En el recurso interpuesto por don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, notario de Barcelona, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, don Nicolás Nogueroles Peiró, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2019 por el notario de Barcelona, don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, con el número 993 de protocolo, doña M. G. L. vendió la nuda propiedad de una finca situada en Barcelona a doña L. B. A. y el usufructo de la misma a don J. P. C. II Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 11, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «De conformidad con lo tipificado en los artículos 18, 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria, así como con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha procedido a suspender la inscripción del documento que se dirá, por adolecer de defectos. Antecedentes de hecho. 1.º- Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, se aportó telemáticamente en este Registro, la carta de pago del impuesto correspondiente a la escritura de Compraventa autorizada el treinta de mayo de dos mil diecinueve por el Notario de Barcelona don Gonzalo Veciana García-Boente con el número de protocolo 993, cuya escritura motivó el asiento de presentación 499 del Diario 150, y mediante la cual doña M. G. L., vende a doña L. B. A., la nuda propiedad, y a don J. P. C., el usufructo, del departamento N.º (…), sito en esta ciudad, calle (…), inscrito en el tomo y libro 771 de Horta, folio 140, finca número 30455-N de este Registro. 2.º- La cédula de habitabilidad y los certificados catastrales, energético y de la comunidad de propietarios corresponden a la finca sita en de la calle (…). La finca transmitida es el Departamento número (…), según los datos resultantes de este Registro y de la propia nota simple protocolizada. 3.º- La liquidación del Impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta –falta una hoja–. Fundamentos de Derecho. 1.º- El artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en su número 1 señala que los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. 2.º- El artículo 98 del Reglamento Hipotecario establece que el Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, como faltas de legalidad en las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos; y del mismo modo apreciará la no expresión, o la expresión sin la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad. 3.º- El principio registral de especialidad, consagrado en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento, exige una correcta determinación del sujeto, objeto y derecho recogidos en los asientos registrales. 4.º- El Real Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad -DOGC de 2 de noviembre-, en el apartado tercero de su artículo 10, establece que “Cuando por causas excepcionales y debidamente motivadas las personas transmitentes y adquirentes acuerden ante fedatario público la entrega de la cédula de habitabilidad en un momento posterior a la fecha en que se produzca el acto de transmisión de la vivienda, siempre y cuando presenten al fedatario la solicitud de cédula de habitabilidad registrada, con el certificado de habitabilidad emitido por una persona técnica competente, que acredite que la vivienda reúne las condiciones necesarias para obtener la cédula de habitabilidad de segunda ocupación.”. 5.º- Resolución JUS/1939/2010, de 20 de abril, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Resolución. En consecuencia, se suspende la inscripción del documento presentado porque: 1. La cédula de habitabilidad y los certificados catastrales, energético y de la comunidad de propietarios corresponden a la finca sita en de la calle (…). La finca transmitida es el Departamento número (…), según los datos resultantes de este Registro y de la propia nota simple protocolizada. 2. Y, la liquidación del Impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta –falta una hoja–. Anotación preventiva por defectos subsanables (Vid. Art. 323 de la Ley Hipotecaria). No se ha practicado la inscripción que establecen los artículos 42.9 y 69 del referido cuerpo legal, por no haber sido solicitada. Notificación. Autoridad e interesado. Se procederá a la notificación formal de la aludida calificación con indicación de los recursos y de la posibilidad de solicitar la aplicación del cuadro de sustituciones pertinentes, por los medios admitidos, al Notario autorizante y a la parte interesada. Prórroga de la vigencia del asiento. Por causa de la suspensión de la inscripción del documento, su respectivo asiento de presentación ha quedado prorrogado durante un plazo de sesenta días. Contra la presente calificación cabe: (…) Barcelona, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. El Registrador. Firmado digitalmente (…) por el registrador: don Nicolás Nogueroles Peiró.» III Solicitada calificación sustitutoria, la misma fue emitida el día 28 de agosto de 2019 por el registrador de la Propiedad accidental de Cerdanyola del Vallès número 1, don Antonio José Muñoz Navarro, quien confirmó la calificación negativa del registrador sustituido. IV Contra la nota de calificación sustituida, don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, notario de Barcelona, interpuso recurso el día 2 de octubre de 2019 en virtud de escrito y con base en los siguientes argumentos: «Primero.–Hechos: A) Documento calificado: el día 30 de mayo de 2019 autoricé escritura de compraventa, en virtud de la cual Doña I. G. G. vendió a Don J. P. C. y Doña L. V. A. la finca situada en la calle (…) de Barcelona, piso situado en la planta segunda puerta cuarta. En dicha escritura quedan protocolizados los siguientes documentos: certificación catastral descriptiva y gráfica, cédula de habitabilidad, certificado eficiencia energética, certificado de pago del impuesto de bienes inmuebles, certificado de aptitud y certificado emitido por el administrador de la comunidad de propietarios del que resulta estar al corriente de pago (…) B) Presentación: La reseñada escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 11, y causó el número de entrada 2168/2019 de 30/05/2019, diario 150, asiento 499. C) Nota de calificación: El documento fue calificado con la nota aneja al mismo: “(…)” D) Calificación sustitutoria: El día 18 de julio de 2019 se solicita por telefax al Registro de la Propiedad número 11 de Barcelona Calificación Sustitutoria; se envía también dicha solicitud por correo administrativo el día 24 de julio de 2019. Por el Registro de la Propiedad número 12 se comunica por telefax el día 26 de julio de 2019 que el Registro a quien corresponde la calificación sustitutoria es el Registro de la Propiedad de Cerdanyola, sin concretar el número. Se solicita den nuevo por telefax y por correo administrativo el día 30 de julio de 2019, que se precise el Registro de la Propiedad de los de Cerdanyola a quien corresponde la calificación sustitutoria. El mismo día 30 de julio de 219 se contesta señalando que la calificación sustitutoria corresponde al Registro de la Propiedad de Cerdanyola número 1. El Registro de la Propiedad de Cerdanyola número 1 resuelve mediante comunicación recibida por telefax el día 28 de agosto de 2019, confirmando la nota de Calificación del registro de la propiedad número 11 de Barcelona. Segundo.–Fundamentos de Derecho. En cuanto al punto dos de la nota: No es corecto [sic] que la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados esté incompleta y falte una hoja. La copia telemática remitida está completa y en ella constan todos los documentos. Además, el registrador ni precisa qué hoja falta, ni explica en qué afecta a su calificación la información que pudiese constar en la supuesta hoja que falta. En cuanto al primer punto de la nota: 1. Es totalmente cierto que todos los documentos protocolizados, antes reseñados, hacen referencia a la finca situada en la calle (…). 2. No es correcto que en el Registro de la Propiedad conste la identificación de la finca en los términos que el registrador hace constar en su nota de calificación. Según la información registral protocolizada en el registro consta lo siguiente: “departamento número once. Apartamento número ocho -2131- Tipo A. Situado en (…) de esta ciudad. Donde: – “Depatamento [sic] número once” es el número de entidad de la propiedad horizontal que no es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno de los documentos protocolizados y que, por tanto, no puede constar en ellos. – “Apartamento número ocho -2131- Tipo A” tampoco es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno de los documentos protocolizados y que, por tanto, no puede constar en ellos. – “planta (…)” consta en todos los documentos protocolizados. – “del bloque (…)”, tampoco es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno los documentos protocolizados. En el registro de la Propiedad falta la mención de la puerta. 3. La cédula de habitabilidad aportada sí se corresponde con la finca registral vendida. El registrador en su nota de calificación, no alega que no exista coincidencia entre los datos identificativos de la finca registral con la de los documentos protocolizados; se limita a reseñar los datos identificativos que constan en los documentos protocolizados y a reseñar de manera incompleta los datos identificativos que constan en el Registro. No existe discrepancia, entre los datos del Registro y los documentos protocolizados. Simplemente, en el Registro se omite el número de puerta y se añaden otros elementos de identificación no trasladables a los demás documentos. Teniendo en cuenta: – que en el registro de la propiedad la finca consta perfectamente identificada como finca situada en la planta (…). – que la vendedora no es titular de ninguna otra entidad en la planta (…) – que en el catastro la vendedora consta como titular de la vivienda de la planta (…). – que la vendedora no tiene catastrada a su nombre ninguna otra finca en la misma planta. – que el administrador de la comunidad de propietarios identifica la finca titularidad de la vendedora como piso segundo puerta cuarta. – que en la escritura se ha hecho constar que la referencia catastral protocolizada se corresponde con la finca registral. No existe duda alguna de la correspondencia de la cédula de habitabilidad con la finca registral vendida. Además, en el registro constan otros elementos de identificación, no normalizados. La cuestión radica en que en el registro de la propiedad no consta el número de puerta, pero el registrador conoce perfectamente que la vendedora no es titular más que de un solo piso en la planta (…) En el catastro tampoco existe ninguna otra finca catastrada a al [sic] nombre de la vendedora en la misma planta del mismo edificio. Todos los documentos aportados hacen referencia a la titularidad de la vendedora y a la identificación del inmueble como piso situado en la planta segunda puerta cuarta de la calle (…). Y solicita la reforma de la calificación en cuanto a los puntos 1 y 2, y la inscripción de la mencionada escritura de compraventa.» V El registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, don Nicolás Nogueroles Peiró, emitió informe, confirmando la nota de calificación en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 254, 255 y 256 de la Ley Hipotecaria; 7, 51 y 54 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; 122 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; 2, 3, 45 y 48 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; 553-5.2 del Código Civil de Cataluña; 14 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; 132 y 135 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, de la Comunidad Autónoma de Cataluña: las Resoluciones Jus/1939/2010, de 20 de abril y Jus/2560/2010, de 28 de junio de 2010 de la Direcció General de Dret i d’ Entitats Juridiques, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de octubre de 1987, 21 de enero de 1993, 1 de septiembre de 1998, 14 de junio de 2010, 5 de agosto de 2013, 11 de abril y 6 de mayo de 2016 y 19 de octubre de 2018. 1. Se plantea en este expediente por un lado si han quedado suficientemente acreditados la autoliquidación y el pago del impuesto correspondiente de una escritura de compraventa y por otro si ha quedado justificada la identidad entre la finca registral vendida y el certificado de eficiencia energética, la cédula de habitabilidad y el certificado de estado de deudas con la comunidad de propietarios relativos al departamento vendido que han quedado incorporados en la escritura, pues a juicio del notario recurrente han quedado acreditados ambos extremos, la autoliquidación y pago del impuesto y la identidad entre la finca registral transmitida y los certificados aportados, en contra de lo que entiende el registrador. 2. Por lo que se refiere al primero de los defectos señalados, el artículo 254 de la Ley Hipotecaria impide al registrador realizar ninguna inscripción sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieran por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir. Como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 16 de noviembre de 2011, 4 de abril de 2012 y 5 de agosto de 2013), del artículo 254 de la Ley Hipotecaria se desprende la exigencia para la práctica del asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad, de la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripción. Este precepto no es sino la reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo dispuesto con carácter general en el artículo 54 del Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, conforme al cual «1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento…La justificación del pago o en su caso de la presentación del referido documento se hará mediante la aportación en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o de copia de dicho original» (disposición legal ésta desarrollada por los artículos 122.1 y 2 y 123 de su Reglamento). Se matiza en este último precepto reglamentario que, no obstante, esa inadmisión general de los documentos para su inscripción o anotación, se deja a «salvo lo previsto en la legislación hipotecaria», lo que supone que será posible sin necesidad de tal justificación la práctica del asiento de presentación tal como previene expresamente el artículo 255 de la Ley Hipotecaria. En el mismo sentido, dispone el artículo 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: «Cierre registral. 1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad Industrial, no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio o título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el impuesto sobre sucesiones y donaciones o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación. 2. A los efectos prevenidos en el número anterior se considerará acreditado el pago del impuesto siempre que el documento lleve la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la autoliquidación debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de los beneficios fiscales aplicables». 3. Este efecto de inadmisión de los documentos inscribibles en los registros públicos a efectos de inscripción, con la excepción dicha relativa al asiento de presentación, no es sino una de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de la obligación que les impone con carácter general el artículo 51 del Texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles a que se refiere la citada ley (y caso de no existir aquellos documentos, una declaración en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen). Tal obligación, en el ámbito de este impuesto, comporta la de presentación en la oficina gestora competente del ejemplar de la autoliquidación practicada, previo ingreso de su importe en la caja de la Administración Tributaria o entidad colaboradora de la misma o, en su caso, con la alegación de la exención o no sujeción procedente acompañada del documento original o declaración sustitutiva y de su copia. Y todo ello a los efectos de que por parte de la oficina gestora pueda procederse al examen del hecho imponible que pueda resultar del documento y a la práctica de las liquidación o liquidaciones complementarias que, en su caso, fueren procedentes (cfr. artículo 108 del Reglamento del Impuesto) y por parte del presentante pueda obtenerse de aquella oficina el correspondiente justificante de presentación del documento y su autoliquidación así como de su ingreso, cuando no se hubiese alegado exención o no sujeción (cfr. artículo 107 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), y cuya aportación ante el registrador hará posible el levantamiento del cierre registral, la práctica de la correspondiente inscripción con extensión de la oportuna nota marginal de afección (cfr. artículo 122.3 y. 4 del Reglamento del Impuesto) y, finalmente, el cumplimiento por parte del registrador de su obligación de archivo de copia de los citados justificantes (cfr. artículos 256 de la Ley Hipotecaria, 51.13 y 410 del Reglamento Hipotecario y 122.3 del Reglamento del Impuesto). Todo lo señalado, además, debe entenderse sin perjuicio de las excepciones procedentes (cfr. artículo 54.2.c) del Texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la Instrucción de 18 de mayo de 2011, de esta Dirección General, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de junta general, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre). De todo ello se deduce, por tanto, que para el acceso a los Registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no sujeción. 4. En el caso de este expediente, queda justificado que ha sido presentado el documento y autoliquidado e ingresado un impuesto, mediante la diligencia de presentación y pago de la Agencia Tributaria de Cataluña aportada por el notario. Sin embargo, dicha diligencia no acredita cuál es el impuesto que se ha autoliquidado y pagado, que es la duda que ha llevado al registrador a suspender la inscripción por este motivo, tal como da a entender, si bien es cierto que de manera confusa, cuando en la nota de calificación afirma que «la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta -falta una hoja-», deduciendo que lo que falta es aportar el modelo correspondiente a la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -modelo 600- que acredite que es ese el impuesto que efectivamente se ha autoliquidado y pagado y no otro (si bien no sería éste el único medio de acreditar ese hecho). La compraventa que se instrumenta en la escritura se encuentra sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como resulta del artículo 7.1.a) del texto refundido de su ley reguladora. Para poder practicar su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad deberá acreditarse por tanto la autoliquidación y pago de este concreto impuesto que la grava. Como señala la Resolución de 11 de abril de 2016, la doctrina de este Centro Directivo (Resolución de 21 de octubre de 1987) ha dicho que estando sujeto un documento presentado a la liquidación por dos impuestos, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones, no basta con la nota acreditativa del ingreso por el primero de ellos, sino que deberá acreditarse la liquidación también por el segundo, no obstando que la gestión de ambos impuestos haya sido transferida a las Comunidades Autónomas de manera que un mismo organismo sea competente para liquidarlos, lo que no es argumento suficiente en contra. Con este mismo argumento ha de rechazarse la inscripción de un documento si se justifica que se ha presentado la autoliquidación del mismo e ingresado el importe correspondiente, pero no a qué impuesto se refiere esa autoliquidación y pago, como sucede en este caso. 5. En cuanto al segundo de los defectos señalados, es necesario en primer lugar señalar que no se discute ni por el notario autorizante de la escritura y recurrente ni por el registrador si es necesario o no aportar la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y el certificado del estado de deudas con la comunidad de propietarios para poder practicar la inscripción de la compraventa, de acuerdo con la normativa catalana (artículos 553-5.2 del Código Civil de Cataluña; 14 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; 132 y 135 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y Resoluciones Jus/1939/2010, de 20 de abril y Jus/2560/2010, de 28 de junio de la Direcció General de Dret i d’Entitats Juridiques), sino que lo que es objeto de discrepancia es si existe o no identidad entre la finca registral vendida y el departamento al que se refieren dichos certificados y cédula, por lo que ésta es la única cuestión a resolver en este expediente. En este sentido, es preciso que se pueda apreciar de forma indubitada la correspondencia entre la descripción registral de la finca y los datos con se identifica el departamento transmitido en los certificados y la cédula mencionados, como resulta de lo establecido por la Resolución de esta Dirección General de 14 de junio de 2010. Y tal correspondencia ha de establecerse sobre la base de lo que resulta del Registro y de los documentos aportados. En este supuesto, en el Registro la finca se describe como departamento número once de la división horizontal, apartamento número (…). Por su parte, tanto el certificado de eficiencia energética como la cédula de habitabilidad y el certificado de deudas con la comunidad la finca se identifica con los datos de calle (…), número (…), planta o piso (…). También queda identificada de este modo en el certificado catastral aportado, si bien no consta incorporada todavía en el Registro ninguna referencia catastral de la finca. A juicio del registrador, no es posible establecer una correspondencia entre la finca registral y el departamento de la planta segunda, puerta cuatro a que se refieren los certificados y la cédula. En opinión del notario recurrente, no existe duda alguna de la correspondencia de la cédula de habitabilidad con la finca registral vendida ya que en el Registro de la Propiedad la finca consta perfectamente identificada como finca situada en la planta segunda, la vendedora no es titular de ninguna otra entidad en la planta segunda, en el catastro la vendedora consta como titular de la vivienda de la planta segunda, la vendedora no tiene catastrada a su nombre ninguna otra finca en la misma planta, el administrador de la comunidad de propietarios identifica la finca titularidad de la vendedora como piso segundo puerta cuatro y en la escritura se ha hecho constar que la referencia catastral protocolizada se corresponde con la finca registral. En el presente expediente, no se discute que la vivienda transmitida esté situada en la planta segunda, sino que la cuestión es determinar si existe coincidencia entre la puerta cuarta a la que se refieren los certificados, con el apartamento ocho, departamento once, que consta en el Registro. Individualmente considerados cada uno de los certificados aportados pudiera no ser suficiente para acreditar que los mismos se refieren a la finca registral transmitida. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los documentos aportados y examinados en su conjunto, así como a las manifestaciones de la parte vendedora contenidas en la escritura, puede llegarse a la conclusión razonable de que los mismos sí se están refiriendo a la finca transmitida, por lo que este defecto debe ser revocado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso en los términos que resultan de los fundamentos de Derecho anteriores y revocar parcialmente la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, notario de Barcelona, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, don Nicolás Nogueroles Peiró, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2019 por el notario de Barcelona, don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, con el número 993 de protocolo, doña M. G. L. vendió la nuda propiedad de una finca situada en Barcelona a doña L. B. A. y el usufructo de la misma a don J. P. C. II Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 11, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «De conformidad con lo tipificado en los artículos 18, 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria, así como con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha procedido a suspender la inscripción del documento que se dirá, por adolecer de defectos. Antecedentes de hecho. 1.º- Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, se aportó telemáticamente en este Registro, la carta de pago del impuesto correspondiente a la escritura de Compraventa autorizada el treinta de mayo de dos mil diecinueve por el Notario de Barcelona don Gonzalo Veciana García-Boente con el número de protocolo 993, cuya escritura motivó el asiento de presentación 499 del Diario 150, y mediante la cual doña M. G. L., vende a doña L. B. A., la nuda propiedad, y a don J. P. C., el usufructo, del departamento N.