, solicitándose además la rectificación de cabida de las siguientes fincas: finca registral 2.889 de Calonge, que según Registro tiene una superficie aproximada de 81 metros cuadrados y según la certificación catastral descriptiva y gráfica aportada tiene una superficie de 147 metros cuadrados, que linda, según Registro, a poniente, izquierda entrando, con don J. A., antes don L. y J. N.; al Este, derecha, con don I. R., hoy don E. N.; a la espalda, Norte, con doña T. X., sucesora de don J. X., y hoy: por el frente, Sureste, con una calle; por la derecha, noreste, con finca número de la misma calle, propiedad también del causante; por la izquierda, Suroeste, con otra finca de la misma calle, propiedad de don A. R. G.; y por el fondo, Noroeste, con otra finca; y al Sur, frente, calle; finca registral 2.708 de Calonge, según manifiestan, con una superficie, según Registro de 81 metros cuadrados y según Catastro de 77 metros cuadrados, que linda: al Este, izquierda, con casa de don N. B. B., hoy calle; a mediodía, frente, con calle; a Poniente, derecha, con don A. C. R., hoy calle; y a la espalda, Norte, con don J. X. P., hoy calle; finca registral 2.890 de Calonge, que se describe como un cuarto de vesana, equivalente a cinco áreas, cuarenta y siete centiáreas de tierra cultiva de secano, en el que existe un pozo medianero con la finca procedente del mismo caudal, sita en Calonge, lindante al frente, con calle; a Oriente, con don I. R.; a Mediodía, con don J. M. V., y a Poniente, con finca de don E. N., mediante dicho pozo medianero, que según Catastro tiene una superficie de 224 metros cuadrados, siendo sus lindes actuales por su frente, Noroeste, con calle; por la derecha, suroeste, con finca propiedad de don A. R. G.; por la izquierda, sureste, con finca propiedad de doña R. M. V. N.; y por el fondo, sureste, con finca propiedad del Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni. II Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Palamós, una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Asiento n.º 1907 Diario 71. Entrada 2128 Hechos: En Escritura 1123/2021 de la Notario de Badalona, Doña María Fátima Hernández Ravanals se pone de manifiesto la herencia de Don L. N. M., que comprende las fincas 2889, 2708 y 2890 de este registro. La Escritura se inscribió el día 22 de junio de 2021 y se inició el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria. El día 6 de agosto de 2021 Doña M. S. B. D. desiste de la solicitud de inscripción de la rectificación de la finca 2890. En la Escritura presentada se solicitaba la rectificación de la cabida y linderos de las restantes fincas en los términos siguientes: 1. La finca registral 2889. 1.1 La descripción registral: Urbana. Casa señalada con el número (…) de la calle (…) del término de la Villa de Calonge, compuesta de un cuerpo, planta baja y un piso, con un pedazo de tierra al detrás de cuatro palmos de ancho de superficie aproximada ochenta y un metros cuadrados, que fue parte de otra mayor. Lindante, a poniente, izquierda entrando con J. A., antes L. y J. N., al Este, derecha, con I. R., hoy E. N., a la espalda, Norte, con T. X., sucesora de Jaime X. P., y al Sur, frente, calle (…) 1.2 La rectificación propuesta: La referencia catastral es 6353511EG0365S0001GG. Según la certificación catastral descriptiva y gráfica, tiene una superficie de 147 metros cuadrados. Linda: Por el frente, Sureste, con la calle (…); por la derecha, noreste, con la finca número (…) de la misma calle, propiedad también del causante, por la izquierda, Suroeste, con la finca número (…) de la misma calle, propiedad de Don A. R. G., y por el fondo, noroeste, con la finca número (…) de la calle (…), propiedad de Doña J., S., A., y la casa número (…) de la calle (…), propiedad de Doña C. G. R. 1.3 Efectos de la rectificación propuesta: 1.3.1 La finca conserva la referencia catastral 6353511EG0365S0001GG, que ya constaba desde la inscripción quinta, desde el año 2002. 1.3.2 Se altera el lindero de la derecha. Ahora el lindero de la derecha es una finca que se identifica también como perteneciente al causante. Según la descripción anterior la finca lindaba con E. N., antes I. R. 1.3.3 Se altera el lindero de la izquierda, que antes era J. A., antes L. y J. N. 1.3.4 Se altera la superficie de la finca, que pasa a tener, de 81 metros cuadrados a 147. Casi pasa a doblar la superficie inicial. 1.3.5 De esta manera la finca, que estaba situada a la derecha de la registral 2708 pasa a estar a la izquierda de la 2708. Las fincas cambian su posición. La finca, que lindaba por su derecha con E. N., antes I. R. se desplaza hacia la izquierda. 2. La finca registral 2708. 2.1 La descripción registral: Urbana. Casa señalada de número (…), situada en la calle (…) del término de Calonge, compuesta de un cuerpo de planta baja y un piso con un pedazo de tierra al detrás de cuatro palmos de ancho, de superficie aproximada ochenta y un metros cuadrados, que linda: al Este, izquierda, con casa de N. N. B.; a mediodía, frente con calle (…), a poniente, derecha, con A. C. R., y a la espalda, Norte, con J. X. P. 2.2 La descripción propuesta: Casa señalada de número (…), situada en la calle (…) del término de Calonge, compuesta de un cuerpo de planta baja y un piso con un pedazo de tierra al detrás de cuatro palmos de ancho, de superficie aproximada ochenta y un metros cuadrados, actualmente según catastro, de setenta y siete metros cuadrados. Linda. Al Este, izquierda, con casa de N. N. B., hoy calle (…), a mediodía, frente, con la calle (…), a Poniente, derecha, con A. C. R., hoy calle (…), y a la espalda, Norte, con J. X. P., hoy calle (…) Referencia catastral 6353510EG0365S0001YG. 2.3 Efectos de la rectificación propuesta: 2.3.1 Se identifica la finca con la referencia catastral 6353510EG0365S0001YG. Esta referencia catastral ya consta inscrita en el historial de la registral 2890, inscrita a nombre de persona distinta. 2.3.2 Se mantiene el lindero Este izquierda, que era casa de N. N. B. Ahora se que es la calle (…) Este lindero propuesto no es posible si antes se altera el lindero de la 2889. Si como consecuencia de lo propuesto para dicha finca la 2889 pasa a estar a la izquierda de la 2708, en consecuencia, la 2708 debería pasar a estar a la izquierda de E. N., antes I. R. 2.3.3 Se mantiene el lindero Poniente derecha, que es A. C. R. Este lindero propuesto no es posible. Se dice que A. C. R. hoy es el número (…) En realidad A. C. R. es hoy el número (…) Esto es un hecho acreditado comprobando el historial de la registral 2708 en unión del historial de catastro. 2.3.4 Se reduce la superficie de la finca, que pasa a ser 77 metros cuadrados. 2.3.5 De esta manera, la finca, que estaba situada a la izquierda de la registral 2889 sigue estando en el mismo lugar. Este resultado es incompatible con el resultado de la alteración de la registral 2889. Si una finca pasa a estar a la izquierda de la otra, en consecuencia, la otra debería quedar a la derecha de la primera. 3. La finca registral 2890. 3.1 La descripción registral: Urbana. Un cuarto de vesana, equivalente a cinco áreas, cuarenta y siete centiáreas de tierra cultiva de secano, en el que existe un pozo medianero con la finca procedente del mismo caudal, sita en la calle (…) de Calonge, en la que está señalado con el número (…); lindante, al frente, con dicha calle; a Oriente, con I. R., a Mediodía, con J. M. V., y a Poniente, con finca de Don E. N., mediante dicho pozo medianero. Referencia Catastral 6452404EG0365S0001IG. 3.2 La descripción propuesta: Solar sito en término de Calonge i Sant Antoni, con frente a la calle (…) Tiene una superficie de 224 metros cuadrados. Linda: Por su frente, Noroeste, con la calle (…); por la derecha, suroeste, con la finca número (…), propiedad de Don A. R. G., por la izquierda, sureste, con la finca número (…), propiedad de Doña R. M. V. N., y por el fondo, sureste, con la finca número (…), propiedad del Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 3.3 Efectos de la rectificación propuesta: 3.3.1 Se mantiene la referencia catastral que consta en la inscripción quinta. 3.3.2 Se rectifican los linderos. 3.3.3 Se reduce la superficie registral, de 5 áreas cuarenta y siete centiáreas a 224 metros cuadrados, conforme a catastro. 4. Una vez estudiado el historial registral de las fincas propuestas, resultan los siguientes datos: 4.1 Los linderos que delimitan el área afectada: 4.1.1 El lindero izquierdo de la registral 2708 es, y ha sido siempre, la finca 1394. Esta es la finca que desde su inicio pertenecía a la familia C., luego C. R. Esta finca era el número (…) y está atravesada por la calle (…), por lo que también delimita las fincas afectadas por el lado sur de la calle. La finca 1394, muy anterior a las demás afectadas (su historial se inicia en el año 1861), linda «a izquierda, oriente, con D. N.» según la inscripción primera. En la inscripción séptima, –año 1979, linda «a la izquierda, Este, con D. N.». En la inscripción novena del año 1988 se transmite a Don A. R. G. y Doña M. V. En el historial de esta finca no consta referencia catastral. Consultado el Catastro, la única finca situada en la calle (…) de Don A. R. G. es la parcela con la referencia catastral 6353512EG0365S0001QG en el lado Norte de la calle y 6452403EG0365S0001XG en el lado sur de la calle. En el lado Norte tiene el número (…) La finca 2708 inicia su historial en el año 1899. La finca pertenece a D. N., era la casa número (…) de la calle, y linda a Poniente Derecha con A. C. R. 4.1.2 El lindero derecho que delimitaba en sus inicios el perímetro estaba formado por dos fincas: 4.1.2.1 Al Norte de la calle, con la registral número 4. Su historial se inicia en el año 1863. Era el número (…) de la calle. Pertenecía a la familia R. Lindaba por Occidente con N. N. (que era la finca 2889). En la inscripción tercera linda «poniente, derecha, N. N.». En la inscripción octava, linda «entrando, oeste con N. N.». En la inscripción novena, se produce un cambio relevante: pasa a lindar «izquierda, entrando Oeste, E. N. J.». La finca número (…) lindaba con la registral 2889, que era de N. N., hasta que pasa a lindar con la finca de E. N. J. Esto es coherente con el historial de la registral 2889, que lindaba con I. R. (finca 4), hoy E. N. (esta es la finca 2709, que tiene en su historial la referencia catastral 6353510EG0365S0001YG). La finca 4 en su última inscripción está a nombre de N. P. L. y N. M. A. Catastralmente, la única parcela al norte de la calle (…) a nombre de dichos titulares es la parcela con referencia catastral 6353509EG0365S0001QG. Hoy tiene el número (…) Catastralmente, la finca a la izquierda de la misma es la parcela con referencia catastral 6353510EG0365S0001YG, que consta en la inscripción de la registral 2709. Es el número (…) Esta parcela consta a nombre de R. M. V. N. y Olot Play S.L. Consta haberse resuelto en catastro un expediente tramitado como consecuencia de la alteración de dichos titulares como resultado de la comunicación a catastro del otorgamiento de la Escritura de herencia, en virtud de la cual constó como titular Doña M. S. B. D., que fue dada de baja. 4.1.2.2 Al Sur de la calle, con la registral número (…) Esta finca inicia su historial en el año 1863. Lindaba Oriente con huerto de N. N. En la inscripción octava linda Oeste con N. N. En la inscripción décima se produce un cambio relevante: Linda, oeste, con E. N. J. La finca (…) en su última inscripción está a nombre de N. P. L. y N. M. A. Catastralmente, la única parcela al sur de la calle (…) a nombre de dichos titulares es la parcela con referencia catastral 6452406EG0365S0001EG Catastralmente, la finca a la izquierda de la misma es la parcela con referencia catastral 6452405EG0365S0001JG, a nombre de R. M. V. N. y Olot Play S.L, que son los titulares de la registral 2709. 4.2 La ubicación de las fincas 2708 y 2889 y sus linderos. 4.2.1 La finca 2708. Su historial se inicia en el año 1889. Es la casa señalada en el número (…), de unos 81 metros cuadrados. Era la casa de D. N. y B. Linda, al Este Izquierda con casa de N. N., a Poniente Derecha, con A. C. R. Se inscribió a favor de L. y J. N. en dicho año. Durante 130 años el historial de esta finca ha estado paralizado. En el año 2019 se toma anotación preventiva de los derechos hereditarios que correpondieran a Don L. N. M. En el año 2020 se practica la inscripción del dominio de una mita a favor de Don L. La inscripción tercera es la que provocó la Escritura que ahora se califica. De lo ya expuesto resulta que esta finca sólo podía estar a la izquierda de la 2889 y a la derecha de la 1394 (C. R.). 4.2.2 La finca 2889. Su historial se inicia en el año 1908. Es la casa de N. N. y B. No tiene número en la calle. Linda a Poniente con L. y J. N., al Este, Derecha, I. R. Se inscribió a nombre de M. N. y E. En la inscripción segunda, de herencia y división entre L., J. y E. N. J. del año 1950 se inscribe a favor de Don L. N. J. Se hace constar que «hoy es el número (…)», que linda a Poniente con J. A., antes L. y J. N., y al Este con I. R., hoy E. N. (E. N. es el titular registral que declara una obra nueva en la Calle (…) en el año 1958). Esta alteración de lindero es coherente con el historial de la registral 2709. En el año 1966 se mantiene la descripción. Se inscribe a favor de Don M. y Don P. N. L. por donación que hace Don L. J. N. En el año 1988 se mantiene la descripción. Don M. vende su mitad a Don P. N. L. En la inscripción quinta se describe como casa de un piso en estado ruinoso que linda al este con E. N. y a la izquierda con J. A. Se hace constar la referencia catastral 6353511EG0365S0001GG. Esta finca tiene a su derecha la referencia catastral 6353510EG0365S0001YG, que consta en el historial de la finca 2709. En la inscripción séptima, que causa el título calificado se mantiene la referencia catastral y se propone la rectificación de la cabida. 4.3 La finca 2709. Su historial se inicia en el año 1899. Se describe como huerto de 5 áreas cuarenta y siete centiáreas. Don D. N. y B. transmite a Don N. N. y B. La descripción se mantiene en la inscripción segunda del año 1908 a favor de Don M. N. E. En la inscripción tercera, del año 1950 se inscribe la finca a favor de E. N. J. Es de señalar que en la misma fecha se altera el lindero de la finca 2889, haciendo constar como colindante a E. N. En la inscripción cuarta, del año 1958 se declara una obra nueva consistente en una casa de un cuerpo, planta baja y un piso con un pozo medianero con la finca colindante de Don L. N. Linda al Este con L. N. y al Oeste con A. C. R. y al Norte con la calle (…) Su superficie es 5 áreas cuarenta y siete centiáreas. Se inscribe a favor de J. N. S. Don E. N. J. hace declaración de la obra ejecutada por su hijo y donatario Don J. N. S. En la inscripción quinta, se hace constar la referencia catastral 6353510EG0365S0001YG. Esta es la referencia que ahora se quiere atribuir a la finca 2708. Don J. N. S., con domicilio en la calle (…) se reserva el derecho de habitación sobre la misma con ocasión de la donación a favor de Doña R. M. y Doña A. V. N. En la Escritura en cuya virtud se practicó la inscripción constaba además otra referencia catastral, la 6452405EG0365S0001JG. Sin embargo, sólo se inscribió la primera. Es de señalar que la superficie que se señala no se corresponde con los linderos que la describen como situada al sur de la calle (…) (la superficie parece referirse a una finca que se extienda al otro lado de la calle). En la inscripción sexta no se altera la descripción y superficie. Se aporta la mitad de Doña R. M. a Olot Play S.L. 5. La documentación de la propia escritura Consta protocolizado Decreto 2021/207 del Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni el que «se propone la suspensión de la resolución del recurso de reposición hasta que la dirección general del catastro resuelva, o que recaiga una sentencia declarativa de dominio que determine quién es el titular o titulares de la finca de la calle (…)» 6. Las alegaciones. De las alegaciones presentadas Doña M. A. V. N. y Olot Play SL resulta la interposición de recurso de reposición contra el acuerdo de alteración catastral que en su día se practicó en virtud de la Escritura ahora calificada. En el mismo se señala que en el registro consta inscrita la titularidad de la finca a favor de las mismas. Resulta asimismo la existencia de una situación litigiosa sobre los lindes y sobre la titularidad de parte de las finca [sic] 2890 y 2709. En su día fue desestimada la pretensión de Don L. N. M. por la Sentencia de 29 de Junio de 2005 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona. Se acompaña «Análisis del deslinde de dos fincas situadas en Calonge y atravesadas por la calle (…), con dos viviendas en el lado norte y dos huertos en el lado sur» de 30 de Abril de 2004. Del mismo resultan las inexactitudes sobre la descripción y linderos de las fincas implicadas. Se aporta copia de la Escritura de donación que causó la inscripción quinta, en la que constan las dos referencias catastrales. 7. Las dudas. De lo expuesto anteriormente, surgen las siguientes dudas: 1. Que el exceso de cabida que se declara de la registral 2889 pretenda que mediante el mismo se agrupen las superficies de las registrales 2889 y 2708 en el historial de la 2889, dejando libre el historial de la 2708 para asignarla al número siguiente de la calle. Inicialmente las fincas 2708 y 2889 eran dos casas de unos 80 metros cada una. Ahora la finca se describe con una superficie de 147 metros cuadrados. A tal fin parece obedecer el traslado a la izquierda de la finca 2889. 2. Que la alteración de los linderos y la asignación de la referencia catastral 6353510EG0365S0001YG a la registral 2708 tenga por objeto que la casa que tiene el número (…), que consta inscrita en la finca 2709 a nombre de personas distintas se inscriba a nombre de la heredera. 3. Que mediante lo expuesto anteriormente se eluda el procedimiento judicial que corresponda si lo que subyace es un conflicto sobre la titularidad de la casa del número (…) 4. Que en un momento inicial sólo hubiera dos casas, con sus titulares, registrales 2708 y 2889 y que posteriormente una de ellas fuese ruina y se construyera una tercera casa, y que físicamente hayan pasado a ser hoy sólo dos casas. 5. Que la descripción registral de las fincas sea conflictiva, no se adecúe a la realidad y que se pretenda la rectificación de las mismas evitando el procedimiento judicial correspondiente. 6. Que se haya ignorado que mientras que registralmente la registral 2708 estaba inactiva, cabía la posibilidad de que catastralmente se hayan agrupado la 2708 y 2889. Resolución: En virtud de lo expuesto resuelvo suspender la inscripción de las rectificaciones solicitadas al existir las dudas antes citadas. Fundamentos de Derecho: Artículo 1 de la Ley Hipotecaria. Artículo 40 de la Ley Hipotecaria. Artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Sobre la existencia de dudas: Resoluciones de la DGSJFP 23 de diciembre de 2020(hay 3), RDGSJFP de 14 de enero de 2021. Sobre la rectificación del registro: RDGSJFP de 26 de febrero de 2020, Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015. Sobre la diferencia entre inexactitud y rectificación del registro cuando consta inscrita una referencia catastral sobre una finca inscrita a nombre de persona distinta del que solicita la inscripción de dicha referencia a su favor: RDGSJFP de 17 de Julio de 2017. Sobre la diferencia entre inexactitud y rectificación del registro. RDGSJFP de 13 de Julio de 2009, RDGSJFP de 22 de febrero de 2019. La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria. Contra la presente calificación negativa cabe: (…) Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ramiro Subira Pérez registrador/a de Registro Propiedad de Palamós a día diecisiete de agosto del dos mil veintiuno.» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Roses número 2, doña Rocío Perteguer Prieto, quien, con fecha 15 de septiembre de 2021, confirmó la nota de calificación de la registradora del registrador de la Propiedad de Palamós. IV Contra la nota de calificación sustituida, doña M. S. B. D. interpuso recurso el día 30 de septiembre de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente: «Que ninguna de las razones motivadas expuestas en la nota de calificación del Registrador respecto a la finca 2889, son hechos objetivos que justifiquen las dudas de identidad o la falta de correspondencia, ni se justifica la posible existencia de operaciones de modificación de entidades hipotecarias o negocios traslativos no formalizados debidamente y que no han tenido un adecuado acceso al Registro, y que la existencia de una diferencia de superficie desproporcionada, no es motivo para denegar la Rectificación de la cabida y modificación de linderos de acuerdo con el artículo 199.1 de la Ley Hipotecaria, y además, no se justifica el motivo por el cual el Registrador no ha modificado la descripción de la finca, por ello, se presenta el siguiente recurso: 1. En cuanto a la falta de denegación o suspensión de la modificación de la descripción de la finca, causa una clara indefensión a esta parte conforme al artículo 24 CE, porque de haberse indicado la falta de algún certificado técnico, la cédula de habitabilidad u otro requisito hubiera sido objeto de aportación, si tenía dudas al respecto. En 1950, los tres hermanos que formalizaron la escritura división y aceptación de herencia objeto de la inscripción en la finca 2889, manifestaron sin documento técnico alguno, debida a la situación de dejadez y antigüedad de la finca en ese momento, incluyendo dicha manifestación en la descripción, pero en la actualidad, he manifestado que ya no se encuentra en estado ruinoso, tras las obras realizadas desde aproximadamente el 1963 al 1995 (…) Según la nota simple conforme el artículo 19 bis de la inscripción de la herencia, objeto del presente recurso, en la actualidad los libros del Registro tienen la siguiente descripción: Descripción: Urbana.= Casa señalada con el número (…) del término de la Villa de Calonge, compuesta de un cuerpo, planta baja y un piso en estado ruinoso actualmente con un pedazo de tierra al detrás de cuatro palmos de ancho de superficie aproximada ochenta y un metros cuadrados, que fue parte de otra mayor; lindante: a poniente, izquierda entrando con J. A., antes L. y J. N.; al Este, derecha, con I. R., hoy E. N.; a la espalda, Norte, con T. X., sucesora de J. X. P.; y al Sur, frente, calle (…). En la escritura de herencia, objeto del presente recurso, en la actualidad no está en estado ruinoso, por lo que se indicaba la siguiente descripción: Urbana. Casa señalada con el número (…) del término de la Villa de Calonge, compuesta de un cuerpo, planta baja y un piso, con un pedazo de tierra al detrás de cuatro palmos de ancho de superficie aproximada ochenta y un metros cuadrados, que fue parte de otra mayor. Lindante, a poniente, izquierda entrando, con J. A., antes L. y J. N.; al Este, derecha, con I. R., hoy E. N.; a la espalda, Norte, con T. X., sucesora de J. X. P.; y al Sur, frente, calle (…) En conclusión, se ha suspendido la inscripción de la modificación de la descripción de la finca, pero ni se ha indicado el motivo o causa jurídica de la denegación, ni tan siquiera se ha expresado formalmente que se ha denegado o suspendido, simplemente se ha limitado a no inscribir la modificación de la descripción, sin indicar el porqué, dicha circunstancia me causa indefensión y no es conforme a derecho. En este supuesto de hecho, la obra nueva ya está inscrita, por lo que no necesita licencia, para cambiar el hecho o suprimir la mención de «en estado ruinoso actualmente». 2. En cuanto a la magnitud del exceso, esta Dirección General ha señalado (desde la resolución de 17 de noviembre de 2015 que es reiterada en numerosas posteriores como las de 22 de octubre de 2.018, 8, 19, 27 y 28 de noviembre de 2018), que «el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria es aplicable incluso cuando la magnitud de la rectificación superficial excediera del diez por ciento de la superficie inscrita o se tratase de una alteración de linderos fijos, pues, por una parte, la redacción legal no introduce ninguna restricción cuantitativa ni cualitativa al respecto, y por otra, los importantes requisitos, trámites y garantías de que está dotado tal procedimiento justifican plenamente esta interpretación sobre su ámbito de aplicación». 3. En cuanto a la identidad total de la descripción literaria y la gráfica, la Dirección General de los Registros y del Notariado señaló en la resolución de 5 de diciembre de 2018 que «aun cuando la identidad total entre la descripción literaria y la gráfica en el título sólo se exige en los supuestos de inmatriculación (y sin perjuicio de que la descripción registral siempre será la que resulte de la representación gráfica, según dispone el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria), es presupuesto de aplicación de cualquier procedimiento para la rectificación de descripción de la finca que se aprecie una correspondencia entre la descripción de la finca que conste en el Registro y la que resulte de la representación gráfica de la misma que se pretende inscribir». 4. Los colindantes de la finca 2889, no se han opuesto a la modificación de linderos ni al exceso de cabida, y los datos físicos que resultan de la cartografía catastral gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del Catastro en su apartado 3 y como se indicó en la Resolución de 19 de julio de 2016 (reiterada en otras posteriores), que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, asegurando, además, que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Aplicando la doctrina de la Resolución de 5 de marzo de 2012, la notificación a los colindantes constituye un trámite esencial en este tipo de procedimientos: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». 5. Las fincas registrales 2708 y 2889 de Calonge, nunca han tenido los mismos titulares Registrales, desde su inmatriculación en el Registro de la Propiedad, hasta ahora, que tampoco tiene la misma titularidad. Haciendo poco creíble que nadie hubiera dicho nada, si una casa se hubiera derrumbado, y construida otra, no tendía la antigüedad que resulta de la certificación catastral aportada, que no se refleja en la nota de calificación, que fue aportada por trámite telemático. Además, en las alegaciones efectuadas (…), dentro de la certificación expedida por el Registrador, para conocer las alegaciones efectuadas, «Análisis del deslinde de dos fincas situadas en Calonge y atravesadas por la calle (…), con dos viviendas en el lado norte y dos huertos en el lado sur» de 30 de Abril de 2.004. Del mismo resultan las inexactitudes sobre la descripción y linderos de las fincas implicadas (…) En dicho documento se transcribe la inscripción 140 del Registro de Hipoteca de La Bisbal, (…) que tiene el siguiente tenor literal: «El nombrado N. N. corresponda cerca de la mitad o sea toda la obra antigua de la única casa que su nombrado padre poseía en la calle (…) de la que queda dividida de la otra restante parte que puede llamarse obra nueva, por estar construida de poco tiempo, por medio de una pared mediera, la cual obra antigua comprende un solar y un piso con una habitación delante y otra al detrás, junto con la parte del huerto sito al frente de la propia casa y dividido de ella por medio de dicha calle, que comprenda el ancho de todo el frente de la propia obra antigua en la citada calle; y pedazo de terreno que a la parte de cierzo de esta pertenezca, del que allí hay unido a toda la casa, en la descrita conformidad del huerto; cuya parte de casa, de huerto y pedazo de terreno consideramos ser de valor de 240 y lindan por oriente con I. R., por mediodía el pedazo de terreno y parte de casa con la predicha calle y la parte del huerto con J. M., por poniente con restante casa y tierra y por cierzo con R. P. (…) 2.º Que los bienes que forman la restante herencia de dicho difunto padre consistentes en el sobrante de la enunciada casa todavía no concluida huerto y terreno a la parte del detrás de aquella, de igual valor de 240 y con idénticos lindes por mediodía y cierzo, siendo el de poniente con J. C.» (…) 6. Existen errores de lindes y metros, en todas las cuatro fincas, –no sólo lo decimos nosotros sino los propietarios de la finca 2709, y su técnico de parte–, que se segregaron de la finca 140 del Registro de Hipoteca de la Bisbal, y por ende, en más fincas de la calle ocurre lo mismo, y no han sido analizadas por el Registrador, en especial finca 2.709 de Calonge, – que se ponen en evidencia–, ya que la suma de las cuatro finca son un cuarto de vesana (547 m2), y se omitió en las descripciones –procedente de un cuarto de vesana–, por ello se instó un 209 LH respecto las fincas 2709 y 2890 al igual que es un error que ambas casas tengan 81 m2, ya que la nuestra siempre ha sido más grande que la otra. Además, la finca 2889 nunca ha estado en litigio, hasta ahora que el Registrador pretende ponerla. 7. Se omite o no lo hemos sabido ver, la presentación vía telemática de fecha 28/05/2021 del certificado descriptivo y gráfico (…), y si dicha documentación se ha tenido en cuenta o no en la calificación. Aprovecho para complementarla con la resolución del Catastro en el mismo sentido, para mejor proveer, siendo a los únicos efectos de determinar los colindantes catastrales afectados a la finca 2889, y quien consta como propietario en el Catastro. En fecha 22 de junio de 2.021, fecha inicio del 199 LH, la situación de la fincas y del catastro era la siguiente: – Propietaria de la finca 2889: Doña M. S. B. D. (calle […] de Calonge). – Titular catastral de la calle (…) de Calonge, la misma. 8. El Registro de la Propiedad de Palamós ha librado certificados o notas simples donde finca registral 2889, tiene la referencia catastral inscrita 6353511EG0365S0001GG, ya constaba desde la inscripción quinta, desde el año 2002, además coincide calle y número, el titular catastral y registral, y hasta resulta de la propia nota informativa conforme el artículo 19 bis LH. Del contenido literal de la nota de calificación, no resulta se hayan hecho ninguna alegación contra la finca 2.889. Ni por parte de ninguno de los colindantes registrales y/o catastrales, ya que los vecinos han recibido muchas notificaciones, algunos hasta cuatro, y no nos queda claro a quien le han efectuado las notificaciones, cuando el procedimiento era por el artículo 199.1 LH, pero si se ha efectuado además a los catastrales, aún más para disipar que la finca 2889 no está en discusión alguna ni conflicto con ningún colindante. Además, no coincide en todo o parte con otra base gráfica o con dominio público según consulta efectuada en el geoportal del Colegio de Registradores https://geoportal.registradores.org/ [se inserta imagen]. 9. El único motivo, para alegar una ficticia agrupación de las fincas 2889 y 2708, –cuando en 1963, era como el plano de situación de la casa de la calle (…) de Calonge, realizado por el aparejador don J. V. D., (…)–, no es otro, que el problema que tiene el Registrador, es situar la casa declarada sobre la finca 2709, pero es debido a la simulación realizada por los declarantes don E. N. J. y don J. N. S., en el momento de la escritura de donación y declaración de dicha Obra Nueva, junto al error de concepto posterior cometido por el Registro, al ponerle una Referencia Catastral cuando no cumplía con los requisitos de la Ley del Catastro, pero dichas circunstancias no puede penalizar al titular registral de otra finca, que somos nosotros, y sobre la única finca que no está en conflicto, la finca 2889. La acción de simulación realizada por de don E. N. J. y de don J. N. S., que en 1958 declaran la obra nueva sobre la finca 2709, que según la inscripción 4.ª, se dice: «Se describe de nuevo por haber variado sus circunstancias y por haberse urbanizado», siendo ello acto sujeto a simulación, con el agravante que no modificaron el linde, por lo que la finca 2709 sigue lindando «al Norte, con la calle (…)», –lindero fijo–, por lo que nunca ha dejado de estar al otro lado de la calle, donde su ubican los huertos. Esta parte, a la vista del informe técnico de la parte contraria no entiende como el Registrador no ha iniciado de oficio el artículo 209 LH, entre la finca 2708 y 2709. El técnico contrario, en el mismo informe dice que el problema es la declaración de la Obra Nueva de 1958, –«Aquest error col·loca un habitatge sobre una finca quan en realitat la finca 2709 ja tenia un altre número en el Registre de la Propietat»–, que no es otra que la finca 2708. Deberíamos aplicar el principio «prior tempore, potior est iure», sólo para determinar y hacer prevalecer que la obra nueva de la calle (…) de Calonge, ya constaba inscrita el veintidós de mayo de mil ochocientos noventa y nueve en la finca 2708, en virtud del mismo título que da origen a la finca 2709, conforme las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo n.º 654/1999, de 19 julio; 100/2008, de 12 febrero; y 985/2005, de 12 diciembre. Don J. M. G. lo define como «el principio hipotecario en virtud del cual los títulos o derechos que acceden al Registro prevalecen, en caso de conflicto, frente a los títulos o derechos que no han accedido al mismo o sobre los que han accedido con posterioridad, atendiendo a las fechas de presentación de los documentos en el libro Diario». Las inscripciones primeras de las fincas 2708 y 2709, –según resultan de los libros del Registro–, en virtud de escritura de adición e inventario otorgada el diecinueve Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho, ante el Notario de La Bisbal Don José Bellido y Macias (…) la finca 2709, tiene la siguiente descripción: «Un cuarto de vesana aquivalente [sic] a cinco áreas cuarenta y siete centiáreas de tierra huerto de secano en el que existe un pozo y alberca mediero que fue segregado de mayor pieza, sito en la calle (…) del término de esta villa al frente de la descrita casa y separado de la misma por dicha calle,», que coincide con la inscripción 1.ª de la finca 2709 de Calonge del Registro de la Propiedad de Palamós. Y en cuanto a: «Se describe de nuevo por haber variado sus circunstancias y por haberse urbanizado», Según certificación expedida por don Jordi Soler Casals, Alcalde del Excmo. Ajuntament de Calonge-Sant Antoni, de fecha 6 de agosto de 2021, respecto al tema del Vial, el primer POUM de Calonge fue posterior, en 1959, la calle ya existía y el vial-alcantarillado-pavimentado de la misma, se realizó posteriormente (…) Según visualización de los cambios urbanísticos por el Institut Cartogràfic de Catalunya, se puede apreciar que dicha calle (…) consta en la fotografía del orto1945-46, como mínimo, se ha solicitado copia del primer plano topográfico, para el Juicio que habrá contra la finca 2709. Esta es la captura de la visualización del Institut Cartogràfic de Catalunya, pero mediante la aplicación geobase del Colegio de Registradores se pueden incorporar, muchas más capas, para el Registrador pueda hacer una calificación con más fundamentos. Se aporta documento del Ajuntament de Calonge, conforme en sesión de 15 de febrero de 1985 se aprueba la imposición de la Contribución Especial para las obras de urbanización de la calle de (…), por lo que no fue en 1958 como quería hacer ver (…), que hacen que las manifestaciones realizadas en la declaración de la obra nueva sobre la finca 2709, sean del todo simuladas. 