º (…), sito en esta ciudad, calle (…), inscrito en el tomo y libro 771 de Horta, folio 140, finca número 30455-N de este Registro. 2.º- La cédula de habitabilidad y los certificados catastrales, energético y de la comunidad de propietarios corresponden a la finca sita en de la calle (…). La finca transmitida es el Departamento número (…), según los datos resultantes de este Registro y de la propia nota simple protocolizada. 3.º- La liquidación del Impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta –falta una hoja–. Fundamentos de Derecho. 1.º- El artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en su número 1 señala que los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. 2.º- El artículo 98 del Reglamento Hipotecario establece que el Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, como faltas de legalidad en las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos; y del mismo modo apreciará la no expresión, o la expresión sin la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad. 3.º- El principio registral de especialidad, consagrado en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento, exige una correcta determinación del sujeto, objeto y derecho recogidos en los asientos registrales. 4.º- El Real Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad -DOGC de 2 de noviembre-, en el apartado tercero de su artículo 10, establece que “Cuando por causas excepcionales y debidamente motivadas las personas transmitentes y adquirentes acuerden ante fedatario público la entrega de la cédula de habitabilidad en un momento posterior a la fecha en que se produzca el acto de transmisión de la vivienda, siempre y cuando presenten al fedatario la solicitud de cédula de habitabilidad registrada, con el certificado de habitabilidad emitido por una persona técnica competente, que acredite que la vivienda reúne las condiciones necesarias para obtener la cédula de habitabilidad de segunda ocupación.”. 5.º- Resolución JUS/1939/2010, de 20 de abril, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Resolución. En consecuencia, se suspende la inscripción del documento presentado porque: 1. La cédula de habitabilidad y los certificados catastrales, energético y de la comunidad de propietarios corresponden a la finca sita en de la calle (…). La finca transmitida es el Departamento número (…), según los datos resultantes de este Registro y de la propia nota simple protocolizada. 2. Y, la liquidación del Impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta –falta una hoja–. Anotación preventiva por defectos subsanables (Vid. Art. 323 de la Ley Hipotecaria). No se ha practicado la inscripción que establecen los artículos 42.9 y 69 del referido cuerpo legal, por no haber sido solicitada. Notificación. Autoridad e interesado. Se procederá a la notificación formal de la aludida calificación con indicación de los recursos y de la posibilidad de solicitar la aplicación del cuadro de sustituciones pertinentes, por los medios admitidos, al Notario autorizante y a la parte interesada. Prórroga de la vigencia del asiento. Por causa de la suspensión de la inscripción del documento, su respectivo asiento de presentación ha quedado prorrogado durante un plazo de sesenta días. Contra la presente calificación cabe: (…) Barcelona, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. El Registrador. Firmado digitalmente (…) por el registrador: don Nicolás Nogueroles Peiró.» III Solicitada calificación sustitutoria, la misma fue emitida el día 28 de agosto de 2019 por el registrador de la Propiedad accidental de Cerdanyola del Vallès número 1, don Antonio José Muñoz Navarro, quien confirmó la calificación negativa del registrador sustituido. IV Contra la nota de calificación sustituida, don Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, notario de Barcelona, interpuso recurso el día 2 de octubre de 2019 en virtud de escrito y con base en los siguientes argumentos: «Primero.–Hechos: A) Documento calificado: el día 30 de mayo de 2019 autoricé escritura de compraventa, en virtud de la cual Doña I. G. G. vendió a Don J. P. C. y Doña L. V. A. la finca situada en la calle (…) de Barcelona, piso situado en la planta segunda puerta cuarta. En dicha escritura quedan protocolizados los siguientes documentos: certificación catastral descriptiva y gráfica, cédula de habitabilidad, certificado eficiencia energética, certificado de pago del impuesto de bienes inmuebles, certificado de aptitud y certificado emitido por el administrador de la comunidad de propietarios del que resulta estar al corriente de pago (…) B) Presentación: La reseñada escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 11, y causó el número de entrada 2168/2019 de 30/05/2019, diario 150, asiento 499. C) Nota de calificación: El documento fue calificado con la nota aneja al mismo: “(…)” D) Calificación sustitutoria: El día 18 de julio de 2019 se solicita por telefax al Registro de la Propiedad número 11 de Barcelona Calificación Sustitutoria; se envía también dicha solicitud por correo administrativo el día 24 de julio de 2019. Por el Registro de la Propiedad número 12 se comunica por telefax el día 26 de julio de 2019 que el Registro a quien corresponde la calificación sustitutoria es el Registro de la Propiedad de Cerdanyola, sin concretar el número. Se solicita den nuevo por telefax y por correo administrativo el día 30 de julio de 2019, que se precise el Registro de la Propiedad de los de Cerdanyola a quien corresponde la calificación sustitutoria. El mismo día 30 de julio de 219 se contesta señalando que la calificación sustitutoria corresponde al Registro de la Propiedad de Cerdanyola número 1. El Registro de la Propiedad de Cerdanyola número 1 resuelve mediante comunicación recibida por telefax el día 28 de agosto de 2019, confirmando la nota de Calificación del registro de la propiedad número 11 de Barcelona. Segundo.–Fundamentos de Derecho. En cuanto al punto dos de la nota: No es corecto [sic] que la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados esté incompleta y falte una hoja. La copia telemática remitida está completa y en ella constan todos los documentos. Además, el registrador ni precisa qué hoja falta, ni explica en qué afecta a su calificación la información que pudiese constar en la supuesta hoja que falta. En cuanto al primer punto de la nota: 1. Es totalmente cierto que todos los documentos protocolizados, antes reseñados, hacen referencia a la finca situada en la calle (…). 2. No es correcto que en el Registro de la Propiedad conste la identificación de la finca en los términos que el registrador hace constar en su nota de calificación. Según la información registral protocolizada en el registro consta lo siguiente: “departamento número once. Apartamento número ocho -2131- Tipo A. Situado en (…) de esta ciudad. Donde: – “Depatamento [sic] número once” es el número de entidad de la propiedad horizontal que no es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno de los documentos protocolizados y que, por tanto, no puede constar en ellos. – “Apartamento número ocho -2131- Tipo A” tampoco es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno de los documentos protocolizados y que, por tanto, no puede constar en ellos. – “planta (…)” consta en todos los documentos protocolizados. – “del bloque (…)”, tampoco es trasladable a la cédula de habitabilidad ni a ninguno los documentos protocolizados. En el registro de la Propiedad falta la mención de la puerta. 3. La cédula de habitabilidad aportada sí se corresponde con la finca registral vendida. El registrador en su nota de calificación, no alega que no exista coincidencia entre los datos identificativos de la finca registral con la de los documentos protocolizados; se limita a reseñar los datos identificativos que constan en los documentos protocolizados y a reseñar de manera incompleta los datos identificativos que constan en el Registro. No existe discrepancia, entre los datos del Registro y los documentos protocolizados. Simplemente, en el Registro se omite el número de puerta y se añaden otros elementos de identificación no trasladables a los demás documentos. Teniendo en cuenta: – que en el registro de la propiedad la finca consta perfectamente identificada como finca situada en la planta (…). – que la vendedora no es titular de ninguna otra entidad en la planta (…) – que en el catastro la vendedora consta como titular de la vivienda de la planta (…). – que la vendedora no tiene catastrada a su nombre ninguna otra finca en la misma planta. – que el administrador de la comunidad de propietarios identifica la finca titularidad de la vendedora como piso segundo puerta cuarta. – que en la escritura se ha hecho constar que la referencia catastral protocolizada se corresponde con la finca registral. No existe duda alguna de la correspondencia de la cédula de habitabilidad con la finca registral vendida. Además, en el registro constan otros elementos de identificación, no normalizados. La cuestión radica en que en el registro de la propiedad no consta el número de puerta, pero el registrador conoce perfectamente que la vendedora no es titular más que de un solo piso en la planta (…) En el catastro tampoco existe ninguna otra finca catastrada a al [sic] nombre de la vendedora en la misma planta del mismo edificio. Todos los documentos aportados hacen referencia a la titularidad de la vendedora y a la identificación del inmueble como piso situado en la planta segunda puerta cuarta de la calle (…). Y solicita la reforma de la calificación en cuanto a los puntos 1 y 2, y la inscripción de la mencionada escritura de compraventa.» V El registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, don Nicolás Nogueroles Peiró, emitió informe, confirmando la nota de calificación en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 254, 255 y 256 de la Ley Hipotecaria; 7, 51 y 54 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; 122 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; 2, 3, 45 y 48 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; 553-5.2 del Código Civil de Cataluña; 14 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; 132 y 135 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, de la Comunidad Autónoma de Cataluña: las Resoluciones Jus/1939/2010, de 20 de abril y Jus/2560/2010, de 28 de junio de 2010 de la Direcció General de Dret i d’ Entitats Juridiques, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de octubre de 1987, 21 de enero de 1993, 1 de septiembre de 1998, 14 de junio de 2010, 5 de agosto de 2013, 11 de abril y 6 de mayo de 2016 y 19 de octubre de 2018. 1. Se plantea en este expediente por un lado si han quedado suficientemente acreditados la autoliquidación y el pago del impuesto correspondiente de una escritura de compraventa y por otro si ha quedado justificada la identidad entre la finca registral vendida y el certificado de eficiencia energética, la cédula de habitabilidad y el certificado de estado de deudas con la comunidad de propietarios relativos al departamento vendido que han quedado incorporados en la escritura, pues a juicio del notario recurrente han quedado acreditados ambos extremos, la autoliquidación y pago del impuesto y la identidad entre la finca registral transmitida y los certificados aportados, en contra de lo que entiende el registrador. 2. Por lo que se refiere al primero de los defectos señalados, el artículo 254 de la Ley Hipotecaria impide al registrador realizar ninguna inscripción sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieran por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir. Como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 16 de noviembre de 2011, 4 de abril de 2012 y 5 de agosto de 2013), del artículo 254 de la Ley Hipotecaria se desprende la exigencia para la práctica del asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad, de la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripción. Este precepto no es sino la reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo dispuesto con carácter general en el artículo 54 del Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, conforme al cual «1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento…La justificación del pago o en su caso de la presentación del referido documento se hará mediante la aportación en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o de copia de dicho original» (disposición legal ésta desarrollada por los artículos 122.1 y 2 y 123 de su Reglamento). Se matiza en este último precepto reglamentario que, no obstante, esa inadmisión general de los documentos para su inscripción o anotación, se deja a «salvo lo previsto en la legislación hipotecaria», lo que supone que será posible sin necesidad de tal justificación la práctica del asiento de presentación tal como previene expresamente el artículo 255 de la Ley Hipotecaria. En el mismo sentido, dispone el artículo 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: «Cierre registral. 1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad Industrial, no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio o título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el impuesto sobre sucesiones y donaciones o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación. 2. A los efectos prevenidos en el número anterior se considerará acreditado el pago del impuesto siempre que el documento lleve la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la autoliquidación debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de los beneficios fiscales aplicables». 3. Este efecto de inadmisión de los documentos inscribibles en los registros públicos a efectos de inscripción, con la excepción dicha relativa al asiento de presentación, no es sino una de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de la obligación que les impone con carácter general el artículo 51 del Texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles a que se refiere la citada ley (y caso de no existir aquellos documentos, una declaración en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen). Tal obligación, en el ámbito de este impuesto, comporta la de presentación en la oficina gestora competente del ejemplar de la autoliquidación practicada, previo ingreso de su importe en la caja de la Administración Tributaria o entidad colaboradora de la misma o, en su caso, con la alegación de la exención o no sujeción procedente acompañada del documento original o declaración sustitutiva y de su copia. Y todo ello a los efectos de que por parte de la oficina gestora pueda procederse al examen del hecho imponible que pueda resultar del documento y a la práctica de las liquidación o liquidaciones complementarias que, en su caso, fueren procedentes (cfr. artículo 108 del Reglamento del Impuesto) y por parte del presentante pueda obtenerse de aquella oficina el correspondiente justificante de presentación del documento y su autoliquidación así como de su ingreso, cuando no se hubiese alegado exención o no sujeción (cfr. artículo 107 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), y cuya aportación ante el registrador hará posible el levantamiento del cierre registral, la práctica de la correspondiente inscripción con extensión de la oportuna nota marginal de afección (cfr. artículo 122.3 y. 4 del Reglamento del Impuesto) y, finalmente, el cumplimiento por parte del registrador de su obligación de archivo de copia de los citados justificantes (cfr. artículos 256 de la Ley Hipotecaria, 51.13 y 410 del Reglamento Hipotecario y 122.3 del Reglamento del Impuesto). Todo lo señalado, además, debe entenderse sin perjuicio de las excepciones procedentes (cfr. artículo 54.2.c) del Texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la Instrucción de 18 de mayo de 2011, de esta Dirección General, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de junta general, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre). De todo ello se deduce, por tanto, que para el acceso a los Registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no sujeción. 4. En el caso de este expediente, queda justificado que ha sido presentado el documento y autoliquidado e ingresado un impuesto, mediante la diligencia de presentación y pago de la Agencia Tributaria de Cataluña aportada por el notario. Sin embargo, dicha diligencia no acredita cuál es el impuesto que se ha autoliquidado y pagado, que es la duda que ha llevado al registrador a suspender la inscripción por este motivo, tal como da a entender, si bien es cierto que de manera confusa, cuando en la nota de calificación afirma que «la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados está incompleta -falta una hoja-», deduciendo que lo que falta es aportar el modelo correspondiente a la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -modelo 600- que acredite que es ese el impuesto que efectivamente se ha autoliquidado y pagado y no otro (si bien no sería éste el único medio de acreditar ese hecho). La compraventa que se instrumenta en la escritura se encuentra sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como resulta del artículo 7.1.a) del texto refundido de su ley reguladora. Para poder practicar su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad deberá acreditarse por tanto la autoliquidación y pago de este concreto impuesto que la grava. Como señala la Resolución de 11 de abril de 2016, la doctrina de este Centro Directivo (Resolución de 21 de octubre de 1987) ha dicho que estando sujeto un documento presentado a la liquidación por dos impuestos, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones, no basta con la nota acreditativa del ingreso por el primero de ellos, sino que deberá acreditarse la liquidación también por el segundo, no obstando que la gestión de ambos impuestos haya sido transferida a las Comunidades Autónomas de manera que un mismo organismo sea competente para liquidarlos, lo que no es argumento suficiente en contra. Con este mismo argumento ha de rechazarse la inscripción de un documento si se justifica que se ha presentado la autoliquidación del mismo e ingresado el importe correspondiente, pero no a qué impuesto se refiere esa autoliquidación y pago, como sucede en este caso. 5. En cuanto al segundo de los defectos señalados, es necesario en primer lugar señalar que no se discute ni por el notario autorizante de la escritura y recurrente ni por el registrador si es necesario o no aportar la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y el certificado del estado de deudas con la comunidad de propietarios para poder practicar la inscripción de la compraventa, de acuerdo con la normativa catalana (artículos 553-5.2 del Código Civil de Cataluña; 14 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; 132 y 135 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y Resoluciones Jus/1939/2010, de 20 de abril y Jus/2560/2010, de 28 de junio de la Direcció General de Dret i d’Entitats Juridiques), sino que lo que es objeto de discrepancia es si existe o no identidad entre la finca registral vendida y el departamento al que se refieren dichos certificados y cédula, por lo que ésta es la única cuestión a resolver en este expediente. En este sentido, es preciso que se pueda apreciar de forma indubitada la correspondencia entre la descripción registral de la finca y los datos con se identifica el departamento transmitido en los certificados y la cédula mencionados, como resulta de lo establecido por la Resolución de esta Dirección General de 14 de junio de 2010. Y tal correspondencia ha de establecerse sobre la base de lo que resulta del Registro y de los documentos aportados. En este supuesto, en el Registro la finca se describe como departamento número once de la división horizontal, apartamento número (…). Por su parte, tanto el certificado de eficiencia energética como la cédula de habitabilidad y el certificado de deudas con la comunidad la finca se identifica con los datos de calle (…), número (…), planta o piso (…). También queda identificada de este modo en el certificado catastral aportado, si bien no consta incorporada todavía en el Registro ninguna referencia catastral de la finca. A juicio del registrador, no es posible establecer una correspondencia entre la finca registral y el departamento de la planta segunda, puerta cuatro a que se refieren los certificados y la cédula. En opinión del notario recurrente, no existe duda alguna de la correspondencia de la cédula de habitabilidad con la finca registral vendida ya que en el Registro de la Propiedad la finca consta perfectamente identificada como finca situada en la planta segunda, la vendedora no es titular de ninguna otra entidad en la planta segunda, en el catastro la vendedora consta como titular de la vivienda de la planta segunda, la vendedora no tiene catastrada a su nombre ninguna otra finca en la misma planta, el administrador de la comunidad de propietarios identifica la finca titularidad de la vendedora como piso segundo puerta cuatro y en la escritura se ha hecho constar que la referencia catastral protocolizada se corresponde con la finca registral. En el presente expediente, no se discute que la vivienda transmitida esté situada en la planta segunda, sino que la cuestión es determinar si existe coincidencia entre la puerta cuarta a la que se refieren los certificados, con el apartamento ocho, departamento once, que consta en el Registro. Individualmente considerados cada uno de los certificados aportados pudiera no ser suficiente para acreditar que los mismos se refieren a la finca registral transmitida. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los documentos aportados y examinados en su conjunto, así como a las manifestaciones de la parte vendedora contenidas en la escritura, puede llegarse a la conclusión razonable de que los mismos sí se están refiriendo a la finca transmitida, por lo que este defecto debe ser revocado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso en los términos que resultan de los fundamentos de Derecho anteriores y revocar parcialmente la nota de calificación del registrador. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don C. L. D. M. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Parla número 2, don Juan Carlos Falcón Tella, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación de herencia y elevación a público de documento privado de compraventa. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 9 de octubre de 2018 por el notario de Madrid, don Jorge Luis García Llorente, con el número 2.417 de protocolo, don P., don A. y don C. L. D. M. aceptaron la herencia de doña M. R. D. A. y se adjudicaron los bienes y elevaron a público y ratificaron los documentos privados de compraventa citados en el expósito. Las fincas constaban inscritas en el Registro, por herencia de doña M. L. D. A., a favor de doña M. R. y doña C. D. A., con sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, ya que el testamento de doña M. L. D. A., entre otros, establecía el siguiente legado: «Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas (…) de Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana L. y por ella misma». II Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Parla número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Antecedentes de hecho. 1.º En la escritura, don P. J., don A. y don C. L. D. M., aceptan la herencia de doña M. R. D. A., elevan a público dos documentos privados, y se adjudican una finca y cinco participaciones indivisas de fincas, diciéndose en el apartado título que les pertenecían a doña C. y doña M. R. D. A., por herencia de doña M. L. D. A., en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Carlos Ruiz-Rivas Hernando, el día 2 de febrero de 2000, número 286 de protocolo. 2.º Dichas fincas están inscritas en el Registro, por herencia de doña M. L. D. A., a favor de doña M. R. y doña C. D. A., con sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, ya que el testamento de doña M. L. D. A., entre otros, establecía el siguiente legado: “Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas de (…) Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana Lola y por ella misma.”. 3.º Según resulta de la escritura y del Registro, doña C. falleció el ocho de enero de dos mil dos, bajo testamento en el que instituye heredera a su hermana M. R., y doña M. del R. falleció el veintiocho de julio de dos mil seis, bajo testamento en el que instituía herederos por partes iguales a sus sobrinos don P. J., don A. y don C. L. D. M. 4.º En la escritura se dice, en el otorgan primero, que don P. J., don A. y don C. L. D. M., aceptan la herencia de doña M. del R. D. A. y se adjudican los bienes descritos “como ha quedado especificado en el expositivo sexto anterior”-sic-, aunque no hay expositivo sexto, y a continuación, elevan y ratifican en todos sus extremos dos documentos privados de compraventa que se incorporan a la escritura, y en los que figuran como fechas, la de veintiocho de noviembre de dos mil y la de dos de marzo de dos mil cinco. En el primer documento privado que se incorpora aparece una firma que se dice que es de doña C. D. A., y otra que se dice que corresponde a don P. D. M., en representación de doña M. R. D. A., en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, y se dice que doña C. vende a doña M. R. la propiedad de una cuarta parte indivisa de las fincas 406, 156 y 714 de Torrejón de Velasco, de una sexta parte indivisa de la finca 151 de Torrejón de Velasco, y de una mitad indivisa de las fincas 872 y 1.586 de Torrejón de Velasco. En el segundo documento privado que se incorpora aparece una firma que se dice que es de don P. D. M., en representación de doña M. R. D. A., en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, como parte vendedora, y tres firmas más que se dice que son de don A., don P. J. y don C. L. D. M., como compradores, y se dice que se vende por don P. J. D. M., en representación de doña M. R. D. A., a sí mismo y a sus dos hermanos, don A. y don C. L. D. M., la mitad indivisa de las fincas 406, 392, 714 y 1.586 de Torrejón de Velasco, la tercera parte indivisa de la finca 151 de Torrejón de Velasco, y la totalidad de la finca 872 de Torrejón de Velasco. Todas las fincas a que se refieren los documentos privados están sujetas a la sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, según resulta del testamento de doña M. L. D. y de la inscripción en el Registro. Fundamentos de Derecho. El artículo 20 de la Ley Hipotecaria establece que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. El artículo 1227 del Código Civil establece que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Parte dispositiva. En consecuencia se suspende la inscripción de la precedente escritura, por no ser posible la inscripción de las fincas y participaciones de fincas cuya inscripción se solicita, ni por herencia de doña M. R., como parece que resulta del otorgamiento primero, ni como consecuencia de la elevación a público de los documentos privados, al carecer el segundo de fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, y no intervenir la Compañía de Jesús en la elevación. Contra la precedente nota de calificación (…) Parla, 8 de agosto de 2.019. El Registrador (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador).» III Contra la anterior nota de calificación, don C. L. D. A., interpone recurso en virtud de escrito de fecha 9 de septiembre de 2019 en el que resumidamente señala lo siguiente: «Los fundamentos de derecho en los que se basa la comunicación de defectos son dos: 1.º- El primero se basa en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que indica que para inscribir o anotar títulos por los que se transmita el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, debe constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. Pues bien, de acuerdo con los dos documentos privados de compraventa, que son los que se quieren inscribir en el Registro, las personas que transmiten la propiedad son: respecto al primero doña C. y respecto al segundo doña R. Ambas personas cumplen el requisito que indica el ya mencionado artículo 20 LH, pues como reconoce el propio Registro de Parla en los Antecedentes de Hecho, las fincas objeto de transmisión están inscritas en el Registro por herencia de doña M. L. a favor de R. y C. Si bien es cierto que la inscripción en el Registro contiene una sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, se trata de un fideicomiso residual y por tanto las fincas sólo pasarían a la Compañía de Jesús al fallecer R. y C. siempre y cuando éstas no las hubieran transmitido antes por acto inter vivos, situación esta última que tuvo lugar, prueba de ello son los dos documentos privados de compraventa que se pretenden inscribir. 2.º- El segundo defecto se fundamenta en el artículo 1227 del Código Civil que establece que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Por consiguiente, considerando las tres situaciones que establece el artículo mencionado, la primera que se produce respecto a los dos documentos de compraventa privados que se pretenden inscribir es el fallecimiento de un firmante. Por tanto entendemos, de acuerdo con el artículo 1227 del Código civil, que la fecha del primer contrato privado es el 8 de enero de 2002, fecha en la que fallece la fiduciaria y firmante doña C., y que la fecha del segundo contrato, donde aparece la firma de don P. D. A., en su condición de apoderado de doña R. en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de 1999, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, es el 28 de julio de 2006, fecha del fallecimiento de la fiduciaria y poderdante R. En consecuencia esta parte no comparte la posición del Registro de Parla por los siguientes motivos: En primer lugar consideramos que habiendo solicitado la inscripción de dos documentos privados, el registro debería haber accedido a inscribir el primero puesto que en la Comunicación de defectos expedida no hace referencia a ningún impedimento que imposibilite la inscripción del primer contrato en el Registro. Por otra parte, respecto del segundo documento que esta parte pretende inscribir, si bien es cierto que el Registro de Parla en la Parte Dispositiva niega que el contrajo tenga fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, es aún más concluyente que no se alegue razón alguna que impida presumir que don P. D. A. firmó el documento de compraventa en el mismo día del que data este y por tanto estando vigente el poder de representación que doña R. le confirió.» IV El registrador suscribió informe el día 3 de octubre de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 667, 675, 715, 739, 743, 767, 773, 774 y siguientes, 786, 792, 793 y 1284 del Código Civil; 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero de 2010, 19 de octubre de 2015 y 19 de abril y 20 de julio de 2017. 1. Se discute en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación de herencia y elevación a público de documento privado de compraventa. Son hechos relevantes para la resolución del presente expediente, los siguientes: – Las fincas constan inscritas a nombre de doña C. y doña M. R. D. A. por mitades indivisas, por legado de su hermana doña M. L. D. A. en cuya inscripción consta lo siguiente: «Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas de (…) Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana L. y por ella misma». – En la herencia que se formaliza, se elevan a público dos documentos privados: a) en el primer documento privado fechado el día 28 de noviembre de 2000, doña C. D. A. vende a su hermana doña M. R. D. A., representada por don P. J. D. M., según se dice en virtud de escritura de poder autorizada ante el notario de Madrid del Joaquín Rovira Perea el día 29 de noviembre de 1999, las indicadas fincas, por un precio que se dice pagado en metálico efectivo, constando las firmas que parecen ser de doña C. D. A. y don P. J. D. M., y b) en el segundo documento privado fechado el día 2 de marzo de 2005, don P. J. D. M., en nombre y representación de doña M. R. D. A., en uso del mismo poder antes expresado, vende las expresadas fincas por terceras e iguales partes indivisas a don A. D. M., don C. L. D. M. y al mismo indicado don P. J. D. M., por un precio que se dice pagado, en efectivo metálico. – Doña C. D. A. falleció en Madrid, el día 8 de enero de 2002, en estado de soltera y sin descendientes, habiendo otorgado testamento ante el notario de Madrid, don Rafael Benzo Mestre, el día 2 de febrero de 1996, por el que instituyó heredera a su hermana doña M. R. D. A. – Doña M. R. D. A. falleció en El Escorial el día 28 de julio de 2006, soltera y sin descendencia, habiendo otorgado testamento ante el notario de Madrid, don Agustín de Diego Isasa, el día 17 de diciembre de 2003, por el que instituyó herederos a sus tres sobrinos don A., don C. L. y don P. J. D. M. El registrador suspende la inscripción por no ser posible la inscripción de las fincas y participaciones de fincas cuya inscripción se solicita, ni por herencia de doña M. R. D. A., como parece que resulta del otorgamiento primero, ni como consecuencia de la elevación a público de los documentos privados, al carecer el segundo de fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, y no intervenir la Compañía de Jesús en la elevación, estando las fincas sujetas a fideicomiso de residuo. El recurrente señala que, sí es posible la inscripción, ya que no es necesario el consentimiento de la Compañía de Jesús, porque se trata de un fideicomiso residual y, por tanto, las fincas sólo pasarían a la Compañía de Jesús al fallecer doña C. y doña M. R. D. A., siempre y cuando éstas no las hubieran transmitido antes por acto ínter vivos, situación esta última que tuvo lugar. Prueba de ello son los dos documentos privados de compraventa que se pretenden inscribir, mediante su elevación a público. Y además los documentos privados sí tienen fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, ya que se ha producido el fallecimiento de un firmante. 2. El recurso no se puede estimar. El artículo 1227 del Código Civil efectivamente determina la fehaciencia de la fecha de los documentos privados, en los supuestos que se contemplan en dicho precepto, diciendo que «la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros (…)»; pero la concurrencia de dichos supuestos no atribuye a los documentos privados ninguna presunción de autoría, ni de capacidad, ni de validez de los mismos, requisitos que pueden ser obviados cuando los únicos interesados son los mismos firmantes de su elevación a público o de sus herederos, en cuanto ellos sean los únicos y exclusivos interesados. Sin embargo, existiendo terceros interesados, como ocurre en el presente expediente, en el que existe una sustitución fideicomisaria de residuo a favor de la Compañía de Jesús, que puede resultar perjudicada por la existencia y validez del documento privado, será preciso que dicho interesado admita su autoría y validez o, en su defecto, se inste el correspondiente proceso judicial con demanda al interesado, como posible perjudicado, en el que quede indubitadamente reconocida la autoría, capacidad y validez del contrato privadamente documentado. Además, en el presente caso, en el segundo de los contratos de compraventa elevado a público, quien firmó el contrato, según se aprecia en el documento aportado, no fue doña M. R. D. A., sino don P. J. D. M., en su propio nombre como comprador y en uso de poder de su citada tía como vendedora, por lo que ni siquiera se cumpliría respecto de este contrato el requisito primario del fallecimiento de uno de los firmantes, para que la fecha se tenga por fehaciente, como expresa y literalmente dice el artículo 1227 del Código Civil («(…) desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron (…)»). Esta es una diferencia esencial respecto de las escrituras públicas, por cuanto éstas, conforme al artículo 1218 del Código Civil hacen prueba «(…) del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste (…)»; conforme al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «(…) los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella»; y conforme al artículo 17 bis de la Ley del Notariado «(…) b) Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don C. L. D. M. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Parla número 2, don Juan Carlos Falcón Tella, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación de herencia y elevación a público de documento privado de compraventa. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 9 de octubre de 2018 por el notario de Madrid, don Jorge Luis García Llorente, con el número 2.417 de protocolo, don P., don A. y don C. L. D. M. aceptaron la herencia de doña M. R. D. A. y se adjudicaron los bienes y elevaron a público y ratificaron los documentos privados de compraventa citados en el expósito. Las fincas constaban inscritas en el Registro, por herencia de doña M. L. D. A., a favor de doña M. R. y doña C. D. A., con sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, ya que el testamento de doña M. L. D. A., entre otros, establecía el siguiente legado: «Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas (…) de Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana L. y por ella misma». II Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Parla número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Antecedentes de hecho. 1.º En la escritura, don P. J., don A. y don C. L. D. M., aceptan la herencia de doña M. R. D. A., elevan a público dos documentos privados, y se adjudican una finca y cinco participaciones indivisas de fincas, diciéndose en el apartado título que les pertenecían a doña C. y doña M. R. D. A., por herencia de doña M. L. D. A., en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Carlos Ruiz-Rivas Hernando, el día 2 de febrero de 2000, número 286 de protocolo. 2.º Dichas fincas están inscritas en el Registro, por herencia de doña M. L. D. A., a favor de doña M. R. y doña C. D. A., con sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, ya que el testamento de doña M. L. D. A., entre otros, establecía el siguiente legado: “Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas de (…) Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana Lola y por ella misma.”. 3.º Según resulta de la escritura y del Registro, doña C. falleció el ocho de enero de dos mil dos, bajo testamento en el que instituye heredera a su hermana M. R., y doña M. del R. falleció el veintiocho de julio de dos mil seis, bajo testamento en el que instituía herederos por partes iguales a sus sobrinos don P. J., don A. y don C. L. D. M. 4.º En la escritura se dice, en el otorgan primero, que don P. J., don A. y don C. L. D. M., aceptan la herencia de doña M. del R. D. A. y se adjudican los bienes descritos “como ha quedado especificado en el expositivo sexto anterior”-sic-, aunque no hay expositivo sexto, y a continuación, elevan y ratifican en todos sus extremos dos documentos privados de compraventa que se incorporan a la escritura, y en los que figuran como fechas, la de veintiocho de noviembre de dos mil y la de dos de marzo de dos mil cinco. En el primer documento privado que se incorpora aparece una firma que se dice que es de doña C. D. A., y otra que se dice que corresponde a don P. D. M., en representación de doña M. R. D. A., en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, y se dice que doña C. vende a doña M. R. la propiedad de una cuarta parte indivisa de las fincas 406, 156 y 714 de Torrejón de Velasco, de una sexta parte indivisa de la finca 151 de Torrejón de Velasco, y de una mitad indivisa de las fincas 872 y 1.586 de Torrejón de Velasco. En el segundo documento privado que se incorpora aparece una firma que se dice que es de don P. D. M., en representación de doña M. R. D. A., en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, como parte vendedora, y tres firmas más que se dice que son de don A., don P. J. y don C. L. D. M., como compradores, y se dice que se vende por don P. J. D. M., en representación de doña M. R. D. A., a sí mismo y a sus dos hermanos, don A. y don C. L. D. M., la mitad indivisa de las fincas 406, 392, 714 y 1.586 de Torrejón de Velasco, la tercera parte indivisa de la finca 151 de Torrejón de Velasco, y la totalidad de la finca 872 de Torrejón de Velasco. Todas las fincas a que se refieren los documentos privados están sujetas a la sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, según resulta del testamento de doña M. L. D. y de la inscripción en el Registro. Fundamentos de Derecho. El artículo 20 de la Ley Hipotecaria establece que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. El artículo 1227 del Código Civil establece que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Parte dispositiva. En consecuencia se suspende la inscripción de la precedente escritura, por no ser posible la inscripción de las fincas y participaciones de fincas cuya inscripción se solicita, ni por herencia de doña M. R., como parece que resulta del otorgamiento primero, ni como consecuencia de la elevación a público de los documentos privados, al carecer el segundo de fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, y no intervenir la Compañía de Jesús en la elevación. Contra la precedente nota de calificación (…) Parla, 8 de agosto de 2.019. El Registrador (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador).» III Contra la anterior nota de calificación, don C. L. D. A., interpone recurso en virtud de escrito de fecha 9 de septiembre de 2019 en el que resumidamente señala lo siguiente: «Los fundamentos de derecho en los que se basa la comunicación de defectos son dos: 1.º- El primero se basa en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que indica que para inscribir o anotar títulos por los que se transmita el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, debe constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. Pues bien, de acuerdo con los dos documentos privados de compraventa, que son los que se quieren inscribir en el Registro, las personas que transmiten la propiedad son: respecto al primero doña C. y respecto al segundo doña R. Ambas personas cumplen el requisito que indica el ya mencionado artículo 20 LH, pues como reconoce el propio Registro de Parla en los Antecedentes de Hecho, las fincas objeto de transmisión están inscritas en el Registro por herencia de doña M. L. a favor de R. y C. Si bien es cierto que la inscripción en el Registro contiene una sustitución fideicomisaria a favor de la Compañía de Jesús, se trata de un fideicomiso residual y por tanto las fincas sólo pasarían a la Compañía de Jesús al fallecer R. y C. siempre y cuando éstas no las hubieran transmitido antes por acto inter vivos, situación esta última que tuvo lugar, prueba de ello son los dos documentos privados de compraventa que se pretenden inscribir. 2.º- El segundo defecto se fundamenta en el artículo 1227 del Código Civil que establece que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Por consiguiente, considerando las tres situaciones que establece el artículo mencionado, la primera que se produce respecto a los dos documentos de compraventa privados que se pretenden inscribir es el fallecimiento de un firmante. Por tanto entendemos, de acuerdo con el artículo 1227 del Código civil, que la fecha del primer contrato privado es el 8 de enero de 2002, fecha en la que fallece la fiduciaria y firmante doña C., y que la fecha del segundo contrato, donde aparece la firma de don P. D. A., en su condición de apoderado de doña R. en virtud de poder otorgado en Madrid, el veintinueve de noviembre de 1999, ante el Notario don J. M. Rovira Perea, es el 28 de julio de 2006, fecha del fallecimiento de la fiduciaria y poderdante R. En consecuencia esta parte no comparte la posición del Registro de Parla por los siguientes motivos: En primer lugar consideramos que habiendo solicitado la inscripción de dos documentos privados, el registro debería haber accedido a inscribir el primero puesto que en la Comunicación de defectos expedida no hace referencia a ningún impedimento que imposibilite la inscripción del primer contrato en el Registro. Por otra parte, respecto del segundo documento que esta parte pretende inscribir, si bien es cierto que el Registro de Parla en la Parte Dispositiva niega que el contrajo tenga fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, es aún más concluyente que no se alegue razón alguna que impida presumir que don P. D. A. firmó el documento de compraventa en el mismo día del que data este y por tanto estando vigente el poder de representación que doña R. le confirió.» IV El registrador suscribió informe el día 3 de octubre de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 667, 675, 715, 739, 743, 767, 773, 774 y siguientes, 786, 792, 793 y 1284 del Código Civil; 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero de 2010, 19 de octubre de 2015 y 19 de abril y 20 de julio de 2017. 1. Se discute en este expediente si es o no inscribible una escritura de aceptación de herencia y elevación a público de documento privado de compraventa. Son hechos relevantes para la resolución del presente expediente, los siguientes: – Las fincas constan inscritas a nombre de doña C. y doña M. R. D. A. por mitades indivisas, por legado de su hermana doña M. L. D. A. en cuya inscripción consta lo siguiente: «Las fincas de la testadora y las que le pudiesen corresponder en Torrejón de Velasco o en otro lugar, las deja a sus hermanas doña C. y doña M. R. para que las disfruten durante sus vidas sin facultad de disponer de ellas por causa de muerte, y si no las hubiesen enajenado por acto entre vivos, a su fallecimiento pasarán a la Compañía de Jesús representada por la Casa de los Padres Jesuitas de (…) Madrid, para que con ellas puedan atender a la Misión del Japón y para misas por los padres de la testadora, por su hermana L. y por ella misma». – En la herencia que se formaliza, se elevan a público dos documentos privados: a) en el primer documento privado fechado el día 28 de noviembre de 2000, doña C. D. A. vende a su hermana doña M. R. D. A., representada por don P. J. D. M., según se dice en virtud de escritura de poder autorizada ante el notario de Madrid del Joaquín Rovira Perea el día 29 de noviembre de 1999, las indicadas fincas, por un precio que se dice pagado en metálico efectivo, constando las firmas que parecen ser de doña C. D. A. y don P. J. D. M., y b) en el segundo documento privado fechado el día 2 de marzo de 2005, don P. J. D. M., en nombre y representación de doña M. R. D. A., en uso del mismo poder antes expresado, vende las expresadas fincas por terceras e iguales partes indivisas a don A. D. M., don C. L. D. M. y al mismo indicado don P. J. D. M., por un precio que se dice pagado, en efectivo metálico. – Doña C. D. A. falleció en Madrid, el día 8 de enero de 2002, en estado de soltera y sin descendientes, habiendo otorgado testamento ante el notario de Madrid, don Rafael Benzo Mestre, el día 2 de febrero de 1996, por el que instituyó heredera a su hermana doña M. R. D. A. – Doña M. R. D. A. falleció en El Escorial el día 28 de julio de 2006, soltera y sin descendencia, habiendo otorgado testamento ante el notario de Madrid, don Agustín de Diego Isasa, el día 17 de diciembre de 2003, por el que instituyó herederos a sus tres sobrinos don A., don C. L. y don P. J. D. M. El registrador suspende la inscripción por no ser posible la inscripción de las fincas y participaciones de fincas cuya inscripción se solicita, ni por herencia de doña M. R. D. A., como parece que resulta del otorgamiento primero, ni como consecuencia de la elevación a público de los documentos privados, al carecer el segundo de fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, y no intervenir la Compañía de Jesús en la elevación, estando las fincas sujetas a fideicomiso de residuo. El recurrente señala que, sí es posible la inscripción, ya que no es necesario el consentimiento de la Compañía de Jesús, porque se trata de un fideicomiso residual y, por tanto, las fincas sólo pasarían a la Compañía de Jesús al fallecer doña C. y doña M. R. D. A., siempre y cuando éstas no las hubieran transmitido antes por acto ínter vivos, situación esta última que tuvo lugar. Prueba de ello son los dos documentos privados de compraventa que se pretenden inscribir, mediante su elevación a público. Y además los documentos privados sí tienen fecha fehaciente conforme al artículo 1227 del Código Civil, ya que se ha producido el fallecimiento de un firmante. 