10. Se aporta prueba fotográfica, certificado del Instituto cartográfico de Cataluña, Certificado de suspensión del Ayuntamiento de Calonge, Certificado de un arquitecto sobre la finca, e Informe técnico sobre la ubicación de las fincas 2708 y 2709 (…), ya que el Registrador no ha argumentado ni fundado, con datos que resulten del Registro, Catastro o Ayuntamiento, el hecho ficticio de la agrupación de las finca [sic] 2708 y 2709, esta parte aporta prueba en contra ante la DGSJyFP. En la inscripción de la finca 140 del Registro de Hipoteca de la Bisbal, que se ordena a don N. N. B., hacer el cierre de puertas y ventanas. No es suficiente el hecho de perder la finca 2708 ante una más que posible usucapión por los titulares de la finca 2709, no ocurriría en el resto de España, pero en Cataluña, si, ya que no actúa la posesión civilísima del artículo 440 CC, y la mala fe para adquirir la posesión de la finca 2708. Al poner la referencia catastral en la finca 2709, ha permitido que la parte contraría tenga el Catastro a su nombre de la finca 2708, todo y que es evidente que el linde norte es la calle (…) Esta parte, quiere reiterar que hemos sufrido dos errores, el primero sin que el Registrador ni el Notario autorizante tengan culpa, ya que la culpa fue provocada por la manifestación de don E. N. J. y su hijo don J. N. S., consistente en la declaración de la obra nueva simulada sobre la finca 2709 en 1958, que provocó una doble inmatriculación de la obra nueva que ya constaba en el Registro en otra finca –finca 2708– (hasta el propio técnico de la parte contraria lo dice en su argumento), esta parte cree que en 1958 era muy difícil que el Registrador tuviera medios para darse cuenta, –sin reproche alguno para el Registrador–, y el segundo, en hacer constar en la inscripción de la finca 2709, una referencia catastral sin cumplir lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Catastro, en una finca sin calle ni número ni coincide la superficie por más de 10%, y ahora pretender argumentar una ficticia agrupación, nos puede causar más daños y perjuicios, cuando no es verdad, y es una mera suposición sin que pueda demostrarla, y contradice al propio Ayuntamiento de Calonge, que dice que los propietarios 2709, no aportan título que les acredite como propietarios de (…) Calonge. [se insertan imágenes] Esta parte solicita el pronunciamiento de la DGSJyDP en cuanto si las afirmaciones en condicional que hace Registrador en su calificación, son dudas fundadas, o lo contrario, al decir: – Que en un momento inicial sólo hubiera dos casas, con sus titulares, registrales 2708 y 2889 y que posteriormente una de ellas fuese ruina y se construyera una tercera casa, y que físicamente hayan pasado a ser hoy sólo dos casas. – Que se haya ignorado que mientras que registralmente la registral 2708 estaba inactiva, cabía la posibilidad de que catastralmente se hayan agrupado la 2708 y 2889. En conclusión: Es doctrina reiterada de la Dirección General desde la entrada en vigor de la reforma del 2015 que puede emplearse el procedimiento del artículo 199 LH para la rectificación de cabida de la finca registral siempre que no existan dudas fundadas de correspondencia entre la finca registral y la representación gráfica aportada, es decir, que el Registrador debía tener «dudas fundadas» para denegar la inscripción, y su contrario sería «dudas infundadas», en Derecho Procesal sería: Acción que carece de fundamento legal, cuando no se han acreditado los hechos y el derecho que se invoca. / Por lo general, se dice de la demanda que invoca un derecho sin sustentar la pretensión. En este sentido, la Real Academia Española, –infundado, da–. 1. adj. Que carece de fundamento real o racional. La Dirección General ha reiterado que siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras). Por ello, esta parte no ha recurrido las fincas 2708 y 2890, ya que no se puede pedir a la DGSJYFP que en sede de recurso pueda resolver dicho conflicto entre colindantes, en este caso las fincas 2708 y 2890 con la finca 2709. En el presente caso, está claro que sólo se trata de corregir un error en los lindes y la superficie pero, a mayor abundamiento, la contribución territorial Urbana (Ley 41/1964) de la calle (…) de Calonge, indica claramente que los titulares en 1974, eran M. y P. N. L., y que su linde derecha era J. N., y que la fecha de construcción fue antes 1900 y que ha habido reformas de conservación, bajos 118 m2 y Piso 1.º 118 m2, total 236 m2, dejando claro que no hay una ficticia agrupación de la finca 2708 propiedad de J. N. (…), disipando cualquier duda. Por lo expuesto, Suplica a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que habiendo por presentado este escrito, junto a los documentos que acompañan, los admitan y, en consecuencia, se digne estimar el recurso interpuesto y, en su virtud, revoque la calificación del Registrador de la Propiedad de Palamós.» V El registrador de la Propiedad Palamós, emitió informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 10, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 5 de marzo de 2012, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero y 17 de noviembre de 2015, 21 de abril y 19 de julio de 2016, 1 de junio de 2017, 17 de enero, 6 de febrero, 20 de julio, 22 de octubre, 19, 27 y 28 de noviembre de 2018 y 5 y 20 de diciembre de 2018 y 18 de febrero, 20 de marzo y 18 de septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de febrero, 11 de marzo, 16 y 21 de septiembre y 20 y 26 de noviembre de 2020 y 20 de enero y 1 de febrero de 2021. 1. Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la representación gráfica correspondiente a una finca registral y consiguiente rectificación de su descripción, aportando sus respectivas georreferenciaciones actuales. Una vez tramitado el expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, el registrador suspende la inscripción solicitada por dudas en la identidad razonadas en la identidad de la finca y porque se han presentado alegaciones por un colindante afectado, de las que resulta una georreferenciación distinta y controvertida, de modo que no es pacífica la delimitación propuesta que se pretende inscribir, pudiendo existir invasión de la finca colindante. La promotora del expediente recurre alegando, en síntesis, que las dudas manifestadas por el registrador no están fundamentadas ni revelan la existencia de un conflicto latente sobre el derecho de propiedad de la finca, tal y como pretende describirse en la escritura calificada. 2. Para resolver el presente recurso, procede volver a reiterar la doctrina consolidada de la Dirección General (cfr. «Vistos»), en el sentido que la registración de un exceso de cabida «stricto sensu» solo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados, sin que ello suponga el intento de aplicar el folio registral una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, pues pare ello el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente. Este método, por tanto, sólo debe permitir la corrección de un dato mal reflejado en su término inicial al inmatricular la finca, por lo que la existencia de dudas que pudiera albergar el registrador de encontrarnos en cualquier otro caso –inmatriculaciones de parcelas colindantes o encubrimiento de otras operaciones como agrupaciones o agregaciones– pueden (y deben) generar una calificación negativa a la inscripción del exceso –o defecto– de cabida declarado. 3. Asimismo, procede reiterar, una vez más, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado relativa a la inscripción de representaciones gráficas en el sentido de que el registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria), para lo que podrá utilizar la aplicación informática homologada en la Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la cartografía catastral, actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro y a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio, aunque las alegaciones efectuadas pueden ser tenidas en cuenta en su calificación, siempre que el juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante. 4. En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición del colindante y en las dudas en la identidad por parte del registrador, están bien fundamentadas en la nota de calificación y revelan la existencia de una controversia latente sobre la titularidad de una franja determinada de terreno, lo que está fuera del ámbito de aplicación del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, por ser competencia exclusiva de los tribunales. La oposición del colindante pone de manifiesto de forma evidente el conflicto entre los colindantes sobre la delimitación gráfica de las fincas. Por tanto, de los datos y documentos que obran en el expediente, se evidencia que no es pacífica la delimitación gráfica alternativa a la catastral propuesta que se pretende inscribir, resultando posible o, cuando menos, no incontrovertido, que con la inscripción de la representación gráfica se puede alterar la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, pudiendo afectar a los derechos de terceros. El ámbito del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria es la concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral, amparada en un título inscrito. El ámbito del recurso ante este Centro Directivo es decidir si en la nota de calificación el registrador ha aplicado correctamente los preceptos legales, lo que ocurre en el presente caso, al haber motivado sus dudas, sin que proceda, como pretende el recurrente, que el registrador en su calificación o esta Dirección General en sede de recurso pueda resolver el conflicto entre colindantes que se pone de manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, estará reservada a los tribunales de justicia o iniciarse un procedimiento de deslinde notarial. Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de 19 de julio de 2016 (reiterada en otras posteriores), que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, asegurando, además que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Aplicando la doctrina de la Resolución de 5 de marzo de 2012, la notificación a los colindantes constituye un trámite esencial en este tipo de procedimientos: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al deslinde de fincas, sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria). Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. y don A. M. V. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña Ana Isabel Baltar Martín, por la que suspende la cancelación de determinadas anotaciones de embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hechos I Mediante instancia, de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. solicitaban la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo que gravaba las fincas registrales números 16.969 y 16.983, del término municipal de Cáceres, y 14.343, del término municipal de Casar de Cáceres. II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 4419 Diario: 184 Asiento: 456. Fecha del documento: 21 de julio de 2021. Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad sobre la calificación del documento presentado por doña M. T. M. B., que motivó el Asiento de referencia (Artículos 3, 18, 19 bis y 323 LH). Hechos. I. El documento que consta del encabezamiento, fue presentado en este Registro con los datos que resultan del mismo. II. Con esta fecha y en relación a las cláusulas o estipulaciones de dicho documento que resultan afectadas por la calificación, en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo: Fundamentos de Derecho En el precedente documento se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16969 del término municipal de Cáceres, 16983 del término municipal de Cáceres, y 14343 del término municipal de Casar De Cáceres, prorrogadas con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete. Teniendo en cuenta la especial situación provocada por la Covid 19, se hace constar que la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se producirá hasta el día 16 de octubre de 2021 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de diecisiete de marzo y 21/2020 de 9 de junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a la fecha de caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva. Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 11 de junio de 2020, de consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE 10 de junio de 2020), en relación a los plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: “Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha”. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 (BOE del mismo día 10 de junio de 2020) dispone en su apartado primero que: “El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42”. Esta Dirección General acuerda: Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo en que entró en vigor el estado de alarma, hasta el día 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles de su vigencia conforme al artículo 17 de la ley hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión. 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha, según el artículo 86 de la ley hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar además los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales. Acuerdo. Se suspende la inscripción del documento presentado en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por plazo de sesenta días contados desde la fecha de la notificación. Contra el presente acuerdo de calificación de la Registradora los interesados podrán (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel Baltar Martín registrador/a de Registro Propiedad de Cáceres 2 a día catorce de septiembre del dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. y don A. M. V. interpusieron recurso el día 6 de octubre de 2021 en base a las siguientes alegaciones: «Motivos Previo. El Acuerdo de 11 de agosto de 2021, referenciado, se refiere singular y exclusivamente, a la caducidad registral de la prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles 2017, que ceteris paribus, esto es al margen de cualquier otro factor, normalmente ocurría el 21 de julio de 2021, pero que debido a normas emanadas de la pandemia se dilata hasta el 16 de octubre 2021, tal y como expresa el meritado Acuerdo. Tal caducidad se solicita en nuestro escrito de 21 de julio de 2021, de forma subsidiaria, siendo la petición principal, la caducidad ocurrida ipso iure y a petición del interesado, el 12 de junio de 2013. Caducidad, que torna en inexistentes las Prórrogas de Anotación Preventiva de Embargo de inmuebles de 2013 y 2017, que es lo que motiva la presente impugnación, si consideramos que precitada petición principal no se resuelve, ni mediante el acuerdo registral de 11 de agosto de 2021, ni a través del acuerdo que ahora se impugna de 14 de septiembre de 2021 y era condición imprescindible y necesaria para tratar la petición subsidiaria, petición principal y excluyente, que, a sabiendas, se ignora reiteramente [sic] en los Acuerdos registrales precitados, con indefensión para estas partes, que llevan solicitando la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, con anterioridad a que sucediera, y reiteradamente desde diciembre de 2020, y el Registro, una vez más, no resuelve, interesadamente, para no asumir su responsabilidad directa en los hechos que a continuación describiremos y fundamentaremos, por todo lo cual, la “suspensión” de la calificación, es en realidad, la denegación de la petición de caducidad solicitada el 21 de julio de 2021, ocurrida EL 12 de junio de 2013, que debió ser calificada favorablemente, y en la práctica, lo fue negativamente, puesto que el registro no inscribe, arbitraria e injustamente, la caducidad ocurrida el 12/6/2013, cancelando las prórrogas de 2011 y 2017. Actuación que es el objeto de la presente impugnación. Primero. Acontecimiento de enorme relieve, ninguneado por el Registro, es el hecho fehaciente, incuestionable e incuestionado, indubitado y acreditado, de que exactamente el 12 de junio de 2013, se produjo la caducidad registral del proceso administrativo tributario del que trae causa el Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, a cuyo respecto procede recordar otra vez: 1.1 El 25 de mayo de 2009, la AEAT dicta diligencia de embargo de inmuebles frente al hoy recurrente D. A. M. V. Con fecha 27 de mayo de 2009, la AEAT remite al Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de la misma fecha, certificando que en tal día la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, ya se había notificado al interesado, D. A. M. V. Tal certificación es falsa, por cuanto la Diligencia de Embargo de Inmuebles, se notificó al interesado a través del BOE de 5 de junio de 2009 como con posterioridad en sucesivos escritos ha reconocido la propia AEAT. El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de la AEAT subsiguiente a la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, datado a 2 de mayo de 2009, registradora lo inscribe 12 de junio de 2009, tal y corno aparece anotado en el Libro del Registro. 1.2 La AEAT solicita la prórroga de la Anotación, mediante Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo datado a 21 de junio de 2013, una vez ocurrida la caducidad del anterior Mandamiento, el 12 de junio de 2013, (jamás notificado al interesado como es obligado) que la registradora, ilegalmente y con gravísima indefensión para el afectado, anota el 9 de julio de 2013, tal y corno figura en l [sic] Libro del Registro, circunstancias sobre las cuales la Registradora se ha negado a certificar, resultando nula de pleno derecho tal actuación porque: El Artículo 86 de la Ley Hipotecaria declara. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la notificación misma. La Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, de fecha 9 de abril de 2018, en respuesta a la consulta vinculante formulada por el Colegio el 28 de febrero de ese año, en su FD. 4, establece: “Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento”. “De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico” 1.3 O sea, el 12 de junio de 2013 caducó la posibilidad de pedir la prórroga por parte de la AEAT, pero, no obstante, se solicita la prórroga del mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles el de 21 de junio de 2013, que se anota en el registro el 9 de julio de 2013, o sea ignorando la caducidad ocurrida ipso iure, el 12 de junio de 2013, y la petición del Sr M. al respecto, y con gravísimo perjuicio para este y su cónyuge. El principio “ipso iure” significa que un determinado acto jurídico produce un efecto automático. Esta expresión sirve para describir a aquellos efectos que se producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la norma jurídica. E ipso iure, en el presente caso, la caducidad ocurrió el 12 de junio de 2013 y este hecho fehaciente, se ignora a sabiendas y contumazmente el Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. 1.4 En 2017, se produce una nueva e ilegal prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 27 de mayo de 2009, prorrogado en 2013, siendo las anotaciones registrales las siguientes: “Anotación preventiva de embargo Letra E a favor de la entidad Hacienda Pública con CIF (…) titular, para responder de un total de 348.094,87 euros del principal; 18.859,11 euros por intereses y costas. Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 21 de junio de 2013 expedido en Badajoz, por el AEAT Delegación Especial de Extremadura, con número de expediente 100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013 a/folio 172, del Tomo 1894 del Archivo, Libro 200 del término municipal de Casar de Cáceres. Con fecha de hoy se ha expedido Certificación de Cargas, para surtir efectos en el procedimiento a que se refiere la adjunta anotación preventiva letra E.” Operada la caducidad ipso iure de la prórroga de la anotación preventiva de embargo de julio de 2013 respecto a la anotación de 12 de junio de 2009, ambas anotaciones, de 2009 y 2013, afectas a caducidad, la prórroga que aparece en la anotación del Registro de la Propiedad referente al año 2017, es la siguiente: “La anotación preventiva de embargo letra E se prorroga plazo de cuatro años más, por ordenarlo así en el mismo expediente administrativo con número de Diligencia 100923301740C, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria en Badajoz que la decretó, que adoptó esta medida con fecha de cinco de Julio de dos mil diecisiete, según resulta del mandamiento firmado electrónicamente por la Jefa del Equipo Regional de Recaudación, D.ª J. M. A. N., el día cinco de Julio de dos mil diecisiete, que ha motivado la anotación letra F, al folio 172 del Libro 200 de Casar de Cáceres, tomo 1894v general del archivo practicado con fecha 20 de julio de 2017”. En las mismas fechas se anotan los mandamientos referidos en las fincas registrales 16969 y 16983 del término municipal de Cáceres. Es patente la caducidad ocurrida. paralelamente acorde con la prescripción del proceso ejecutivo, con flagrante violación de los derechos fundamentales de estos recurrentes, recogidos en los Arts. 9.3, 14, 24.1 y 24.2 CE. 1.5 Ítem más, Producida la caducidad automática del procedimiento, este se torna en inexistente. La STS de 3/12/2020 (RC 8332/2019) ha fijado como doctrina jurisprudencial en materia de caducidad de los procedimientos. “...En ese esquema, la caducidad vendría a suponer la terminación del procedimiento por el mero transcurso del tiempo, en el plazo establecido.” “...Lo que se quiere decir es que se trataría de un procedimiento, ya caducado, pero no declarada la caducidad; y uno nuevo que sustituiría al anterior lo que obliga a concluir que en esas situaciones lo que hace la Administración es pura y simplemente obviar toda la normativa sobre los plazos que impone el Legislador para la tramitación, con lo cual se burlaría toda la regulación y la finalidad de la institución de la caducidad, que no ha sido fácil de imponer el Legislador a nuestra Administración, en garantía de los derechos de los ciudadanos.” Y es que, a la postre, si de un mismo procedimiento se trata, es lo cierto que en un procedimiento ya caducado por el transcurso del tiempo ya solo cabe adoptar una única decisión, una resolución que le pone fin, cual es la declaración formal de la caducidad del mismo y su archivo, sin que puedan dictarse resolución alguna de contenido distinto, menos aún, una resolución ordenando”. “Y en relación con eso, con el procedimiento, no puede olvidarse que cuando el antes mencionado precepto comunitario delimita este derecho fundamental, lo hace con la expresa referencia al derecho de los ciudadanos a que sus ‘asuntos’ se ‘traten... dentro de un plazo razonable’; por lo que cabría suscitar la pregunta de cómo se garantizarla ese derecho si la Administración desconoce la imposición legal y procede a continuar actuando en un procedimiento caducado como si dicha caducidad no se hubiera producido, dictando resoluciones que debemos considerar tácitamente como reapertura de un nuevo procedimiento. Sería volver a los tiempos, felizmente superados, preconstitucionales de tan nefasta trascendencia para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración...” “...porque si admitiésemos que la Administración puede seguir actuando en un procedimiento materialmente caducado, pero formalmente vigente, debemos concluir que el tiempo transcurrido, no es que comporte la caducidad del pretendido ser el primer procedimiento, sino del único procedimiento existente, es decir, de todo el procedimiento, el inicial y el pretendido reiniciado. Y con ello se dejaría sin eficacia alguna la institución de la caducidad, con su importante relevancia para los derechos de los ciudadanos; lo cual es tanto más contradictorio cuando, como hemos expuesto, está clara la regulación legal a favor de esa protección de los ciudadanos que debe servir para zanjar ese debate.” Segundo. 2.1 Existe una reiterada doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, actualmente DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desarrolla los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria, que metafísica y jurídicamente, es imposible que ignore la titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. Artículo 77. LH. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 86. LH Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. De precitada doctrina, y solo refiriéndonos a los últimos 22 años, hemos escogido como representativas las siguientes resoluciones: 1) Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.–“Vistos los artículos 1, 20, 38, 40, 82, 86 de la Ley Hipotecaria, 175 del Reglamento Hipotecario y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de marzo de 1999, 19 de marzo de 1999, 16 de abril de 1999, 15 de julio de 1999, 30 de septiembre de 1999, 30 de octubre de 1999 y 9 de diciembre de 1999. 3. Respecto a la cancelación de los asientos posteriores, es doctrina reiterada de este centro Directivo que la caducidad de las anotaciones preventivas opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, aunque no hayan sido canceladas, si no han sido prorrogadas previamente (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” 2) Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 13 de diciembre de 2003.–“La caducidad de las anotaciones preventivas se produce ‘ipso iure’, sin que, transcurrido su plazo de vigencia, puedan surtir efecto registral ni ser prorrogadas. Los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria establecen la extinción de las anotaciones por caducidad, cualquiera que sea el origen de las mismas, y, por tanto, también dicho modo de extinción afecta a las ordenadas por la autoridad judicial. Por otra parte, la cancelación de un asiento incurso en caducidad no es más que el reflejo formal de un hecho (la caducidad) que ha tenido lugar con anterioridad y que, por sí solo, ha producido la extinción del asiento.” 3) Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“De dicho precepto (art. 86.1 LH) se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” “Por otra parte. y de acuerdo con el vigente artículo 86 de la ley Hipotecaria, caducada la anotación preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el artículo 77 de la ley Hipotecaria al señalar que ‘las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción’. Registralmente, caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotación.” “Esta caducidad opera de forma automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral.” “La anotación caducada por transcurso del plazo de vigencia (computado desde su fecha; o en su caso desde la fecha de la anotación de prórroga) deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación” 4) Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“Esta caducidad opera de forma automática, ‘ipso iure’, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral. La anotación caducada deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada.” Así pues, según la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es deducible que el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, y pese a nuestras impugnacion.es, valida, ilegal, repetida y contumazmente, a través de sus actuaciones, una conducta previa arbitraria e injusta a favor de forma indiscutible, de la AEAT, permitiendo instrumentalizar a este organismo, un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, anotado en el registro el 12 de junio de 2009, caducado el 12 de junio de 2013 (solo hay que contar hasta cuatro, que son los años transcurridos desde el 12 de junio de 2009 al 12 de junio de 2013) y en consecuencia, arbitrariamente, el Registro da validez a un Mandamiento: – Caducado “ipso jure” desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013 2.2 Es tan maliciosa la conducta descrita, y cómplice, que, cuando el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Badajoz, requiere una serie de datos a la AEAT, en uno de los procesos penales que se siguen frente a la AEAT, este organismo, en cuanto a inscripciones registrales se refiere, remite al Juzgado unas Notas Simples, referidas a las propiedades inmobiliarias del recurrente, a 16 de noviembre 2020, que le han sido entregadas previamente por el Registro que la elabora, a la Agencia Tributaria, que maliciosamente, solo recogen las actuaciones de la AEAT, a través de Mandamientos de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013 y 2017, y por tanto como la caducidad se produce el 12 de junio de 2013, hay que contar los años para comprobar tal caducidad, desde el Mandamiento de 2009, anotado el 12 de junio de 2009, dato que no aparece en las notas simples referidas. Tres Las actuaciones de la AEAT se realizan a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, con patente malicia, puesto que, con fecha 28 de junio de 2016, la funcionaria Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, suscribe Acuerdo de “valoración de bienes inmuebles”, iniciando el proceso de enajenación, que se notifica al recurrente el 17 de julio 2016. En tal Acuerdo se informa que: “En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y como actuación previa a su enajenación (...), y se describe seguidamente la ‘finca rústica’ a enajenar ubicada en el ‘(…), 10190 Casar de Cáceres, Cáceres’ ‘y de una extensión de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados’ (7.499 mt2). Realizando la funcionaria autora del Acuerdo el siguiente ofrecimiento siendo consciente de su actuación irregular”: “este bien ha sido tasado con referencia a precios de mercado (sic) y de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por un importe de 194.309,13 euros, significándole que de existir disconformidad por su parte, dispone de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a esta notificación, para presentar valoración contradictoria, realizada por un perito adecuado(sic)” 3.1 El interesado responde a la funcionaria mediante escrito datado a 17 de agosto de 2016 que, dada su trascendencia, literalmente reproducimos y que por su expresividad y por economía narrativa no merece mayor comentario: “D. A. M. V., mayor de edad (…), ante esa Dependencia comparece y como mejor proceda digo: Que en relación al oficio por usted suscrito de ‘valoración de bienes muebles’ a 28 de junio de 2016, no procede valoración contradictoria alguna por cuanto existe sobre la anotación preventiva de embargo, subsiguiente a la Diligencia que cita y que maliciosamente no data, una caducidad, requerida en su día por esta parte al Registro, en base a lo establecido en al Art. 86 de la Ley Hipotecaria, y que opera ‘ipso iure’ careciendo de efectos jurídicos expresada anotación. Que esta actuación estimo, (…) a la normal actuación de la AEAT desde 2005 contra esta parte, y pervierte aún más, si cabe, el actual procedimiento ejecutivo seguido contra este suscribiente y que, está cronológicamente prescrito, por cuanto las ficticias interrupciones periódicas promovidas por esa Administración a través de la actuación de determinados funcionarios, consistentes en suscribir Diligencias argucia son inadmisibles a la luz de la Ley y el Derecho, al ser un montaje irregular a la vista de los resultados como he denunciado, y que estimo ningún Tribunal podría/podrá a futuro refrendar. De ahí el inadmisible, por ilegal y malicioso, oficio referenciado el 28 de junio de 2016. Que esta parte solicitó en su momento determinada documentación relativa a la prescripción del proceso tributario, proporcionándose meramente unas claves que solo permiten acceder a la relación de documentos, pero no a los documentos en sí mismos, por lo que solicito se me proporciones nuevas claves a los documentos pedidos en papel, ya que, en caso contrario, al no poder remitirlos al TEAC, se me situaría en indefensión.” 3.2 La funcionaria, ante la respuesta recibida, corre un tupido velo de cuatro años porque es consciente de la caducidad ocurrida en el Registro de la Propiedad, ipso iure y a petición de parte el 12 de junio de 2013, no existiendo respuesta y abandonando toda actuación al respecto, pero reabre el procedimiento, ilícitamente, con fecha 1 de julio de 2020, cuando elabora su “acuerdo de enajenación subasta” de la Finca Rústica precitada, y lo notifica al interesado con focha 20 de Agosto de 2020, justamente transcurridos cuatro años de la respuesta dada a su primera amenaza de enajenación. Susodicha funcionaria, con desprecio a toda legalidad, presenta, subrepticiamente, prórroga de Anotación Preventiva de Embargo ante el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres en 2017, que recientemente supimos fue anotada por el Registro, cuando las posibles prórrogas caducaron, irreversiblemente, el 12 de junio de 2013. Obvia, legal y racionalmente, estos recurrentes presumieron que, en 2016, el asunto enajenador estaba zanjado entonces por la caducidad antes expresada. Cuarto. Estos recurrentes, como ya se ha dicho, han reclamado insistentemente contra la actuación del Registro que hemos descrito y respecto a la cual la titular nunca se ha pronunciado, con violación de la obligación de resolver que le atañe, e infracción de la doctrina aplicable, ya que en el ámbito administrativo la doctrina del TS por todas STS 28/5/2020 (RC5751/2017):”Como muchas veces ha reiterado este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos (sic), por exigencia constitucional (Arts. 9.1; 9.3; 103.1; y 106 CE)” A la conducta del Registro, que hemos descrito, le es de aplicación lo declarado en la reciente STS 15 octubre de 2020 (Rec.1652/2019) “1. Es sabido que el principio de buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha sido positivizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 41 y 42), constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y –como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones– no consiste en una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –debe tener– plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos.” “2. Entre esos deberes está –y esto resulta indiscutible– el de dar respuesta motivada a las solicitudes que los ciudadanos formulen a la Administración y a que las consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas –especialmente cuando las mismas agraven la situación de los interesados o les imponga cargas, incluso si tienen la obligación de soportarlas– sean debidamente explicadas no solo por razones de pura cortesía, sino para que el sujeto pueda desplegar las acciones defensivas que el ordenamiento le ofrece.” 