2. El recurso no se puede estimar. El artículo 1227 del Código Civil efectivamente determina la fehaciencia de la fecha de los documentos privados, en los supuestos que se contemplan en dicho precepto, diciendo que «la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros (…)»; pero la concurrencia de dichos supuestos no atribuye a los documentos privados ninguna presunción de autoría, ni de capacidad, ni de validez de los mismos, requisitos que pueden ser obviados cuando los únicos interesados son los mismos firmantes de su elevación a público o de sus herederos, en cuanto ellos sean los únicos y exclusivos interesados. Sin embargo, existiendo terceros interesados, como ocurre en el presente expediente, en el que existe una sustitución fideicomisaria de residuo a favor de la Compañía de Jesús, que puede resultar perjudicada por la existencia y validez del documento privado, será preciso que dicho interesado admita su autoría y validez o, en su defecto, se inste el correspondiente proceso judicial con demanda al interesado, como posible perjudicado, en el que quede indubitadamente reconocida la autoría, capacidad y validez del contrato privadamente documentado. Además, en el presente caso, en el segundo de los contratos de compraventa elevado a público, quien firmó el contrato, según se aprecia en el documento aportado, no fue doña M. R. D. A., sino don P. J. D. M., en su propio nombre como comprador y en uso de poder de su citada tía como vendedora, por lo que ni siquiera se cumpliría respecto de este contrato el requisito primario del fallecimiento de uno de los firmantes, para que la fecha se tenga por fehaciente, como expresa y literalmente dice el artículo 1227 del Código Civil («(…) desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron (…)»). Esta es una diferencia esencial respecto de las escrituras públicas, por cuanto éstas, conforme al artículo 1218 del Código Civil hacen prueba «(…) del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste (…)»; conforme al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «(…) los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella»; y conforme al artículo 17 bis de la Ley del Notariado «(…) b) Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña M. B. B. C. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Córdoba número 5, doña María de la Paloma Muñoz García-Liñán, por la que se deniega la cancelación de determinadas anotaciones de embargo. Hechos I Mediante escrito suscrito el día 12 de agosto de 2019, doña M. B. B. C., con firma legitimada ante el notario de Córdoba, don José Luis Iglesias González, solicitaba la cancelación de las anotaciones de embargo realizadas a favor de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.», «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba» y «BBK Cajasur, S.A.U.», sobre la finca registral número 18.642 del Registro de la Propiedad de Córdoba número 5 CRU 14022000326112. II Presentado el día 20 de agosto de 2019 dicho escrito en el Registro de la Propiedad de Córdoba número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Primero.–Que con fecha 1 de julio de 2.019, tuvo entrada en este Registro, bajo el número 3.367, otro escrito suscrito por Vd., fechado entonces el día 17 de junio de 2.019, expresado en idénticos términos con la salvedad de venir el del día 12 de agosto de 2.019 con la firma legitimada ante el Notario de esta Ciudad, don José Luis Iglesias González, el día 19 de dicho mes de agosto. Segundo.–Que dicho escrito no ha sido objeto de presentación en el Libro Diario por tratarse de un documento privado que no es susceptible de presentación, conforme al principio de documentación auténtica establecido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria: “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos” Tercero.–Que el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria dispone: “Los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos doscientos treinta y ocho y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley.” Cuarto.–Que el párrafo primero del artículo 33 de la Ley Hipotecaria establece: “Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria.” Quinto.–Que el párrafo primero del artículo 257 de la Ley Hipotecaria dispone: “Para que en virtud de resolución judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el Juez, Tribunal o Secretario judicial, por duplicado, el mandamiento correspondiente, excepto cuando se trate de ejecutorias.” Sexto.–Que el párrafo primero del artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece: “Las anotaciones preventivas, cua3quiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas, que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prorroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos.” Séptimo.–Que, dado que las anotaciones preventivas de embargo a qué se refiere su escrito se encuentran vigentes, la cancelación de las mismas sólo podrá practicarse en virtud de mandamiento judicial firme en que se ordene dicha cancelación. Córdoba, a 22 de Agosto de 2.019. La Registradora (firma ilegible) María de la Paloma Muñoz García Liñán.» III Contra la anterior nota de calificación, doña M. B. B. C. interpuso recurso el día 7 de octubre de 2019 en virtud de escrito y en base a los siguientes argumentos: «(…) D) Calificación que se recurre, con expresión del documento objeto de la misma y fundamentos de Derecho: Se remitió un escrito a la Sra. registradora en el propio registro de la propiedad, negando valor del mismo, porque no se había realizado por vía digital. Ante esta cuestión se solicitó que el escrito fuera protocolarizado por un notario (…) dado que sobre la inscripción registral de la vivienda se había realizado sendas anotaciones de embargo a favor una de ellas de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba Cajasur, de un procedimiento ejecutivo que tiene prejudicialidad penal, y que las nuevas anotaciones en el registro quedan incluida la vigente a nombre de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba, cuando esta entidad como bien sabe la Sra. Registradora fue disuelta por el Banco de España en el año 2.010, por lo que el supuesto procedimiento ejecutivo (en el procedimiento no aparece Cajasur Banco, S.A.U., como entidad sucesora) y dado que las anotaciones de embargo se renuevan a nombre de una entidad desaparecida casi 10 años antes, se le comunicó que de oficio debía anular esa anotación de embargo. Hay otro procedimiento de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba similar solo a nombre la anterior renovación de la anotación de embargo de BBK Cajasur S.A.U., dado que esta entidad también fue disuelta hace años, renovar por parte del registro una anotación de embargo a nombre de una entidad disuelta no es compresible. Así mismo se mantiene un embargo a nombre de BBVA por una demanda ejecutiva que tiene prejudicialidad penal pero además adolece de nulidad procesal por pluspetición (estafa procesal). E) Solicito: (resuma de manera concreta su petición): Se proceda a anular las anotaciones preventivas de los embargos de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba por estar extinguida y no haberse realizado a nombre de Cajasur Banco, S.A.U., o Kutxabank que es la matriz, lo mismo por la anotación ultima realizada a nombre de BBK Cajasur S.A.U. por los mismos motivos y la anotación de BBVA por los motivos expuestos.» IV La registradora emitió informe el día 13 de noviembre de 2019, se mantuvo en su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9.3 de la Constitución Española; 1, 3, 18, 19 bis, 38, 40, 77, 83, 86, 97 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio y 14 de octubre de 2014, 29 de julio de 2016 y 9 de mayo de 2017. 1. Se debate en el presente recurso si se pueden practicar cancelaciones de determinadas anotaciones de embargo en virtud de instancia privada. La registradora entiende que no es posible dado el principio de titulación auténtica exigible, mientras la recurrente entiende que debe cancelarse de oficio por referirse a entidades ya disueltas y porque son nulas. 2. El recurso debe ser desestimado y confirmada la nota de calificación. Es un principio esencial del sistema registral el de titulación auténtica (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), así como el de que los asientos del Registro se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 Ley Hipotecaria). 3. Debe reiterarse la doctrina emanada por este Centro Directivo en relación al objeto del recurso y si, en su caso, podría extenderse a asientos ya practicados. Es continua doctrina de esta Dirección General (basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, ni por tanto la determinación de la procedencia o no de practicar una cancelación de una anotación preventiva de embargo como consecuencia de su nulidad. 4. Una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien con consentimiento de todos los interesados, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). 5. Por otra parte es clara la determinación legal de que fuera de los casos de cancelación por caducidad no puede el registrador actuar de oficio ni en base a solicitudes puramente privadas, sino que se requiere para su cancelación mandamiento judicial por tribunal competente (cfr. artículos 3 y 83 Ley Hipotecaria). 6. A la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues las anotaciones preventivas practicadas se hallan bajo la salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto ámbito de este expediente, revisar -como se pretende- la legalidad en la práctica de dichos asientos ni los efectos de legitimación que dichos asientos generan. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña M. B. B. C. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Córdoba número 5, doña María de la Paloma Muñoz García-Liñán, por la que se deniega la cancelación de determinadas anotaciones de embargo. Hechos I Mediante escrito suscrito el día 12 de agosto de 2019, doña M. B. B. C., con firma legitimada ante el notario de Córdoba, don José Luis Iglesias González, solicitaba la cancelación de las anotaciones de embargo realizadas a favor de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.», «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba» y «BBK Cajasur, S.A.U.», sobre la finca registral número 18.642 del Registro de la Propiedad de Córdoba número 5 CRU 14022000326112. II Presentado el día 20 de agosto de 2019 dicho escrito en el Registro de la Propiedad de Córdoba número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Primero.–Que con fecha 1 de julio de 2.019, tuvo entrada en este Registro, bajo el número 3.367, otro escrito suscrito por Vd., fechado entonces el día 17 de junio de 2.019, expresado en idénticos términos con la salvedad de venir el del día 12 de agosto de 2.019 con la firma legitimada ante el Notario de esta Ciudad, don José Luis Iglesias González, el día 19 de dicho mes de agosto. Segundo.–Que dicho escrito no ha sido objeto de presentación en el Libro Diario por tratarse de un documento privado que no es susceptible de presentación, conforme al principio de documentación auténtica establecido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria: “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos” Tercero.–Que el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria dispone: “Los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos doscientos treinta y ocho y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley.” Cuarto.–Que el párrafo primero del artículo 33 de la Ley Hipotecaria establece: “Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria.” Quinto.–Que el párrafo primero del artículo 257 de la Ley Hipotecaria dispone: “Para que en virtud de resolución judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el Juez, Tribunal o Secretario judicial, por duplicado, el mandamiento correspondiente, excepto cuando se trate de ejecutorias.” Sexto.–Que el párrafo primero del artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece: “Las anotaciones preventivas, cua3quiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas, que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prorroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos.” Séptimo.–Que, dado que las anotaciones preventivas de embargo a qué se refiere su escrito se encuentran vigentes, la cancelación de las mismas sólo podrá practicarse en virtud de mandamiento judicial firme en que se ordene dicha cancelación. Córdoba, a 22 de Agosto de 2.019. La Registradora (firma ilegible) María de la Paloma Muñoz García Liñán.» III Contra la anterior nota de calificación, doña M. B. B. C. interpuso recurso el día 7 de octubre de 2019 en virtud de escrito y en base a los siguientes argumentos: «(…) D) Calificación que se recurre, con expresión del documento objeto de la misma y fundamentos de Derecho: Se remitió un escrito a la Sra. registradora en el propio registro de la propiedad, negando valor del mismo, porque no se había realizado por vía digital. Ante esta cuestión se solicitó que el escrito fuera protocolarizado por un notario (…) dado que sobre la inscripción registral de la vivienda se había realizado sendas anotaciones de embargo a favor una de ellas de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba Cajasur, de un procedimiento ejecutivo que tiene prejudicialidad penal, y que las nuevas anotaciones en el registro quedan incluida la vigente a nombre de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba, cuando esta entidad como bien sabe la Sra. Registradora fue disuelta por el Banco de España en el año 2.010, por lo que el supuesto procedimiento ejecutivo (en el procedimiento no aparece Cajasur Banco, S.A.U., como entidad sucesora) y dado que las anotaciones de embargo se renuevan a nombre de una entidad desaparecida casi 10 años antes, se le comunicó que de oficio debía anular esa anotación de embargo. Hay otro procedimiento de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba similar solo a nombre la anterior renovación de la anotación de embargo de BBK Cajasur S.A.U., dado que esta entidad también fue disuelta hace años, renovar por parte del registro una anotación de embargo a nombre de una entidad disuelta no es compresible. Así mismo se mantiene un embargo a nombre de BBVA por una demanda ejecutiva que tiene prejudicialidad penal pero además adolece de nulidad procesal por pluspetición (estafa procesal). E) Solicito: (resuma de manera concreta su petición): Se proceda a anular las anotaciones preventivas de los embargos de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba por estar extinguida y no haberse realizado a nombre de Cajasur Banco, S.A.U., o Kutxabank que es la matriz, lo mismo por la anotación ultima realizada a nombre de BBK Cajasur S.A.U. por los mismos motivos y la anotación de BBVA por los motivos expuestos.» IV La registradora emitió informe el día 13 de noviembre de 2019, se mantuvo en su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9.3 de la Constitución Española; 1, 3, 18, 19 bis, 38, 40, 77, 83, 86, 97 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio y 14 de octubre de 2014, 29 de julio de 2016 y 9 de mayo de 2017. 1. Se debate en el presente recurso si se pueden practicar cancelaciones de determinadas anotaciones de embargo en virtud de instancia privada. La registradora entiende que no es posible dado el principio de titulación auténtica exigible, mientras la recurrente entiende que debe cancelarse de oficio por referirse a entidades ya disueltas y porque son nulas. 2. El recurso debe ser desestimado y confirmada la nota de calificación. Es un principio esencial del sistema registral el de titulación auténtica (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), así como el de que los asientos del Registro se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 Ley Hipotecaria). 3. Debe reiterarse la doctrina emanada por este Centro Directivo en relación al objeto del recurso y si, en su caso, podría extenderse a asientos ya practicados. Es continua doctrina de esta Dirección General (basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, ni por tanto la determinación de la procedencia o no de practicar una cancelación de una anotación preventiva de embargo como consecuencia de su nulidad. 4. Una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien con consentimiento de todos los interesados, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). 5. Por otra parte es clara la determinación legal de que fuera de los casos de cancelación por caducidad no puede el registrador actuar de oficio ni en base a solicitudes puramente privadas, sino que se requiere para su cancelación mandamiento judicial por tribunal competente (cfr. artículos 3 y 83 Ley Hipotecaria). 6. A la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues las anotaciones preventivas practicadas se hallan bajo la salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto ámbito de este expediente, revisar -como se pretende- la legalidad en la práctica de dichos asientos ni los efectos de legitimación que dichos asientos generan. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don J. M. R., en nombre y representación de la sociedad «Incatec Asesores, S.L.P.», contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Almería, don Gustavo Adolfo Moya Mir, a inscribir la una declaración de unipersonalidad sobrevenida de dicha sociedad. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2018 por la notaria de Almería, doña María Begoña Martínez-Amo Gámez, con el número 2.393 de su protocolo, otorgada por don J. M. R. y su esposa en régimen de gananciales, doña M. M. P. Y., se formalizaron determinados acuerdos sociales de la entidad «Incatec Asesores, S.L.P.», de cese de administradores solidarios y nombramiento de administrador único, modificación de objeto social y declaración de unipersonalidad. Respecto de este extremo, en dicha escritura ambos otorgantes, considerándose reunidos en junta general acuerdan, por unanimidad, lo siguiente: «3. Con respecto a las participaciones sociales de las que es titular Doña M. M. P. Y., esto es, las numeradas desde la 1.876 a la 3.750, ambas inclusive, que fueron suscritas en el propio título fundacional, anteriormente reseñado, y que tienen carácter ganancial, los comparecientes acuerdan que el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales, es decir, don J. M. R. Tal extremo queda recogido en el libro registro de socios. Como consecuencia de la atribución de la condición de socio anteriormente reseñada, don J. M. R. ha quedado a todos los efectos como único socio de la Sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 203 y Concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, manifiesta que la mercantil «Incatec Asesores, S.L.P.» ha adquirido el carácter de unipersonalidad sobrevenida, y solicita expresamente del Sr. Registrador Mercantil, que haga constar la adquisición de tal condición de unipersonalidad. Tal manifestación la realiza el Sr. M. R. con referencia al libro registro de socios y con valor de certificación del mismo». II Presentada el día 4 de junio de 2018 copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Almería, el día 14 de junio de 2018 el registrador Mercantil de Almería, don Gustavo Adolfo Moya Mir, resolvió no practicar la inscripción de la totalidad de los acuerdos a los que se ha hecho referencia, en concreto, la carencia de la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se produjo la condición de la unipersonalidad de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Registro Mercantil. Posteriormente, presentada por segunda vez el día 18 de julio de 2019 la citada escritura en el Registro Mercantil de Almería, previa solicitud de inscripción parcial, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «El Registrador mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación del documento anteriormente relacionado, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto practicar la inscripción/anotación solicitada, con excepción de los acuerdos y/o incisos siguientes, por los siguientes defectos subsanables: 1. Suspendiéndose la inscripción de la declaración de unipersonalidad, ya que la designación del ejercicio de los derechos de socio no implica la unipersonalidad (Art. 126 LSC). En relación con la presente calificación: (…). Almería, 8 de Agosto de 2019. El Registrador Mercantil de Almería (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador)». La calificación se notificó al interesado el día 30 de agosto de 2019. III Contra la anterior nota de calificación, don J. M. R., en nombre y representación de la sociedad «Incatec Asesores, S.L.P.», interpuso recurso el día 27 de septiembre de 2019 mediante escrito con los siguientes fundamentos jurídicos: «Hechos y fundamentos de Derecho. Primero.–(…) Cuarto.–(…) A nuestro juicio, la reunión o concentración en una sola y exclusiva voluntad, de todos los derechos políticos -y económicos- que derivan de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de una compañía, por más que éstas resulten de titularidad ganancial, exige, tanto en beneficio de la propia sociedad como de sus acreedores en particular y terceros en general, que resulten de aplicación a esta singular situación societaria las disposiciones que el TRLSC reserva para las sociedades unipersonales en los artículos 12 y siguientes o concordantes. Dicha afirmación las sustentamos en los siguientes argumentos: 4.1 Cabe señalar que la sociedad de gananciales constituye una comunidad especial, nacida de un vínculo personal y que se configura en torno a un patrimonio separado de los patrimonios de los cónyuges, que goza de sustantividad propia y cierta apariencia funcional frente a terceros, como manifiesta la responsabilidad de los bienes comunes por las deudas y obligaciones asumidas por los cónyuges para la satisfacción de los intereses comunes y no solo los particulares de cada uno de los cónyuges. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de noviembre de 2005 (núm. 1013/2005 (Ponente: Andrés Martínez Arrieta), en el fundamento de Derecho segundo, indica lo siguiente: «La sociedad de gananciales es la titular de los bienes y los esposos son considerados terceros respecto a esa masa común, disponiendo, los arts. 1362 y ss. del CC. las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, es decir, las atribuciones a que deben dedicarse los bienes gananciales a través de los administradores. Es decir, se trata de una masa patrimonial, ajena a la propiedad de cada esposo, respecto a la que los esposos tienen facultades de administración en los términos dispuestos en el Código civil» Posteriormente, dicho criterio ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia de ese mismo Tribunal de fecha 14 de febrero de 2013 (núm. 100/2013). Por otro lado, la Dirección General de Registro y Notariado a la que tengo el honor de dirigirme, en la resolución de fecha 8 de febrero de 1996, afirmó que, en caso de copropiedad de participaciones sociales, la condición de socio recae en la comunidad y no en los comuneros, ni, por tanto, en los cónyuges. 4.2 La sociedad de gananciales es una comunidad de tipo germánico, sin personalidad jurídica, en la que el derecho que detentan los cónyuges afecta indeterminadamente su objeto, sin atribución de cuotas ni facultad para pedir la división material mientras dura la sociedad, a diferencia del condominio romano, con cuotas definidas y donde es posible ejercitar la acción de división de la cosa común (actio comuni dividundo), por lo que en la sociedad de gananciales, no se es propietario de la mitad de los bienes comunes, sino que ambos cónyuges y de manera conjunta, son los titulares del patrimonio de ganancias. 4.3 Cuando, constante el régimen de gananciales, los cónyuges utilizan fondos comunes para adquirir acciones o participaciones de una sociedad –por ejemplo, cuando uno de ellos funda una compañía–, conforme a lo dispuesto en el apartado 3° del artículo 1347, o los artículos 1375, 1384, 1387, 1388 y 1389 del CC, no hay duda de que las participaciones sociales o acciones han de ser integradas en la sociedad conyugal, y ello con independencia de que la titularidad formal de las acciones o participaciones la ostente uno solo de los esposos. En este sentido, la compañía sólo reconocerá esa condición de socio a la persona que materialmente detente las acciones o participaciones y haya sido inscrita en el libro registro –art. 104 TRLSC–. Ahora bien, a nuestro juicio, aun cuando las participaciones sociales o las acciones hayan de considerarse gananciales, la ganancialidad debe de ser considerada tan sólo en el plano interno, es decir en el conyugal, mientras que, externamente y frente a la sociedad, la titularidad corresponde exclusivamente a un único socio: al cónyuge suscriptor. Es decir, que la participación corresponde privativamente al cónyuge que la suscribió, si bien, al mismo tiempo, su contenido patrimonial se hace ganancial. Y, por tanto, con ello, la dirección de los órganos sociales y la deriva empresarial de la compañía, en estos casos, al igual que ocurre en aquellos en los que un solo socio es titular privativo del cien por cien de las participaciones sociales, queda en manos de una única persona. O lo que es lo mismo, un único socio. Como bien es sabido, el Derecho de Sociedades distingue entre dos distintas calificaciones jurídicas que recaen sobre la condición de socio, y ello porque la condición de socio es un derecho subjetivo, pero también conlleva una relación jurídica. Es obvio que se trata de una relación jurídica, ya que, en el ámbito interno, el contrato de sociedad da lugar a relaciones, obligaciones y derechos, que afectan a una persona con otras personas. Pero en las sociedades externas o personificadas, además, se trata de un derecho subjetivo. Esto significa que, además de la condición de parte de un contrato, la condición de socio puede ser objeto de tráfico autónomo, es decir, el socio puede transmitir su posición de socio. El derecho de participación constituye así un derecho subjetivo similar al derecho de propiedad, al derecho de crédito o al derecho sobre bienes inmateriales, dotado de un contenido personal y patrimonial, cuyo objeto es la posición jurídica de socio dentro de la sociedad. Esta distinción explica adecuadamente los efectos de la ganancialidad de la participación social. El cónyuge deviene cotitular del derecho subjetivo patrimonial, del objeto del tráfico autónomo, del derecho similar al derecho de propiedad que es la participación social. Pero el cónyuge del socio no deviene parte de la relación jurídica societaria y, por lo tanto, ni los demás socios ni la sociedad tienen que soportar su injerencia en la ejecución del contrato de sociedad. En cuanto a la relación interna entre los copropietarios de las acciones rigen las normas propias de la comunidad de bienes de que se trate, mientras que en la relación externa socio-sociedad rigen las propias del TRLSC, se trata, por tanto, de una cuestión de legitimidad frente a la sociedad. Para el ejercicio de los derechos propios de la condición de socio, todos los comuneros han de designar una sola persona como representante único de todos ellos, que será el único legitimado frente a la sociedad para el ejercicio de tales derechos. La designación de una persona lo que pretende es la «unificación subjetiva de los derechos inherentes a la condición de socio» de forma que no se entorpezca las relaciones con la sociedad. Los conflictos entre los cotitulares deben resolverse en sus relaciones internas, pero no cabe que afloren a las relaciones con la sociedad. Todo lo cual conlleva que, en supuestos como el presente, una sola persona, con su sola voluntad, pueda disponer a su antojo y voluntad de la vida y desarrollo de la sociedad que de él solo depende. Y siendo ello así, no se podrá negar que, a mi representada le han de resultar aplicables las prevenciones y garantías establecidas para las sociedades unipersonales, y entre ellas la publicidad de su unipersonalidad. 4.4 Indicado todo anterior, cabe señalar lo dispuesto por el artículo 12 del TRLSC, en relación a las clases de sociedades de capital unipersonales. Dice así el referido precepto: «Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima: a) La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica. b) La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal.» Como puede verse, el citado precepto distingue dos supuestos de sociedad unipersonal; en primer lugar, cuando la sociedad se constituye por un único socio, sea persona natural o jurídica -sin hacer alusión a socio/propietario-, y en segundo lugar, cuando la sociedad ha sido constituida por dos o más socios y posteriormente todas las participaciones o las acciones han pasado a ser propiedad de un único socio. En relación con el primero de los supuestos anteriormente indicados, el art. 12 del TRLSC declara sin margen de dudas que el carácter de unipersonal de la sociedad se encuentra directamente conectado a condición de socio, debiendo entenderse por este, como ya se ha indicado, a la persona que consta inscrita en el libro registro de socios de la sociedad, y, consecuentemente, se encuentra legitimado para ejercitar los derechos políticos y económicos de la sociedad. Partiendo de anterior, y refiriéndonos al supuesto controvertido objeto del presente Recurso, resulta evidente que a la hora de atribuir a una sociedad el carácter de unipersonal, no puede ser tenido en cuenta el cónyuge no socio, dado que no figura como titular de las participaciones sociales o de las acciones en los libros registros de la sociedad, no interviniendo en modo alguno en la vida societaria. En relación con el segundo de los supuestos regulados por el mentado precepto, el legislador regula que concurre el carácter de unipersonal en una sociedad cuando la propiedad de la totalidad de las acciones o participaciones recae de forma sobrevenida en un único socio. En este sentido, el legislador pone en relación los siguientes conceptos; por un lado, indica de forma expresa el carácter de unipersonal que se predica respecto de aquellas sociedades en las que de manera sobrevenida existe un único socio, y, por otro lado, señala que dicho socio ha de ser el propietario de la totalidad de las participaciones. A nuestro juicio, y en consonancia con el resto de los argumentos expuestos, cuando el legislador hace referencia al término propietario, dicho término debe interpretarse desde un punto de vista mercantil, debiendo considerarse como tal a la persona en la que se reúnen los derechos políticos y económicos de índole mercantil. Siendo ello así, en el supuesto controvertido de que un único socio sea titular de la totalidad de las participaciones sociales o acciones y estas sean gananciales, como venimos haciendo hincapié durante el presente recurso, consideramos que la cuestión debe solventarse conforme a la tesis mantenida por un sector de la doctrina que considera que en estos supuestos debe distinguirse, por un lado, el aspecto personal (la condición de socio), atribuido privativamente al cónyuge titular y, por otro, el puramente económico (los derechos patrimoniales) que se integra en la sociedad de gananciales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el cónyuge no socio no tiene facultades para gestionar las participaciones sociales o las acciones, ni tampoco para enajenar las mismas. La administración de las acciones o participaciones de la sociedad es una facultad que pertenece exclusivamente al cónyuge que ostenta la condición de socio. Solo los derechos pecuniarios ingresan en la sociedad de gananciales y, cuando se transmita la participación en el capital social o se liquide la sociedad de capital o la propia sociedad de gananciales, tendrá derecho a su valor económico (nunca a la participación social o a la acción in natura) En definitiva, la ganancialidad se refiere al valor de la parte del socio y no a su posición contractual, por lo que la propiedad de las participaciones debe considerarse privativa del socio, con independencia de que su valor sea ganancial, circunstancia esta que abunda en lo que venimos manteniendo: que en estos casos la sociedad ostenta la condición de unipersonal. 4.5 Por último indicar que no encuentra esta representación razón alguna que justifique que se dé un trato diferenciado a las sociedades en las que un único socio es propietario con carácter privativo de la totalidad de las participaciones sociales de una sociedad limitada publicidad de su unipersonalidad, contemplada en el artículo 13 del TRLSC, existencia de un libro de decisiones de socio único, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del mismo texto legal, régimen de responsabilidad especifico conforme a lo previsto en los artículos 36 y siguientes del TRLSC-, de aquellas, como es el caso, en las que una sola persona, es decir un auténtico único socio, resulta titular ganancial de la totalidad de las participaciones sociales de una SL». IV Mediante escrito, de fecha 10 de octubre de 2019, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 12 a 14, 104, 107, 108 y 126 a 132 de la Ley de Sociedades de Capital; 18 y 20 del Código de Comercio; 469, 609, 1255, 1256, 1257, 1261.3.º, 1274, 1323, 1346, 1347, 1361, 1375, 1377, 1384, 1387, 1388 y 1389 del Código Civil; 201 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2005 y 14 de febrero de 2013, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de mayo de 1987, 25 de noviembre de 2004 y 17 de mayo de 2017. 1. Mediante la escritura cuya calificación ha motivado el presente recurso, otorgada por los dos únicos socios de una sociedad de responsabilidad limitada, casados entre sí, éstos acuerdan que, respecto de las participaciones asumidas con carácter ganancial por la esposa en el momento de la constitución de la sociedad, «el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales» –el marido–, lo que se hace constar en el libro registro de socios; y añaden que «como consecuencia de la atribución de la condición de socio anteriormente reseñada», el citado esposo ha quedado a todos los efectos como único socio de la sociedad, la cual ha adquirido carácter unipersonal y solicitan del registrador mercantil que haga constar en el Registro esa unipersonalidad sobrevenida. El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, «la designación del ejercicio de los derechos de socio no implica la unipersonalidad (Art. 126 LSC)». El recurrente alega, en síntesis, que la reunión en una sola y exclusiva voluntad de todos los derechos políticos -y económicos- que derivan de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social, por más que éstas resulten de titularidad ganancial, exige, tanto en beneficio de la propia sociedad como de sus acreedores en particular y terceros en general, que resulten de aplicación las disposiciones que la Ley de Sociedades de Capital reserva para las sociedades unipersonales en los artículos 12 y siguientes. Añade que la condición de socio es un derecho subjetivo, pero también conlleva una relación jurídica; y además de la condición de parte de un contrato, la condición de socio puede ser objeto de tráfico autónomo, de suerte que el socio puede transmitir su posición de socio. Y concluye afirmando que la propiedad de las participaciones debe considerarse privativa del socio, con independencia de que su valor sea ganancial, circunstancia esta que confirma que en casos como el presente la sociedad ostenta la condición de unipersonal. 2. El defecto debe ser confirmado. Ciertamente, en determinado sector de la doctrina científica se sostiene el carácter privativo de la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges, pues, aunque la parte del socio en el patrimonio social puede ser ganancial, se trata de «bienes o derechos patrimoniales inherentes a la persona», toda vez que la atribución se produce «intuitu personae», y son derechos «no transmisibles inter vivos» o transmisibles sólo con limitaciones que afectan al poder de disposición del titular (cfr. artículo 1346.5.º del Código Civil). Pero para otros muchos autores y para esta Dirección General, la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges a costa del caudal común debe ser conceptuada como bien ganancial (así se afirmó en la Resolución de este Centro Directivo de 25 de mayo de 1987, ya que el artículo 1347 del Código Civil no hace excepción con los bienes que comportan una especial relación obligatoria con determinado sujeto). Por lo demás, en la sociedad de responsabilidad limitada la participación social no es un derecho intransmisible «inter vivos», como lo demuestra la posibilidad de usufructo sobre las participaciones sociales, a pesar de que según el artículo 469 i.f. del Código Civil no puede constituirse usufructo sobre un derecho personalísimo o intransmisible, y el principio general de transmisibilidad -si bien limitada- de las participaciones sociales (cabe recordar que transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos» es restringida, excepto la realizada entre socios o en casos de adquisición por el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o por sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, que, en defecto de cláusula estatuaria en contrario, constituyen supuestos de transmisión libre. Salvo estos casos excepcionales, la transmisión estará sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos -que no podrán hacer prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos»-. Para el caso de imprevisión estatutaria, en la Ley se establece un régimen supletorio caracterizado por la sujeción de tales transmisiones al consentimiento de la sociedad mediante acuerdo de la junta general -vid. artículos 107 y 108.1 de la Ley de Sociedades de Capital-. No obstante, este sistema, precisamente por su carácter de régimen supletorio, deja margen a la autonomía de la voluntad de los propios socios para disciplinar otras alternativas en la limitación de la transmisión de las participaciones siempre que aseguren al socio la razonable posibilidad de transmitir sus participaciones -siquiera sea con las limitaciones propias de una sociedad cerrada- o la posibilidad de salir de la sociedad para que no quede convertido en una suerte de «prisionero de sus participaciones». Cabe recordar que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la doctrina de este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 25 de noviembre de 2004 y 17 de mayo de 2017) configuran la sociedad legal de gananciales, al igual que la generalidad de la doctrina científica, como una comunidad de tipo germánico, en la que el derecho que ostentan ambos cónyuges afecta indeterminadamente al objeto, sin atribución de cuotas, ni facultad de pedir la división material, mientras dura la sociedad, a diferencia de lo que sucede con el condominio romano, con cuotas definidas, y en donde cabe el ejercicio de la división de cosa común. Y por eso, en la sociedad de gananciales no se es dueño de la mitad de los bienes comunes, sino que ambos esposos conjuntamente tienen la titularidad del patrimonio ganancial. Por tanto, la participación de los cónyuges en la titularidad de los bienes gananciales se predica globalmente respecto de todo el patrimonio ganancial, como patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación sobre la totalidad del bien. No obstante, el hecho de que la sociedad de gananciales se configure como esa comunidad especial no significa que, en caso de que sea uno de los cónyuges el que adquiera con carácter ganancial la participación social, esa ganancialidad implique que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios. La conclusión debe ser la contraria si se tienen en cuenta, entre otras razones, la voluntad de los fundadores de la sociedad, el carácter «intuitu personae» del que está impregnada la relación societaria y el carácter relativo de los contratos (cfr. artículo 1257 del Código Civil). Con independencia de los derechos que, en las relaciones internas, tengan los cónyuges sobre el patrimonio ganancial, únicamente el cónyuge adquirente de las participaciones es parte en el contrato social. Por ello, si todas las participaciones sociales han sido adquiridas por uno solo de los cónyuges, aun cuando sean gananciales, la sociedad tendrá carácter unipersonal, toda vez que él es el único socio y así constará en el libro registro de socios. Por lo demás, no existe una norma como la establecida en casos de disociación entre la titularidad de la participación social y el ejercicio de los derechos de socio cuando de usufructo o prenda de participaciones sociales se trata (cfr. artículos 104 y 127 a 132 de la Ley de Sociedades de Capital). 3. Esta Dirección General (en sede de recursos contra resoluciones sobre designación de auditores ex artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene una dilatada doctrina sobre el ejercicio de los derechos inherente a la condición de socio cuando el titular de las acciones o participaciones sociales está casado en régimen de sociedad de gananciales. En un principio, y en relación a la situación vigente la sociedad de gananciales, esta Dirección General afirmó (vid. Resoluciones de 16 de mayo de 2012 y 4 de noviembre de 2013 por todas), que en el supuesto de participaciones sociales adquiridas por un cónyuge constante matrimonio existe una cotitularidad sobre todos los bienes que integran la comunidad ganancial que excluye la atribución de cuotas partes sobre los mismos, por tratarse de una comunidad germánica, en la que está vedada la disposición de los bienes por uno solo de los cónyuges sin perjuicio de la previsión del artículo 1384 del Código Civil. Como quiera que el ejercicio del derecho a la verificación contable no entraña ninguna facultad de disposición, sino que se ubica dentro de los actos de gestión y buena administración por ser su finalidad la de conocer la verdadera situación financiera y patrimonial de la empresa, se concluyó que los cónyuges estaban legitimados indistintamente para obtener el nombramiento registral de auditor de cuentas. 4. La doctrina anterior fue posteriormente modificada por no ser conforme con la propia de los órganos jurisdiccionales a la que esta Administración debe acomodarse. Dichos órganos han ido conformando una doctrina basada en la distinción entre los efectos que el carácter ganancial de las acciones o participaciones tiene entre los cónyuges con el carácter personal de la relación entre la sociedad y el socio titular de modo que aquellos no pueden interferir en el funcionamiento de esta. El carácter ganancial o no de acciones o participaciones es una cuestión ajena a la condición de socio que en nuestro ordenamiento mercantil se vincula exclusivamente a su titularidad, como a la misma se vincula el ejercicio de los derechos inherentes a tal condición. Como afirma el artículo 91 de la Ley de Sociedades de Capital: «Cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en esta Ley y en los estatutos». En el mismo sentido, entre otros, los artículos 93, 99.1, 102, 104, 122, 126, 179, 183, 184, 188, 291, 292, 346, 353, 393 de la propia Ley de Sociedades de Capital. Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de julio de 1998 que: «(…) por ser cónyuge del socio, no se adquiere dicha condición, sino que tan sólo se tiene posibilidad de ello por medio de un acto de transmisión». Y continúa: «Tampoco se trata de copropiedad de participaciones, pues en ese caso ambos cónyuges debían constar como copropietarios de las participaciones sociales y la designación formal a uno de ellos para el ejercicio de los derechos de socio (art. 35 LSRL), circunstancias que no se especifican en el presente caso donde sólo aparece uno de los cónyuges como socio fundador y único propietario de las participaciones sociales suscritas. El hecho de que el titular de las participaciones sociales se halle casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, no hace más que otorgar una serie de derechos al cónyuge no titular sobre el valor económico de tales participaciones: a percibir dividendos, a una cuota determinada del valor de realización de las participaciones al momento de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.». Con mayor despliegue argumentativo afirma lo siguiente la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 18 de julio de 2000: «(…) debe distinguirse, en las sociedades de capital, entre la titularidad de las participaciones y el derecho de asistencia a las Juntas. La seguridad jurídica en este tipo de sociedades, y la obligación legal de llevanza de un Libro Registro de Socios, implica que el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta derive de la inscripción en el Libro Registro (artículo 27 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), o que se acredite frente a la sociedad, mediante documento público o escritura pública, que se es titular de los derechos políticos derivados de dichas participaciones (artículo 26 de la Ley especial)». Y continúa: «El hecho de que el titular de las participaciones sociales, como ocurre en el caso de autos, se halle casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, no hace más que otorgar una serie de derechos al cónyuge no titular sobre el valor económico de tales participaciones a percibir dividendos, a una cuota determinada del valor de realización de las participaciones al momento de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, pero no le otorga derechos políticos frente a la sociedad salvo representación del titular (artículo 49 de la Ley especial). Pero es que, aunque no fuera así y se considerara la existencia de una cotitularidad compartida sobre las participaciones, entraría en juego lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley especial, para supuestos de cotitularidad o copropiedad de participaciones, esto es, los cónyuges copartícipes habrían de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, designación que debería notificarse a la sociedad previamente a la Junta e inscribirse en el Libro Registro de socios, en aras de la seguridad jurídica y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley especial ya citados». Y con toda contundencia la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia de 19 de octubre de 2004: «(…) los títulos valores tienen dos facetas, una patrimonial y otra societaria, la primera comprendería la relación interna, esto es, la titularidad real, que en este caso es la sociedad ganancial, y la segunda afecta a su vertiente externa, la actuación frente a terceros, en que necesariamente ha de intervenir una sola persona física o jurídica (…)» Y termina: «Además, la solución es coherente con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que expresamente ordena que en los supuestos de cotitularidad de derechos sobre participaciones, los cotitulares habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio. Esta tesis viene confirmada por la Dirección General de Registros y del Notariado, en resolución de 25 de mayo de 1.987, citada por la propia recurrente, en la que se señala que «en tanto que bien ganancial, la participación social estará sujeta al régimen de gestión de los bienes gananciales, en el que, si bien es regla general la cogestión, es indudable la aplicación del inciso primero del art. 1.384 del Código civil, en cuanto proclama la validez de los actos de administración realizados unilateralmente por el cónyuge a cuya nombre figuren. Por tanto, si la renuncia a la suscripción preferente de acciones se considera un acto de disposición, como sostiene la actora, o si se califica de acto de administración, como viene a defender la apelada al equipararlo con el no ejercicio de un derecho, la realidad es que el mismo no necesitaba el consentimiento de la cotitular patrimonial porque expresamente lo autoriza el artículo 1.384, con independencia de que sea a título gratuito u oneroso, sin necesidad de entrar en mayores disquisiciones»». 5. De la anterior doctrina jurisdiccional pueden deducirse las siguientes conclusiones: a) La condición de socio va unida a la titularidad de acciones o participaciones. b) El ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio corresponde al titular de acciones o participaciones a salvo los supuestos de representación. c) El carácter ganancial de las acciones o participaciones de un socio no altera este esquema de cosas sin perjuicio de las consecuencias patrimoniales entre cónyuges y del ejercicio de las acciones que pudieran corresponder en supuestos de fraude o daño (artículos 1390 y 1391 del Código Civil). d) En caso de cotitularidad de acciones o participaciones sociales, los cotitulares deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio conforme al artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital (vid. sentencia número 727/2012, de 8 noviembre, de la Audiencia Provincial de Murcia en cuanto a los límites del mandato). Cuando las participaciones o acciones pertenecen a ambos cónyuges con carácter ganancial se aplica la misma regla (vid. sentencia número 286/2013, de 11 diciembre, de la Audiencia Provincial de Toledo). 