4.1 El recurrente, Sr M. V., reclama ante el Registro de la Propiedad mediante escritos de fechas 5 de diciembre de 2020; 26 de enero de 2021; 28 de enero de 2021. En escrito de 2 de febrero de 2021, se expresaba: “En base a lo expuesto ‘solicito se declare por ese registro de la propiedad, la caducidad ipso jure de la anotación preventiva de embargo de la AEAT de 21 de junio de 2013, anotada por el registro el 9 de julio, y como consecuencia la subsiguiente anotación de 2017, al ocurrir caducidad el 12 de junio de 2013.” La Sra. M. B., a 25 de marzo de 2021, requiere certificación respecto a la caducidad ocurrida ipso iure y por requerimiento del Sr M. en 2013, como consta inscrito en los Libros del Registro, solicitud reitera mediante de 6 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, tal y como literalmente reproducimos: “En su virtud, y por estar legitimados para solicitarlo por necesitarlo para su uso en los procesos judiciales en curso, solicito de esa Registradora emita certificación, clara, expresa y concisa, respecto a las fincas registrales 16.969; 16.983; 14.343, en cuanto a los siguientes datos registrales: 1.º Fecha exacta de los siguientes documentos: 1. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo Cautelar de Bienes Inmuebles de la AEAT-año 2008. 2. Prórroga de la anotación preventiva de embargo cautelar de bienes inmuebles de la AEAT-año 2008. 3. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2009. 4. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2013. 5. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2017. 2.º Fecha exacta en que los anteriores mandamientos, fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.º Se certifique, así mismo, respecto a si se certificó por la AEAT al Registro de la Propiedad, o meramente se informó, que acorde a Ley, precitados Mandamientos habían sido notificados previamente a su inscripción a la persona interesada, D. A. M. V. 4.º Se certifique, respecto a la caducidad de la prórroga, ocurrida el año 2013, ipso iure y a instancia de solicitud de D. A. M. V., y que Vd. anotó en ese Registro, como pudimos comprobar in situ durante nuestra entrevista de 16 de marzo de 2021, solicitud y respuesta a la misma, que se solicita se acompañe a la certificación requerida.” 4.2 Ante los acontecimientos que ocurren, nuevamente el 13 de abril de 2021 la Sra. M. se dirige a la Registradora, por escrito que dado su interés reproducimos: “(…) D.ª M. T. M. B. mayor de edad NIF (…) ante esa Registradora comparece y dice: Que con fechas 25 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021, presenté la solicitud de Certificado que en el documento adjunto se incluye. Ayer, después de presentar referido escrito, e informarme la empleada del Registro que nuestra solicitud no le constaba hubiera sido resuelta por esa Registradora, y marcharme de ese organismo, sobre unos 20 minutos después, la precitada empleada me remite SMS informándome de que tal certificado estaba a mi disposición, y me indica hasta su importe, alrededor de 200 euros. A la fecha de hoy, contacto con el Registro, y solicito entrevista con esa Registradora, ya sea hoy o mañana, porque una vez revise el certificado, si no se corresponde con lo pedido, temor que nos afecta dado lo sucedido anteriormente, desearía que se me explicara la causa de tal contumacia. Sobre la 12,45 del día de hoy, me telefonea esa registradora, que niega la entrevista pedida, ni hoy ni en fecha determinada, pese a que le argumente la necesidad imperiosa que me afecta de disponer de un certificado que, meramente se corresponda con la verdad, verdad que consta fehacientemente reflejada en las notas simples, ad hoc, pero que carecen del valor legal de un Certificado, y al hacerle preguntas al respecto, o sea si el certificado se corresponderá con lo solicitado por esta compareciente, me informa telefónicamente que el documento que pretende entregarme. es otra vez, una fotocopia. del libro de asientos, indescifrable, y anteriormente censurado, posiblemente la que ya rechacé, y además esa Registradora, me informa lo que ya sé, que mis reclamaciones las puedo encauzar, ante la jurisdicción civil, que con suerte con la saturación que sufren los Juzgados, tardarían años en resolver; y ello en la instancia, o sea cuando el certificado no sea de utilidad alguna, dada la evolución de los procesos judiciales emprendidos por esta parte. No acabo de entender la actitud de esa Registradora, cuando lo único que se la requiere es que colabore con la Justicia a lo que está obligada, certificando, a lo que también está obligada, sobre lo requerido. Por todo ello, se lo vamos a poner más fácil y vamos a simplificar nuestra petición, porque quizás esa Registradora está muy ocupada, y ahí radica el problema, por ello meramente se la solicita certifique, sobre los siguientes datos, que constan en notas simples que ya hemos entregado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de Badajoz, en proceso de protección de derechos fundamentales de la persona: 1.ª Consta en nota simple, que la AEAT remitió anotación preventiva de embargo de inmuebles, de 27 de mayo de 2009, al Registro, que certificaba que entonces ya se había notificado la diligencia de embargo de 25 de mayo de 2009, al interesado, D. A. M. V. 2.ª Consta en nota simple que precitado mandamiento se anota por el Registro, bajo la letra D, con fecha 12 de junio de 2019, al folio 171, del tomo 1894, del archivo. 3.ª Consta en nota simple que la AEAT presenta prórroga de mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles ante ese Registro, todo en base a la diligencia de embargo de inmuebles de fecha 25 de mayo de 2009, el 21 de junio de 2013, anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013, al folio 172, del tomo 1894 del archivo. Esperamos que con las facilidades que se le dan, tenga a bien. dar contenido fehaciente, a lo expresado en Notas Simples emitidas por ese Registro de la Propiedad Por ser Justicia que se pide en Cáceres a 13 de abril de 2021. Fdo M. T. M. B.” 4.3 Precedente cercano a nuestro escrito de 21 de julio de 2021 (…) es el escrito de la Sra. M. de 16 de abril de 2021, Y donde se insiste en la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2009, ipso iure y a instancia de parte, de cuyo contenido calle destacar lo siguiente. “Que certifique que, pese a tal caducidad, se inscribió mandamiento de anotación preventiva de embargo de 2013 y su prórroga de 2017, extemporáneamente, ignorando esta parte la causa de tales hechos, pero conociendo por nuestra parte, como por parte de la registradora, que las consecuencias de tal error, o posible negligencia, son ipso iure, nulas de pleno derecho referidas anotaciones, porque causando indefensión (en un proceso ejecutivo además prescrito, y con un mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, falso), la nulidad radical hace inexistente, acorde a Ley y Derecho, y jurisprudencia, las secuelas ilegales de ignorar las caducidades (procedimiento de enajenación subasta, iniciado en 2016/suspendido cuando se le espetó a la AEAT la caducidad ocurrida ipso iure en 2013 y por petición de parte, y continuado en 2020 por la AEAT, depues [sic] de conseguir la anotación 2017, caducidad sobre caducidad=doble caducidad). Para certificar al respecto, esa Registrador solo tiene que trasladar los datos registrales que remitió a la AEAT referentes a 2013 y 2017, pero eso sí introduciendo el mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, con fecha en que se apuntó en el Registro de la Propiedad, porque tal dato no consta incluido en la referida información proporcionada a la AEAT, por lo cual, no puede apreciarse la caducidad de 2013 respecto a 2009, circunstancia que la AEAT lleva instrumentalizando, refiriéndose exclusivamente a su Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 2017, como si fuera correcto, cuando está afecto a caducidad, por ser prórroga del Mandamiento caducado en 2013.” 4.4 Con fecha 21 de julio de 2021 se solicita la caducidad literalmente como sigue: “Se solicita, de ese Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres, se anote la caducidad registral ocurrida y por tanto se cancelen, las anotaciones de prórroga de mandamientos de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles, referentes a las fincas registrales 16.983, 16.969 y 14.343, de 21 de junio de 2013, de 5 de julio de 2017, por estar caducado el mandamieno [sic] de 27 de mayo de 2009, desde el 12 de junio de 2013, y/o subsidiaria y cautelarmente, por la caducidad ocurrida el 20 de julio de 2021, respecto al mandamiento de 517/2017 anotado el 20 de julio de/2017, cancelándose.”(sic) Mediante el Acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres (…), la Registradora evita pronunciarse una vez más, respecto a la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, resultando su “suspensión de la calificación”, que se expresa en el acuerdo de 11/8/2021, en realidad una calificación negativa, al referirse exclusivamente a nuestra petición subsidiaria, informándonos que tal caducidad, por efectos de la normativa relativa al Covid 19 (Acumulación Eventual o Subsidiaria: procede cuando el actor plantea pretensiones que se excluyen entre sí, caso en el cual propone una como principal y otra como subsidiaria, de acuerdo a la importancia que él les asigne), así que acorde a Ley y Doctrina, para pronunciarse sobre una petición subsidiaria, previamente se ha de resolver la petición principal. Lo que se hizo, fue ejercer, de la manera más amplia posible, agotando todas las eventualidades, el derecho a la defensa. Si estará esto ya completamente asumido en el mundo del Derecho, que la propia Lec lo prevé. Y ordena cómo tiene que hacerse en las demandas (art. 399.5): “las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente”. Nótese que incluso está previsto que pueda haber varias peticiones subsidiarias. Sin embargo, la Registradora, no asumiendo la veracidad de unos hechos incuestionables, nos emplaza para el 16 de octubre de 2021, dilatando una vez más lo que llevamos requiriendo insistentemente, y así consumir tiempo y no subsanar lo erróneamente actuado, mientras la AEAT desarrolla sus actuaciones en base unas prórrogas ya caducadas, pretendiendo acogerse a una supuesta pero no cierta, normalidad, la caducidad de 2017, respecto a 2013, lo cual es ilícito, porque, reconociendo de facto la caducidad de 12 de junio de 2013, no se pronuncia expresamente al respecto, porque es asumir su corresponsabilidad en la conducta de la AEAT, y por ello, resuelve sesgada e irregularmente la petición, respondiendo subsidiaria, e ignorando a sabiendas, una vez más, la principal. Cinco. Meramente a título dialéctico, procede indicar que el Artículo 42, Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma, Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, fue derogado, por el apartado dos de la disposición final cuarta del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 10 junio). Se reitera la derogación por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 30 marzo), no afecta obviamente, a la caducidad ocurrida en 2013, que hace inexistente la prórroga de tal año, y la de 2017, por lo que es un planteamiento falaz y maniqueo, toda cita que en el Acuerdo de 11 de agosto de 2021. realiza la Registradora, respecto a la ampliación del plazo de caducidad, de un Mandamiento legalmente extinto, ficticio y virtual. Seis. A cualquier observador imparcial debe causar asombro la conducta de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres respecto a las múltiples y reiteradas vulneraciones que su conducta ha provocado, respecto al Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, que seguidamente relacionamos. 6.1 Artículo 77. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 79. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de las inscripciones o anotaciones preventivas: 2.º Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado. 6.2 Artículo 82. Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. 6.3 Artículo 86. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. 6.4 Artículo 18. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Artículo 24. Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma. Artículo 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. 6.5 Artículo 40. La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el Título VI. 6.6 Artículo 76. Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Artículo 99. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos en cuya virtud se soliciten las cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en los términos prevenidos para las inscripciones por los artículos dieciocho y concordantes de esta Ley. 6.7 Artículo 223. Los Registradores expedirán certificaciones: 1.º De los asientos de todas clases que existan en el Registro, relativos a bienes o a personas que los interesados señalen. 2.º De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre ciertos bienes, o a cargo o en favor de personas señaladas. Artículo 224. Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, bien a un período fijo y señalado, bien a todo el transcurrido desde la primitiva instalación o reconstitución, en su caso, del Registro respectivo. Artículo 225. La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro. Artículo 228. Si el Registrador se niega a la manifestación de los libros del Registro o a expedir certificación de lo que en ellos conste, el interesado podrá recurrir la decisión de éste ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 327 y 328 de la ley Hipotecaria en lo relativo a la legitimación para recurrir, plazo, lugar de presentación del recurso, formación del expediente y contenido del informe del Registrador, plazo de resolución y revisión jurisdiccional de ésta. Artículo 236. Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el más breve término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente a cuatro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de acreditar. Siete. 7.1 En definitiva, las actuaciones registrales impugnadas, son nulas con total evidencia, y de una gravedad difícilmente igualable, y de unas consecuencias igualmente graves para los recurrentes, realizadas de forma consciente, a sabiendas, por la registradora, por cuanto, además de las actuaciones registrales realizadas por el recurrente en 2012-2013 respecto a la caducidad, por último, exactamente el 13 de junio de2003, el recurrente reclamó sus derechos por escrito ante la registradora, que de forma intencionada, porque es imposible haber incurrido en error, en 2013 prórroga un mandamiento caducado, repitiendo acción en 2017. Actuación de la que es continuidad la conducta del Registro desde finales del año 2020 y principios del 2021, no respondiendo ni a las reclamaciones de los recurrentes ni a sus peticiones de certificación repetidamente realizadas, concluyendo todo este cúmulo de ilegalidades, no cancelando la anotación de prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de 27 de mayo de 2009, por caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se solicita mediante escrito de 21 de julio de 2021, respondido mediante escrito de 11 de agosto de 2021 y 14 de septiembre de 2021 y que nos ha obligado a recurrir repetidamente ante esta Dirección General. A mayor abundamiento, cuando estos recurrentes impugnan el escrito del Registro de 11 de agosto de 2021, notificado el 10 de septiembre de 2021, por incongruente, impugnación que se efectúa el mismo 10 de septiembre 2021 (…), tal impugnación a la fecha irresuelta, pretende subsumiese en el también incongruente Acuerdo registral de 14 de septiembre de 2021, lo cual es improcedente. La Registradora estaba obligada a cancelar la anotación de prórroga de Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013, ocurrida el 12 de junio de 2013 porque, reiteramos el mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, está: – Caducado ipso iure desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013. Y estas circunstancias, por muchas actuaciones tan omisivas como dolosas, protagonice la Sra. registradora, nunca cambiarán. 7.2 Según Sentencia de la Sala tercera del TS de 22 de diciembre de 2020 (rec.2931/2018) que fija doctrina y declara: “Debemos añadir una cuestión común a cualquier acto administrativo, incluido los tributarios, que es el grado de invalidez, la anulabilidad y la nulidad de pleno derecho (...) El acto nulo de pleno derecho carece de eficacia alguna y ab initio no produce de efectos jurídicos sin necesidad de su previa impugnación;” El acto nulo radical es ineficaz desde que se dicta, lo que afecta al mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, y el acto nulo, la nulidad, se ha producido ipso iure, y a instancia de parte, como costa en el Registro de la Propiedad y la titular contumazmente se ha negado a certificar. Como tiene señalado constantemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y “Jurisprudencia menor” de las Audiencias Provinciales, la acción de nulidad de pleno derecho es imprescriptible de acuerdo con la antigua regla de que lo nulo en su inicio no puede ser convalidado por la acción del tiempo. Una nulidad radical, es equiparable a la inexistencia. Y el conocimiento como acto receptivo que es indispensable para poder actuar pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o ignorado (anotaciones registrales de 2013 y 2017), no equivale al consentimiento, acto valorativo de manifestación expresa o tácita de la voluntad/Sentencia TS de abril 2001 y hace que el negocio jurídico sea inexistente. El art. 47.1 Ley 39/2015 contiene una lista cerrada de supuestos de nulidad de pleno derecho (STS de 7 de octubre de 2010), cuyas características del acto administrativo nulo se caracteriza por: No puede ser objeto de convalidación. El consentimiento del afectado no lo sana. Puede ser impugnado en cualquier momento (no hace falta impugnarlo en plazo) ya que la acción de nulidad no prescribe. Los efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento en el que el acto se produce, conllevando la ineficacia de los ulteriores actos que traen causa del que se ha declarado nulo (STS de 3 de abril de 2000). Supuestos del acto administrativo nulo Actos que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional El supuesto recogido en el art. 47.1 a) Ley 39/2015 se trata de un motivo de nulidad reconocido y derivado directamente de la Constitución (TS de 27 de septiembre de 2000) y que se introduce por la Ley 39/2015 entre los casos que suponen la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Así, es nulo de pleno derecho el acto cuando se produce: “La vulneración de los derechos fundamentales dado su sentido nuclearmente esencial en un Estado de Derecho” (STS de 26 de junio de 1992). Ello supone establecer el supuesto de nulidad en los términos ya fijado por el TC, que afirma que se lesionan derechos y libertades de amparo constitucional cuando se vulnera “aquella parle del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten real, concreta y efectivamente protegidos” (STC 13/1984 de 3 de febrero de 1984). Este supuesto de nulidad no alcanza a todos los derechos reconocidos en la Constitución al referirse a los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, sino que, tal y como se establece en el art. 53 de la Constitución Española, se concretan en las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 CE y en la Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE y art. 30.2 CE). En su virtud, mediante el presente escrito, se solicita, de esa Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica, que admitiendo el presente escrito de Recurso, y sus Documentos anexos, anule, revoque, o deje sin efecto, el Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, dictando Resolución acorde a nuestros pedimentos, esto es, calificando positivamente nuestra solicitud de caducidad del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo e Inmuebles, de la AEAT, de 27 de mayo de 2009, declarando que se produjo su caducidad ipso iure el 12 de junio de 2013, siendo por tanto inexistentes las Prórrogas de tal Mandamiento de 2013, y 2017 que se solicita sean canceladas, acorde a Ley, como se describe y detalla en el presente Recurso, lo cual debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Es Justicia que se pide en Cáceres a 6 de octubre de 2021. Otrosí digo. Que en base a lo preceptuado en el Art. 117. Suspensión de la ejecución de la LPA 39/2015: “1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compela resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.” Se cumplen ambos requisitos, en primer lugar, con la Anotación Preventiva de Embargo de 2009 sin cancelarse registralmente, debido a la contumacia del Registro, se podría producir una situación irreversible o de muy difícil reparación, existiendo un periculum in mora al respecto a la vez que una apariencia de buen derecho, ya que nuestro planteamiento, al final se sustenta en contar cuatro años desde 2009 a 2013. Así mismo el Recurso se plantea en base a la infracción del Art. 9.3 y 103.1 de la CE, relativos a los principios de Seguridad Jurídica y de Legalidad, que brillan por su ausencia en la actuación registral, pero también en los Arts. 14 y 24 de la CE, al recibir estos recurrentes un trato discriminatorio respecto al otorgado a la AEAT, a la que se admite contra legem prórroga tras prórroga de un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo caducado El 12 de junio de 2013, y que la AEAT desde 2016 conoce tal caducidad registral que tratamos, aunque solo fuera porque el recurrente se lo indicó en agosto de 2016 a la Jefa del Departamento Regional de Recaudación, E. R. G., mediante escrito que en el presente recurso se ha reproducido. Trato discriminatorio que ha supuesto una notable indefensión para los recurrentes, que persiste, quienes, planteando ante el registro desde diciembre de 2020, la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, jamás han obtenido respuesta alguna, y tampoco se responde en el acuerdo que se impugna de 11 de agosto de 2021. Llegados a este punto, una cuestión estimamos obvia, la Registradora, hay que concluir, no asume la realidad de la caducidad de 12 de junio de 2013, aunque sea de forma tan grosera y grotesca, como se contiene en su Acuerdo de 11 de septiembre de 2021, donde ignora otra vez nuestro requerimiento al respecto, y es que, meritada Registradora, pudo cometer errores, en su momento, y quizás no intencionadamente, pero cuando quienes los sufrieron le piden repetidamente una rectificación acorde a Ley para evitar males mayores, no rectificar es ya una conducta ilegal en su máxima expresión, que se produce con pleno conocimiento de causa. Consecuencia y conclusión El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de 27 de mayo de 2009 de la AEAT, fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con los números 14443, 16983 y 16969, anotados con fecha 12 de junio de 2009, caducó y se extinguió, radical y automáticamente, ipso iure, el día 12 de junio de 20131 y las prórrogas subsiguientes de 2013 y 2017, son, por imperativo legal, y según doctrina, al margen de cualquier circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que puedan producir ningún efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han efectuado.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su nota de calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 17, 20, 24, 32, 38, 66, 82, 86 y 326 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de junio y 1 de septiembre de 2000, 10 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 25 de junio y 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 27 de septiembre de 2003, 9 de junio de 2009, 11 de marzo de 2010, 25 de octubre de 2011, 19 de mayo, 20 de julio y 17 de diciembre de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017, 12 de enero y 9 de abril de 2018 (ésta en consulta vinculante formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España) y 22 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de junio de 2020 y 20 de abril de 2021. 1. Como cuestión preliminar previa, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente, por lo que atañe al presente caso, valorar la extensión de asientos ya practicados, o las actuaciones efectuadas por la Agencia Tributaria, o la supuesta conducta de este organismo o de los registradores que han sido o son titulares del Registro, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación registral. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. 2. Entrando en el fondo del recurso, es necesario, para su resolución, examinar el historial registral de las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres. En dicho historial figuran extendidas las anotaciones preventivas de embargo cautelar –letras A– a favor del Estado Español con fecha 30 de julio de 2008. Por las respectivas anotaciones letras B), de fecha 2 de enero de 2009, se prorrogaron las citadas anotaciones letras A) por cuatro años más. Por las anotaciones letras C), de fecha 12 de junio de 2009, las anteriores anotaciones preventivas de embargo cautelar letras A) prorrogadas por las B), se convirtieron «en definitivas». Por las anotaciones letras D), de fecha 12 de junio de 2009, se amplían los importes de los correspondientes embargos, tomándose «anotación preventiva de embargo a favor de la Hacienda Pública por la cantidad expresada y en los términos expuestos». Las anteriores anotaciones, A) prorrogada por la B), convertidas en definitivas por la C) y ampliadas por la D), se cancelaron por caducidad en virtud de instancia, con fecha 15 de abril de 2013. En virtud de mandamiento expedido el día 21 de junio de 2013, se extienden, con fecha 9 de julio de 2013, las anotaciones letras E), a favor de Hacienda Pública, Con fecha 20 de julio de 2017, las citadas anotaciones letras E) son prorrogadas por las respectivas anotaciones letras F). 3. Por lo tanto, en contra de lo que parece desprenderse del escrito de recurso, las anotaciones letra E) no son prórrogas de las originarias anotaciones letras A) que constan canceladas por caducidad, sino que son nuevas anotaciones, aun cuando pudieran derivar del mismo procedimiento. La doctrina tradicional de este Centro Directivo parte de lo establecido en el artículo 86.1.º de la Ley Hipotecaria: «Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos». De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular. Ahora bien, la cancelación por caducidad de las anotaciones de embargo no impide la extensión de nuevas anotaciones, con la prioridad que les corresponda al tiempo de su extensión. Por lo tanto, en este supuesto la caducidad de las anotaciones letras A), no implica que el procedimiento de recaudación por vía de apremio termine, y estando en curso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta puede dictar nuevos mandamientos de embargo, ordenando nuevas anotaciones preventivas, así como sus respectivas prórrogas, que es lo que ha sucedido con las anotaciones E) y F). Y, como se ha dicho anteriormente, extendidos los respectivos asientos, éstos se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales y despliegan todos sus efectos en tanto no se tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia. 4. Respecto al contenido de la nota de calificación, hay que tener en cuenta la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020, por la que responde a la consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación a la caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: «Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el trascurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha». De esta misma forma, mediante la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley, se levanta la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales establecidos mediante el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, permitiendo de este modo acompasar el levantamiento de los plazos de caducidad de los asientos registrales con el de los plazos administrativos y el de los plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, respectivamente, el 1 y el 4 de junio, mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 dispone en su apartado primero que: «El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del real Decreto ley 8/20220, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42». El día de la expresa derogación del artículo 42 tuvo lugar el día 10 de junio de 2020, en el mismo día de la publicación de la Instrucción de 4 de junio de 2020. La Dirección General ha acordado resolver la consulta por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, sobre la forma de cómputo de los plazos de vigencia de los asientos, dados los días en que han estado interrumpidos en los siguientes términos: «Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de alarma, hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles desde su vigencia conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha según el artículo 86 de la Ley Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales.» Así pues, en materia de anotaciones preventivas sujetas al plazo ordinario del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, practicado y vigente a fecha 14 de marzo de 2020, el cómputo para su caducidad habrá de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma. Este plazo en días naturales, como excepción al artículo 109 del Reglamento Hipotecario, se justifica en la propia singularidad de las circunstancias que han motivado el estado de alarma. Nótese, en cualquier caso, que la suma de 88 días naturales a la fecha en que, de no haber mediado la suspensión por el estado de alarma se hubiese producido la caducidad, arroja el mismo resultado que el que supondría reanudar el cómputo desde el día 10 en junio de 2020 por el número de días que faltasen para su caducidad; es decir, se trata de una forma de computar más sencilla que simplifica el cálculo sin variar su resultado, cumpliendo así con lo previsto por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 5. En el supuesto de este expediente, se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres, prorrogadas con fecha 20 de julio de 2017. Teniendo en cuenta los cómputos antes mencionados al estar comprendidas dichas anotaciones entre las afectadas por la situación provocada por la Covid 19, la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produjo hasta el día 16 de octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la que la cancelación fue solicitada esta no podía efectuarse. Debe tenerse en cuenta que dicha ampliación especial de plazos opera a todos los efectos, también respecto al titular de las anotaciones, Hacienda Pública, por lo que, si durante la ampliación de su vigencia se ordena una nueva prórroga, esta impediría igualmente la cancelación por caducidad pretendida por los interesados, dado que ello supondría, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, un nuevo período de cuatro años de vigencia de las anotaciones referidas. Procede, por tanto, confirmarse la nota de calificación. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. y don A. M. V. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña Ana Isabel Baltar Martín, por la que suspende la cancelación de determinadas anotaciones de embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hechos I Mediante instancia, de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. solicitaban la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo que gravaba las fincas registrales números 16.969 y 16.983, del término municipal de Cáceres, y 14.343, del término municipal de Casar de Cáceres. II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 4419 Diario: 184 Asiento: 456. Fecha del documento: 21 de julio de 2021. Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad sobre la calificación del documento presentado por doña M. T. M. B., que motivó el Asiento de referencia (Artículos 3, 18, 19 bis y 323 LH). Hechos. I. El documento que consta del encabezamiento, fue presentado en este Registro con los datos que resultan del mismo. II. Con esta fecha y en relación a las cláusulas o estipulaciones de dicho documento que resultan afectadas por la calificación, en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo: Fundamentos de Derecho En el precedente documento se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16969 del término municipal de Cáceres, 16983 del término municipal de Cáceres, y 14343 del término municipal de Casar De Cáceres, prorrogadas con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete. Teniendo en cuenta la especial situación provocada por la Covid 19, se hace constar que la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se producirá hasta el día 16 de octubre de 2021 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de diecisiete de marzo y 21/2020 de 9 de junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a la fecha de caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva. Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 11 de junio de 2020, de consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE 10 de junio de 2020), en relación a los plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: “Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha”. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 (BOE del mismo día 10 de junio de 2020) dispone en su apartado primero que: “El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42”. Esta Dirección General acuerda: Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo en que entró en vigor el estado de alarma, hasta el día 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles de su vigencia conforme al artículo 17 de la ley hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión. 