6. En el supuesto de hecho, resulta del contenido del registro de la sociedad que la condición de socio la ostentan dos personas, marido y mujer, cada uno titular de un número determinado de participaciones sociales. En consecuencia, para que la condición de socio inherente a dicha titularidad se transmita de un titular a otro se aplican las reglas generales de nuestro ordenamiento sobre transmisión de acciones o de participaciones sociales (vid. Capítulos III y IV del Título IV de la Ley de Sociedades de Capital). Este esquema de cosas no se altera, según ha quedado fundamentado, por el hecho de que uno o los dos titulares de las participaciones sociales se encuentren casados en régimen de gananciales ni por el hecho de que las participaciones ostenten carácter ganancial de acuerdo a las reglas de atribución de nuestro ordenamiento (artículos 1347 y siguientes del Código Civil), como no se modifica por el hecho de que los dos socios estén casados entre sí en dicho régimen. Para transmitir la condición de socio de uno de los titulares al otro se aplican las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales y, en consecuencia, las previsiones que al respecto contiene nuestro Código Civil y la Ley de Sociedades de Capital. La mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación pero no transmite per se la condición de socio. Es cierto que en sede de sociedad de gananciales esta Dirección General ha admitido generosamente los denominados negocios jurídicos de comunicación o de atribución amparados en el principio de libertad de contratación entre los cónyuges (artículo 1323 del Código Civil), pero no lo es menos que como ha señalado este Centro Directivo (por todas, Resolución de 11 de mayo de 2016): «(…) el régimen jurídico vendrá determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites legales (artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del Código Civil, siendo preciso que los elementos constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su causa que no puede presumirse a efectos registrales (vid. artículos 1261.3.º y 1274 y siguientes del Código Civil), han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible. Y todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos, siendo suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca de los concretos términos empleados en la redacción de la escritura, interpretados en el contexto de la finalidad que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de ganancialidad tendentes a ampliar el ámbito objetivo del patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la relación jurídica básica -la de la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es la propia relación matrimonial- (…)». En definitiva, para que se produzca un desplazamiento patrimonial de las participaciones sociales de un cónyuge a otro, aun cuando esta circunstancia no afecte al carácter ganancial de aquellas, será preciso que, de acuerdo a la doctrina expresada, se apliquen las reglas generales o las especiales de los negocios de comunicación entre cónyuges, circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho en el que los cónyuges se limitan a afirmar que el « ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales», declaración de voluntad que por sí sola no revela la existencia de un desplazamiento patrimonial de un cónyuge a otro y que por sí misma no permite entender que la condición de socio ha sido objeto de transmisión. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don J. M. R., en nombre y representación de la sociedad «Incatec Asesores, S.L.P.», contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Almería, don Gustavo Adolfo Moya Mir, a inscribir la una declaración de unipersonalidad sobrevenida de dicha sociedad. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2018 por la notaria de Almería, doña María Begoña Martínez-Amo Gámez, con el número 2.393 de su protocolo, otorgada por don J. M. R. y su esposa en régimen de gananciales, doña M. M. P. Y., se formalizaron determinados acuerdos sociales de la entidad «Incatec Asesores, S.L.P.», de cese de administradores solidarios y nombramiento de administrador único, modificación de objeto social y declaración de unipersonalidad. Respecto de este extremo, en dicha escritura ambos otorgantes, considerándose reunidos en junta general acuerdan, por unanimidad, lo siguiente: «3. Con respecto a las participaciones sociales de las que es titular Doña M. M. P. Y., esto es, las numeradas desde la 1.876 a la 3.750, ambas inclusive, que fueron suscritas en el propio título fundacional, anteriormente reseñado, y que tienen carácter ganancial, los comparecientes acuerdan que el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales, es decir, don J. M. R. Tal extremo queda recogido en el libro registro de socios. Como consecuencia de la atribución de la condición de socio anteriormente reseñada, don J. M. R. ha quedado a todos los efectos como único socio de la Sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 203 y Concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, manifiesta que la mercantil «Incatec Asesores, S.L.P.» ha adquirido el carácter de unipersonalidad sobrevenida, y solicita expresamente del Sr. Registrador Mercantil, que haga constar la adquisición de tal condición de unipersonalidad. Tal manifestación la realiza el Sr. M. R. con referencia al libro registro de socios y con valor de certificación del mismo». II Presentada el día 4 de junio de 2018 copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Almería, el día 14 de junio de 2018 el registrador Mercantil de Almería, don Gustavo Adolfo Moya Mir, resolvió no practicar la inscripción de la totalidad de los acuerdos a los que se ha hecho referencia, en concreto, la carencia de la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se produjo la condición de la unipersonalidad de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Registro Mercantil. Posteriormente, presentada por segunda vez el día 18 de julio de 2019 la citada escritura en el Registro Mercantil de Almería, previa solicitud de inscripción parcial, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «El Registrador mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación del documento anteriormente relacionado, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto practicar la inscripción/anotación solicitada, con excepción de los acuerdos y/o incisos siguientes, por los siguientes defectos subsanables: 1. Suspendiéndose la inscripción de la declaración de unipersonalidad, ya que la designación del ejercicio de los derechos de socio no implica la unipersonalidad (Art. 126 LSC). En relación con la presente calificación: (…). Almería, 8 de Agosto de 2019. El Registrador Mercantil de Almería (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador)». La calificación se notificó al interesado el día 30 de agosto de 2019. III Contra la anterior nota de calificación, don J. M. R., en nombre y representación de la sociedad «Incatec Asesores, S.L.P.», interpuso recurso el día 27 de septiembre de 2019 mediante escrito con los siguientes fundamentos jurídicos: «Hechos y fundamentos de Derecho. Primero.–(…) Cuarto.–(…) A nuestro juicio, la reunión o concentración en una sola y exclusiva voluntad, de todos los derechos políticos -y económicos- que derivan de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de una compañía, por más que éstas resulten de titularidad ganancial, exige, tanto en beneficio de la propia sociedad como de sus acreedores en particular y terceros en general, que resulten de aplicación a esta singular situación societaria las disposiciones que el TRLSC reserva para las sociedades unipersonales en los artículos 12 y siguientes o concordantes. Dicha afirmación las sustentamos en los siguientes argumentos: 4.1 Cabe señalar que la sociedad de gananciales constituye una comunidad especial, nacida de un vínculo personal y que se configura en torno a un patrimonio separado de los patrimonios de los cónyuges, que goza de sustantividad propia y cierta apariencia funcional frente a terceros, como manifiesta la responsabilidad de los bienes comunes por las deudas y obligaciones asumidas por los cónyuges para la satisfacción de los intereses comunes y no solo los particulares de cada uno de los cónyuges. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de noviembre de 2005 (núm. 1013/2005 (Ponente: Andrés Martínez Arrieta), en el fundamento de Derecho segundo, indica lo siguiente: «La sociedad de gananciales es la titular de los bienes y los esposos son considerados terceros respecto a esa masa común, disponiendo, los arts. 1362 y ss. del CC. las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, es decir, las atribuciones a que deben dedicarse los bienes gananciales a través de los administradores. Es decir, se trata de una masa patrimonial, ajena a la propiedad de cada esposo, respecto a la que los esposos tienen facultades de administración en los términos dispuestos en el Código civil» Posteriormente, dicho criterio ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia de ese mismo Tribunal de fecha 14 de febrero de 2013 (núm. 100/2013). Por otro lado, la Dirección General de Registro y Notariado a la que tengo el honor de dirigirme, en la resolución de fecha 8 de febrero de 1996, afirmó que, en caso de copropiedad de participaciones sociales, la condición de socio recae en la comunidad y no en los comuneros, ni, por tanto, en los cónyuges. 4.2 La sociedad de gananciales es una comunidad de tipo germánico, sin personalidad jurídica, en la que el derecho que detentan los cónyuges afecta indeterminadamente su objeto, sin atribución de cuotas ni facultad para pedir la división material mientras dura la sociedad, a diferencia del condominio romano, con cuotas definidas y donde es posible ejercitar la acción de división de la cosa común (actio comuni dividundo), por lo que en la sociedad de gananciales, no se es propietario de la mitad de los bienes comunes, sino que ambos cónyuges y de manera conjunta, son los titulares del patrimonio de ganancias. 4.3 Cuando, constante el régimen de gananciales, los cónyuges utilizan fondos comunes para adquirir acciones o participaciones de una sociedad –por ejemplo, cuando uno de ellos funda una compañía–, conforme a lo dispuesto en el apartado 3° del artículo 1347, o los artículos 1375, 1384, 1387, 1388 y 1389 del CC, no hay duda de que las participaciones sociales o acciones han de ser integradas en la sociedad conyugal, y ello con independencia de que la titularidad formal de las acciones o participaciones la ostente uno solo de los esposos. En este sentido, la compañía sólo reconocerá esa condición de socio a la persona que materialmente detente las acciones o participaciones y haya sido inscrita en el libro registro –art. 104 TRLSC–. Ahora bien, a nuestro juicio, aun cuando las participaciones sociales o las acciones hayan de considerarse gananciales, la ganancialidad debe de ser considerada tan sólo en el plano interno, es decir en el conyugal, mientras que, externamente y frente a la sociedad, la titularidad corresponde exclusivamente a un único socio: al cónyuge suscriptor. Es decir, que la participación corresponde privativamente al cónyuge que la suscribió, si bien, al mismo tiempo, su contenido patrimonial se hace ganancial. Y, por tanto, con ello, la dirección de los órganos sociales y la deriva empresarial de la compañía, en estos casos, al igual que ocurre en aquellos en los que un solo socio es titular privativo del cien por cien de las participaciones sociales, queda en manos de una única persona. O lo que es lo mismo, un único socio. Como bien es sabido, el Derecho de Sociedades distingue entre dos distintas calificaciones jurídicas que recaen sobre la condición de socio, y ello porque la condición de socio es un derecho subjetivo, pero también conlleva una relación jurídica. Es obvio que se trata de una relación jurídica, ya que, en el ámbito interno, el contrato de sociedad da lugar a relaciones, obligaciones y derechos, que afectan a una persona con otras personas. Pero en las sociedades externas o personificadas, además, se trata de un derecho subjetivo. Esto significa que, además de la condición de parte de un contrato, la condición de socio puede ser objeto de tráfico autónomo, es decir, el socio puede transmitir su posición de socio. El derecho de participación constituye así un derecho subjetivo similar al derecho de propiedad, al derecho de crédito o al derecho sobre bienes inmateriales, dotado de un contenido personal y patrimonial, cuyo objeto es la posición jurídica de socio dentro de la sociedad. Esta distinción explica adecuadamente los efectos de la ganancialidad de la participación social. El cónyuge deviene cotitular del derecho subjetivo patrimonial, del objeto del tráfico autónomo, del derecho similar al derecho de propiedad que es la participación social. Pero el cónyuge del socio no deviene parte de la relación jurídica societaria y, por lo tanto, ni los demás socios ni la sociedad tienen que soportar su injerencia en la ejecución del contrato de sociedad. En cuanto a la relación interna entre los copropietarios de las acciones rigen las normas propias de la comunidad de bienes de que se trate, mientras que en la relación externa socio-sociedad rigen las propias del TRLSC, se trata, por tanto, de una cuestión de legitimidad frente a la sociedad. Para el ejercicio de los derechos propios de la condición de socio, todos los comuneros han de designar una sola persona como representante único de todos ellos, que será el único legitimado frente a la sociedad para el ejercicio de tales derechos. La designación de una persona lo que pretende es la «unificación subjetiva de los derechos inherentes a la condición de socio» de forma que no se entorpezca las relaciones con la sociedad. Los conflictos entre los cotitulares deben resolverse en sus relaciones internas, pero no cabe que afloren a las relaciones con la sociedad. Todo lo cual conlleva que, en supuestos como el presente, una sola persona, con su sola voluntad, pueda disponer a su antojo y voluntad de la vida y desarrollo de la sociedad que de él solo depende. Y siendo ello así, no se podrá negar que, a mi representada le han de resultar aplicables las prevenciones y garantías establecidas para las sociedades unipersonales, y entre ellas la publicidad de su unipersonalidad. 4.4 Indicado todo anterior, cabe señalar lo dispuesto por el artículo 12 del TRLSC, en relación a las clases de sociedades de capital unipersonales. Dice así el referido precepto: «Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima: a) La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica. b) La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal.» Como puede verse, el citado precepto distingue dos supuestos de sociedad unipersonal; en primer lugar, cuando la sociedad se constituye por un único socio, sea persona natural o jurídica -sin hacer alusión a socio/propietario-, y en segundo lugar, cuando la sociedad ha sido constituida por dos o más socios y posteriormente todas las participaciones o las acciones han pasado a ser propiedad de un único socio. En relación con el primero de los supuestos anteriormente indicados, el art. 12 del TRLSC declara sin margen de dudas que el carácter de unipersonal de la sociedad se encuentra directamente conectado a condición de socio, debiendo entenderse por este, como ya se ha indicado, a la persona que consta inscrita en el libro registro de socios de la sociedad, y, consecuentemente, se encuentra legitimado para ejercitar los derechos políticos y económicos de la sociedad. Partiendo de anterior, y refiriéndonos al supuesto controvertido objeto del presente Recurso, resulta evidente que a la hora de atribuir a una sociedad el carácter de unipersonal, no puede ser tenido en cuenta el cónyuge no socio, dado que no figura como titular de las participaciones sociales o de las acciones en los libros registros de la sociedad, no interviniendo en modo alguno en la vida societaria. En relación con el segundo de los supuestos regulados por el mentado precepto, el legislador regula que concurre el carácter de unipersonal en una sociedad cuando la propiedad de la totalidad de las acciones o participaciones recae de forma sobrevenida en un único socio. En este sentido, el legislador pone en relación los siguientes conceptos; por un lado, indica de forma expresa el carácter de unipersonal que se predica respecto de aquellas sociedades en las que de manera sobrevenida existe un único socio, y, por otro lado, señala que dicho socio ha de ser el propietario de la totalidad de las participaciones. A nuestro juicio, y en consonancia con el resto de los argumentos expuestos, cuando el legislador hace referencia al término propietario, dicho término debe interpretarse desde un punto de vista mercantil, debiendo considerarse como tal a la persona en la que se reúnen los derechos políticos y económicos de índole mercantil. Siendo ello así, en el supuesto controvertido de que un único socio sea titular de la totalidad de las participaciones sociales o acciones y estas sean gananciales, como venimos haciendo hincapié durante el presente recurso, consideramos que la cuestión debe solventarse conforme a la tesis mantenida por un sector de la doctrina que considera que en estos supuestos debe distinguirse, por un lado, el aspecto personal (la condición de socio), atribuido privativamente al cónyuge titular y, por otro, el puramente económico (los derechos patrimoniales) que se integra en la sociedad de gananciales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el cónyuge no socio no tiene facultades para gestionar las participaciones sociales o las acciones, ni tampoco para enajenar las mismas. La administración de las acciones o participaciones de la sociedad es una facultad que pertenece exclusivamente al cónyuge que ostenta la condición de socio. Solo los derechos pecuniarios ingresan en la sociedad de gananciales y, cuando se transmita la participación en el capital social o se liquide la sociedad de capital o la propia sociedad de gananciales, tendrá derecho a su valor económico (nunca a la participación social o a la acción in natura) En definitiva, la ganancialidad se refiere al valor de la parte del socio y no a su posición contractual, por lo que la propiedad de las participaciones debe considerarse privativa del socio, con independencia de que su valor sea ganancial, circunstancia esta que abunda en lo que venimos manteniendo: que en estos casos la sociedad ostenta la condición de unipersonal. 4.5 Por último indicar que no encuentra esta representación razón alguna que justifique que se dé un trato diferenciado a las sociedades en las que un único socio es propietario con carácter privativo de la totalidad de las participaciones sociales de una sociedad limitada publicidad de su unipersonalidad, contemplada en el artículo 13 del TRLSC, existencia de un libro de decisiones de socio único, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del mismo texto legal, régimen de responsabilidad especifico conforme a lo previsto en los artículos 36 y siguientes del TRLSC-, de aquellas, como es el caso, en las que una sola persona, es decir un auténtico único socio, resulta titular ganancial de la totalidad de las participaciones sociales de una SL». IV Mediante escrito, de fecha 10 de octubre de 2019, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 12 a 14, 104, 107, 108 y 126 a 132 de la Ley de Sociedades de Capital; 18 y 20 del Código de Comercio; 469, 609, 1255, 1256, 1257, 1261.3.º, 1274, 1323, 1346, 1347, 1361, 1375, 1377, 1384, 1387, 1388 y 1389 del Código Civil; 201 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2005 y 14 de febrero de 2013, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de mayo de 1987, 25 de noviembre de 2004 y 17 de mayo de 2017. 1. Mediante la escritura cuya calificación ha motivado el presente recurso, otorgada por los dos únicos socios de una sociedad de responsabilidad limitada, casados entre sí, éstos acuerdan que, respecto de las participaciones asumidas con carácter ganancial por la esposa en el momento de la constitución de la sociedad, «el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales» –el marido–, lo que se hace constar en el libro registro de socios; y añaden que «como consecuencia de la atribución de la condición de socio anteriormente reseñada», el citado esposo ha quedado a todos los efectos como único socio de la sociedad, la cual ha adquirido carácter unipersonal y solicitan del registrador mercantil que haga constar en el Registro esa unipersonalidad sobrevenida. El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, «la designación del ejercicio de los derechos de socio no implica la unipersonalidad (Art. 126 LSC)». El recurrente alega, en síntesis, que la reunión en una sola y exclusiva voluntad de todos los derechos políticos -y económicos- que derivan de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social, por más que éstas resulten de titularidad ganancial, exige, tanto en beneficio de la propia sociedad como de sus acreedores en particular y terceros en general, que resulten de aplicación las disposiciones que la Ley de Sociedades de Capital reserva para las sociedades unipersonales en los artículos 12 y siguientes. Añade que la condición de socio es un derecho subjetivo, pero también conlleva una relación jurídica; y además de la condición de parte de un contrato, la condición de socio puede ser objeto de tráfico autónomo, de suerte que el socio puede transmitir su posición de socio. Y concluye afirmando que la propiedad de las participaciones debe considerarse privativa del socio, con independencia de que su valor sea ganancial, circunstancia esta que confirma que en casos como el presente la sociedad ostenta la condición de unipersonal. 2. El defecto debe ser confirmado. Ciertamente, en determinado sector de la doctrina científica se sostiene el carácter privativo de la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges, pues, aunque la parte del socio en el patrimonio social puede ser ganancial, se trata de «bienes o derechos patrimoniales inherentes a la persona», toda vez que la atribución se produce «intuitu personae», y son derechos «no transmisibles inter vivos» o transmisibles sólo con limitaciones que afectan al poder de disposición del titular (cfr. artículo 1346.5.º del Código Civil). Pero para otros muchos autores y para esta Dirección General, la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges a costa del caudal común debe ser conceptuada como bien ganancial (así se afirmó en la Resolución de este Centro Directivo de 25 de mayo de 1987, ya que el artículo 1347 del Código Civil no hace excepción con los bienes que comportan una especial relación obligatoria con determinado sujeto). Por lo demás, en la sociedad de responsabilidad limitada la participación social no es un derecho intransmisible «inter vivos», como lo demuestra la posibilidad de usufructo sobre las participaciones sociales, a pesar de que según el artículo 469 i.f. del Código Civil no puede constituirse usufructo sobre un derecho personalísimo o intransmisible, y el principio general de transmisibilidad -si bien limitada- de las participaciones sociales (cabe recordar que transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos» es restringida, excepto la realizada entre socios o en casos de adquisición por el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o por sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, que, en defecto de cláusula estatuaria en contrario, constituyen supuestos de transmisión libre. Salvo estos casos excepcionales, la transmisión estará sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos -que no podrán hacer prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos»-. Para el caso de imprevisión estatutaria, en la Ley se establece un régimen supletorio caracterizado por la sujeción de tales transmisiones al consentimiento de la sociedad mediante acuerdo de la junta general -vid. artículos 107 y 108.1 de la Ley de Sociedades de Capital-. No obstante, este sistema, precisamente por su carácter de régimen supletorio, deja margen a la autonomía de la voluntad de los propios socios para disciplinar otras alternativas en la limitación de la transmisión de las participaciones siempre que aseguren al socio la razonable posibilidad de transmitir sus participaciones -siquiera sea con las limitaciones propias de una sociedad cerrada- o la posibilidad de salir de la sociedad para que no quede convertido en una suerte de «prisionero de sus participaciones». Cabe recordar que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la doctrina de este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 25 de noviembre de 2004 y 17 de mayo de 2017) configuran la sociedad legal de gananciales, al igual que la generalidad de la doctrina científica, como una comunidad de tipo germánico, en la que el derecho que ostentan ambos cónyuges afecta indeterminadamente al objeto, sin atribución de cuotas, ni facultad de pedir la división material, mientras dura la sociedad, a diferencia de lo que sucede con el condominio romano, con cuotas definidas, y en donde cabe el ejercicio de la división de cosa común. Y por eso, en la sociedad de gananciales no se es dueño de la mitad de los bienes comunes, sino que ambos esposos conjuntamente tienen la titularidad del patrimonio ganancial. Por tanto, la participación de los cónyuges en la titularidad de los bienes gananciales se predica globalmente respecto de todo el patrimonio ganancial, como patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación sobre la totalidad del bien. No obstante, el hecho de que la sociedad de gananciales se configure como esa comunidad especial no significa que, en caso de que sea uno de los cónyuges el que adquiera con carácter ganancial la participación social, esa ganancialidad implique que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios. La conclusión debe ser la contraria si se tienen en cuenta, entre otras razones, la voluntad de los fundadores de la sociedad, el carácter «intuitu personae» del que está impregnada la relación societaria y el carácter relativo de los contratos (cfr. artículo 1257 del Código Civil). Con independencia de los derechos que, en las relaciones internas, tengan los cónyuges sobre el patrimonio ganancial, únicamente el cónyuge adquirente de las participaciones es parte en el contrato social. Por ello, si todas las participaciones sociales han sido adquiridas por uno solo de los cónyuges, aun cuando sean gananciales, la sociedad tendrá carácter unipersonal, toda vez que él es el único socio y así constará en el libro registro de socios. Por lo demás, no existe una norma como la establecida en casos de disociación entre la titularidad de la participación social y el ejercicio de los derechos de socio cuando de usufructo o prenda de participaciones sociales se trata (cfr. artículos 104 y 127 a 132 de la Ley de Sociedades de Capital). 