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha, según el artículo 86 de la ley hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar además los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales. Acuerdo. Se suspende la inscripción del documento presentado en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por plazo de sesenta días contados desde la fecha de la notificación. Contra el presente acuerdo de calificación de la Registradora los interesados podrán (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel Baltar Martín registrador/a de Registro Propiedad de Cáceres 2 a día catorce de septiembre del dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. y don A. M. V. interpusieron recurso el día 6 de octubre de 2021 en base a las siguientes alegaciones: «Motivos Previo. El Acuerdo de 11 de agosto de 2021, referenciado, se refiere singular y exclusivamente, a la caducidad registral de la prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles 2017, que ceteris paribus, esto es al margen de cualquier otro factor, normalmente ocurría el 21 de julio de 2021, pero que debido a normas emanadas de la pandemia se dilata hasta el 16 de octubre 2021, tal y como expresa el meritado Acuerdo. Tal caducidad se solicita en nuestro escrito de 21 de julio de 2021, de forma subsidiaria, siendo la petición principal, la caducidad ocurrida ipso iure y a petición del interesado, el 12 de junio de 2013. Caducidad, que torna en inexistentes las Prórrogas de Anotación Preventiva de Embargo de inmuebles de 2013 y 2017, que es lo que motiva la presente impugnación, si consideramos que precitada petición principal no se resuelve, ni mediante el acuerdo registral de 11 de agosto de 2021, ni a través del acuerdo que ahora se impugna de 14 de septiembre de 2021 y era condición imprescindible y necesaria para tratar la petición subsidiaria, petición principal y excluyente, que, a sabiendas, se ignora reiteramente [sic] en los Acuerdos registrales precitados, con indefensión para estas partes, que llevan solicitando la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, con anterioridad a que sucediera, y reiteradamente desde diciembre de 2020, y el Registro, una vez más, no resuelve, interesadamente, para no asumir su responsabilidad directa en los hechos que a continuación describiremos y fundamentaremos, por todo lo cual, la “suspensión” de la calificación, es en realidad, la denegación de la petición de caducidad solicitada el 21 de julio de 2021, ocurrida EL 12 de junio de 2013, que debió ser calificada favorablemente, y en la práctica, lo fue negativamente, puesto que el registro no inscribe, arbitraria e injustamente, la caducidad ocurrida el 12/6/2013, cancelando las prórrogas de 2011 y 2017. Actuación que es el objeto de la presente impugnación. Primero. Acontecimiento de enorme relieve, ninguneado por el Registro, es el hecho fehaciente, incuestionable e incuestionado, indubitado y acreditado, de que exactamente el 12 de junio de 2013, se produjo la caducidad registral del proceso administrativo tributario del que trae causa el Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, a cuyo respecto procede recordar otra vez: 1.1 El 25 de mayo de 2009, la AEAT dicta diligencia de embargo de inmuebles frente al hoy recurrente D. A. M. V. Con fecha 27 de mayo de 2009, la AEAT remite al Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de la misma fecha, certificando que en tal día la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, ya se había notificado al interesado, D. A. M. V. Tal certificación es falsa, por cuanto la Diligencia de Embargo de Inmuebles, se notificó al interesado a través del BOE de 5 de junio de 2009 como con posterioridad en sucesivos escritos ha reconocido la propia AEAT. El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de la AEAT subsiguiente a la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, datado a 2 de mayo de 2009, registradora lo inscribe 12 de junio de 2009, tal y corno aparece anotado en el Libro del Registro. 1.2 La AEAT solicita la prórroga de la Anotación, mediante Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo datado a 21 de junio de 2013, una vez ocurrida la caducidad del anterior Mandamiento, el 12 de junio de 2013, (jamás notificado al interesado como es obligado) que la registradora, ilegalmente y con gravísima indefensión para el afectado, anota el 9 de julio de 2013, tal y corno figura en l [sic] Libro del Registro, circunstancias sobre las cuales la Registradora se ha negado a certificar, resultando nula de pleno derecho tal actuación porque: El Artículo 86 de la Ley Hipotecaria declara. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la notificación misma. La Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, de fecha 9 de abril de 2018, en respuesta a la consulta vinculante formulada por el Colegio el 28 de febrero de ese año, en su FD. 4, establece: “Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento”. “De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico” 1.3 O sea, el 12 de junio de 2013 caducó la posibilidad de pedir la prórroga por parte de la AEAT, pero, no obstante, se solicita la prórroga del mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles el de 21 de junio de 2013, que se anota en el registro el 9 de julio de 2013, o sea ignorando la caducidad ocurrida ipso iure, el 12 de junio de 2013, y la petición del Sr M. al respecto, y con gravísimo perjuicio para este y su cónyuge. El principio “ipso iure” significa que un determinado acto jurídico produce un efecto automático. Esta expresión sirve para describir a aquellos efectos que se producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la norma jurídica. E ipso iure, en el presente caso, la caducidad ocurrió el 12 de junio de 2013 y este hecho fehaciente, se ignora a sabiendas y contumazmente el Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. 1.4 En 2017, se produce una nueva e ilegal prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 27 de mayo de 2009, prorrogado en 2013, siendo las anotaciones registrales las siguientes: “Anotación preventiva de embargo Letra E a favor de la entidad Hacienda Pública con CIF (…) titular, para responder de un total de 348.094,87 euros del principal; 18.859,11 euros por intereses y costas. Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 21 de junio de 2013 expedido en Badajoz, por el AEAT Delegación Especial de Extremadura, con número de expediente 100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013 a/folio 172, del Tomo 1894 del Archivo, Libro 200 del término municipal de Casar de Cáceres. Con fecha de hoy se ha expedido Certificación de Cargas, para surtir efectos en el procedimiento a que se refiere la adjunta anotación preventiva letra E.” Operada la caducidad ipso iure de la prórroga de la anotación preventiva de embargo de julio de 2013 respecto a la anotación de 12 de junio de 2009, ambas anotaciones, de 2009 y 2013, afectas a caducidad, la prórroga que aparece en la anotación del Registro de la Propiedad referente al año 2017, es la siguiente: “La anotación preventiva de embargo letra E se prorroga plazo de cuatro años más, por ordenarlo así en el mismo expediente administrativo con número de Diligencia 100923301740C, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria en Badajoz que la decretó, que adoptó esta medida con fecha de cinco de Julio de dos mil diecisiete, según resulta del mandamiento firmado electrónicamente por la Jefa del Equipo Regional de Recaudación, D.ª J. M. A. N., el día cinco de Julio de dos mil diecisiete, que ha motivado la anotación letra F, al folio 172 del Libro 200 de Casar de Cáceres, tomo 1894v general del archivo practicado con fecha 20 de julio de 2017”. En las mismas fechas se anotan los mandamientos referidos en las fincas registrales 16969 y 16983 del término municipal de Cáceres. Es patente la caducidad ocurrida. paralelamente acorde con la prescripción del proceso ejecutivo, con flagrante violación de los derechos fundamentales de estos recurrentes, recogidos en los Arts. 9.3, 14, 24.1 y 24.2 CE. 1.5 Ítem más, Producida la caducidad automática del procedimiento, este se torna en inexistente. La STS de 3/12/2020 (RC 8332/2019) ha fijado como doctrina jurisprudencial en materia de caducidad de los procedimientos. “...En ese esquema, la caducidad vendría a suponer la terminación del procedimiento por el mero transcurso del tiempo, en el plazo establecido.” “...Lo que se quiere decir es que se trataría de un procedimiento, ya caducado, pero no declarada la caducidad; y uno nuevo que sustituiría al anterior lo que obliga a concluir que en esas situaciones lo que hace la Administración es pura y simplemente obviar toda la normativa sobre los plazos que impone el Legislador para la tramitación, con lo cual se burlaría toda la regulación y la finalidad de la institución de la caducidad, que no ha sido fácil de imponer el Legislador a nuestra Administración, en garantía de los derechos de los ciudadanos.” Y es que, a la postre, si de un mismo procedimiento se trata, es lo cierto que en un procedimiento ya caducado por el transcurso del tiempo ya solo cabe adoptar una única decisión, una resolución que le pone fin, cual es la declaración formal de la caducidad del mismo y su archivo, sin que puedan dictarse resolución alguna de contenido distinto, menos aún, una resolución ordenando”. “Y en relación con eso, con el procedimiento, no puede olvidarse que cuando el antes mencionado precepto comunitario delimita este derecho fundamental, lo hace con la expresa referencia al derecho de los ciudadanos a que sus ‘asuntos’ se ‘traten... dentro de un plazo razonable’; por lo que cabría suscitar la pregunta de cómo se garantizarla ese derecho si la Administración desconoce la imposición legal y procede a continuar actuando en un procedimiento caducado como si dicha caducidad no se hubiera producido, dictando resoluciones que debemos considerar tácitamente como reapertura de un nuevo procedimiento. Sería volver a los tiempos, felizmente superados, preconstitucionales de tan nefasta trascendencia para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración...” “...porque si admitiésemos que la Administración puede seguir actuando en un procedimiento materialmente caducado, pero formalmente vigente, debemos concluir que el tiempo transcurrido, no es que comporte la caducidad del pretendido ser el primer procedimiento, sino del único procedimiento existente, es decir, de todo el procedimiento, el inicial y el pretendido reiniciado. Y con ello se dejaría sin eficacia alguna la institución de la caducidad, con su importante relevancia para los derechos de los ciudadanos; lo cual es tanto más contradictorio cuando, como hemos expuesto, está clara la regulación legal a favor de esa protección de los ciudadanos que debe servir para zanjar ese debate.” Segundo. 2.1 Existe una reiterada doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, actualmente DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desarrolla los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria, que metafísica y jurídicamente, es imposible que ignore la titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. Artículo 77. LH. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 86. LH Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. De precitada doctrina, y solo refiriéndonos a los últimos 22 años, hemos escogido como representativas las siguientes resoluciones: 1) Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.–“Vistos los artículos 1, 20, 38, 40, 82, 86 de la Ley Hipotecaria, 175 del Reglamento Hipotecario y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de marzo de 1999, 19 de marzo de 1999, 16 de abril de 1999, 15 de julio de 1999, 30 de septiembre de 1999, 30 de octubre de 1999 y 9 de diciembre de 1999. 3. Respecto a la cancelación de los asientos posteriores, es doctrina reiterada de este centro Directivo que la caducidad de las anotaciones preventivas opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, aunque no hayan sido canceladas, si no han sido prorrogadas previamente (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” 2) Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 13 de diciembre de 2003.–“La caducidad de las anotaciones preventivas se produce ‘ipso iure’, sin que, transcurrido su plazo de vigencia, puedan surtir efecto registral ni ser prorrogadas. Los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria establecen la extinción de las anotaciones por caducidad, cualquiera que sea el origen de las mismas, y, por tanto, también dicho modo de extinción afecta a las ordenadas por la autoridad judicial. Por otra parte, la cancelación de un asiento incurso en caducidad no es más que el reflejo formal de un hecho (la caducidad) que ha tenido lugar con anterioridad y que, por sí solo, ha producido la extinción del asiento.” 3) Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“De dicho precepto (art. 86.1 LH) se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” “Por otra parte. y de acuerdo con el vigente artículo 86 de la ley Hipotecaria, caducada la anotación preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el artículo 77 de la ley Hipotecaria al señalar que ‘las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción’. Registralmente, caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotación.” “Esta caducidad opera de forma automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral.” “La anotación caducada por transcurso del plazo de vigencia (computado desde su fecha; o en su caso desde la fecha de la anotación de prórroga) deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación” 4) Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“Esta caducidad opera de forma automática, ‘ipso iure’, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral. La anotación caducada deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada.” Así pues, según la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es deducible que el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, y pese a nuestras impugnacion.es, valida, ilegal, repetida y contumazmente, a través de sus actuaciones, una conducta previa arbitraria e injusta a favor de forma indiscutible, de la AEAT, permitiendo instrumentalizar a este organismo, un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, anotado en el registro el 12 de junio de 2009, caducado el 12 de junio de 2013 (solo hay que contar hasta cuatro, que son los años transcurridos desde el 12 de junio de 2009 al 12 de junio de 2013) y en consecuencia, arbitrariamente, el Registro da validez a un Mandamiento: – Caducado “ipso jure” desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013 2.2 Es tan maliciosa la conducta descrita, y cómplice, que, cuando el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Badajoz, requiere una serie de datos a la AEAT, en uno de los procesos penales que se siguen frente a la AEAT, este organismo, en cuanto a inscripciones registrales se refiere, remite al Juzgado unas Notas Simples, referidas a las propiedades inmobiliarias del recurrente, a 16 de noviembre 2020, que le han sido entregadas previamente por el Registro que la elabora, a la Agencia Tributaria, que maliciosamente, solo recogen las actuaciones de la AEAT, a través de Mandamientos de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013 y 2017, y por tanto como la caducidad se produce el 12 de junio de 2013, hay que contar los años para comprobar tal caducidad, desde el Mandamiento de 2009, anotado el 12 de junio de 2009, dato que no aparece en las notas simples referidas. Tres Las actuaciones de la AEAT se realizan a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, con patente malicia, puesto que, con fecha 28 de junio de 2016, la funcionaria Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, suscribe Acuerdo de “valoración de bienes inmuebles”, iniciando el proceso de enajenación, que se notifica al recurrente el 17 de julio 2016. En tal Acuerdo se informa que: “En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y como actuación previa a su enajenación (...), y se describe seguidamente la ‘finca rústica’ a enajenar ubicada en el ‘(…), 10190 Casar de Cáceres, Cáceres’ ‘y de una extensión de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados’ (7.499 mt2). Realizando la funcionaria autora del Acuerdo el siguiente ofrecimiento siendo consciente de su actuación irregular”: “este bien ha sido tasado con referencia a precios de mercado (sic) y de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por un importe de 194.309,13 euros, significándole que de existir disconformidad por su parte, dispone de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a esta notificación, para presentar valoración contradictoria, realizada por un perito adecuado(sic)” 3.1 El interesado responde a la funcionaria mediante escrito datado a 17 de agosto de 2016 que, dada su trascendencia, literalmente reproducimos y que por su expresividad y por economía narrativa no merece mayor comentario: “D. A. M. V., mayor de edad (…), ante esa Dependencia comparece y como mejor proceda digo: Que en relación al oficio por usted suscrito de ‘valoración de bienes muebles’ a 28 de junio de 2016, no procede valoración contradictoria alguna por cuanto existe sobre la anotación preventiva de embargo, subsiguiente a la Diligencia que cita y que maliciosamente no data, una caducidad, requerida en su día por esta parte al Registro, en base a lo establecido en al Art. 86 de la Ley Hipotecaria, y que opera ‘ipso iure’ careciendo de efectos jurídicos expresada anotación. Que esta actuación estimo, (…) a la normal actuación de la AEAT desde 2005 contra esta parte, y pervierte aún más, si cabe, el actual procedimiento ejecutivo seguido contra este suscribiente y que, está cronológicamente prescrito, por cuanto las ficticias interrupciones periódicas promovidas por esa Administración a través de la actuación de determinados funcionarios, consistentes en suscribir Diligencias argucia son inadmisibles a la luz de la Ley y el Derecho, al ser un montaje irregular a la vista de los resultados como he denunciado, y que estimo ningún Tribunal podría/podrá a futuro refrendar. De ahí el inadmisible, por ilegal y malicioso, oficio referenciado el 28 de junio de 2016. Que esta parte solicitó en su momento determinada documentación relativa a la prescripción del proceso tributario, proporcionándose meramente unas claves que solo permiten acceder a la relación de documentos, pero no a los documentos en sí mismos, por lo que solicito se me proporciones nuevas claves a los documentos pedidos en papel, ya que, en caso contrario, al no poder remitirlos al TEAC, se me situaría en indefensión.” 3.2 La funcionaria, ante la respuesta recibida, corre un tupido velo de cuatro años porque es consciente de la caducidad ocurrida en el Registro de la Propiedad, ipso iure y a petición de parte el 12 de junio de 2013, no existiendo respuesta y abandonando toda actuación al respecto, pero reabre el procedimiento, ilícitamente, con fecha 1 de julio de 2020, cuando elabora su “acuerdo de enajenación subasta” de la Finca Rústica precitada, y lo notifica al interesado con focha 20 de Agosto de 2020, justamente transcurridos cuatro años de la respuesta dada a su primera amenaza de enajenación. Susodicha funcionaria, con desprecio a toda legalidad, presenta, subrepticiamente, prórroga de Anotación Preventiva de Embargo ante el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres en 2017, que recientemente supimos fue anotada por el Registro, cuando las posibles prórrogas caducaron, irreversiblemente, el 12 de junio de 2013. Obvia, legal y racionalmente, estos recurrentes presumieron que, en 2016, el asunto enajenador estaba zanjado entonces por la caducidad antes expresada. Cuarto. Estos recurrentes, como ya se ha dicho, han reclamado insistentemente contra la actuación del Registro que hemos descrito y respecto a la cual la titular nunca se ha pronunciado, con violación de la obligación de resolver que le atañe, e infracción de la doctrina aplicable, ya que en el ámbito administrativo la doctrina del TS por todas STS 28/5/2020 (RC5751/2017):”Como muchas veces ha reiterado este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos (sic), por exigencia constitucional (Arts. 9.1; 9.3; 103.1; y 106 CE)” A la conducta del Registro, que hemos descrito, le es de aplicación lo declarado en la reciente STS 15 octubre de 2020 (Rec.1652/2019) “1. Es sabido que el principio de buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha sido positivizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 41 y 42), constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y –como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones– no consiste en una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –debe tener– plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos.” “2. Entre esos deberes está –y esto resulta indiscutible– el de dar respuesta motivada a las solicitudes que los ciudadanos formulen a la Administración y a que las consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas –especialmente cuando las mismas agraven la situación de los interesados o les imponga cargas, incluso si tienen la obligación de soportarlas– sean debidamente explicadas no solo por razones de pura cortesía, sino para que el sujeto pueda desplegar las acciones defensivas que el ordenamiento le ofrece.” 4.1 El recurrente, Sr M. V., reclama ante el Registro de la Propiedad mediante escritos de fechas 5 de diciembre de 2020; 26 de enero de 2021; 28 de enero de 2021. En escrito de 2 de febrero de 2021, se expresaba: “En base a lo expuesto ‘solicito se declare por ese registro de la propiedad, la caducidad ipso jure de la anotación preventiva de embargo de la AEAT de 21 de junio de 2013, anotada por el registro el 9 de julio, y como consecuencia la subsiguiente anotación de 2017, al ocurrir caducidad el 12 de junio de 2013.” La Sra. M. B., a 25 de marzo de 2021, requiere certificación respecto a la caducidad ocurrida ipso iure y por requerimiento del Sr M. en 2013, como consta inscrito en los Libros del Registro, solicitud reitera mediante de 6 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, tal y como literalmente reproducimos: “En su virtud, y por estar legitimados para solicitarlo por necesitarlo para su uso en los procesos judiciales en curso, solicito de esa Registradora emita certificación, clara, expresa y concisa, respecto a las fincas registrales 16.969; 16.983; 14.343, en cuanto a los siguientes datos registrales: 1.º Fecha exacta de los siguientes documentos: 1. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo Cautelar de Bienes Inmuebles de la AEAT-año 2008. 2. Prórroga de la anotación preventiva de embargo cautelar de bienes inmuebles de la AEAT-año 2008. 3. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2009. 4. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2013. 5. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2017. 2.º Fecha exacta en que los anteriores mandamientos, fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.º Se certifique, así mismo, respecto a si se certificó por la AEAT al Registro de la Propiedad, o meramente se informó, que acorde a Ley, precitados Mandamientos habían sido notificados previamente a su inscripción a la persona interesada, D. A. M. V. 4.º Se certifique, respecto a la caducidad de la prórroga, ocurrida el año 2013, ipso iure y a instancia de solicitud de D. A. M. V., y que Vd. anotó en ese Registro, como pudimos comprobar in situ durante nuestra entrevista de 16 de marzo de 2021, solicitud y respuesta a la misma, que se solicita se acompañe a la certificación requerida.” 4.2 Ante los acontecimientos que ocurren, nuevamente el 13 de abril de 2021 la Sra. M. se dirige a la Registradora, por escrito que dado su interés reproducimos: “(…) D.ª M. T. M. B. mayor de edad NIF (…) ante esa Registradora comparece y dice: Que con fechas 25 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021, presenté la solicitud de Certificado que en el documento adjunto se incluye. Ayer, después de presentar referido escrito, e informarme la empleada del Registro que nuestra solicitud no le constaba hubiera sido resuelta por esa Registradora, y marcharme de ese organismo, sobre unos 20 minutos después, la precitada empleada me remite SMS informándome de que tal certificado estaba a mi disposición, y me indica hasta su importe, alrededor de 200 euros. A la fecha de hoy, contacto con el Registro, y solicito entrevista con esa Registradora, ya sea hoy o mañana, porque una vez revise el certificado, si no se corresponde con lo pedido, temor que nos afecta dado lo sucedido anteriormente, desearía que se me explicara la causa de tal contumacia. Sobre la 12,45 del día de hoy, me telefonea esa registradora, que niega la entrevista pedida, ni hoy ni en fecha determinada, pese a que le argumente la necesidad imperiosa que me afecta de disponer de un certificado que, meramente se corresponda con la verdad, verdad que consta fehacientemente reflejada en las notas simples, ad hoc, pero que carecen del valor legal de un Certificado, y al hacerle preguntas al respecto, o sea si el certificado se corresponderá con lo solicitado por esta compareciente, me informa telefónicamente que el documento que pretende entregarme. es otra vez, una fotocopia. del libro de asientos, indescifrable, y anteriormente censurado, posiblemente la que ya rechacé, y además esa Registradora, me informa lo que ya sé, que mis reclamaciones las puedo encauzar, ante la jurisdicción civil, que con suerte con la saturación que sufren los Juzgados, tardarían años en resolver; y ello en la instancia, o sea cuando el certificado no sea de utilidad alguna, dada la evolución de los procesos judiciales emprendidos por esta parte. No acabo de entender la actitud de esa Registradora, cuando lo único que se la requiere es que colabore con la Justicia a lo que está obligada, certificando, a lo que también está obligada, sobre lo requerido. Por todo ello, se lo vamos a poner más fácil y vamos a simplificar nuestra petición, porque quizás esa Registradora está muy ocupada, y ahí radica el problema, por ello meramente se la solicita certifique, sobre los siguientes datos, que constan en notas simples que ya hemos entregado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de Badajoz, en proceso de protección de derechos fundamentales de la persona: 1.ª Consta en nota simple, que la AEAT remitió anotación preventiva de embargo de inmuebles, de 27 de mayo de 2009, al Registro, que certificaba que entonces ya se había notificado la diligencia de embargo de 25 de mayo de 2009, al interesado, D. A. M. V. 2.ª Consta en nota simple que precitado mandamiento se anota por el Registro, bajo la letra D, con fecha 12 de junio de 2019, al folio 171, del tomo 1894, del archivo. 3.ª Consta en nota simple que la AEAT presenta prórroga de mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles ante ese Registro, todo en base a la diligencia de embargo de inmuebles de fecha 25 de mayo de 2009, el 21 de junio de 2013, anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013, al folio 172, del tomo 1894 del archivo. Esperamos que con las facilidades que se le dan, tenga a bien. dar contenido fehaciente, a lo expresado en Notas Simples emitidas por ese Registro de la Propiedad Por ser Justicia que se pide en Cáceres a 13 de abril de 2021. Fdo M. T. M. B.” 4.3 Precedente cercano a nuestro escrito de 21 de julio de 2021 (…) es el escrito de la Sra. M. de 16 de abril de 2021, Y donde se insiste en la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2009, ipso iure y a instancia de parte, de cuyo contenido calle destacar lo siguiente. “Que certifique que, pese a tal caducidad, se inscribió mandamiento de anotación preventiva de embargo de 2013 y su prórroga de 2017, extemporáneamente, ignorando esta parte la causa de tales hechos, pero conociendo por nuestra parte, como por parte de la registradora, que las consecuencias de tal error, o posible negligencia, son ipso iure, nulas de pleno derecho referidas anotaciones, porque causando indefensión (en un proceso ejecutivo además prescrito, y con un mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, falso), la nulidad radical hace inexistente, acorde a Ley y Derecho, y jurisprudencia, las secuelas ilegales de ignorar las caducidades (procedimiento de enajenación subasta, iniciado en 2016/suspendido cuando se le espetó a la AEAT la caducidad ocurrida ipso iure en 2013 y por petición de parte, y continuado en 2020 por la AEAT, depues [sic] de conseguir la anotación 2017, caducidad sobre caducidad=doble caducidad). Para certificar al respecto, esa Registrador solo tiene que trasladar los datos registrales que remitió a la AEAT referentes a 2013 y 2017, pero eso sí introduciendo el mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, con fecha en que se apuntó en el Registro de la Propiedad, porque tal dato no consta incluido en la referida información proporcionada a la AEAT, por lo cual, no puede apreciarse la caducidad de 2013 respecto a 2009, circunstancia que la AEAT lleva instrumentalizando, refiriéndose exclusivamente a su Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 2017, como si fuera correcto, cuando está afecto a caducidad, por ser prórroga del Mandamiento caducado en 2013.” 4.4 Con fecha 21 de julio de 2021 se solicita la caducidad literalmente como sigue: “Se solicita, de ese Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres, se anote la caducidad registral ocurrida y por tanto se cancelen, las anotaciones de prórroga de mandamientos de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles, referentes a las fincas registrales 16.983, 16.969 y 14.343, de 21 de junio de 2013, de 5 de julio de 2017, por estar caducado el mandamieno [sic] de 27 de mayo de 2009, desde el 12 de junio de 2013, y/o subsidiaria y cautelarmente, por la caducidad ocurrida el 20 de julio de 2021, respecto al mandamiento de 517/2017 anotado el 20 de julio de/2017, cancelándose.”(sic) Mediante el Acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres (…), la Registradora evita pronunciarse una vez más, respecto a la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, resultando su “suspensión de la calificación”, que se expresa en el acuerdo de 11/8/2021, en realidad una calificación negativa, al referirse exclusivamente a nuestra petición subsidiaria, informándonos que tal caducidad, por efectos de la normativa relativa al Covid 19 (Acumulación Eventual o Subsidiaria: procede cuando el actor plantea pretensiones que se excluyen entre sí, caso en el cual propone una como principal y otra como subsidiaria, de acuerdo a la importancia que él les asigne), así que acorde a Ley y Doctrina, para pronunciarse sobre una petición subsidiaria, previamente se ha de resolver la petición principal. Lo que se hizo, fue ejercer, de la manera más amplia posible, agotando todas las eventualidades, el derecho a la defensa. Si estará esto ya completamente asumido en el mundo del Derecho, que la propia Lec lo prevé. Y ordena cómo tiene que hacerse en las demandas (art. 399.5): “las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente”. Nótese que incluso está previsto que pueda haber varias peticiones subsidiarias. Sin embargo, la Registradora, no asumiendo la veracidad de unos hechos incuestionables, nos emplaza para el 16 de octubre de 2021, dilatando una vez más lo que llevamos requiriendo insistentemente, y así consumir tiempo y no subsanar lo erróneamente actuado, mientras la AEAT desarrolla sus actuaciones en base unas prórrogas ya caducadas, pretendiendo acogerse a una supuesta pero no cierta, normalidad, la caducidad de 2017, respecto a 2013, lo cual es ilícito, porque, reconociendo de facto la caducidad de 12 de junio de 2013, no se pronuncia expresamente al respecto, porque es asumir su corresponsabilidad en la conducta de la AEAT, y por ello, resuelve sesgada e irregularmente la petición, respondiendo subsidiaria, e ignorando a sabiendas, una vez más, la principal. Cinco. Meramente a título dialéctico, procede indicar que el Artículo 42, Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma, Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, fue derogado, por el apartado dos de la disposición final cuarta del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 10 junio). Se reitera la derogación por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 30 marzo), no afecta obviamente, a la caducidad ocurrida en 2013, que hace inexistente la prórroga de tal año, y la de 2017, por lo que es un planteamiento falaz y maniqueo, toda cita que en el Acuerdo de 11 de agosto de 2021. realiza la Registradora, respecto a la ampliación del plazo de caducidad, de un Mandamiento legalmente extinto, ficticio y virtual. Seis. A cualquier observador imparcial debe causar asombro la conducta de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres respecto a las múltiples y reiteradas vulneraciones que su conducta ha provocado, respecto al Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, que seguidamente relacionamos. 6.1 Artículo 77. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 79. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de las inscripciones o anotaciones preventivas: 2.º Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado. 6.2 Artículo 82. Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. 6.3 Artículo 86. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. 6.4 Artículo 18. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Artículo 24. Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma. Artículo 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. 6.5 Artículo 40. La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el Título VI. 6.6 Artículo 76. Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Artículo 99. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos en cuya virtud se soliciten las cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en los términos prevenidos para las inscripciones por los artículos dieciocho y concordantes de esta Ley. 6.7 Artículo 223. Los Registradores expedirán certificaciones: 1.º De los asientos de todas clases que existan en el Registro, relativos a bienes o a personas que los interesados señalen. 2.º De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre ciertos bienes, o a cargo o en favor de personas señaladas. Artículo 224. Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, bien a un período fijo y señalado, bien a todo el transcurrido desde la primitiva instalación o reconstitución, en su caso, del Registro respectivo. Artículo 225. La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro. Artículo 228. Si el Registrador se niega a la manifestación de los libros del Registro o a expedir certificación de lo que en ellos conste, el interesado podrá recurrir la decisión de éste ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 327 y 328 de la ley Hipotecaria en lo relativo a la legitimación para recurrir, plazo, lugar de presentación del recurso, formación del expediente y contenido del informe del Registrador, plazo de resolución y revisión jurisdiccional de ésta. Artículo 236. Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el más breve término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente a cuatro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de acreditar. Siete. 7.1 En definitiva, las actuaciones registrales impugnadas, son nulas con total evidencia, y de una gravedad difícilmente igualable, y de unas consecuencias igualmente graves para los recurrentes, realizadas de forma consciente, a sabiendas, por la registradora, por cuanto, además de las actuaciones registrales realizadas por el recurrente en 2012-2013 respecto a la caducidad, por último, exactamente el 13 de junio de2003, el recurrente reclamó sus derechos por escrito ante la registradora, que de forma intencionada, porque es imposible haber incurrido en error, en 2013 prórroga un mandamiento caducado, repitiendo acción en 2017. Actuación de la que es continuidad la conducta del Registro desde finales del año 2020 y principios del 2021, no respondiendo ni a las reclamaciones de los recurrentes ni a sus peticiones de certificación repetidamente realizadas, concluyendo todo este cúmulo de ilegalidades, no cancelando la anotación de prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de 27 de mayo de 2009, por caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se solicita mediante escrito de 21 de julio de 2021, respondido mediante escrito de 11 de agosto de 2021 y 14 de septiembre de 2021 y que nos ha obligado a recurrir repetidamente ante esta Dirección General. A mayor abundamiento, cuando estos recurrentes impugnan el escrito del Registro de 11 de agosto de 2021, notificado el 10 de septiembre de 2021, por incongruente, impugnación que se efectúa el mismo 10 de septiembre 2021 (…), tal impugnación a la fecha irresuelta, pretende subsumiese en el también incongruente Acuerdo registral de 14 de septiembre de 2021, lo cual es improcedente. La Registradora estaba obligada a cancelar la anotación de prórroga de Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013, ocurrida el 12 de junio de 2013 porque, reiteramos el mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, está: – Caducado ipso iure desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013. Y estas circunstancias, por muchas actuaciones tan omisivas como dolosas, protagonice la Sra. registradora, nunca cambiarán. 7.2 Según Sentencia de la Sala tercera del TS de 22 de diciembre de 2020 (rec.2931/2018) que fija doctrina y declara: “Debemos añadir una cuestión común a cualquier acto administrativo, incluido los tributarios, que es el grado de invalidez, la anulabilidad y la nulidad de pleno derecho (...) El acto nulo de pleno derecho carece de eficacia alguna y ab initio no produce de efectos jurídicos sin necesidad de su previa impugnación;” El acto nulo radical es ineficaz desde que se dicta, lo que afecta al mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, y el acto nulo, la nulidad, se ha producido ipso iure, y a instancia de parte, como costa en el Registro de la Propiedad y la titular contumazmente se ha negado a certificar. Como tiene señalado constantemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y “Jurisprudencia menor” de las Audiencias Provinciales, la acción de nulidad de pleno derecho es imprescriptible de acuerdo con la antigua regla de que lo nulo en su inicio no puede ser convalidado por la acción del tiempo. Una nulidad radical, es equiparable a la inexistencia. Y el conocimiento como acto receptivo que es indispensable para poder actuar pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o ignorado (anotaciones registrales de 2013 y 2017), no equivale al consentimiento, acto valorativo de manifestación expresa o tácita de la voluntad/Sentencia TS de abril 2001 y hace que el negocio jurídico sea inexistente. El art. 47.1 Ley 39/2015 contiene una lista cerrada de supuestos de nulidad de pleno derecho (STS de 7 de octubre de 2010), cuyas características del acto administrativo nulo se caracteriza por: No puede ser objeto de convalidación. El consentimiento del afectado no lo sana. Puede ser impugnado en cualquier momento (no hace falta impugnarlo en plazo) ya que la acción de nulidad no prescribe. Los efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento en el que el acto se produce, conllevando la ineficacia de los ulteriores actos que traen causa del que se ha declarado nulo (STS de 3 de abril de 2000). Supuestos del acto administrativo nulo Actos que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional El supuesto recogido en el art. 47.1 a) Ley 39/2015 se trata de un motivo de nulidad reconocido y derivado directamente de la Constitución (TS de 27 de septiembre de 2000) y que se introduce por la Ley 39/2015 entre los casos que suponen la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Así, es nulo de pleno derecho el acto cuando se produce: “La vulneración de los derechos fundamentales dado su sentido nuclearmente esencial en un Estado de Derecho” (STS de 26 de junio de 1992). Ello supone establecer el supuesto de nulidad en los términos ya fijado por el TC, que afirma que se lesionan derechos y libertades de amparo constitucional cuando se vulnera “aquella parle del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten real, concreta y efectivamente protegidos” (STC 13/1984 de 3 de febrero de 1984). Este supuesto de nulidad no alcanza a todos los derechos reconocidos en la Constitución al referirse a los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, sino que, tal y como se establece en el art. 53 de la Constitución Española, se concretan en las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 CE y en la Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE y art. 30.2 CE). En su virtud, mediante el presente escrito, se solicita, de esa Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica, que admitiendo el presente escrito de Recurso, y sus Documentos anexos, anule, revoque, o deje sin efecto, el Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, dictando Resolución acorde a nuestros pedimentos, esto es, calificando positivamente nuestra solicitud de caducidad del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo e Inmuebles, de la AEAT, de 27 de mayo de 2009, declarando que se produjo su caducidad ipso iure el 12 de junio de 2013, siendo por tanto inexistentes las Prórrogas de tal Mandamiento de 2013, y 2017 que se solicita sean canceladas, acorde a Ley, como se describe y detalla en el presente Recurso, lo cual debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Es Justicia que se pide en Cáceres a 6 de octubre de 2021. Otrosí digo. Que en base a lo preceptuado en el Art. 117. Suspensión de la ejecución de la LPA 39/2015: “1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compela resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.” Se cumplen ambos requisitos, en primer lugar, con la Anotación Preventiva de Embargo de 2009 sin cancelarse registralmente, debido a la contumacia del Registro, se podría producir una situación irreversible o de muy difícil reparación, existiendo un periculum in mora al respecto a la vez que una apariencia de buen derecho, ya que nuestro planteamiento, al final se sustenta en contar cuatro años desde 2009 a 2013. Así mismo el Recurso se plantea en base a la infracción del Art. 9.3 y 103.1 de la CE, relativos a los principios de Seguridad Jurídica y de Legalidad, que brillan por su ausencia en la actuación registral, pero también en los Arts. 14 y 24 de la CE, al recibir estos recurrentes un trato discriminatorio respecto al otorgado a la AEAT, a la que se admite contra legem prórroga tras prórroga de un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo caducado El 12 de junio de 2013, y que la AEAT desde 2016 conoce tal caducidad registral que tratamos, aunque solo fuera porque el recurrente se lo indicó en agosto de 2016 a la Jefa del Departamento Regional de Recaudación, E. R. G., mediante escrito que en el presente recurso se ha reproducido. Trato discriminatorio que ha supuesto una notable indefensión para los recurrentes, que persiste, quienes, planteando ante el registro desde diciembre de 2020, la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, jamás han obtenido respuesta alguna, y tampoco se responde en el acuerdo que se impugna de 11 de agosto de 2021. Llegados a este punto, una cuestión estimamos obvia, la Registradora, hay que concluir, no asume la realidad de la caducidad de 12 de junio de 2013, aunque sea de forma tan grosera y grotesca, como se contiene en su Acuerdo de 11 de septiembre de 2021, donde ignora otra vez nuestro requerimiento al respecto, y es que, meritada Registradora, pudo cometer errores, en su momento, y quizás no intencionadamente, pero cuando quienes los sufrieron le piden repetidamente una rectificación acorde a Ley para evitar males mayores, no rectificar es ya una conducta ilegal en su máxima expresión, que se produce con pleno conocimiento de causa. Consecuencia y conclusión El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de 27 de mayo de 2009 de la AEAT, fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con los números 14443, 16983 y 16969, anotados con fecha 12 de junio de 2009, caducó y se extinguió, radical y automáticamente, ipso iure, el día 12 de junio de 20131 y las prórrogas subsiguientes de 2013 y 2017, son, por imperativo legal, y según doctrina, al margen de cualquier circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que puedan producir ningún efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han efectuado.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su nota de calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 17, 20, 24, 32, 38, 66, 82, 86 y 326 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de junio y 1 de septiembre de 2000, 10 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 25 de junio y 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 27 de septiembre de 2003, 9 de junio de 2009, 11 de marzo de 2010, 25 de octubre de 2011, 19 de mayo, 20 de julio y 17 de diciembre de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017, 12 de enero y 9 de abril de 2018 (ésta en consulta vinculante formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España) y 22 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de junio de 2020 y 20 de abril de 2021. 1. Como cuestión preliminar previa, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente, por lo que atañe al presente caso, valorar la extensión de asientos ya practicados, o las actuaciones efectuadas por la Agencia Tributaria, o la supuesta conducta de este organismo o de los registradores que han sido o son titulares del Registro, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación registral. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. 2. Entrando en el fondo del recurso, es necesario, para su resolución, examinar el historial registral de las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres. En dicho historial figuran extendidas las anotaciones preventivas de embargo cautelar –letras A– a favor del Estado Español con fecha 30 de julio de 2008. Por las respectivas anotaciones letras B), de fecha 2 de enero de 2009, se prorrogaron las citadas anotaciones letras A) por cuatro años más. Por las anotaciones letras C), de fecha 12 de junio de 2009, las anteriores anotaciones preventivas de embargo cautelar letras A) prorrogadas por las B), se convirtieron «en definitivas». Por las anotaciones letras D), de fecha 12 de junio de 2009, se amplían los importes de los correspondientes embargos, tomándose «anotación preventiva de embargo a favor de la Hacienda Pública por la cantidad expresada y en los términos expuestos». Las anteriores anotaciones, A) prorrogada por la B), convertidas en definitivas por la C) y ampliadas por la D), se cancelaron por caducidad en virtud de instancia, con fecha 15 de abril de 2013. En virtud de mandamiento expedido el día 21 de junio de 2013, se extienden, con fecha 9 de julio de 2013, las anotaciones letras E), a favor de Hacienda Pública, Con fecha 20 de julio de 2017, las citadas anotaciones letras E) son prorrogadas por las respectivas anotaciones letras F). 3. Por lo tanto, en contra de lo que parece desprenderse del escrito de recurso, las anotaciones letra E) no son prórrogas de las originarias anotaciones letras A) que constan canceladas por caducidad, sino que son nuevas anotaciones, aun cuando pudieran derivar del mismo procedimiento. La doctrina tradicional de este Centro Directivo parte de lo establecido en el artículo 86.1.º de la Ley Hipotecaria: «Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos». De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular. Ahora bien, la cancelación por caducidad de las anotaciones de embargo no impide la extensión de nuevas anotaciones, con la prioridad que les corresponda al tiempo de su extensión. Por lo tanto, en este supuesto la caducidad de las anotaciones letras A), no implica que el procedimiento de recaudación por vía de apremio termine, y estando en curso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta puede dictar nuevos mandamientos de embargo, ordenando nuevas anotaciones preventivas, así como sus respectivas prórrogas, que es lo que ha sucedido con las anotaciones E) y F). Y, como se ha dicho anteriormente, extendidos los respectivos asientos, éstos se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales y despliegan todos sus efectos en tanto no se tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia. 4. Respecto al contenido de la nota de calificación, hay que tener en cuenta la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020, por la que responde a la consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación a la caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: «Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el trascurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha». De esta misma forma, mediante la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley, se levanta la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales establecidos mediante el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, permitiendo de este modo acompasar el levantamiento de los plazos de caducidad de los asientos registrales con el de los plazos administrativos y el de los plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, respectivamente, el 1 y el 4 de junio, mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 dispone en su apartado primero que: «El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del real Decreto ley 8/20220, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42». El día de la expresa derogación del artículo 42 tuvo lugar el día 10 de junio de 2020, en el mismo día de la publicación de la Instrucción de 4 de junio de 2020. La Dirección General ha acordado resolver la consulta por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, sobre la forma de cómputo de los plazos de vigencia de los asientos, dados los días en que han estado interrumpidos en los siguientes términos: «Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de alarma, hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles desde su vigencia conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha según el artículo 86 de la Ley Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales.» Así pues, en materia de anotaciones preventivas sujetas al plazo ordinario del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, practicado y vigente a fecha 14 de marzo de 2020, el cómputo para su caducidad habrá de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma. Este plazo en días naturales, como excepción al artículo 109 del Reglamento Hipotecario, se justifica en la propia singularidad de las circunstancias que han motivado el estado de alarma. Nótese, en cualquier caso, que la suma de 88 días naturales a la fecha en que, de no haber mediado la suspensión por el estado de alarma se hubiese producido la caducidad, arroja el mismo resultado que el que supondría reanudar el cómputo desde el día 10 en junio de 2020 por el número de días que faltasen para su caducidad; es decir, se trata de una forma de computar más sencilla que simplifica el cálculo sin variar su resultado, cumpliendo así con lo previsto por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 5. En el supuesto de este expediente, se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres, prorrogadas con fecha 20 de julio de 2017. Teniendo en cuenta los cómputos antes mencionados al estar comprendidas dichas anotaciones entre las afectadas por la situación provocada por la Covid 19, la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produjo hasta el día 16 de octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la que la cancelación fue solicitada esta no podía efectuarse. Debe tenerse en cuenta que dicha ampliación especial de plazos opera a todos los efectos, también respecto al titular de las anotaciones, Hacienda Pública, por lo que, si durante la ampliación de su vigencia se ordena una nueva prórroga, esta impediría igualmente la cancelación por caducidad pretendida por los interesados, dado que ello supondría, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, un nuevo período de cuatro años de vigencia de las anotaciones referidas. Procede, por tanto, confirmarse la nota de calificación. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. y don A. M. V. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña Ana Isabel Baltar Martín, por la que suspende la cancelación de determinadas anotaciones de embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hechos I Mediante instancia, de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. solicitaban la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo que gravaba las fincas registrales números 16.969 y 16.983, del término municipal de Cáceres, y 14.343, del término municipal de Casar de Cáceres. II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 4419 Diario: 184 Asiento: 456. Fecha del documento: 21 de julio de 2021. Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad sobre la calificación del documento presentado por doña M. T. M. B., que motivó el Asiento de referencia (Artículos 3, 18, 19 bis y 323 LH). Hechos. I. El documento que consta del encabezamiento, fue presentado en este Registro con los datos que resultan del mismo. II. Con esta fecha y en relación a las cláusulas o estipulaciones de dicho documento que resultan afectadas por la calificación, en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo: Fundamentos de Derecho En el precedente documento se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16969 del término municipal de Cáceres, 16983 del término municipal de Cáceres, y 14343 del término municipal de Casar De Cáceres, prorrogadas con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete. Teniendo en cuenta la especial situación provocada por la Covid 19, se hace constar que la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se producirá hasta el día 16 de octubre de 2021 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de diecisiete de marzo y 21/2020 de 9 de junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a la fecha de caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva. Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 11 de junio de 2020, de consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE 10 de junio de 2020), en relación a los plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: “Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha”. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 (BOE del mismo día 10 de junio de 2020) dispone en su apartado primero que: “El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42”. Esta Dirección General acuerda: Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo en que entró en vigor el estado de alarma, hasta el día 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles de su vigencia conforme al artículo 17 de la ley hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión. 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha, según el artículo 86 de la ley hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar además los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales. Acuerdo. Se suspende la inscripción del documento presentado en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por plazo de sesenta días contados desde la fecha de la notificación. Contra el presente acuerdo de calificación de la Registradora los interesados podrán (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel Baltar Martín registrador/a de Registro Propiedad de Cáceres 2 a día catorce de septiembre del dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. y don A. M. V. interpusieron recurso el día 6 de octubre de 2021 en base a las siguientes alegaciones: «Motivos Previo. El Acuerdo de 11 de agosto de 2021, referenciado, se refiere singular y exclusivamente, a la caducidad registral de la prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles 2017, que ceteris paribus, esto es al margen de cualquier otro factor, normalmente ocurría el 21 de julio de 2021, pero que debido a normas emanadas de la pandemia se dilata hasta el 16 de octubre 2021, tal y como expresa el meritado Acuerdo. Tal caducidad se solicita en nuestro escrito de 21 de julio de 2021, de forma subsidiaria, siendo la petición principal, la caducidad ocurrida ipso iure y a petición del interesado, el 12 de junio de 2013. Caducidad, que torna en inexistentes las Prórrogas de Anotación Preventiva de Embargo de inmuebles de 2013 y 2017, que es lo que motiva la presente impugnación, si consideramos que precitada petición principal no se resuelve, ni mediante el acuerdo registral de 11 de agosto de 2021, ni a través del acuerdo que ahora se impugna de 14 de septiembre de 2021 y era condición imprescindible y necesaria para tratar la petición subsidiaria, petición principal y excluyente, que, a sabiendas, se ignora reiteramente [sic] en los Acuerdos registrales precitados, con indefensión para estas partes, que llevan solicitando la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, con anterioridad a que sucediera, y reiteradamente desde diciembre de 2020, y el Registro, una vez más, no resuelve, interesadamente, para no asumir su responsabilidad directa en los hechos que a continuación describiremos y fundamentaremos, por todo lo cual, la “suspensión” de la calificación, es en realidad, la denegación de la petición de caducidad solicitada el 21 de julio de 2021, ocurrida EL 12 de junio de 2013, que debió ser calificada favorablemente, y en la práctica, lo fue negativamente, puesto que el registro no inscribe, arbitraria e injustamente, la caducidad ocurrida el 12/6/2013, cancelando las prórrogas de 2011 y 2017. Actuación que es el objeto de la presente impugnación. Primero. Acontecimiento de enorme relieve, ninguneado por el Registro, es el hecho fehaciente, incuestionable e incuestionado, indubitado y acreditado, de que exactamente el 12 de junio de 2013, se produjo la caducidad registral del proceso administrativo tributario del que trae causa el Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, a cuyo respecto procede recordar otra vez: 1.1 El 25 de mayo de 2009, la AEAT dicta diligencia de embargo de inmuebles frente al hoy recurrente D. A. M. V. Con fecha 27 de mayo de 2009, la AEAT remite al Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de la misma fecha, certificando que en tal día la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, ya se había notificado al interesado, D. A. M. V. Tal certificación es falsa, por cuanto la Diligencia de Embargo de Inmuebles, se notificó al interesado a través del BOE de 5 de junio de 2009 como con posterioridad en sucesivos escritos ha reconocido la propia AEAT. El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de la AEAT subsiguiente a la Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, datado a 2 de mayo de 2009, registradora lo inscribe 12 de junio de 2009, tal y corno aparece anotado en el Libro del Registro. 1.2 La AEAT solicita la prórroga de la Anotación, mediante Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo datado a 21 de junio de 2013, una vez ocurrida la caducidad del anterior Mandamiento, el 12 de junio de 2013, (jamás notificado al interesado como es obligado) que la registradora, ilegalmente y con gravísima indefensión para el afectado, anota el 9 de julio de 2013, tal y corno figura en l [sic] Libro del Registro, circunstancias sobre las cuales la Registradora se ha negado a certificar, resultando nula de pleno derecho tal actuación porque: El Artículo 86 de la Ley Hipotecaria declara. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la notificación misma. La Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, de fecha 9 de abril de 2018, en respuesta a la consulta vinculante formulada por el Colegio el 28 de febrero de ese año, en su FD. 4, establece: “Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento”. “De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico” 1.3 O sea, el 12 de junio de 2013 caducó la posibilidad de pedir la prórroga por parte de la AEAT, pero, no obstante, se solicita la prórroga del mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles el de 21 de junio de 2013, que se anota en el registro el 9 de julio de 2013, o sea ignorando la caducidad ocurrida ipso iure, el 12 de junio de 2013, y la petición del Sr M. al respecto, y con gravísimo perjuicio para este y su cónyuge. El principio “ipso iure” significa que un determinado acto jurídico produce un efecto automático. Esta expresión sirve para describir a aquellos efectos que se producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la norma jurídica. E ipso iure, en el presente caso, la caducidad ocurrió el 12 de junio de 2013 y este hecho fehaciente, se ignora a sabiendas y contumazmente el Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. 1.4 En 2017, se produce una nueva e ilegal prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 27 de mayo de 2009, prorrogado en 2013, siendo las anotaciones registrales las siguientes: “Anotación preventiva de embargo Letra E a favor de la entidad Hacienda Pública con CIF (…) titular, para responder de un total de 348.094,87 euros del principal; 18.859,11 euros por intereses y costas. Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 21 de junio de 2013 expedido en Badajoz, por el AEAT Delegación Especial de Extremadura, con número de expediente 100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013 a/folio 172, del Tomo 1894 del Archivo, Libro 200 del término municipal de Casar de Cáceres. Con fecha de hoy se ha expedido Certificación de Cargas, para surtir efectos en el procedimiento a que se refiere la adjunta anotación preventiva letra E.” Operada la caducidad ipso iure de la prórroga de la anotación preventiva de embargo de julio de 2013 respecto a la anotación de 12 de junio de 2009, ambas anotaciones, de 2009 y 2013, afectas a caducidad, la prórroga que aparece en la anotación del Registro de la Propiedad referente al año 2017, es la siguiente: “La anotación preventiva de embargo letra E se prorroga plazo de cuatro años más, por ordenarlo así en el mismo expediente administrativo con número de Diligencia 100923301740C, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria en Badajoz que la decretó, que adoptó esta medida con fecha de cinco de Julio de dos mil diecisiete, según resulta del mandamiento firmado electrónicamente por la Jefa del Equipo Regional de Recaudación, D.ª J. M. A. N., el día cinco de Julio de dos mil diecisiete, que ha motivado la anotación letra F, al folio 172 del Libro 200 de Casar de Cáceres, tomo 1894v general del archivo practicado con fecha 20 de julio de 2017”. En las mismas fechas se anotan los mandamientos referidos en las fincas registrales 16969 y 16983 del término municipal de Cáceres. Es patente la caducidad ocurrida. paralelamente acorde con la prescripción del proceso ejecutivo, con flagrante violación de los derechos fundamentales de estos recurrentes, recogidos en los Arts. 9.3, 14, 24.1 y 24.2 CE. 1.5 Ítem más, Producida la caducidad automática del procedimiento, este se torna en inexistente. La STS de 3/12/2020 (RC 8332/2019) ha fijado como doctrina jurisprudencial en materia de caducidad de los procedimientos. “...En ese esquema, la caducidad vendría a suponer la terminación del procedimiento por el mero transcurso del tiempo, en el plazo establecido.” “...Lo que se quiere decir es que se trataría de un procedimiento, ya caducado, pero no declarada la caducidad; y uno nuevo que sustituiría al anterior lo que obliga a concluir que en esas situaciones lo que hace la Administración es pura y simplemente obviar toda la normativa sobre los plazos que impone el Legislador para la tramitación, con lo cual se burlaría toda la regulación y la finalidad de la institución de la caducidad, que no ha sido fácil de imponer el Legislador a nuestra Administración, en garantía de los derechos de los ciudadanos.” Y es que, a la postre, si de un mismo procedimiento se trata, es lo cierto que en un procedimiento ya caducado por el transcurso del tiempo ya solo cabe adoptar una única decisión, una resolución que le pone fin, cual es la declaración formal de la caducidad del mismo y su archivo, sin que puedan dictarse resolución alguna de contenido distinto, menos aún, una resolución ordenando”. “Y en relación con eso, con el procedimiento, no puede olvidarse que cuando el antes mencionado precepto comunitario delimita este derecho fundamental, lo hace con la expresa referencia al derecho de los ciudadanos a que sus ‘asuntos’ se ‘traten... dentro de un plazo razonable’; por lo que cabría suscitar la pregunta de cómo se garantizarla ese derecho si la Administración desconoce la imposición legal y procede a continuar actuando en un procedimiento caducado como si dicha caducidad no se hubiera producido, dictando resoluciones que debemos considerar tácitamente como reapertura de un nuevo procedimiento. Sería volver a los tiempos, felizmente superados, preconstitucionales de tan nefasta trascendencia para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración...” “...porque si admitiésemos que la Administración puede seguir actuando en un procedimiento materialmente caducado, pero formalmente vigente, debemos concluir que el tiempo transcurrido, no es que comporte la caducidad del pretendido ser el primer procedimiento, sino del único procedimiento existente, es decir, de todo el procedimiento, el inicial y el pretendido reiniciado. Y con ello se dejaría sin eficacia alguna la institución de la caducidad, con su importante relevancia para los derechos de los ciudadanos; lo cual es tanto más contradictorio cuando, como hemos expuesto, está clara la regulación legal a favor de esa protección de los ciudadanos que debe servir para zanjar ese debate.” Segundo. 2.1 Existe una reiterada doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, actualmente DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desarrolla los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria, que metafísica y jurídicamente, es imposible que ignore la titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres. Artículo 77. LH. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 86. LH Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. De precitada doctrina, y solo refiriéndonos a los últimos 22 años, hemos escogido como representativas las siguientes resoluciones: 1) Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.–“Vistos los artículos 1, 20, 38, 40, 82, 86 de la Ley Hipotecaria, 175 del Reglamento Hipotecario y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de marzo de 1999, 19 de marzo de 1999, 16 de abril de 1999, 15 de julio de 1999, 30 de septiembre de 1999, 30 de octubre de 1999 y 9 de diciembre de 1999. 3. Respecto a la cancelación de los asientos posteriores, es doctrina reiterada de este centro Directivo que la caducidad de las anotaciones preventivas opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de cuatro años, aunque no hayan sido canceladas, si no han sido prorrogadas previamente (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” 2) Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 13 de diciembre de 2003.–“La caducidad de las anotaciones preventivas se produce ‘ipso iure’, sin que, transcurrido su plazo de vigencia, puedan surtir efecto registral ni ser prorrogadas. Los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria establecen la extinción de las anotaciones por caducidad, cualquiera que sea el origen de las mismas, y, por tanto, también dicho modo de extinción afecta a las ordenadas por la autoridad judicial. Por otra parte, la cancelación de un asiento incurso en caducidad no es más que el reflejo formal de un hecho (la caducidad) que ha tenido lugar con anterioridad y que, por sí solo, ha producido la extinción del asiento.” 3) Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“De dicho precepto (art. 86.1 LH) se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” “Por otra parte. y de acuerdo con el vigente artículo 86 de la ley Hipotecaria, caducada la anotación preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el artículo 77 de la ley Hipotecaria al señalar que ‘las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción’. Registralmente, caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotación.” “Esta caducidad opera de forma automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral.” “La anotación caducada por transcurso del plazo de vigencia (computado desde su fecha; o en su caso desde la fecha de la anotación de prórroga) deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación” 4) Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.