3. Esta Dirección General (en sede de recursos contra resoluciones sobre designación de auditores ex artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene una dilatada doctrina sobre el ejercicio de los derechos inherente a la condición de socio cuando el titular de las acciones o participaciones sociales está casado en régimen de sociedad de gananciales. En un principio, y en relación a la situación vigente la sociedad de gananciales, esta Dirección General afirmó (vid. Resoluciones de 16 de mayo de 2012 y 4 de noviembre de 2013 por todas), que en el supuesto de participaciones sociales adquiridas por un cónyuge constante matrimonio existe una cotitularidad sobre todos los bienes que integran la comunidad ganancial que excluye la atribución de cuotas partes sobre los mismos, por tratarse de una comunidad germánica, en la que está vedada la disposición de los bienes por uno solo de los cónyuges sin perjuicio de la previsión del artículo 1384 del Código Civil. Como quiera que el ejercicio del derecho a la verificación contable no entraña ninguna facultad de disposición, sino que se ubica dentro de los actos de gestión y buena administración por ser su finalidad la de conocer la verdadera situación financiera y patrimonial de la empresa, se concluyó que los cónyuges estaban legitimados indistintamente para obtener el nombramiento registral de auditor de cuentas. 4. La doctrina anterior fue posteriormente modificada por no ser conforme con la propia de los órganos jurisdiccionales a la que esta Administración debe acomodarse. Dichos órganos han ido conformando una doctrina basada en la distinción entre los efectos que el carácter ganancial de las acciones o participaciones tiene entre los cónyuges con el carácter personal de la relación entre la sociedad y el socio titular de modo que aquellos no pueden interferir en el funcionamiento de esta. El carácter ganancial o no de acciones o participaciones es una cuestión ajena a la condición de socio que en nuestro ordenamiento mercantil se vincula exclusivamente a su titularidad, como a la misma se vincula el ejercicio de los derechos inherentes a tal condición. Como afirma el artículo 91 de la Ley de Sociedades de Capital: «Cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en esta Ley y en los estatutos». En el mismo sentido, entre otros, los artículos 93, 99.1, 102, 104, 122, 126, 179, 183, 184, 188, 291, 292, 346, 353, 393 de la propia Ley de Sociedades de Capital. Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de julio de 1998 que: «(…) por ser cónyuge del socio, no se adquiere dicha condición, sino que tan sólo se tiene posibilidad de ello por medio de un acto de transmisión». Y continúa: «Tampoco se trata de copropiedad de participaciones, pues en ese caso ambos cónyuges debían constar como copropietarios de las participaciones sociales y la designación formal a uno de ellos para el ejercicio de los derechos de socio (art. 35 LSRL), circunstancias que no se especifican en el presente caso donde sólo aparece uno de los cónyuges como socio fundador y único propietario de las participaciones sociales suscritas. El hecho de que el titular de las participaciones sociales se halle casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, no hace más que otorgar una serie de derechos al cónyuge no titular sobre el valor económico de tales participaciones: a percibir dividendos, a una cuota determinada del valor de realización de las participaciones al momento de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.». Con mayor despliegue argumentativo afirma lo siguiente la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 18 de julio de 2000: «(…) debe distinguirse, en las sociedades de capital, entre la titularidad de las participaciones y el derecho de asistencia a las Juntas. La seguridad jurídica en este tipo de sociedades, y la obligación legal de llevanza de un Libro Registro de Socios, implica que el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta derive de la inscripción en el Libro Registro (artículo 27 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), o que se acredite frente a la sociedad, mediante documento público o escritura pública, que se es titular de los derechos políticos derivados de dichas participaciones (artículo 26 de la Ley especial)». Y continúa: «El hecho de que el titular de las participaciones sociales, como ocurre en el caso de autos, se halle casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, no hace más que otorgar una serie de derechos al cónyuge no titular sobre el valor económico de tales participaciones a percibir dividendos, a una cuota determinada del valor de realización de las participaciones al momento de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, pero no le otorga derechos políticos frente a la sociedad salvo representación del titular (artículo 49 de la Ley especial). Pero es que, aunque no fuera así y se considerara la existencia de una cotitularidad compartida sobre las participaciones, entraría en juego lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley especial, para supuestos de cotitularidad o copropiedad de participaciones, esto es, los cónyuges copartícipes habrían de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, designación que debería notificarse a la sociedad previamente a la Junta e inscribirse en el Libro Registro de socios, en aras de la seguridad jurídica y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley especial ya citados». Y con toda contundencia la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia de 19 de octubre de 2004: «(…) los títulos valores tienen dos facetas, una patrimonial y otra societaria, la primera comprendería la relación interna, esto es, la titularidad real, que en este caso es la sociedad ganancial, y la segunda afecta a su vertiente externa, la actuación frente a terceros, en que necesariamente ha de intervenir una sola persona física o jurídica (…)» Y termina: «Además, la solución es coherente con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que expresamente ordena que en los supuestos de cotitularidad de derechos sobre participaciones, los cotitulares habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio. Esta tesis viene confirmada por la Dirección General de Registros y del Notariado, en resolución de 25 de mayo de 1.987, citada por la propia recurrente, en la que se señala que «en tanto que bien ganancial, la participación social estará sujeta al régimen de gestión de los bienes gananciales, en el que, si bien es regla general la cogestión, es indudable la aplicación del inciso primero del art. 1.384 del Código civil, en cuanto proclama la validez de los actos de administración realizados unilateralmente por el cónyuge a cuya nombre figuren. Por tanto, si la renuncia a la suscripción preferente de acciones se considera un acto de disposición, como sostiene la actora, o si se califica de acto de administración, como viene a defender la apelada al equipararlo con el no ejercicio de un derecho, la realidad es que el mismo no necesitaba el consentimiento de la cotitular patrimonial porque expresamente lo autoriza el artículo 1.384, con independencia de que sea a título gratuito u oneroso, sin necesidad de entrar en mayores disquisiciones»». 5. De la anterior doctrina jurisdiccional pueden deducirse las siguientes conclusiones: a) La condición de socio va unida a la titularidad de acciones o participaciones. b) El ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio corresponde al titular de acciones o participaciones a salvo los supuestos de representación. c) El carácter ganancial de las acciones o participaciones de un socio no altera este esquema de cosas sin perjuicio de las consecuencias patrimoniales entre cónyuges y del ejercicio de las acciones que pudieran corresponder en supuestos de fraude o daño (artículos 1390 y 1391 del Código Civil). d) En caso de cotitularidad de acciones o participaciones sociales, los cotitulares deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio conforme al artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital (vid. sentencia número 727/2012, de 8 noviembre, de la Audiencia Provincial de Murcia en cuanto a los límites del mandato). Cuando las participaciones o acciones pertenecen a ambos cónyuges con carácter ganancial se aplica la misma regla (vid. sentencia número 286/2013, de 11 diciembre, de la Audiencia Provincial de Toledo). 6. En el supuesto de hecho, resulta del contenido del registro de la sociedad que la condición de socio la ostentan dos personas, marido y mujer, cada uno titular de un número determinado de participaciones sociales. En consecuencia, para que la condición de socio inherente a dicha titularidad se transmita de un titular a otro se aplican las reglas generales de nuestro ordenamiento sobre transmisión de acciones o de participaciones sociales (vid. Capítulos III y IV del Título IV de la Ley de Sociedades de Capital). Este esquema de cosas no se altera, según ha quedado fundamentado, por el hecho de que uno o los dos titulares de las participaciones sociales se encuentren casados en régimen de gananciales ni por el hecho de que las participaciones ostenten carácter ganancial de acuerdo a las reglas de atribución de nuestro ordenamiento (artículos 1347 y siguientes del Código Civil), como no se modifica por el hecho de que los dos socios estén casados entre sí en dicho régimen. Para transmitir la condición de socio de uno de los titulares al otro se aplican las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales y, en consecuencia, las previsiones que al respecto contiene nuestro Código Civil y la Ley de Sociedades de Capital. La mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación pero no transmite per se la condición de socio. Es cierto que en sede de sociedad de gananciales esta Dirección General ha admitido generosamente los denominados negocios jurídicos de comunicación o de atribución amparados en el principio de libertad de contratación entre los cónyuges (artículo 1323 del Código Civil), pero no lo es menos que como ha señalado este Centro Directivo (por todas, Resolución de 11 de mayo de 2016): «(…) el régimen jurídico vendrá determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites legales (artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del Código Civil, siendo preciso que los elementos constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su causa que no puede presumirse a efectos registrales (vid. artículos 1261.3.º y 1274 y siguientes del Código Civil), han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible. Y todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos, siendo suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca de los concretos términos empleados en la redacción de la escritura, interpretados en el contexto de la finalidad que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de ganancialidad tendentes a ampliar el ámbito objetivo del patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la relación jurídica básica -la de la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es la propia relación matrimonial- (…)». En definitiva, para que se produzca un desplazamiento patrimonial de las participaciones sociales de un cónyuge a otro, aun cuando esta circunstancia no afecte al carácter ganancial de aquellas, será preciso que, de acuerdo a la doctrina expresada, se apliquen las reglas generales o las especiales de los negocios de comunicación entre cónyuges, circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho en el que los cónyuges se limitan a afirmar que el « ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este momento por el otro miembro de la sociedad de gananciales», declaración de voluntad que por sí sola no revela la existencia de un desplazamiento patrimonial de un cónyuge a otro y que por sí misma no permite entender que la condición de socio ha sido objeto de transmisión. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., en nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», contra la negativa de la registradora Mercantil y de Bienes Muebles I de Asturias, doña María de la Concepción Solance del Castillo, a inscribir determinados acuerdos sociales de dicha entidad. Hechos I El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de fechas 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de procedimiento ordinario número 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Concretamente, dicha sentencia declaró nulos los siguientes acuerdos: a) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en la «reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en den mil euros, mediante la emisión de 100.000 acciones números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dineradas al patrimonio social». b) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en «aceptar la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales propuesta por el Consejo de Administración que queda redactado en los siguientes términos: - El capital social es de den mil euros- y está formado por 100.000 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente del al 100.000 ambos inclusive. El capital está íntegramente suscrito y desembolsado». c) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 1 de diciembre de 2014, consistente en «aceptar la nueva redacción de los Estatutos Sociales de la sociedad propuesta por el Consejo de Administración, los cuales quedan redactados en los términos reflejados en esta acta». Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018 (rollo de apelación número 168/2017), si bien se fundamentaba, en lo que interesa en este expediente, en que el acuerdo de reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de dicho capital infringía, respecto del socio titular de acciones preferentes, «Sadim Inversiones, S.A.», unipersonal, los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, la Audiencia Provincial concluyó que «en este estado de cosas, teniendo presente que cualquier alteración de la cifra del capital social implica necesariamente una modificación de los estatutos sociales, la mejor solución para colmar la laguna legal que nos ocupa apunta a una interpretación integradora de lo dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario». La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de fecha 8 de abril de 2019, para dar cumplimiento a lo declarado en la referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, aprobó, entre otros acuerdos, la reducción de capital social a cero y simultánea ampliación del capital en los términos que resultan de la siguiente propuesta: «Cuarto.–La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales». Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el derecho de suscripción preferente. Las 29.400 acciones suscritas por «Sadim Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019 por el notario de Cabañaquinta, don José Luis Meana Valdés, con el número 180 de protocolo, y fueron elevados a público en escritura otorgada ante el mismo notario el día 9 de mayo de 2019, con número 253 de protocolo. II Presentadas el día 28 de mayo de 2019 el acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019, en que constaban los referidos acuerdos, y la escritura de elevación a público de los mismos autorizada el día 9 de mayo de 2019 en el Registro Mercantil de Asturias, y fueron objeto de la siguiente nota de calificación: «(…) El título recoge también la reelección del consejero Delegado, no inscribiéndose toda vez que no cabe la reelección de conformidad con el articulo 146 RRM, y siendo competencia del consejo su nombramiento de conformidad con el artículo 24.º de los vigentes Estatutos. Se deniega la Inscripción del acuerdo adoptado en la junta general de la sociedad Laminados Aller, S.A, en cuanto a la sustitución de las decisiones adoptadas en la junta general extraordinaria de 15 de septiembre de 2014. Dichos acuerdos fueron declarados nulos, tanto por concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 en relación con el artículo 343 de la LSC, por sentencia firme de 31 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo (en adelante la sentencia), que consta inscrita según resulta de la inscripción 18.º El acuerdo no puede admitirse: 1.–De ser posible tal acuerdo se vería frustrando el contenido de la tutela concedida. 2.–La pretendida plasmación del contenido de la sentencia por el acuerdo resulta insuficiente: Tal como señala la propia sociedad, al haberse anulado por la sentencia, los estatutos que causaron la inscripción 19.ª, aprobados en junta General Extraordinaria de 1 de diciembre de 2014, siguen vigentes los estatutos sociales a la fecha de la celebración de la junta de 15 de septiembre de 2014, que fueron aprobados en Junta General de nueve de noviembre de 2006, causando la inscripción 3.ª, modificación estatutaria que según resulta de los hechos probados de la sentencia, se produce como consecuencia de la entrada de Sadim Inversiones SA en el accionariado de Laminados de Aller, S.A. recogiendo la existencia de dos clases de acciones preferente y ordinarias regulando los artículo 7, 9, 18, 24, 32,35 y disposición final primera, lo relativo a dichas acciones preferente, siendo modificados posteriormente en cuanto al artículo 5.º como consecuencia de desembolsos de dividendos inscripción 4.ª, ampliación de capital inscripciones 8.ª, 9.ª y 10.ª en los que siempre, se mantuvieron las dos clases de acciones clase A preferente y clase B ordinarias, de la inscripción 17.ª resulta la modificación del artículo 28 de los estatutos relativo a la retribución de los administradores. Si como acabamos de señalar de los estatutos vigentes resulta la existencia de dos clases de acciones preferentes y ordinarias, el acuerdo debería referirse a las dos modificaciones de capital realizadas con posterioridad, que causaron las inscripciones 23.ª, en la que no se emiten acciones preferentes, puesto que los estatutos vigentes en aquel momento y que ha sido anulado, no las recogía y 26.ª Tal como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019, relativa a esta misma sociedad, si como consecuencia de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos, resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia. Como consecuencia de la inscripción de la sentencia en el presente caso, se produce una anomalía, puesto que resultan inscritos de dos capitales, el capital existente a la fecha de la adopción del acuerdo anulado, que era de siete millones quinientos mil euros y el ultimo capital escriturado de trescientos veintiséis mi novecientos setenta euros, esta anomalía habrá de regularizarse, partiendo de la situación de la sociedad en el momento de la adopción del acuerdo y teniendo en cuenta además que las decisiones sociales han de proteger tanto a los socios como a los terceros y que los nuevos socios siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica. 3.–No cabe en el presente supuesto sustituir el acuerdo declarado nulo por la sentencia. Aunque existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, este mecanismo sanatorio encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, resolución de 26 de octubre de 2016, cuando los defectos son de orden material o sustantivo, (recordar que acuerdos fueron declarados nulos, tanto por concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 en relación con el artículo 343 de la LSC), lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, materializada en una nueva decisión asamblearia. Cualquiera que sea la decisión que tome la sociedad, esta ha de cumplir la normativa vigente, puesto que como reiteradamente señala la Dirección General por todas la resolución de 5 de junio de 2019 «inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito». 4.–Puesto que en el presente caso no cabe el acuerdo sustitutorio, sino que ha de tratarse de un nuevo acuerdo social que ha de ajustarse a lo dispuesto en la ley, el acuerdo calificado adolece de los siguientes defectos: 1.–El balance que sirva de base a la operación de reducción por pérdidas deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo (es decir seis meses antes del 10 de abril de 2.019), fecha de celebración de la junta, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la Junta General. art. 323 LSC. 2.–el acuerdo de reducción ha de estar publicado en el BORME y en la página web de la sociedad o en el caso de que no exista en un periódico de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio. art. 319 LSC. 3.–para la ejecución del acuerdo de aumento de capital ha de establecerse un derecho de preferencia. art 304 LSC y ss, y hacer constar en la escritura por el órgano de administración que la titularidad de las nuevas acciones se ha hecho constar en el libro Registro de socios. art. 314 LSC. Se precisa asimismo la certificación bancaria de donde resulta el depósito de las aportaciones dinerarias a nombre de la sociedad. art. 62 LSC (…) Oviedo, 1 de Agosto de 2019 La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora)». III Contra la anterior nota de calificación, don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., en nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», interpusieron recurso el día 24 de septiembre de 2019 en el que alegaban lo siguiente: « (…) Acuerdo: Se trata de sustituir las decisiones adoptadas en la junta general extraordinaria de accionistas de 15 de septiembre de 2014 declaradas nulas, por la adopción de otros nuevos acuerdos con idéntico objeto que no idéntico contenido de los declarados nulos e independientes de aquellos, cuya razón de ser no se encuentra en la necesidad de dotar de eficacia a los anteriores sino que busca plasmar -ahora válidamente cumplido- el contenido de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo y de la Sentencia emitida por la Audiencia Provincial referidas ambas a este asunto, especialmente en cuanto a las cautelas a seguir en el mantenimiento de los privilegios de las acciones de la clase A. A tal fin se propone aprobar la reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital en los siguientes términos: 1. Reducción de capital a cero por importe de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones. 2. Simultáneamente aumentar el capital social de la compañía en cien mil euros, mediante la emisión de 100.000 acciones, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social. Las acciones suscritas por Sadim Inversiones S.A. son de clase A privilegiadas que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales. Las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B ordinarias. Dado que todos los socios han ejercitado el derecho de suscripción preferente la composición accionarial se mantiene inalterada, todos y cada uno de los accionistas mantienen el porcentaje que ostentaban con anterioridad, quedando el capital suscrito repartido de la siguiente manera: Vidrios de Aller Holding, S.L.: 34.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una (34.600. euros. 34,6%) numeradas de la 1 a la 34.600. Sadim Inversiones, S.A.U.: 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una (29.400 euros. 29,4%) numeradas de la 1 a la 29.400. Vetro Tool, S.A.: 36.000 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una (36.000 euros. 