–“Esta caducidad opera de forma automática, ‘ipso iure’, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral. La anotación caducada deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada.” Así pues, según la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es deducible que el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, y pese a nuestras impugnacion.es, valida, ilegal, repetida y contumazmente, a través de sus actuaciones, una conducta previa arbitraria e injusta a favor de forma indiscutible, de la AEAT, permitiendo instrumentalizar a este organismo, un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, anotado en el registro el 12 de junio de 2009, caducado el 12 de junio de 2013 (solo hay que contar hasta cuatro, que son los años transcurridos desde el 12 de junio de 2009 al 12 de junio de 2013) y en consecuencia, arbitrariamente, el Registro da validez a un Mandamiento: – Caducado “ipso jure” desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013 2.2 Es tan maliciosa la conducta descrita, y cómplice, que, cuando el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Badajoz, requiere una serie de datos a la AEAT, en uno de los procesos penales que se siguen frente a la AEAT, este organismo, en cuanto a inscripciones registrales se refiere, remite al Juzgado unas Notas Simples, referidas a las propiedades inmobiliarias del recurrente, a 16 de noviembre 2020, que le han sido entregadas previamente por el Registro que la elabora, a la Agencia Tributaria, que maliciosamente, solo recogen las actuaciones de la AEAT, a través de Mandamientos de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013 y 2017, y por tanto como la caducidad se produce el 12 de junio de 2013, hay que contar los años para comprobar tal caducidad, desde el Mandamiento de 2009, anotado el 12 de junio de 2009, dato que no aparece en las notas simples referidas. Tres Las actuaciones de la AEAT se realizan a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, con patente malicia, puesto que, con fecha 28 de junio de 2016, la funcionaria Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, suscribe Acuerdo de “valoración de bienes inmuebles”, iniciando el proceso de enajenación, que se notifica al recurrente el 17 de julio 2016. En tal Acuerdo se informa que: “En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y como actuación previa a su enajenación (...), y se describe seguidamente la ‘finca rústica’ a enajenar ubicada en el ‘(…), 10190 Casar de Cáceres, Cáceres’ ‘y de una extensión de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados’ (7.499 mt2). Realizando la funcionaria autora del Acuerdo el siguiente ofrecimiento siendo consciente de su actuación irregular”: “este bien ha sido tasado con referencia a precios de mercado (sic) y de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por un importe de 194.309,13 euros, significándole que de existir disconformidad por su parte, dispone de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a esta notificación, para presentar valoración contradictoria, realizada por un perito adecuado(sic)” 3.1 El interesado responde a la funcionaria mediante escrito datado a 17 de agosto de 2016 que, dada su trascendencia, literalmente reproducimos y que por su expresividad y por economía narrativa no merece mayor comentario: “D. A. M. V., mayor de edad (…), ante esa Dependencia comparece y como mejor proceda digo: Que en relación al oficio por usted suscrito de ‘valoración de bienes muebles’ a 28 de junio de 2016, no procede valoración contradictoria alguna por cuanto existe sobre la anotación preventiva de embargo, subsiguiente a la Diligencia que cita y que maliciosamente no data, una caducidad, requerida en su día por esta parte al Registro, en base a lo establecido en al Art. 86 de la Ley Hipotecaria, y que opera ‘ipso iure’ careciendo de efectos jurídicos expresada anotación. Que esta actuación estimo, (…) a la normal actuación de la AEAT desde 2005 contra esta parte, y pervierte aún más, si cabe, el actual procedimiento ejecutivo seguido contra este suscribiente y que, está cronológicamente prescrito, por cuanto las ficticias interrupciones periódicas promovidas por esa Administración a través de la actuación de determinados funcionarios, consistentes en suscribir Diligencias argucia son inadmisibles a la luz de la Ley y el Derecho, al ser un montaje irregular a la vista de los resultados como he denunciado, y que estimo ningún Tribunal podría/podrá a futuro refrendar. De ahí el inadmisible, por ilegal y malicioso, oficio referenciado el 28 de junio de 2016. Que esta parte solicitó en su momento determinada documentación relativa a la prescripción del proceso tributario, proporcionándose meramente unas claves que solo permiten acceder a la relación de documentos, pero no a los documentos en sí mismos, por lo que solicito se me proporciones nuevas claves a los documentos pedidos en papel, ya que, en caso contrario, al no poder remitirlos al TEAC, se me situaría en indefensión.” 3.2 La funcionaria, ante la respuesta recibida, corre un tupido velo de cuatro años porque es consciente de la caducidad ocurrida en el Registro de la Propiedad, ipso iure y a petición de parte el 12 de junio de 2013, no existiendo respuesta y abandonando toda actuación al respecto, pero reabre el procedimiento, ilícitamente, con fecha 1 de julio de 2020, cuando elabora su “acuerdo de enajenación subasta” de la Finca Rústica precitada, y lo notifica al interesado con focha 20 de Agosto de 2020, justamente transcurridos cuatro años de la respuesta dada a su primera amenaza de enajenación. Susodicha funcionaria, con desprecio a toda legalidad, presenta, subrepticiamente, prórroga de Anotación Preventiva de Embargo ante el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres en 2017, que recientemente supimos fue anotada por el Registro, cuando las posibles prórrogas caducaron, irreversiblemente, el 12 de junio de 2013. Obvia, legal y racionalmente, estos recurrentes presumieron que, en 2016, el asunto enajenador estaba zanjado entonces por la caducidad antes expresada. Cuarto. Estos recurrentes, como ya se ha dicho, han reclamado insistentemente contra la actuación del Registro que hemos descrito y respecto a la cual la titular nunca se ha pronunciado, con violación de la obligación de resolver que le atañe, e infracción de la doctrina aplicable, ya que en el ámbito administrativo la doctrina del TS por todas STS 28/5/2020 (RC5751/2017):”Como muchas veces ha reiterado este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos (sic), por exigencia constitucional (Arts. 9.1; 9.3; 103.1; y 106 CE)” A la conducta del Registro, que hemos descrito, le es de aplicación lo declarado en la reciente STS 15 octubre de 2020 (Rec.1652/2019) “1. Es sabido que el principio de buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha sido positivizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 41 y 42), constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y –como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones– no consiste en una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –debe tener– plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos.” “2. Entre esos deberes está –y esto resulta indiscutible– el de dar respuesta motivada a las solicitudes que los ciudadanos formulen a la Administración y a que las consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas –especialmente cuando las mismas agraven la situación de los interesados o les imponga cargas, incluso si tienen la obligación de soportarlas– sean debidamente explicadas no solo por razones de pura cortesía, sino para que el sujeto pueda desplegar las acciones defensivas que el ordenamiento le ofrece.” 4.1 El recurrente, Sr M. V., reclama ante el Registro de la Propiedad mediante escritos de fechas 5 de diciembre de 2020; 26 de enero de 2021; 28 de enero de 2021. En escrito de 2 de febrero de 2021, se expresaba: “En base a lo expuesto ‘solicito se declare por ese registro de la propiedad, la caducidad ipso jure de la anotación preventiva de embargo de la AEAT de 21 de junio de 2013, anotada por el registro el 9 de julio, y como consecuencia la subsiguiente anotación de 2017, al ocurrir caducidad el 12 de junio de 2013.” La Sra. M. B., a 25 de marzo de 2021, requiere certificación respecto a la caducidad ocurrida ipso iure y por requerimiento del Sr M. en 2013, como consta inscrito en los Libros del Registro, solicitud reitera mediante de 6 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, tal y como literalmente reproducimos: “En su virtud, y por estar legitimados para solicitarlo por necesitarlo para su uso en los procesos judiciales en curso, solicito de esa Registradora emita certificación, clara, expresa y concisa, respecto a las fincas registrales 16.969; 16.983; 14.343, en cuanto a los siguientes datos registrales: 1.º Fecha exacta de los siguientes documentos: 1. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo Cautelar de Bienes Inmuebles de la AEAT-año 2008. 2. Prórroga de la anotación preventiva de embargo cautelar de bienes inmuebles de la AEAT-año 2008. 3. Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2009. 4. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2013. 5. Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-año 2017. 2.º Fecha exacta en que los anteriores mandamientos, fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.º Se certifique, así mismo, respecto a si se certificó por la AEAT al Registro de la Propiedad, o meramente se informó, que acorde a Ley, precitados Mandamientos habían sido notificados previamente a su inscripción a la persona interesada, D. A. M. V. 4.º Se certifique, respecto a la caducidad de la prórroga, ocurrida el año 2013, ipso iure y a instancia de solicitud de D. A. M. V., y que Vd. anotó en ese Registro, como pudimos comprobar in situ durante nuestra entrevista de 16 de marzo de 2021, solicitud y respuesta a la misma, que se solicita se acompañe a la certificación requerida.” 4.2 Ante los acontecimientos que ocurren, nuevamente el 13 de abril de 2021 la Sra. M. se dirige a la Registradora, por escrito que dado su interés reproducimos: “(…) D.ª M. T. M. B. mayor de edad NIF (…) ante esa Registradora comparece y dice: Que con fechas 25 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021, presenté la solicitud de Certificado que en el documento adjunto se incluye. Ayer, después de presentar referido escrito, e informarme la empleada del Registro que nuestra solicitud no le constaba hubiera sido resuelta por esa Registradora, y marcharme de ese organismo, sobre unos 20 minutos después, la precitada empleada me remite SMS informándome de que tal certificado estaba a mi disposición, y me indica hasta su importe, alrededor de 200 euros. A la fecha de hoy, contacto con el Registro, y solicito entrevista con esa Registradora, ya sea hoy o mañana, porque una vez revise el certificado, si no se corresponde con lo pedido, temor que nos afecta dado lo sucedido anteriormente, desearía que se me explicara la causa de tal contumacia. Sobre la 12,45 del día de hoy, me telefonea esa registradora, que niega la entrevista pedida, ni hoy ni en fecha determinada, pese a que le argumente la necesidad imperiosa que me afecta de disponer de un certificado que, meramente se corresponda con la verdad, verdad que consta fehacientemente reflejada en las notas simples, ad hoc, pero que carecen del valor legal de un Certificado, y al hacerle preguntas al respecto, o sea si el certificado se corresponderá con lo solicitado por esta compareciente, me informa telefónicamente que el documento que pretende entregarme. es otra vez, una fotocopia. del libro de asientos, indescifrable, y anteriormente censurado, posiblemente la que ya rechacé, y además esa Registradora, me informa lo que ya sé, que mis reclamaciones las puedo encauzar, ante la jurisdicción civil, que con suerte con la saturación que sufren los Juzgados, tardarían años en resolver; y ello en la instancia, o sea cuando el certificado no sea de utilidad alguna, dada la evolución de los procesos judiciales emprendidos por esta parte. No acabo de entender la actitud de esa Registradora, cuando lo único que se la requiere es que colabore con la Justicia a lo que está obligada, certificando, a lo que también está obligada, sobre lo requerido. Por todo ello, se lo vamos a poner más fácil y vamos a simplificar nuestra petición, porque quizás esa Registradora está muy ocupada, y ahí radica el problema, por ello meramente se la solicita certifique, sobre los siguientes datos, que constan en notas simples que ya hemos entregado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de Badajoz, en proceso de protección de derechos fundamentales de la persona: 1.ª Consta en nota simple, que la AEAT remitió anotación preventiva de embargo de inmuebles, de 27 de mayo de 2009, al Registro, que certificaba que entonces ya se había notificado la diligencia de embargo de 25 de mayo de 2009, al interesado, D. A. M. V. 2.ª Consta en nota simple que precitado mandamiento se anota por el Registro, bajo la letra D, con fecha 12 de junio de 2019, al folio 171, del tomo 1894, del archivo. 3.ª Consta en nota simple que la AEAT presenta prórroga de mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles ante ese Registro, todo en base a la diligencia de embargo de inmuebles de fecha 25 de mayo de 2009, el 21 de junio de 2013, anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013, al folio 172, del tomo 1894 del archivo. Esperamos que con las facilidades que se le dan, tenga a bien. dar contenido fehaciente, a lo expresado en Notas Simples emitidas por ese Registro de la Propiedad Por ser Justicia que se pide en Cáceres a 13 de abril de 2021. Fdo M. T. M. B.” 4.3 Precedente cercano a nuestro escrito de 21 de julio de 2021 (…) es el escrito de la Sra. M. de 16 de abril de 2021, Y donde se insiste en la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2009, ipso iure y a instancia de parte, de cuyo contenido calle destacar lo siguiente. “Que certifique que, pese a tal caducidad, se inscribió mandamiento de anotación preventiva de embargo de 2013 y su prórroga de 2017, extemporáneamente, ignorando esta parte la causa de tales hechos, pero conociendo por nuestra parte, como por parte de la registradora, que las consecuencias de tal error, o posible negligencia, son ipso iure, nulas de pleno derecho referidas anotaciones, porque causando indefensión (en un proceso ejecutivo además prescrito, y con un mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, falso), la nulidad radical hace inexistente, acorde a Ley y Derecho, y jurisprudencia, las secuelas ilegales de ignorar las caducidades (procedimiento de enajenación subasta, iniciado en 2016/suspendido cuando se le espetó a la AEAT la caducidad ocurrida ipso iure en 2013 y por petición de parte, y continuado en 2020 por la AEAT, depues [sic] de conseguir la anotación 2017, caducidad sobre caducidad=doble caducidad). Para certificar al respecto, esa Registrador solo tiene que trasladar los datos registrales que remitió a la AEAT referentes a 2013 y 2017, pero eso sí introduciendo el mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, con fecha en que se apuntó en el Registro de la Propiedad, porque tal dato no consta incluido en la referida información proporcionada a la AEAT, por lo cual, no puede apreciarse la caducidad de 2013 respecto a 2009, circunstancia que la AEAT lleva instrumentalizando, refiriéndose exclusivamente a su Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de 2017, como si fuera correcto, cuando está afecto a caducidad, por ser prórroga del Mandamiento caducado en 2013.” 4.4 Con fecha 21 de julio de 2021 se solicita la caducidad literalmente como sigue: “Se solicita, de ese Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres, se anote la caducidad registral ocurrida y por tanto se cancelen, las anotaciones de prórroga de mandamientos de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles, referentes a las fincas registrales 16.983, 16.969 y 14.343, de 21 de junio de 2013, de 5 de julio de 2017, por estar caducado el mandamieno [sic] de 27 de mayo de 2009, desde el 12 de junio de 2013, y/o subsidiaria y cautelarmente, por la caducidad ocurrida el 20 de julio de 2021, respecto al mandamiento de 517/2017 anotado el 20 de julio de/2017, cancelándose.”(sic) Mediante el Acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres (…), la Registradora evita pronunciarse una vez más, respecto a la caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, resultando su “suspensión de la calificación”, que se expresa en el acuerdo de 11/8/2021, en realidad una calificación negativa, al referirse exclusivamente a nuestra petición subsidiaria, informándonos que tal caducidad, por efectos de la normativa relativa al Covid 19 (Acumulación Eventual o Subsidiaria: procede cuando el actor plantea pretensiones que se excluyen entre sí, caso en el cual propone una como principal y otra como subsidiaria, de acuerdo a la importancia que él les asigne), así que acorde a Ley y Doctrina, para pronunciarse sobre una petición subsidiaria, previamente se ha de resolver la petición principal. Lo que se hizo, fue ejercer, de la manera más amplia posible, agotando todas las eventualidades, el derecho a la defensa. Si estará esto ya completamente asumido en el mundo del Derecho, que la propia Lec lo prevé. Y ordena cómo tiene que hacerse en las demandas (art. 399.5): “las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente”. Nótese que incluso está previsto que pueda haber varias peticiones subsidiarias. Sin embargo, la Registradora, no asumiendo la veracidad de unos hechos incuestionables, nos emplaza para el 16 de octubre de 2021, dilatando una vez más lo que llevamos requiriendo insistentemente, y así consumir tiempo y no subsanar lo erróneamente actuado, mientras la AEAT desarrolla sus actuaciones en base unas prórrogas ya caducadas, pretendiendo acogerse a una supuesta pero no cierta, normalidad, la caducidad de 2017, respecto a 2013, lo cual es ilícito, porque, reconociendo de facto la caducidad de 12 de junio de 2013, no se pronuncia expresamente al respecto, porque es asumir su corresponsabilidad en la conducta de la AEAT, y por ello, resuelve sesgada e irregularmente la petición, respondiendo subsidiaria, e ignorando a sabiendas, una vez más, la principal. Cinco. Meramente a título dialéctico, procede indicar que el Artículo 42, Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma, Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, fue derogado, por el apartado dos de la disposición final cuarta del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 10 junio). Se reitera la derogación por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 30 marzo), no afecta obviamente, a la caducidad ocurrida en 2013, que hace inexistente la prórroga de tal año, y la de 2017, por lo que es un planteamiento falaz y maniqueo, toda cita que en el Acuerdo de 11 de agosto de 2021. realiza la Registradora, respecto a la ampliación del plazo de caducidad, de un Mandamiento legalmente extinto, ficticio y virtual. Seis. A cualquier observador imparcial debe causar asombro la conducta de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres respecto a las múltiples y reiteradas vulneraciones que su conducta ha provocado, respecto al Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, que seguidamente relacionamos. 6.1 Artículo 77. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 79. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de las inscripciones o anotaciones preventivas: 2.º Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado. 6.2 Artículo 82. Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. 6.3 Artículo 86. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado. 6.4 Artículo 18. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Artículo 24. Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma. Artículo 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. 6.5 Artículo 40. La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el Título VI. 6.6 Artículo 76. Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Artículo 99. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos en cuya virtud se soliciten las cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en los términos prevenidos para las inscripciones por los artículos dieciocho y concordantes de esta Ley. 6.7 Artículo 223. Los Registradores expedirán certificaciones: 1.º De los asientos de todas clases que existan en el Registro, relativos a bienes o a personas que los interesados señalen. 2.º De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre ciertos bienes, o a cargo o en favor de personas señaladas. Artículo 224. Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, bien a un período fijo y señalado, bien a todo el transcurrido desde la primitiva instalación o reconstitución, en su caso, del Registro respectivo. Artículo 225. La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro. Artículo 228. Si el Registrador se niega a la manifestación de los libros del Registro o a expedir certificación de lo que en ellos conste, el interesado podrá recurrir la decisión de éste ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 327 y 328 de la ley Hipotecaria en lo relativo a la legitimación para recurrir, plazo, lugar de presentación del recurso, formación del expediente y contenido del informe del Registrador, plazo de resolución y revisión jurisdiccional de ésta. Artículo 236. Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el más breve término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente a cuatro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de acreditar. Siete. 7.1 En definitiva, las actuaciones registrales impugnadas, son nulas con total evidencia, y de una gravedad difícilmente igualable, y de unas consecuencias igualmente graves para los recurrentes, realizadas de forma consciente, a sabiendas, por la registradora, por cuanto, además de las actuaciones registrales realizadas por el recurrente en 2012-2013 respecto a la caducidad, por último, exactamente el 13 de junio de2003, el recurrente reclamó sus derechos por escrito ante la registradora, que de forma intencionada, porque es imposible haber incurrido en error, en 2013 prórroga un mandamiento caducado, repitiendo acción en 2017. Actuación de la que es continuidad la conducta del Registro desde finales del año 2020 y principios del 2021, no respondiendo ni a las reclamaciones de los recurrentes ni a sus peticiones de certificación repetidamente realizadas, concluyendo todo este cúmulo de ilegalidades, no cancelando la anotación de prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de 27 de mayo de 2009, por caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se solicita mediante escrito de 21 de julio de 2021, respondido mediante escrito de 11 de agosto de 2021 y 14 de septiembre de 2021 y que nos ha obligado a recurrir repetidamente ante esta Dirección General. A mayor abundamiento, cuando estos recurrentes impugnan el escrito del Registro de 11 de agosto de 2021, notificado el 10 de septiembre de 2021, por incongruente, impugnación que se efectúa el mismo 10 de septiembre 2021 (…), tal impugnación a la fecha irresuelta, pretende subsumiese en el también incongruente Acuerdo registral de 14 de septiembre de 2021, lo cual es improcedente. La Registradora estaba obligada a cancelar la anotación de prórroga de Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013, ocurrida el 12 de junio de 2013 porque, reiteramos el mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 2009, está: – Caducado ipso iure desde el 12 de junio de 2013. – Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013. – Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013. – Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013. Y estas circunstancias, por muchas actuaciones tan omisivas como dolosas, protagonice la Sra. registradora, nunca cambiarán. 7.2 Según Sentencia de la Sala tercera del TS de 22 de diciembre de 2020 (rec.2931/2018) que fija doctrina y declara: “Debemos añadir una cuestión común a cualquier acto administrativo, incluido los tributarios, que es el grado de invalidez, la anulabilidad y la nulidad de pleno derecho (...) El acto nulo de pleno derecho carece de eficacia alguna y ab initio no produce de efectos jurídicos sin necesidad de su previa impugnación;” El acto nulo radical es ineficaz desde que se dicta, lo que afecta al mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, y el acto nulo, la nulidad, se ha producido ipso iure, y a instancia de parte, como costa en el Registro de la Propiedad y la titular contumazmente se ha negado a certificar. Como tiene señalado constantemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y “Jurisprudencia menor” de las Audiencias Provinciales, la acción de nulidad de pleno derecho es imprescriptible de acuerdo con la antigua regla de que lo nulo en su inicio no puede ser convalidado por la acción del tiempo. Una nulidad radical, es equiparable a la inexistencia. Y el conocimiento como acto receptivo que es indispensable para poder actuar pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o ignorado (anotaciones registrales de 2013 y 2017), no equivale al consentimiento, acto valorativo de manifestación expresa o tácita de la voluntad/Sentencia TS de abril 2001 y hace que el negocio jurídico sea inexistente. El art. 47.1 Ley 39/2015 contiene una lista cerrada de supuestos de nulidad de pleno derecho (STS de 7 de octubre de 2010), cuyas características del acto administrativo nulo se caracteriza por: No puede ser objeto de convalidación. El consentimiento del afectado no lo sana. Puede ser impugnado en cualquier momento (no hace falta impugnarlo en plazo) ya que la acción de nulidad no prescribe. Los efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento en el que el acto se produce, conllevando la ineficacia de los ulteriores actos que traen causa del que se ha declarado nulo (STS de 3 de abril de 2000). Supuestos del acto administrativo nulo Actos que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional El supuesto recogido en el art. 47.1 a) Ley 39/2015 se trata de un motivo de nulidad reconocido y derivado directamente de la Constitución (TS de 27 de septiembre de 2000) y que se introduce por la Ley 39/2015 entre los casos que suponen la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Así, es nulo de pleno derecho el acto cuando se produce: “La vulneración de los derechos fundamentales dado su sentido nuclearmente esencial en un Estado de Derecho” (STS de 26 de junio de 1992). Ello supone establecer el supuesto de nulidad en los términos ya fijado por el TC, que afirma que se lesionan derechos y libertades de amparo constitucional cuando se vulnera “aquella parle del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten real, concreta y efectivamente protegidos” (STC 13/1984 de 3 de febrero de 1984). Este supuesto de nulidad no alcanza a todos los derechos reconocidos en la Constitución al referirse a los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, sino que, tal y como se establece en el art. 53 de la Constitución Española, se concretan en las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 CE y en la Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE y art. 30.2 CE). En su virtud, mediante el presente escrito, se solicita, de esa Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica, que admitiendo el presente escrito de Recurso, y sus Documentos anexos, anule, revoque, o deje sin efecto, el Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, dictando Resolución acorde a nuestros pedimentos, esto es, calificando positivamente nuestra solicitud de caducidad del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo e Inmuebles, de la AEAT, de 27 de mayo de 2009, declarando que se produjo su caducidad ipso iure el 12 de junio de 2013, siendo por tanto inexistentes las Prórrogas de tal Mandamiento de 2013, y 2017 que se solicita sean canceladas, acorde a Ley, como se describe y detalla en el presente Recurso, lo cual debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Es Justicia que se pide en Cáceres a 6 de octubre de 2021. Otrosí digo. Que en base a lo preceptuado en el Art. 117. Suspensión de la ejecución de la LPA 39/2015: “1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compela resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.” Se cumplen ambos requisitos, en primer lugar, con la Anotación Preventiva de Embargo de 2009 sin cancelarse registralmente, debido a la contumacia del Registro, se podría producir una situación irreversible o de muy difícil reparación, existiendo un periculum in mora al respecto a la vez que una apariencia de buen derecho, ya que nuestro planteamiento, al final se sustenta en contar cuatro años desde 2009 a 2013. Así mismo el Recurso se plantea en base a la infracción del Art. 9.3 y 103.1 de la CE, relativos a los principios de Seguridad Jurídica y de Legalidad, que brillan por su ausencia en la actuación registral, pero también en los Arts. 14 y 24 de la CE, al recibir estos recurrentes un trato discriminatorio respecto al otorgado a la AEAT, a la que se admite contra legem prórroga tras prórroga de un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo caducado El 12 de junio de 2013, y que la AEAT desde 2016 conoce tal caducidad registral que tratamos, aunque solo fuera porque el recurrente se lo indicó en agosto de 2016 a la Jefa del Departamento Regional de Recaudación, E. R. G., mediante escrito que en el presente recurso se ha reproducido. Trato discriminatorio que ha supuesto una notable indefensión para los recurrentes, que persiste, quienes, planteando ante el registro desde diciembre de 2020, la caducidad registral ocurrida el 12 de junio de 2013, jamás han obtenido respuesta alguna, y tampoco se responde en el acuerdo que se impugna de 11 de agosto de 2021. Llegados a este punto, una cuestión estimamos obvia, la Registradora, hay que concluir, no asume la realidad de la caducidad de 12 de junio de 2013, aunque sea de forma tan grosera y grotesca, como se contiene en su Acuerdo de 11 de septiembre de 2021, donde ignora otra vez nuestro requerimiento al respecto, y es que, meritada Registradora, pudo cometer errores, en su momento, y quizás no intencionadamente, pero cuando quienes los sufrieron le piden repetidamente una rectificación acorde a Ley para evitar males mayores, no rectificar es ya una conducta ilegal en su máxima expresión, que se produce con pleno conocimiento de causa. Consecuencia y conclusión El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de 27 de mayo de 2009 de la AEAT, fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con los números 14443, 16983 y 16969, anotados con fecha 12 de junio de 2009, caducó y se extinguió, radical y automáticamente, ipso iure, el día 12 de junio de 20131 y las prórrogas subsiguientes de 2013 y 2017, son, por imperativo legal, y según doctrina, al margen de cualquier circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que puedan producir ningún efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han efectuado.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su nota de calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 17, 20, 24, 32, 38, 66, 82, 86 y 326 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de junio y 1 de septiembre de 2000, 10 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 25 de junio y 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 27 de septiembre de 2003, 9 de junio de 2009, 11 de marzo de 2010, 25 de octubre de 2011, 19 de mayo, 20 de julio y 17 de diciembre de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017, 12 de enero y 9 de abril de 2018 (ésta en consulta vinculante formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España) y 22 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de junio de 2020 y 20 de abril de 2021. 1. Como cuestión preliminar previa, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente, por lo que atañe al presente caso, valorar la extensión de asientos ya practicados, o las actuaciones efectuadas por la Agencia Tributaria, o la supuesta conducta de este organismo o de los registradores que han sido o son titulares del Registro, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación registral. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. 2. Entrando en el fondo del recurso, es necesario, para su resolución, examinar el historial registral de las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres. En dicho historial figuran extendidas las anotaciones preventivas de embargo cautelar –letras A– a favor del Estado Español con fecha 30 de julio de 2008. Por las respectivas anotaciones letras B), de fecha 2 de enero de 2009, se prorrogaron las citadas anotaciones letras A) por cuatro años más. Por las anotaciones letras C), de fecha 12 de junio de 2009, las anteriores anotaciones preventivas de embargo cautelar letras A) prorrogadas por las B), se convirtieron «en definitivas». Por las anotaciones letras D), de fecha 12 de junio de 2009, se amplían los importes de los correspondientes embargos, tomándose «anotación preventiva de embargo a favor de la Hacienda Pública por la cantidad expresada y en los términos expuestos». Las anteriores anotaciones, A) prorrogada por la B), convertidas en definitivas por la C) y ampliadas por la D), se cancelaron por caducidad en virtud de instancia, con fecha 15 de abril de 2013. En virtud de mandamiento expedido el día 21 de junio de 2013, se extienden, con fecha 9 de julio de 2013, las anotaciones letras E), a favor de Hacienda Pública, Con fecha 20 de julio de 2017, las citadas anotaciones letras E) son prorrogadas por las respectivas anotaciones letras F). 3. Por lo tanto, en contra de lo que parece desprenderse del escrito de recurso, las anotaciones letra E) no son prórrogas de las originarias anotaciones letras A) que constan canceladas por caducidad, sino que son nuevas anotaciones, aun cuando pudieran derivar del mismo procedimiento. La doctrina tradicional de este Centro Directivo parte de lo establecido en el artículo 86.1.º de la Ley Hipotecaria: «Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos». De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular. Ahora bien, la cancelación por caducidad de las anotaciones de embargo no impide la extensión de nuevas anotaciones, con la prioridad que les corresponda al tiempo de su extensión. Por lo tanto, en este supuesto la caducidad de las anotaciones letras A), no implica que el procedimiento de recaudación por vía de apremio termine, y estando en curso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta puede dictar nuevos mandamientos de embargo, ordenando nuevas anotaciones preventivas, así como sus respectivas prórrogas, que es lo que ha sucedido con las anotaciones E) y F). Y, como se ha dicho anteriormente, extendidos los respectivos asientos, éstos se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales y despliegan todos sus efectos en tanto no se tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia. 4. Respecto al contenido de la nota de calificación, hay que tener en cuenta la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020, por la que responde a la consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación a la caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: «Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el trascurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha». De esta misma forma, mediante la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley, se levanta la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales establecidos mediante el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, permitiendo de este modo acompasar el levantamiento de los plazos de caducidad de los asientos registrales con el de los plazos administrativos y el de los plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, respectivamente, el 1 y el 4 de junio, mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo. Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 dispone en su apartado primero que: «El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del real Decreto ley 8/20220, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de la expresa derogación del artículo 42». El día de la expresa derogación del artículo 42 tuvo lugar el día 10 de junio de 2020, en el mismo día de la publicación de la Instrucción de 4 de junio de 2020. La Dirección General ha acordado resolver la consulta por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, sobre la forma de cómputo de los plazos de vigencia de los asientos, dados los días en que han estado interrumpidos en los siguientes términos: «Primero. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de alarma, hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. Segundo. A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: 1. Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles desde su vigencia conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión 2. Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020. 3. El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha según el artículo 86 de la Ley Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales.» Así pues, en materia de anotaciones preventivas sujetas al plazo ordinario del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, practicado y vigente a fecha 14 de marzo de 2020, el cómputo para su caducidad habrá de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma. Este plazo en días naturales, como excepción al artículo 109 del Reglamento Hipotecario, se justifica en la propia singularidad de las circunstancias que han motivado el estado de alarma. Nótese, en cualquier caso, que la suma de 88 días naturales a la fecha en que, de no haber mediado la suspensión por el estado de alarma se hubiese producido la caducidad, arroja el mismo resultado que el que supondría reanudar el cómputo desde el día 10 en junio de 2020 por el número de días que faltasen para su caducidad; es decir, se trata de una forma de computar más sencilla que simplifica el cálculo sin variar su resultado, cumpliendo así con lo previsto por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 5. En el supuesto de este expediente, se solicita la cancelación por caducidad de las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres, prorrogadas con fecha 20 de julio de 2017. Teniendo en cuenta los cómputos antes mencionados al estar comprendidas dichas anotaciones entre las afectadas por la situación provocada por la Covid 19, la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produjo hasta el día 16 de octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la que la cancelación fue solicitada esta no podía efectuarse. Debe tenerse en cuenta que dicha ampliación especial de plazos opera a todos los efectos, también respecto al titular de las anotaciones, Hacienda Pública, por lo que, si durante la ampliación de su vigencia se ordena una nueva prórroga, esta impediría igualmente la cancelación por caducidad pretendida por los interesados, dado que ello supondría, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, un nuevo período de cuatro años de vigencia de las anotaciones referidas. Procede, por tanto, confirmarse la nota de calificación. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por don R. A. G. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Pamplona número 8, doña Maruxa do Pilar Ordóñez Novoa, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación. Hechos I Mediante decreto, dictado el día 29 de abril de 2021 por don J. A. R., letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Pamplona, recaído en el procedimiento de ejecución de título judicial número 929/2016, se aprobó el remate y adjudicación de una finca en favor del mejor postor, don R. G. A. II Presentado dicho decreto en el Registro de la Propiedad de Pamplona número 8, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada n.º: 1820 del año: 2021. Asiento n.º: Diario: Presentado el a las 12:28:47. Presentante: S. N., N. Naturaleza: Decreto de adjudicación. Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Pamplona, Pamplona. Pamplona, a dos de septiembre del año dos mil veintiuno, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho siguientes: Antecedentes de hecho. I.–En este Registro de la Propiedad se ha presentado el documento cuyos datos constan en el encabezamiento, que ha quedado disponible para su calificación el mismo día. II.–Del mismo y de los antecedentes del Registro resultan las circunstancias siguientes que son determinantes para esta nota de calificación: a) Se suspende la inmatriculación de las fincas solicitadas por no cumplir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria. Fundamentos de Derecho. I.–Esta nota se extiende por la Registradora titular de esta oficina, competente por razón del territorio donde radica la finca, en el ámbito de sus facultades de calificación previstas en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 y siguientes de su Reglamento y dentro del plazo legal de quince días hábiles a que se refiere el precepto citado. II.–En cuanto al fondo de la cuestión, se observan los defectos siguientes: 1) Se presenta Decreto de adjudicación firme a favor de D. R. A. G. En primer lugar no cabe la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular (artículo 205 LH), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de la LH, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes. En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se describen, que es el decreto de adjudicación firme. Por otro lado, no consta el carácter de la adquisición de las fincas a favor de D. R. A. G. El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga constar el carácter de la adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, casado, separado o divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico matrimonial al que está sujeto. III.–Los defectos calificados tienen el carácter de subsanables. Con arreglo a lo anterior, la Registradora que suscribe ha resuelto suspender el despacho del documento calificado por las faltas citadas. En caso de disconformidad, esta nota de calificación puede: (…) Pamplona, a dos de septiembre del año dos mil veintiuno Fdo. Maruxa Ordóñez Nóvoa Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Maruxa Ordóñez Novoa registrador/a de Registro Propiedad de Pamplona (Iruña) 8 a día dos de septiembre del dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, don R. A. G. interpuso recurso el día 4 de octubre de 2021 mediante escrito en el que señalaba lo siguiente: «Que mediante el presente escrito interpongo la reclamación prevista en el art. 322 de la Ley Hipotecaria con respecto a la resolución del Registro de la Propiedad n.º 8 de Pamplona-Iruña, de fecha 02/09/2021, comunicada posteriormente, con base en los siguientes Fundamentos de hecho y de Derecho I.º Naturaleza y contencido [sic] de la rersolucion [sic].– Es una suspensión del Registro dimanante de unos defectos que se consideran subsanables. En presente recurso, tiene el carácter de subsanación. II.º Subsanación de defectos.– II.º1.–Carácter de la adquisición.–El carácter de la adquisición es privativo por cuanto el reclamante es soltero (…). II.º2.–Los documentos previos al título del reclamante son las adquisiciones de “participaciones o cuota partes” en la sociedad civil que la titular previa del bien inmueble adjudicado en subasta judicial. El padre de mi representado adquirió dos de dichas participaciones mediante sendas escrituras notariales (…). II.º3.–Las descripciones de las fincas que han efectuado y son coincidentes con el catastro municipal, que son además las descripciones correspondientes a las referencias contenidas en la resolución judicial de adjudicación. Por lo cual Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tenga por interpuesta la reclamación prevista en el art. 322 de la Ley Hipotecaria y resuelva se procedente la inmatriculación del título de propiedad del reclamante consistente en auto de adjudicación.» IV La registradora de la Propiedad suscribió informe el día 5 de octubre de 2021 y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria; 38, 45 y 48 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; 656, 667 y 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de julio de 2019 y las en ella citadas, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de mayo de 2021. 1. Mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia, se adjudica a don R. A. G., como único postor en la subasta, una finca que se describe de la siguiente forma: «Polígono Parcela Naturaleza Cabida Valoración DF 136/05: 1.–Polígono 2, parcela 25 urbana, caserío (…) 2.–Polígono 2, parcela 25 rústica. 3,- Polígono 1, parcela 99 rústica, 4.–Polígono 1, parcela 102 rústica, 5.–Polígono 1, parcela 171 rústica, 6.–Polígono 1, parcela 350 rústica, 7.–Polígono 1, parcela 484 rústica, 8.–Polígono 1 rústica 486, 9.–Polígono 2, parcela 414 rústica, 10.–Polígono 3, parcela 64 rústica, En ruina molino y central (…)». La registradora suspende la inscripción por entender que no cabe la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular (art. 205 de la Ley Hipotecaria), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes. En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se describen, que es el decreto de adjudicación firme. También señala como defecto que no consta el carácter de la adquisición de las fincas a favor de don R. A. G: «El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga constar el carácter de la adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, casado, separado o divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico matrimonial al que está sujeto». 2. Como cuestión previa debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Por ello, no puede ahora valorarse el documento, aportado con el escrito de recurso, por el que pretende el recurrente acreditar el carácter privativo de la adquisición mediante la fe de vida y de estado. Con base en dicho precepto legal, es continua doctrina de esta Dirección General (cfr., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del artículo y en la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad –y mercantiles– es exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho. Y es igualmente doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 de octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que los interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del recurso, a fin de obtener una nueva calificación (cfr., por todas, las resoluciones de esta Dirección General de 21 de julio de 2017 y 31 de octubre de 2018). 3. Este centro directivo ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. Resoluciones en los «Vistos») que todo documento que acceda al Registro y que pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación hipotecaria (art. 21 de la Ley Hipotecaria). Esta afirmación es predicable igualmente de los documentos judiciales cualquiera que sea su naturaleza y el procedimiento del que provengan. Si con la presentación del documento judicial se pretende la inscripción de una finca en el Registro debe especificarse en el mismo las circunstancias personales del adquirente. Si indiscutible es el deber de los registradores de cumplir las resoluciones judiciales firmes, también lo es su deber y potestad calificadora de verificar que todos los documentos inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, de acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en cuanto a los documentos judiciales en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria determina que: «El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de aquella. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: (…) e) La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción o, cuando sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquella, cuando este sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u obligaciones. Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad siempre que se acredite, conforme al artículo 3, la composición de las mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido. También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, dirección electrónica a efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas y telemáticas relativas al derecho inscrito. Las comunicaciones a través de medios electrónicos y telemáticos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique de forma auténtica o fehaciente al remitente y al destinatario de las mismas». Por su parte, el artículo 51 del Reglamento Hipotecario dispone: «Las inscripciones extensas a que se refiere el artículo 9 de la Ley contendrán los requisitos especiales que para cada una de ellas determina este Reglamento, y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes: (…) Novena.–La persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o derecho que se inscriba se determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten». 4. El artículo 204 de la Ley Hipotecaria determina que «además del procedimiento prevenido en el artículo anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en los artículos 205 y 206, podrá obtenerse también la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad en los siguientes supuestos: (…) 5.º En virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo». No concurriendo en el presente expediente los requisitos previstos en los artículos 204 y 205 de la Ley Hipotecaria, el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta dirección general ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por don R. A. G. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Pamplona número 8, doña Maruxa do Pilar Ordóñez Novoa, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación. Hechos I Mediante decreto, dictado el día 29 de abril de 2021 por don J. A. R., letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Pamplona, recaído en el procedimiento de ejecución de título judicial número 929/2016, se aprobó el remate y adjudicación de una finca en favor del mejor postor, don R. G. A. II Presentado dicho decreto en el Registro de la Propiedad de Pamplona número 8, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada n.º: 1820 del año: 2021. Asiento n.º: Diario: Presentado el a las 12:28:47. Presentante: S. N., N. Naturaleza: Decreto de adjudicación. Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Pamplona, Pamplona. Pamplona, a dos de septiembre del año dos mil veintiuno, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho siguientes: Antecedentes de hecho. I.–En este Registro de la Propiedad se ha presentado el documento cuyos datos constan en el encabezamiento, que ha quedado disponible para su calificación el mismo día. II.–Del mismo y de los antecedentes del Registro resultan las circunstancias siguientes que son determinantes para esta nota de calificación: a) Se suspende la inmatriculación de las fincas solicitadas por no cumplir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria. Fundamentos de Derecho. I.–Esta nota se extiende por la Registradora titular de esta oficina, competente por razón del territorio donde radica la finca, en el ámbito de sus facultades de calificación previstas en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 y siguientes de su Reglamento y dentro del plazo legal de quince días hábiles a que se refiere el precepto citado. II.–En cuanto al fondo de la cuestión, se observan los defectos siguientes: 1) Se presenta Decreto de adjudicación firme a favor de D. R. A. G. En primer lugar no cabe la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular (artículo 205 LH), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de la LH, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes. En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se describen, que es el decreto de adjudicación firme. Por otro lado, no consta el carácter de la adquisición de las fincas a favor de D. R. A. G. El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga constar el carácter de la adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, casado, separado o divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico matrimonial al que está sujeto. III.–Los defectos calificados tienen el carácter de subsanables. Con arreglo a lo anterior, la Registradora que suscribe ha resuelto suspender el despacho del documento calificado por las faltas citadas. En caso de disconformidad, esta nota de calificación puede: (…) Pamplona, a dos de septiembre del año dos mil veintiuno Fdo. Maruxa Ordóñez Nóvoa Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Maruxa Ordóñez Novoa registrador/a de Registro Propiedad de Pamplona (Iruña) 8 a día dos de septiembre del dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, don R. A. G. interpuso recurso el día 4 de octubre de 2021 mediante escrito en el que señalaba lo siguiente: «Que mediante el presente escrito interpongo la reclamación prevista en el art. 322 de la Ley Hipotecaria con respecto a la resolución del Registro de la Propiedad n.º 8 de Pamplona-Iruña, de fecha 02/09/2021, comunicada posteriormente, con base en los siguientes Fundamentos de hecho y de Derecho I.º Naturaleza y contencido [sic] de la rersolucion [sic].– Es una suspensión del Registro dimanante de unos defectos que se consideran subsanables. En presente recurso, tiene el carácter de subsanación. II.º Subsanación de defectos.– II.º1.–Carácter de la adquisición.–El carácter de la adquisición es privativo por cuanto el reclamante es soltero (…). II.º2.–Los documentos previos al título del reclamante son las adquisiciones de “participaciones o cuota partes” en la sociedad civil que la titular previa del bien inmueble adjudicado en subasta judicial. El padre de mi representado adquirió dos de dichas participaciones mediante sendas escrituras notariales (…). II.º3.–Las descripciones de las fincas que han efectuado y son coincidentes con el catastro municipal, que son además las descripciones correspondientes a las referencias contenidas en la resolución judicial de adjudicación. Por lo cual Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tenga por interpuesta la reclamación prevista en el art. 322 de la Ley Hipotecaria y resuelva se procedente la inmatriculación del título de propiedad del reclamante consistente en auto de adjudicación.» IV La registradora de la Propiedad suscribió informe el día 5 de octubre de 2021 y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria; 38, 45 y 48 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; 656, 667 y 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de julio de 2019 y las en ella citadas, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de mayo de 2021. 1. Mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia, se adjudica a don R. A. G., como único postor en la subasta, una finca que se describe de la siguiente forma: «Polígono Parcela Naturaleza Cabida Valoración DF 136/05: 1.–Polígono 2, parcela 25 urbana, caserío (…) 2.–Polígono 2, parcela 25 rústica. 3,- Polígono 1, parcela 99 rústica, 4.–Polígono 1, parcela 102 rústica, 5.–Polígono 1, parcela 171 rústica, 6.–Polígono 1, parcela 350 rústica, 7.–Polígono 1, parcela 484 rústica, 8.–Polígono 1 rústica 486, 9.–Polígono 2, parcela 414 rústica, 10.–Polígono 3, parcela 64 rústica, En ruina molino y central (…)». La registradora suspende la inscripción por entender que no cabe la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular (art. 205 de la Ley Hipotecaria), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes. En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se describen, que es el decreto de adjudicación firme. También señala como defecto que no consta el carácter de la adquisición de las fincas a favor de don R. A. G: «El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga constar el carácter de la adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, casado, separado o divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico matrimonial al que está sujeto». 2. Como cuestión previa debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Por ello, no puede ahora valorarse el documento, aportado con el escrito de recurso, por el que pretende el recurrente acreditar el carácter privativo de la adquisición mediante la fe de vida y de estado. Con base en dicho precepto legal, es continua doctrina de esta Dirección General (cfr., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del artículo y en la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad –y mercantiles– es exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho. Y es igualmente doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 de octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que los interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del recurso, a fin de obtener una nueva calificación (cfr., por todas, las resoluciones de esta Dirección General de 21 de julio de 2017 y 31 de octubre de 2018). 3. Este centro directivo ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. Resoluciones en los «Vistos») que todo documento que acceda al Registro y que pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación hipotecaria (art. 21 de la Ley Hipotecaria). Esta afirmación es predicable igualmente de los documentos judiciales cualquiera que sea su naturaleza y el procedimiento del que provengan. Si con la presentación del documento judicial se pretende la inscripción de una finca en el Registro debe especificarse en el mismo las circunstancias personales del adquirente. Si indiscutible es el deber de los registradores de cumplir las resoluciones judiciales firmes, también lo es su deber y potestad calificadora de verificar que todos los documentos inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, de acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en cuanto a los documentos judiciales en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria determina que: «El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de aquella. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: (…) e) La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción o, cuando sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquella, cuando este sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u obligaciones. Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad siempre que se acredite, conforme al artículo 3, la composición de las mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido. También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, dirección electrónica a efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas y telemáticas relativas al derecho inscrito. Las comunicaciones a través de medios electrónicos y telemáticos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique de forma auténtica o fehaciente al remitente y al destinatario de las mismas». Por su parte, el artículo 51 del Reglamento Hipotecario dispone: «Las inscripciones extensas a que se refiere el artículo 9 de la Ley contendrán los requisitos especiales que para cada una de ellas determina este Reglamento, y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes: (…) Novena.–La persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o derecho que se inscriba se determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten». 4. El artículo 204 de la Ley Hipotecaria determina que «además del procedimiento prevenido en el artículo anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en los artículos 205 y 206, podrá obtenerse también la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad en los siguientes supuestos: (…) 5.º En virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo». No concurriendo en el presente expediente los requisitos previstos en los artículos 204 y 205 de la Ley Hipotecaria, el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta dirección general ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por don A. M. H., abogado, en nombre y representación de «Covides, S.C.C.L.», contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Canovelles, doña Asunción de la Dueña Sánchez, a la práctica de una anotación preventiva de embargo. Hechos I Por mandamiento expedido el día 13 de abril de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia 6 de Granollers en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 425/2019, se ordenó la anotación preventiva de embargo sobre la finca registral número 1.302 de Vilanova del Vallès perteneciente al deudor, don M. G. L. II Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Canovelles, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «El precedente documento, es decir, el mandamiento expedido por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers, el día 13 de abril de 2021, procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 425/2019-A, que fue presentado a las 13:58 horas, del día trece de Mayo del año dos mil veintiuno, según el asiento 890, del diario 65; calificado negativamente el 26/05/2021; aportada con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, diligencia de ordenación expedida por dicho Juzgado, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno; ha sido nuevamente calificado y se han de resaltar los siguientes hechos: 1. En el referido mandamiento, en virtud de decreto dictado el doce de abril de dos mil veintiuno por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers, se acuerda la anotación preventiva de embargo sobre la finca 1.302 de Vilanova del Vallés perteneciente al deudor don M. G. L. 2. Consultado el historial registral de la finca objeto de anotación, del mismo resulta que la finca tiene el carácter de vivienda habitual, compareciendo la esposa del demandado doña S. C. T., con D.N.I. número (…), de la misma vecindad y domicilio que el citado demandado don M. G. L., para prestar su consentimiento en diversas operaciones efectuadas sobre la misma. De conformidad con lo expuesto se suspende el despacho del precedente documento por cuanto no consta que el embargo haya sido notificado al cónyuge del titular embargado, debiendo dicho extremo ser objeto de calificación registral. Vistos los artículos, 40, 70 y 1320 del Código Civil; artículo 231-9 del libro segundo del Código Civil de Cataluña; 18 de la Ley Hipotecaria; 100 y 144 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de julio de 1998, 23 y 29 de febrero y 9 de marzo de 2000, 22 y 23 de julio de 2011, 25 de octubre de 2012, 19 de septiembre de 2013, 14 de junio de 2017 y 12 de junio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de febrero de 2021. El artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario establece que “Cuando la Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia, y este carácter constare en el Registro, será necesario para la anotación del embargo de vivienda perteneciente a uno solo de los cónyuges que del mandamiento resulte que la vivienda no tiene aquél carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado” Artículo 100 señala que “La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.”. Por tanto, el registrador puede y debe revisar las decisiones judiciales cuando hay obstáculos derivados del Registro (como es la constancia del carácter de vivienda habitual del bien sobre el que se pretende que se practique la anotación preventiva de embargo), que impongan el control del cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos en garantía de los derechos inscritos (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su reglamento). El fundamento de la calificación registral de documentos judiciales en general, es que las resoluciones judiciales tienen en principio efectos inter partes, y es a través de los asientos registrales y con los requisitos de éstos, como extienden sus efectos erga omnes, por lo que ha de existir un control del órgano registral encargado de los asientos sobre determinados aspectos, sin entrar en el fondo de la resolución judicial. Asimismo la resolución de la DGRN de fecha 25 de octubre de 2012 estableció que constando inscrita en la finca embargada una hipoteca otorgada por el titular registral con el consentimiento de su cónyuge por ser la vivienda habitual, figurando además como domicilio la vivienda embargada, debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario, es decir, debe constar en el mandamiento que la vivienda no tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado, máxime además cuando tal carácter consta en el Registro. Reitera esta doctrina las RR. R. 19 septiembre 2013 y 4 febrero 2021, 18 de marzo de 2021 (y en parte las de 5 octubre 2017 y de 11 febrero 2021) al entender ex art 144-5 RH que el registrador puede rechazar la anotación del embargo, cuando del Registro resulta re el carácter de vivienda habitual del bien embargado y además conste de forma clara y expresa, bien porque venga directamente determinada por la manifestación de su titular al tiempo de la adquisición o con posterioridad, bien por la realización de determinados actos que requieran el consentimiento del cónyuge no titular, por ejemplo, la constitución de una hipoteca, que ingresen en el registro dicho carácter, circunstancias ambas que se manifiestan en el caso que nos ocupa. La calificación previa del documento se ha realizado conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en este Registro. Contra esta calificación se puede (…) Canovelles, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. La Registradora (firma ilegible), Fdo: Asunción de la Dueña Sánchez». III Contra la anterior nota de calificación, don A. M. H., abogado, en nombre y representación de «Covides, S.C.C.L.», interpuso recurso el día 1 octubre de 2021 mediante escrito en el que expresaba lo siguiente «Es de interés de esta parte solicitar, en términos de defensa y con los debidos respetos, la calificación negativa efectuada por el Registro de la Propiedad de Canovelles en fecha 24 de agosto de 2021 de un mandamiento de embargo de una finca expedido por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Granollers, el 13 de abril de 2021, procedimiento de ejecución de títulos judiciales 425/19. El motivo de la calificación negativa era que, si bien en el certificado del Registro de la Propiedad de Canovelles no constaba el carácter de vivienda habitual de la referida finca, el único titular que constaba era el ejecutante (M. G. L.), no constaba la notificación a su cónyuge del embargo de la finca solicitado. No consta en la certificación del Registro de la Propiedad el carácter de vivienda habitual de la referida finca ni dato alguno de su cónyuge, basándose el Registro de la Propiedad en cuestión para calificar negativamente en una comparecencia que había efectuado la cónyuge del titular ante el referido organismo. Por todo ello, entendemos que no procede la calificación negativa y solicitamos la inscripción del mandamiento de embargo en el Registro de la Propiedad de Canovelles». IV Mediante escrito, de fecha 4 de octubre de 2021, la registradora de la Propiedad elevó el expediente, con su informe, a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 1, 18, 19 bis, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 40, 70 y 1320 del Código Civil; 231-9 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia; 100 y 144 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 2 de abril y 18 de noviembre de 2005, 25 de octubre de 2007, 12 de febrero, 14 de abril y 14 de diciembre 2010, 26 de enero y 26 de septiembre de 2011, 28 y 29 de febrero y 4 de diciembre de 2012, 25 de febrero, 19 de septiembre, 19 de octubre y 27 de noviembre de 2013, 18 y 25 de febrero, 28 de junio y 16 de septiembre de 2014, 14 de junio de 2017 y 12 de junio de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de enero, 4 y 11 de febrero, 18 de marzo y 9 de septiembre de 2021. 1. Por la calificación objeto de impugnación a registradora suspende la práctica de una anotación de embargo sobre una finca propiedad del deudor en procedimiento de ejecución de títulos judiciales porque, según consta en el Registro, dicha finca tiene carácter de vivienda habitual de aquél y no consta que el embargo haya sido notificado a su cónyuge. 2. Conforme al artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario «cuando la Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia, y este carácter constare en el Registro, será necesario para la anotación del embargo de vivienda perteneciente a uno solo de los cónyuges que del mandamiento resulte que la vivienda no tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado». Este precepto se encuadra dentro de la normativa destinada a la protección de la vivienda familiar. Ya el Comité de Ministros de la actual Unión Europea, celebrado el 16 de octubre de 1981 (Resolución 81/1915), recomendó a los gobiernos de los Estados miembros que garanticen el derecho de uso de la vivienda familiar. Ahora bien, como ya afirmó esta Dirección General (cfr. Resolución 23 de julio de 2011), «debe tenerse en cuenta, que el artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario es una norma dirigida al órgano jurisdiccional, pues lo que se condiciona es el embargo mismo y la adopción y confirmación de la traba es competencia de aquél, por lo que el registrador no puede revisar las decisiones judiciales cuando no hay obstáculos derivados del Registro que impongan el control del cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos en garantía de los derechos inscritos (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento). En consecuencia, es el órgano jurisdiccional el que debe decidir, en función de las circunstancias puestas de manifiesto en el procedimiento, si procede acceder al embargo de una vivienda y si ha de hacerse con o sin notificación al cónyuge del deudor titular. De modo que ordenado en el mandamiento subsiguiente la práctica de la anotación de aquél, no debe el registrador revisar la bondad intrínseca de aquella decisión judicial, sino que deberá estar y pasar por ella, salvo que de los libros a su cargo resulte que el bien embargado es la vivienda habitual del deudor, en cuyo caso podrá y deberá suspender el asiento en tanto se le acredite debidamente que de los autos resulta de modo indubitado lo contrario, o que se ha practicado la notificación del embargo –que no de la demanda– al cónyuge del deudor». 3. En el presente expediente, del historial registral de la finca objeto de anotación, resulta que la finca tiene el carácter de vivienda habitual, habiendo prestado la esposa del demandado su consentimiento en diversas operaciones efectuadas sobre la misma (como la constitución de un derecho real de hipoteca). Por ello es necesario bien que el embargo haya sido notificado al cónyuge del titular registral de la finca objeto de embargo, o bien que pese a lo que consta en el Registro, del mandamiento resulte que la vivienda no tiene tal carácter, apreciación de competencia exclusiva judicial, sin que ya la registradora pueda calificar este extremo. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña B. N. T. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Tacoronte, don Carlos Alonso Tocino Flores, por la que se suspende la inscripción de la representación gráfica de una finca registral. Hechos I Mediante instancia privada otorgada en Tacoronte el día 19 de abril de 2021, la titular de la finca registral 15.171 del término municipal de Tacoronte, solicitaba la inscripción de la georreferenciación que completase la descripción de dicha finca, en unión de informe de validación técnica catastral con código seguro de verificación. II Presentada el día 20 de abril de 2021 dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Tacoronte, el registrador de Tacoronte inicia un expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones a los titulares registrales y catastrales de las fincas colindantes, por correo con aviso de recibo, y a los posibles ignorados titulares afectados por edicto. En el citado expediente constaba la notificación a don M. R. L., como titular registral de la finca número 15.915 de Tacoronte y titular catastral de las parcelas con referencia catastral 4527901CS6542S y 38043A01000472, la cual se practicó el día 26 de mayo de 2021. Igualmente, constaba notificación practicada a doña C. A. L. C. el día 26 de mayo de 2021, como titular registral de la finca cuyo código de finca registral era 38020000067189, registral 15.915, y titular catastral de la parcela con referencia catastral 4527901CS6542S. El día 11 de junio de 2021, dentro del plazo de alegaciones que concede a los colindantes afectados el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, tuvo entrada en el Registro escrito de alegaciones suscrito por ambos colindantes, cuya firma fue ratificada ante el registrador, en el que se manifestaba que la representación gráfica cuya inscripción se solicitaba no respetaba una serventía que la antigua propietaria de la finca cuya inscripción de representación gráfica se solicitaba, doña F. J. L. E., había constituido con anterioridad, aportando un plano en papel en el que constaba la citada serventía y fotografías en las que se apreciaba lo que parecía ser una serventía para el paso. A la vista de las alegaciones, se emitió la siguiente nota de calificación: «Legajo 357/2021. Registro de la Propiedad de Tacoronte. No se accede a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada solicitada en virtud de los [sic] siguientes causas de tipo suspensivo, cuya motivación jurídica se ordena a través de los siguientes: Hechos: Primero.–Que el pasado día veinte de abril del año dos mil veintiuno, don doña B. N. T., presentó en esta oficina solicitud de inscripción de representación gráfica de la finca registral rústica: Trozo de terreno en el término municipal de Tacoronte, donde dicen (…), que mide quinientos cincuenta y dos metros cuadrados, y linda: norte, en línea de diez y seis metros setenta centímetros, don F. L. L.; sur, en línea de diez y seis metros treinta centímetros, don A. A. M.; este, en línea de veinticinco con cincuenta metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de ocho metros con don A. A. M.; y oeste, en igual línea, doña A. M. L. La representación gráfica de esta finca no se ha inscrito. La finca de este número no ha sido coordinada gráficamente con Catastro. Fundamentos de Derecho: Primero.–Que con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria este Registrador ha calificado bajo su responsabilidad la legalidad de los formas extrínsecas del título presentado, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos en el contenido, por lo que resulta del mismo y de los asientos de este Registro. Igualmente, con arreglo al artículo 199.1. 3.º de la Ley Hipotecaria, “la certificación gráfica aportada, junto con el acto o negocio cuya inscripción se solicite, o como operación específica, será objeto de calificación registral conforme a lo dispuesto en el artículo 9”. Segundo.–Se han seguido todos los trámites previstos en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, en especial la notificación de la solicitud de inscripción de la representación gráfica a los titulares registrales del dominio que no han iniciado el expediente y a los titulares de las fincas registrales en la forma prevista por el citado artículo. Tercero.–Se han recibido las siguientes alegaciones: 1. Por parte de don M. R. L., dentro del plazo legal: en la que se opone a la propuesta de inscripción de la representación gráfica por vulnerar la delimitación y superficie de una entrada o serventía de acceso que separa ambas fincas, aportando fotografías, y planos de situación en la que se hace referencia a la citada serventía. Cuarto.–Por todo ello, a la vista de los trámites y alegaciones efectuadas, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio de la acción de deslinde prevista en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria, acuerdo: – Suspender la inscripción de la representación gráfica solicitada y cancelar la anotación preventiva por imposibilidad del registrador. – Prorrogar el asiento de presentación por el término legal, de conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. – No practicar anotación preventiva de suspensión, por no haber sido solicitada expresamente. – Notificar la presenta [sic] calificación negativa tanto al presentante como al funcionario autorizante del documento, de conformidad con lo previsto en los artículo [sic] 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra la precedente calificación negativa total/parcial por causas suspensivas de la misma, los interesados podrán: (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Carlos Alfonso Tocino Flores registrador/a de Registro Propiedad de Tacoronte a día cinco de agosto del año dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, doña B. N. T. interpuso recurso día 29 de septiembre de 2021 mediante escrito en el que formulaba las siguientes alegaciones: «Primera.–Que el pasado día 20 de abril de 2.021, presento en solicitud de inscripción de representación gráfica de la finca registral n.º 15.171, la cual consta inmatriculada con una superficie de 552 m2, resultando del levantamiento planimétrico georreferenciado una superficie de 585,54m2, esto es una diferencia de menos del 10 %. Segunda.–Linda esta finca registral n.º 15.171, al sur en línea de 16,30 metros, don A. A. M. (hoy don M. R. L.) y al este, en línea de 25,50 metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de 8 metros con don A. A. M. (hoy don M. R. L.), y así se desprende que ambos linderos coinciden con el levantamiento planimétrico georreferenciado, así al sur en línea 17,79 metros hoy con don M. R. L. y al este, en línea de 26,18 metros con entrada para el servicio de esta finca (acceso a finca colindante), y en línea de 8,15 metros con hoy con don M. R. L., y así se desprende que ambos linderos coinciden con el levantamiento planimétrico georreferenciado. Tercera.–Que el señor registrador de la propiedad de Tacoronte, dicta el pasado 5 de agosto de 2021, calificación Negativa (Legajo 357/2.021), no accediendo a la a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada, sin motivar, ni fundamentar ni tan siquiera mínimamente la misma, contraviniendo lo prescrito en el art. 199.1 párrafo 3.º, basando la misma en mera y poco fundamentada oposición del titular de la finca colindante n.º 15.915 don M. R. L. y doña C. A. L. C. que está fuera del objeto de este procedimiento, que no se ve afectado por el mismo, y que con su oposición pretende ni más ni menos que una alteración de los linderos, ya que defiende la delimitación y superficie de una “inexistente (física y registralmente) e innecesaria “entrada o serventía de acceso que separa ambas fincas, aportando fotografías, y planos de situación en la que se hace referencia a la citada serventía. Cuarta.–Que la finca registral n.º15.915 Linda todo al norte, C. L. L. y J. M. Q.; sur, F. A. R. y U. G. R.; este, Serventía de ocho metros de ancho (hoy calle […]), oeste con J. E. sito (hoy doña B. N.). Don M. R. L. y doña C. A. L. C. aportaron instancia como manifestaciones contradictorias, y aportaron dos fotografías que nada revelan respecto al lindero en el que se pretende existe una serventía de paso, ya que en las fotografía 1.ª contrariamente a la pretensión contraria lo que se observa al fondo de la misma es el cerramiento de la propiedad de los ponentes, trasera de su propiedad, sin ventanas, ni puertas de acceso que merezcan un paso o serventía, observándose en la fotografía 2.ª tomada desde la propiedad de los oponentes, el acceso al Este de la propiedad de la Sra. N. en línea de 26,18 metros, y que se describe registralmente como entrada para el servicio de esta finca, hoy acceso a fincas colindantes; aportando además un plano que no se identifica ni se entiende, ni se sitúa en la realidad física actual. Por tanto, la cuestión jurídica se circunscribe a un supuesto derecho de paso que no figura inscrito, ni se observa en los planos catastrales, ni otros planos a los que el Sr. Registrador podía haber acudido el artículo 9 b) párrafo octavo de la LH a los efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, a otras representaciones gráficas disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 2 de agosto de 2016; pero es que además de no existir paso, no existe la necesidad del mismo pues no existe entrada a otra finca distinta de la que resulta titular la recurrente. Quinta.–En el presente caso no estamos ante una discrepancia respecto de los linderos y se refiere a una finca ya inmatriculada, en que existe una descripción literaria inscrita, y se pretende al amparo del procedimiento establecido en artículo 199 de la L.H completar esa descripción registral literaria con la representación gráfica que comprende su ubicación y delimitación gráfica georreferenciada. Así el Registrador debe comparar la descripción literaria del Registro con la descripción resultante de la representación gráfica aportada de modo que no tenga dudas sobre su “correspondencia, siendo que el párrafo sexto de la letra b) del artículo 9 LH prescribe que ‘Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes”. Atendiendo a las anteriores consideraciones y siguiendo la doctrina de la Dirección General de Registro y Notariado en Resolución de 13 de julio de 2017 “no es razonable entender que la mera oposición que no esté debidamente fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa”. En definitiva, en el caso que nos ocupa no pueden considerarse que existan dudas de identidad, ni el oponente alega invasión de su propiedad perfectamente delimitada por un muro de cerramiento en todo lo que linda con la Sra. N., ni puede considerarse la causa de oposición esgrimida por el colindante y no acreditada, esto es la existencia de un paso que hasta el 1994 como el propio oponente manifiesta y reconoce, “hasta el año 1994”, momento en el que afirma se modificó al ceder la entonces propietaria la entrada desde la calle (…), y así se contempla en el catastro y levantamiento planimétrico, dicha entrada de acceso de 4 metros de ancho y 19,05 metros de largo desde hoy la calle (…) hasta la propiedad de doña F. L. E., hoy doña B. N., y que actualmente continua por el lindero Este de la propiedad de la Sra. N. en línea de 26,18 metros, que se describe registralmente como entrada para el servicio de esta finca, hoy acceso a fincas colindantes, por lo que la alegación del oponente decae por sus propias manifestaciones y por la realidad física, catastral, registral y la que se desprende de los documentos aportados. Por todo lo expuesto y acreditado, la solicitud denegada de la representación gráfica catastral, por la referencia a un paso obrante en un plano privado de fecha indeterminada que no se corresponde con la realidad actual, no puede justificar la calificación negativa recurrida, y así lo ordena el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, y tiene reiterado la Dirección General de Registros y Notariado, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015, y 21 de abril de 2016, entre otras)». IV El registrador de la Propiedad de Tacoronte emitió informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 10, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de marzo de 2012, 19 de julio y 14 de noviembre de 2016, 1 de junio de 2017, 17 de enero, 6 de febrero, 16 de mayo, 20 de julio, 27 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 y 18 de febrero, 20 de marzo y 18 de septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de febrero, 11 de marzo, 16 y 21 de septiembre y 20 y 26 de noviembre de 2020 y 20 de enero y 1 de febrero de 2021. 1. Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la representación gráfica correspondiente a una finca registral y consiguiente rectificación de su descripción. La finca registral 15.171 del término municipal de Tacoronte se describe como «Rústica: Trozo de terreno en el término municipal de Tacoronte, donde dicen (…), que mide quinientos cincuenta y dos metros cuadrados, y linda: norte, en línea de diez y seis metros setenta centímetros, don F. L. L.; sur, en línea de diez y seis metros treinta centímetros, don A. A. M.; este, en línea de veinticinco con cincuenta metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de ocho metros con don A. A. M.; y oeste, en igual línea, doña A. M. L.». La misma pasaría a tener una superficie de 585,54 metros cuadrados. Tramitado el expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, dos de los colindantes notificados, formulan en plazo alegaciones oponiéndose a dicha inscripción porque la representación gráfica que se pretende inscribir no respeta una serventía que la antigua propietaria de la finca cuya representación gráfica se pretende inscribir, doña F. J. L. E., había constituido con anterioridad, aportando un plano en papel donde consta la citada serventía y fotografías donde se aprecia lo que parece ser una serventía para el paso, que además aparece como lindero este de la finca registral 15.915 del término municipal de Tacoronte, de la que es titular registral uno de los colindantes notificados que se opone a la inscripción de la representación gráfica de la finca, razón por la cual el registrador suspende la inscripción solicitada. El promotor interpone recurso contra la nota de calificación, aportando en el mismo un informe técnico, que no puede ser tenido en cuenta para resolver el recurso, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria y a la doctrina reiterada de este centro directivo plasmada en muchas resoluciones, como las de 22 de junio de 2007, 23 de diciembre de 2010 o 13 de enero de 2011, por la que no pueden tomarse en consideración en el recurso documentos distintos de los presentados en el momento de la calificación, siendo extemporánea la presentación de un documento en trámite de recurso, pues el recurso versa únicamente acerca de si la calificación negativa fue o no procedente, por lo que sólo deben tenerse en cuenta los documentos existentes a disposición del registrador en el momento en que ha emitido su calificación negativa. Para poder ser tenidos en cuenta, tales documentos deberían haberse presentado en trámite de calificación registral, y no en trámite de recurso. 2. Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1985 y 14 de mayo de 1993, configuran la serventía como una institución consuetudinaria canaria consistente en un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los caminos públicos, cediendo cada uno de los propietarios de fincas colindantes un trozo de su terreno para la constitución del citado camino privado. De las alegaciones realizadas por los colindantes notificados y del contenido del registro parece deducirse la existencia de la citada serventía, que la representación gráfica cuya inscripción se pretende no respetaría, lo que conculcaría la doctrina reiterada de este centro directivo sobre la inscripción de la representación gráfica de una finca y la rectificación de su descripción, en el sentido de que solo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados. En el presente caso, la representación gráfica que pretende inscribirse plantea la duda razonable de que se pretende agregar a la descripción de la finca 15.171 la superficie referente a la serventía, lo que encubre el intento de aplicar al folio registral una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y la superficie colindante adicional referente a la serventía. 3. El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, ha decidido motivadamente según su prudente criterio, entender que existe un litigio latente sobre la titularidad de la franja del terreno, respecto de la que existe la serventía, cuya existencia resulta además de la descripción de la finca registral colindante, que aunque no esté inscrita, es una figura consuetudinaria admitida por la jurisprudencia, sin que proceda, como pretende la recurrente, que el registrador en su calificación o esta Dirección General en sede de recurso pueda resolver el conflicto entre colindantes que se pone de manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, estará reservada a los tribunales de Justicia. Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de 19 de julio de 2016 (reiterada en otras posteriores), que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, asegurando, además que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Aplicando la doctrina de la Resolución de 5 de marzo de 2012, la notificación a los colindantes constituye un trámite esencial en este tipo de procedimientos: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». Para la resolución de este conflicto deberán acudir al correspondiente órgano judicial, sin perjuicio de poder solventarse también dicha controversia mediante un procedimiento de conciliación, conforme al artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria ante el registrador, notario o letrado de la Administración de Justicia, a elección de los interesados, o proceder al correspondiente deslinde notarial. Esta dirección general ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

En el recurso interpuesto por doña B. N. T. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Tacoronte, don Carlos Alonso Tocino Flores, por la que se suspende la inscripción de la representación gráfica de una finca registral. Hechos I Mediante instancia privada otorgada en Tacoronte el día 19 de abril de 2021, la titular de la finca registral 15.171 del término municipal de Tacoronte, solicitaba la inscripción de la georreferenciación que completase la descripción de dicha finca, en unión de informe de validación técnica catastral con código seguro de verificación. II Presentada el día 20 de abril de 2021 dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Tacoronte, el registrador de Tacoronte inicia un expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones a los titulares registrales y catastrales de las fincas colindantes, por correo con aviso de recibo, y a los posibles ignorados titulares afectados por edicto. En el citado expediente constaba la notificación a don M. R. L., como titular registral de la finca número 15.915 de Tacoronte y titular catastral de las parcelas con referencia catastral 4527901CS6542S y 38043A01000472, la cual se practicó el día 26 de mayo de 2021. Igualmente, constaba notificación practicada a doña C. A. L. C. el día 26 de mayo de 2021, como titular registral de la finca cuyo código de finca registral era 38020000067189, registral 15.915, y titular catastral de la parcela con referencia catastral 4527901CS6542S. El día 11 de junio de 2021, dentro del plazo de alegaciones que concede a los colindantes afectados el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, tuvo entrada en el Registro escrito de alegaciones suscrito por ambos colindantes, cuya firma fue ratificada ante el registrador, en el que se manifestaba que la representación gráfica cuya inscripción se solicitaba no respetaba una serventía que la antigua propietaria de la finca cuya inscripción de representación gráfica se solicitaba, doña F. J. L. E., había constituido con anterioridad, aportando un plano en papel en el que constaba la citada serventía y fotografías en las que se apreciaba lo que parecía ser una serventía para el paso. A la vista de las alegaciones, se emitió la siguiente nota de calificación: «Legajo 357/2021. Registro de la Propiedad de Tacoronte. No se accede a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada solicitada en virtud de los [sic] siguientes causas de tipo suspensivo, cuya motivación jurídica se ordena a través de los siguientes: Hechos: Primero.–Que el pasado día veinte de abril del año dos mil veintiuno, don doña B. N. T., presentó en esta oficina solicitud de inscripción de representación gráfica de la finca registral rústica: Trozo de terreno en el término municipal de Tacoronte, donde dicen (…), que mide quinientos cincuenta y dos metros cuadrados, y linda: norte, en línea de diez y seis metros setenta centímetros, don F. L. L.; sur, en línea de diez y seis metros treinta centímetros, don A. A. M.; este, en línea de veinticinco con cincuenta metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de ocho metros con don A. A. M.; y oeste, en igual línea, doña A. M. L. La representación gráfica de esta finca no se ha inscrito. La finca de este número no ha sido coordinada gráficamente con Catastro. Fundamentos de Derecho: Primero.–Que con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria este Registrador ha calificado bajo su responsabilidad la legalidad de los formas extrínsecas del título presentado, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos en el contenido, por lo que resulta del mismo y de los asientos de este Registro. Igualmente, con arreglo al artículo 199.1. 3.º de la Ley Hipotecaria, “la certificación gráfica aportada, junto con el acto o negocio cuya inscripción se solicite, o como operación específica, será objeto de calificación registral conforme a lo dispuesto en el artículo 9”. Segundo.–Se han seguido todos los trámites previstos en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, en especial la notificación de la solicitud de inscripción de la representación gráfica a los titulares registrales del dominio que no han iniciado el expediente y a los titulares de las fincas registrales en la forma prevista por el citado artículo. Tercero.–Se han recibido las siguientes alegaciones: 1. Por parte de don M. R. L., dentro del plazo legal: en la que se opone a la propuesta de inscripción de la representación gráfica por vulnerar la delimitación y superficie de una entrada o serventía de acceso que separa ambas fincas, aportando fotografías, y planos de situación en la que se hace referencia a la citada serventía. Cuarto.–Por todo ello, a la vista de los trámites y alegaciones efectuadas, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio de la acción de deslinde prevista en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria, acuerdo: – Suspender la inscripción de la representación gráfica solicitada y cancelar la anotación preventiva por imposibilidad del registrador. – Prorrogar el asiento de presentación por el término legal, de conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. – No practicar anotación preventiva de suspensión, por no haber sido solicitada expresamente. – Notificar la presenta [sic] calificación negativa tanto al presentante como al funcionario autorizante del documento, de conformidad con lo previsto en los artículo [sic] 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra la precedente calificación negativa total/parcial por causas suspensivas de la misma, los interesados podrán: (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Carlos Alfonso Tocino Flores registrador/a de Registro Propiedad de Tacoronte a día cinco de agosto del año dos mil veintiuno.» III Contra la anterior nota de calificación, doña B. N. T. interpuso recurso día 29 de septiembre de 2021 mediante escrito en el que formulaba las siguientes alegaciones: «Primera.–Que el pasado día 20 de abril de 2.021, presento en solicitud de inscripción de representación gráfica de la finca registral n.º 15.171, la cual consta inmatriculada con una superficie de 552 m2, resultando del levantamiento planimétrico georreferenciado una superficie de 585,54m2, esto es una diferencia de menos del 10 %. Segunda.–Linda esta finca registral n.º 15.171, al sur en línea de 16,30 metros, don A. A. M. (hoy don M. R. L.) y al este, en línea de 25,50 metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de 8 metros con don A. A. M. (hoy don M. R. L.), y así se desprende que ambos linderos coinciden con el levantamiento planimétrico georreferenciado, así al sur en línea 17,79 metros hoy con don M. R. L. y al este, en línea de 26,18 metros con entrada para el servicio de esta finca (acceso a finca colindante), y en línea de 8,15 metros con hoy con don M. R. L., y así se desprende que ambos linderos coinciden con el levantamiento planimétrico georreferenciado. Tercera.–Que el señor registrador de la propiedad de Tacoronte, dicta el pasado 5 de agosto de 2021, calificación Negativa (Legajo 357/2.021), no accediendo a la a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada, sin motivar, ni fundamentar ni tan siquiera mínimamente la misma, contraviniendo lo prescrito en el art. 199.1 párrafo 3.º, basando la misma en mera y poco fundamentada oposición del titular de la finca colindante n.º 15.915 don M. R. L. y doña C. A. L. C. que está fuera del objeto de este procedimiento, que no se ve afectado por el mismo, y que con su oposición pretende ni más ni menos que una alteración de los linderos, ya que defiende la delimitación y superficie de una “inexistente (física y registralmente) e innecesaria “entrada o serventía de acceso que separa ambas fincas, aportando fotografías, y planos de situación en la que se hace referencia a la citada serventía. Cuarta.–Que la finca registral n.º15.915 Linda todo al norte, C. L. L. y J. M. Q.; sur, F. A. R. y U. G. R.; este, Serventía de ocho metros de ancho (hoy calle […]), oeste con J. E. sito (hoy doña B. N.). Don M. R. L. y doña C. A. L. C. aportaron instancia como manifestaciones contradictorias, y aportaron dos fotografías que nada revelan respecto al lindero en el que se pretende existe una serventía de paso, ya que en las fotografía 1.ª contrariamente a la pretensión contraria lo que se observa al fondo de la misma es el cerramiento de la propiedad de los ponentes, trasera de su propiedad, sin ventanas, ni puertas de acceso que merezcan un paso o serventía, observándose en la fotografía 2.ª tomada desde la propiedad de los oponentes, el acceso al Este de la propiedad de la Sra. N. en línea de 26,18 metros, y que se describe registralmente como entrada para el servicio de esta finca, hoy acceso a fincas colindantes; aportando además un plano que no se identifica ni se entiende, ni se sitúa en la realidad física actual. Por tanto, la cuestión jurídica se circunscribe a un supuesto derecho de paso que no figura inscrito, ni se observa en los planos catastrales, ni otros planos a los que el Sr. Registrador podía haber acudido el artículo 9 b) párrafo octavo de la LH a los efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, a otras representaciones gráficas disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 2 de agosto de 2016; pero es que además de no existir paso, no existe la necesidad del mismo pues no existe entrada a otra finca distinta de la que resulta titular la recurrente. Quinta.–En el presente caso no estamos ante una discrepancia respecto de los linderos y se refiere a una finca ya inmatriculada, en que existe una descripción literaria inscrita, y se pretende al amparo del procedimiento establecido en artículo 199 de la L.H completar esa descripción registral literaria con la representación gráfica que comprende su ubicación y delimitación gráfica georreferenciada. Así el Registrador debe comparar la descripción literaria del Registro con la descripción resultante de la representación gráfica aportada de modo que no tenga dudas sobre su “correspondencia, siendo que el párrafo sexto de la letra b) del artículo 9 LH prescribe que ‘Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes”. Atendiendo a las anteriores consideraciones y siguiendo la doctrina de la Dirección General de Registro y Notariado en Resolución de 13 de julio de 2017 “no es razonable entender que la mera oposición que no esté debidamente fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa”. En definitiva, en el caso que nos ocupa no pueden considerarse que existan dudas de identidad, ni el oponente alega invasión de su propiedad perfectamente delimitada por un muro de cerramiento en todo lo que linda con la Sra. N., ni puede considerarse la causa de oposición esgrimida por el colindante y no acreditada, esto es la existencia de un paso que hasta el 1994 como el propio oponente manifiesta y reconoce, “hasta el año 1994”, momento en el que afirma se modificó al ceder la entonces propietaria la entrada desde la calle (…), y así se contempla en el catastro y levantamiento planimétrico, dicha entrada de acceso de 4 metros de ancho y 19,05 metros de largo desde hoy la calle (…) hasta la propiedad de doña F. L. E., hoy doña B. N., y que actualmente continua por el lindero Este de la propiedad de la Sra. N. en línea de 26,18 metros, que se describe registralmente como entrada para el servicio de esta finca, hoy acceso a fincas colindantes, por lo que la alegación del oponente decae por sus propias manifestaciones y por la realidad física, catastral, registral y la que se desprende de los documentos aportados. Por todo lo expuesto y acreditado, la solicitud denegada de la representación gráfica catastral, por la referencia a un paso obrante en un plano privado de fecha indeterminada que no se corresponde con la realidad actual, no puede justificar la calificación negativa recurrida, y así lo ordena el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, y tiene reiterado la Dirección General de Registros y Notariado, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015, y 21 de abril de 2016, entre otras)». IV El registrador de la Propiedad de Tacoronte emitió informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 10, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de marzo de 2012, 19 de julio y 14 de noviembre de 2016, 1 de junio de 2017, 17 de enero, 6 de febrero, 16 de mayo, 20 de julio, 27 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 y 18 de febrero, 20 de marzo y 18 de septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de febrero, 11 de marzo, 16 y 21 de septiembre y 20 y 26 de noviembre de 2020 y 20 de enero y 1 de febrero de 2021. 1. Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la representación gráfica correspondiente a una finca registral y consiguiente rectificación de su descripción. La finca registral 15.171 del término municipal de Tacoronte se describe como «Rústica: Trozo de terreno en el término municipal de Tacoronte, donde dicen (…), que mide quinientos cincuenta y dos metros cuadrados, y linda: norte, en línea de diez y seis metros setenta centímetros, don F. L. L.; sur, en línea de diez y seis metros treinta centímetros, don A. A. M.; este, en línea de veinticinco con cincuenta metros, entrada para el servicio de esta finca y en línea de ocho metros con don A. A. M.; y oeste, en igual línea, doña A. M. L.». La misma pasaría a tener una superficie de 585,54 metros cuadrados. Tramitado el expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, dos de los colindantes notificados, formulan en plazo alegaciones oponiéndose a dicha inscripción porque la representación gráfica que se pretende inscribir no respeta una serventía que la antigua propietaria de la finca cuya representación gráfica se pretende inscribir, doña F. J. L. E., había constituido con anterioridad, aportando un plano en papel donde consta la citada serventía y fotografías donde se aprecia lo que parece ser una serventía para el paso, que además aparece como lindero este de la finca registral 15.915 del término municipal de Tacoronte, de la que es titular registral uno de los colindantes notificados que se opone a la inscripción de la representación gráfica de la finca, razón por la cual el registrador suspende la inscripción solicitada. El promotor interpone recurso contra la nota de calificación, aportando en el mismo un informe técnico, que no puede ser tenido en cuenta para resolver el recurso, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria y a la doctrina reiterada de este centro directivo plasmada en muchas resoluciones, como las de 22 de junio de 2007, 23 de diciembre de 2010 o 13 de enero de 2011, por la que no pueden tomarse en consideración en el recurso documentos distintos de los presentados en el momento de la calificación, siendo extemporánea la presentación de un documento en trámite de recurso, pues el recurso versa únicamente acerca de si la calificación negativa fue o no procedente, por lo que sólo deben tenerse en cuenta los documentos existentes a disposición del registrador en el momento en que ha emitido su calificación negativa. Para poder ser tenidos en cuenta, tales documentos deberían haberse presentado en trámite de calificación registral, y no en trámite de recurso. 2. Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1985 y 14 de mayo de 1993, configuran la serventía como una institución consuetudinaria canaria consistente en un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los caminos públicos, cediendo cada uno de los propietarios de fincas colindantes un trozo de su terreno para la constitución del citado camino privado. De las alegaciones realizadas por los colindantes notificados y del contenido del registro parece deducirse la existencia de la citada serventía, que la representación gráfica cuya inscripción se pretende no respetaría, lo que conculcaría la doctrina reiterada de este centro directivo sobre la inscripción de la representación gráfica de una finca y la rectificación de su descripción, en el sentido de que solo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados. En el presente caso, la representación gráfica que pretende inscribirse plantea la duda razonable de que se pretende agregar a la descripción de la finca 15.171 la superficie referente a la serventía, lo que encubre el intento de aplicar al folio registral una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y la superficie colindante adicional referente a la serventía. 3. El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, ha decidido motivadamente según su prudente criterio, entender que existe un litigio latente sobre la titularidad de la franja del terreno, respecto de la que existe la serventía, cuya existencia resulta además de la descripción de la finca registral colindante, que aunque no esté inscrita, es una figura consuetudinaria admitida por la jurisprudencia, sin que proceda, como pretende la recurrente, que el registrador en su calificación o esta Dirección General en sede de recurso pueda resolver el conflicto entre colindantes que se pone de manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, estará reservada a los tribunales de Justicia. Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de 19 de julio de 2016 (reiterada en otras posteriores), que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, asegurando, además que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Aplicando la doctrina de la Resolución de 5 de marzo de 2012, la notificación a los colindantes constituye un trámite esencial en este tipo de procedimientos: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». Para la resolución de este conflicto deberán acudir al correspondiente órgano judicial, sin perjuicio de poder solventarse también dicha controversia mediante un procedimiento de conciliación, conforme al artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria ante el registrador, notario o letrado de la Administración de Justicia, a elección de los interesados, o proceder al correspondiente deslinde notarial. Esta dirección general ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.