36,0%) numeradas de la 34.601 a la 70.600. El artículo 5 de los estatutos sociales queda redactado en los siguientes términos: «El capital social es de cien mil (100.000 €) euros, y está dividido en dos clases de acciones: preferentes y ordinarias, todas nominativas, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, que están íntegramente suscritas. Las acciones preferentes, numeradas correlativamente del número treinta y cuatro mil seiscientos uno (34.601) al sesenta y cuatro mil cuatrocientos (64.000), ambos inclusive, constituyen la Clase A, por un total de veintinueve mil cuatrocientos (29.400 €) euros nominales, desembolsadas íntegramente. Las acciones ordinarias, numeradas correlativamente del número uno (1) al treinta y cuatro mil seiscientos (34.600), y del sesenta y cuatro mil uno (64.001) al cien mil (100.000), ambos inclusive, constituyen la Clase B, por un total de setenta mil seiscientos (70.600 €) euros nominales, desembolsadas íntegramente.» II.–Motivos de no inscripción. Como se desarrollará pormenorizadamente a lo largo del presente escrito, los motivos giran en torno a tres argumentos principales: a.–Todo acuerdo que se alcance en relación a la situación del capital social existente a fecha 15 de septiembre de 2014 tiene que contener necesariamente un pronunciamiento en cuanto a la afectación de los asientos posteriores que el registro nominativamente ya identifica. b.–Que el mecanismo de la sustitución en los acuerdos sociales solo está previsto cuando la decisión social sustituida lo sea por motivos formales. c.–Puesto que no cabe la sustitución, no es posible aprobar una ampliación de capital y reducción por pérdidas refiriéndose a la situación existente a 15 de septiembre de 2014, sino que se habrían de cumplir los requisitos de la operación acordeón conforme al marco temporal actual del año 2019. Pasamos a transcribir la literalidad de la nota de defectos justificativa de la denegación de la inscripción: (…) III.–Se hace necesario recordar que la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo de fecha 31 de octubre de 2016 declaró nulos los acuerdos de las juntas de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de procedimiento ordinario 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de apelación 168/2017), modificando no obstante los argumentos para su nulidad, cuestión de absoluta relevancia para el caso que nos ocupa, esto es, la operación acordeón presentada ahora a inscripción vía acuerdo de sustitución. Los argumentos para decretar la nulidad de la operación acordeón del 2014 no se basaron en la concurrencia de fraude de ley, como erróneamente expresa la nota de defectos del Registro Mercantil de Asturias, sino por infracción de la norma basada en una interpretación integradora de los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). No obstante, la Audiencia Provincial más allá de limitarse a confirmar la nulidad por distintos motivos, marca expresamente la solución a adoptar por parte de Laminados a la hora de tener que respetar los derechos de los socios titulares de acciones de la clase A privilegiada, pertenecientes a Sadim Inversiones S.A. (en adelante también Sadim o Sadim Inversiones), concretamente: «En este estado de cosas, teniendo presente que cualquier alteración de la cifra del capital social implica necesariamente una modificación de los estatutos sociales, la mejor solución para colmar la laguna legal que nos ocupa apunta a una interpretación integradora de lo dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario.» Es decir, para el caso de no lograr una doble mayoría, sería suficiente que la ampliación de capital a la que concurra Sadim incluyera la emisión de acciones de la clase A inherentes a las que correspondería cualquier desembolso realizado por esta empresa. IV.–Desde la adopción de los acuerdos declarados nulos referidos al 15 de septiembre de 2014 que afectan a la cifra del capital social, la sociedad ha continuado operando en el tráfico mercantil y efectuando operaciones posteriores, entre otras razones para cumplir con la normativa imperativa en materia de restablecimiento del equilibrio patrimonial consecuencia de las pérdidas alcanzadas (artículo 363.1 apartado e) de la LSC). Ello ha dado lugar a las modificaciones en el capital social que contemplan las inscripciones 23.ª y 26.ª, operaciones que no han sido objeto de impugnación judicial. V.–La postura del Registro Mercantil ha ido encaminada en todo momento a forzar la presentación de acuerdos por parte de Laminados que contemplaran la modificación de los relativos a la modificación de capital posteriores, concretamente los que dieron lugar a las inscripciones 23a y 26a, extralimitándose del contenido propio de la sentencia firme de fecha 31 de octubre de 2016 y de la literalidad del artículo 208.2 de la LSC. Así, nos encontramos la primera negativa a dicha inscripción el 5 de febrero de 2019 que dio lugar el recurso gubernativo presentado por Laminados ante ese Centro Directivo, recurso que fue resuelto por resolución de 6 de junio de 2019 de forma favorable para la sociedad. En dicha resolución de la DGRN, firme en este momento, se ordena la inscripción de la efectiva nulidad de los acuerdos de operación acordeón y nueva redacción del artículo 58 del capital social de fecha 15 de septiembre de 2014 declarados por sentencia firme, sin el requisito de acompañar acuerdos sociales posteriores adaptando, afectando o alterando el tenor literal de las inscripciones 23.ª y 26.ª La segunda negativa a inscripción se recoge en la nota de calificación que ahora se recurre. Alegaciones. Primera.–Acogimiento escrupuloso del nuevo acuerdo adoptado el 10 de abril de 2019 con la sentencia firme en los términos establecidos en la Audiencia Provincial de Asturias. Es cierto que la Sala al resolver sobre la nulidad se ha pronunciado -por virtud del principio de justicia rogada- en relación con lo que expresamente se solicita, que fue la nulidad de la operación acordeón aprobada en junta de 15 de septiembre de 2016 (sic) tal y como expresamente se propuso a la junta, es decir, sin la emisión de acciones privilegiadas, que son las únicas que podía adjudicarse en caso de suscripción la sociedad Sadim Inversiones. Con ello, cualquier intento de volver a plantear la operación acordeón con la situación económico-financiera existente en dicho momento ha de observar escrupulosamente los postulados de la Audiencia en su resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de apelación 168/2017): «el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de accione; dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario.» El acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 recoge en su nuevo contenido la emisión de las acciones preferentes de la clase A, corno ya se ha expresado: «La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.» De momento dejamos planteado y acreditado documentalmente que la sociedad sí ha cumplido con la sentencia de la Audiencia emitida para el presente caso concreto emitiendo acciones preferentes para la suscripción correspondiente a Sadim. Obvia no obstante el Registro Mercantil, como más adelante explicaremos, que los propios estatutos impuestos por la citada mercantil y vigentes a fecha actual (inscripción 3.ª) y vigentes a fecha inmediatamente anterior al 15 de septiembre de 2014 establecen en su artículo 18 la posibilidad real de que las acciones de la clase A dejaran de existir por haber sido íntegramente amortizadas: «…La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o por haber sido amortizadas.» Segunda.–Concepto de sustitución de acuerdos sociales. Si se ha optado por un acuerdo de sustitución del adoptado irregularmente el 15 de septiembre de 2014 es precisamente para salvar la situación de desequilibrio patrimonial existente a dicha fecha y no la existente en la actualidad, con un balance que no reflejaría la realidad habida a cierre del 30 de junio de 2014, todo ello cumpliendo los postulados de la Audiencia Provincial de Asturias. La situación que se pretende recomponer y permítanos insistir, no es la actual, toda vez que se encuentra perfectamente equilibrada, a tenor de lo que se detalla en las últimas cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2018 y depositadas, sino la existente el 15 de septiembre de 2014 (vía balance auditado de 30 de junio de 2014), momento en que se daba una determinada situación económico-financiera que solo se puede recomponer desde dicho punto de vista económico-financiero a la fecha en que concurrieron los hechos. Sin embargo considera el registro mercantil que dicha operación, debería de tomar como balance de situación el existente a fecha actual, luego nada estaríamos restableciendo en relación a la situación económico financiera recogida en el balance auditado que sirvió de base a la operación de 30 de junio de 2014. Pongamos un sencillo ejemplo en defensa de lo anterior. Supongamos que una sentencia con fecha de firmeza en mayo de 2018 declara la nulidad por abusivo de un acuerdo de junta general relativo a la falta de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. En dicho supuesto deberá volver a reunirse la junta para acordar un reparto de resultados acorde a lo dispuesto en la sentencia firme. El balance que sirviera de base a la operación no podría ser la actual puesto que la distribución de resultados anulada se refiere al 2014. Según el razonamiento de la registradora no cabría un acuerdo sustitutorio (ya que la decisión de no repartir dividendos en 2014 no se puede considerar en absoluto como un defecto formal) por lo que se debería tomar un nuevo acuerdo utilizando de base un balance actual, resultado incongruente ya que las cifras de ambos balances, 2014 y 2018 nada tendrían que ver. No podemos olvidar que la adopción de la medida para el restablecimiento del equilibrio patrimonial llevada a cabo en septiembre de 2014, era una obligación legal en los términos reflejados en el artículo 363.1 e) de la LSC para salir del desequilibrio patrimonial reflejado en el balance de 30 de junio de 2014. En otro orden de cosas, establece el Registro Mercantil de Asturias en el punto 3 de su nota de calificación, que el mecanismo de sanación consistente en la sustitución de un acuerdo por otro acuerdo de idéntico contenido, encuentra su razón de ser en la ineficacia de la decisión social sustituida por motivos formales. Discrepamos de la anterior aseveración por lo siguiente: 2.1 El caso que nos ocupa nada se ha pretendido sanar, especialmente tratándose de acuerdos nulos de imposible sanación. Los acuerdos nulos no pueden ser ratificados o convalidados con eficacia ex tunc, porque la nulidad de pleno derecho no permite su subsanación y menos aún su convalidación, de ahí la elección del acuerdo de sustitución planteado en la junta de accionistas de 10 de abril de 2019. 2.2 No estamos ante la adopción de acuerdos con idéntico contenido sino diferentes, nuevos acuerdos en cuya propuesta se siguió de forma escrupulosa las directrices marcadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias. Veamos las concretas diferencias. Acuerdo declarado nulo de 15 de septiembre de 2014 referido a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital: «La reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en cien mil euros mediante la emisión de 100.000 acciones números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social.» Nueva propuesta de acuerdo: «La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor. La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cíen mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.» Vemos que el nuevo acuerdo contempla la emisión de acciones privilegiadas de la clase A con los privilegios que recogen los estatutos previstos en la inscripción 3.ª y vigentes en la actualidad. Insistimos por tanto que no estamos ante una subsanación o ratificación sanatoria o convalidante, sino ante una sustitución, es decir, ante la adopción de un acuerdo nuevo con contenido propio, adoptado cumpliendo con los requisitos legales y más en concreto con los requisitos advertidos por la sentencia de 20 de marzo de 2018 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que resalta el respeto a los derechos de los socios titulares de acciones privilegiadas de la clase A. 2.3 Ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni la doctrina limitan los acuerdos de sustitución a situaciones donde la decisión a sustituir lo sea por motivos formales. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012, Ponente D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos, es rotunda en cuanto a la procedencia de los acuerdos de sustitución, sin vincularlos en ningún momento a la existencia de dichas razones de forma: «La sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.» En igual sentido, sentencias de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de julio de 2014 y 17 de octubre de 2014. Por su parte, la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero de 2018 ahonda en el concepto de sustitución, nuevamente sin aludir al requisito formal como elemento para su exclusiva utilización: «Tal coincidencia permite validar los acuerdos anteriores, pues la LSC no exige para este supuesto más que la sustitución mediante un acuerdo que haya sido válidamente adoptado, sin exigir una identidad sustancial con el primer acuerdo, ni una identidad gramatical o literal sino que basta que desde una perspectiva material el acuerdo posterior pueda cumplir con los mismos objetivos o mantener los mismos efectos que el acuerdo previamente impugnado, sin perjuicio de que pudieran existir contenidos adicionales que no hubieran aparecido en el primer acuerdo. Tampoco resulta necesario que el acuerdo válido haga referencia expresa al anterior o a los vicios que le afectaban ni que se mencione de forma expresa tampoco la finalidad o la intención sustitutiva. El control de regularidad de este segundo acuerdo viene exigido por la expresión ‘sustituido válidamente’, control que corresponde lógicamente al Juez, y que incluso se sostiene que debe ser previo al análisis de los vicios que afectan al primero de los acuerdos, ya que de verificarse su validez huelga entrar en toda consideración respecto de las irregularidades que pudiera tener el primer acuerdo.» En la doctrina citamos el trabajo de L. C. A. al referirse a los acuerdos de sustitución, (…) páginas (…), 2009, destacando la independencia de la plena autonomía de los acuerdos, el sustituido y el nuevo acuerdo: «Todo acuerdo de sustitución tiene un contenido compuesto. Por un lado, el relativo a la extinción del acuerdo originario, que se halla implícito en la misma propuesta de su adopción. Y, por otro, un contenido específico que es el que determina su efecto final sobre el acuerdo originario. Así, el acuerdo originario quedará sin efecto si el acuerdo de sustitución agota su contenido en la intención de extinguirlo, será sustituido cuando el nuevo acuerdo regule el mismo asunto de en sentido total o parcialmente distinto, y será subsanado cuando su contenido sea idéntico pero sin los defectos detectados en el primero. Las modalidades enumeradas en el artículo 115.3 LSA tienen que ver con el contenido real de acuerdo de sustitución al margen de su alcance derogatorio sobre el acuerdo originario. Así, dejar sin efecto un acuerdo consistiría en revocar sin más el acuerdo originario. La sustitución del acuerdo se haría mediante la adopción un nuevo acuerdo sobre la misma cuestión pero de contenido diverso total o parcialmente. En realidad, más que una sustitución lo que tiene lugar es una modificación del acuerdo inicial. Y la subsanación de un acuerdo se llevaría a efecto adoptando otro con el mismo contenido que el original, eliminando, en esta segunda ocasión, los defectos denunciados determinantes de la nulidad. De hecho la subsanación no es más que una ratificación.» El hecho de haberse adoptado un acuerdo de sustitución está directamente relacionado con la eficacia buscada, que en modo alguno trata de esquivar la sentencia firme de 31 de octubre de 2016 sino de recomponer, conforme a Derecho, la legalidad en la toma de los acuerdos a la fecha de 15 de septiembre de 2014. Para ello apelamos a la soberanía de la junta de accionistas, como máximo órgano rector de la voluntad social y como único órgano competente para adoptar el acuerdo de sustitución y sus efectos. El Tribunal Supremo viene reiterando desde la antigua sentencia de 4 de octubre de 1956 que: «Los tribunales han de procurar no invadir la esfera de acción reservada por la ley o por los estatutos a los órganos de la sociedad, sin perjuicio, claro es, de que puedan y deban revisar los acuerdos de aquéllas si el proceso ofrece demostración suficientemente razonable de que el organismo social se ha extralimitado por exceso o por defecto en el ejercicio de sus facultades legales o estatutarias o ha causado lesión a la entidad en beneficio de un socio. Esfera de acción de la junta que, en última instancia, también ha de ser respetada, además de porque dimana de un ente con personalidad jurídica propia, por razones de seguridad jurídica.» La sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 22 de septiembre de 1994 establece que es conveniente indicar el sentido en que se piensa incidir en el acuerdo, esto es, si se pretende dejarlo sin efecto, modificarlo, sustituirlo por otro o ratificarlo y si el nuevo acuerdo tendrá efectos retroactivos o no. La sentencia del Alto Tribunal anteriormente citada de 18 de octubre de 2012 se refiere a la eficacia «ex tunc» o «ex nunc» de los acuerdos de convalidación (que no de sustitución), estableciendo que «la intención de la convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos en cuanto a sus efectos.» Tercera.–Condición impuesta por el Registro Mercantil al margen de la Ley de Sociedades de Capital en materia de contradicción con los asientos posteriores. Al margen de la inscripción ordenada por la resolución de la DGRN señalada en el antecedente V, la postura del Registro Mercantil sigue girando en torno a la necesidad de contar con un pronunciamiento societario en torno a la afectación de asientos posteriores y concretamente en torno a las cifras de capital posteriores. Dicho de otro modo, cualquier acuerdo que se limite a volver a aprobar la operación de operación acordeón en su día declarada nula, cumpliendo incluso en el momento actual con los requisitos exigidos por la Audiencia Provincial, no va a ser objeto de inscripción, salvo que vaya acompañada de acuerdos en materia de contradicción de acuerdos posteriores. La referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2016 no se pronunció sobre la cancelación de asientos posteriores, resolviéndose posteriormente judicialmente que ello debía ser objeto de análisis, en su caso, en el seno de una ejecución impropia ex artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), Llega incluso a citarse en la nota de calificación negativa que ahora se recurre referencias a la resolución de la DGRN de 6 de junio de 2019 (emitida a instancias de Laminados) en materia de cumplimiento de la sentencia de 31 de octubre de 2016, llegando a expresar que queda en mano de Laminados hacer todo lo posible para su cumplimento. Recordemos la mención: «Tal como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019, relativa a esta misma sociedad, si como consecuencia de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos, resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación Jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados.» Y recordamos que así se ha hecho en el pasado y se intenta hacer en el presente, con la persistente oposición del registro mercantil. En primer lugar, respecto de la obligación de «instar la adopción de los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad» reiteramos que la ejecución de la sentencia viene de la mano del artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tratarse de un pronunciamiento declarativo y constitutivo. «1. No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. 2. Mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución. 3. Cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en esta Ley.» Por su parte el artículo 522 del mismo texto leal dispone. «1. Todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencies constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica, 2. Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que dispongan.» Y es particularmente (o que de forma insistente viene haciendo Laminados y que ha dado lugar a la antedicha resolución favorable. En segundo lugar con relación a «regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados», precisamente lo que se busca con la inscripción del acuerdo de sustitución es lograr la coherencia tras el vacío que queda en la anotación 18.ª referida al capital social que dio lugar a una cifra de 100.000 € respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados, asiento inexistente en la actualidad tras la definitiva inscripción registral de la sentencia de 31 de octubre de 2016. Las relaciones jurídicas afectadas, de existir, han de ser analizadas en el seno de un proceso judicial, si alguien se siente verdaderamente afectado y no por el Registro Mercantil, arrogándose sistemáticamente en las notas de calificación la facultad que el artículo 208.2 de la Ley de Sociedades de Capital confiere a la autoridad judicial y excediéndose, dicho con todo el respeto, de las funciones propias de la calificación registral ex artículo 18.2 del Código de Comercio que no amparan pronunciamientos en torno a la tutela judicial concedida, frustrada o exitosa. Si aun así este Centro Directivo quiere entrar a analizar dicho terreno de la coherencia con los actos posteriores y su coordinación con el acuerdo de sustitución pasamos a referenciar los siguientes datos: 3.1 En el acuerdo de sustitución se preservan las acciones de la clase A inherentes al desembolso de la participación de la sociedad Sadim, aplicándose en su integridad los estatutos sociales vigentes impuestos por dicha mercantil y recogidos en la anotación 3a de la hoja registral. 3.2 No es coherente inscribir otros acuerdos de la misma junta de 10 de abril de 2019 derivados precisamente de las imposiciones contempladas en dichos estatutos, como es la obligatoriedad de contar con un órgano de administración consistente exclusivamente en un consejo de administración y hacer caso omiso de otras menciones del mismo pacto social, como la que sigue del artículo 18 ya indicada en párrafos anteriores: «...La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o por haber sido amortizadas.» 3.3 El siguiente acuerdo social que afecta al capital social está recogido en la anotación 23.ª, junta de 30 de abril de 2015. En dicha junta, se verifica por el tenor literal de su contenido inscrito, que Sadim no concurrió a la ampliación de capital posterior a la reducción de capital por amortización de todas las acciones existentes, luego ningún derecho le ha sido vulnerado por inexistencia de participación en dicha ampliación. A esto hay que añadir que, a diferencia de lo que ocurrió en la junta declarada nula de 15 de septiembre de 2014 donde Sadim concurrió efectivamente a la ampliación de capital, en la celebrada con fecha 30 de abril de 2015 y que recoge como hemos indicado la aludida inscripción 23, Sadim no suscribió acciones de ningún tipo. Repárese que, en efecto, en esta junta de 30 de abril de 2015 queda aprobada la reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones (privilegiadas y ordinarias) y simultáneamente el aumento de capital social de la compañía a la que insistimos, Sadim no concurre, estando en consecuencia la nueva cifra de capital formada exclusivamente por acciones ordinarias. Se recuerda que solo esta sociedad era la única con capacidad estatutaria de suscribir dichas acciones de la clase A. El 30 de abril de 2015 por tanto se redujo el capital social en 100.000€ mediante amortización de todas las acciones y se produjo una ampliación de 605.500€, quedando el capital social fijado en esta última cifra compuesta por acciones ordinarias. 3.4 Sobre este nuevo capital social, resultante de la inscripción 23.ª, 605.500 € se opera una reducción de capital por condonación de los dividendos pasivos en importe de 278.484 €, inscripción 26.ª, que dio lugar a una cifra de capital final de 326.970 €. En definitiva, de consentirse la interpretación del registro mercantil deberíamos mediante un balance actual (ejercicio 2019) restablecer la situación de desequilibrio patrimonial existente en el 2014 y adjudicar acciones de la clase A a un socio fantasma por inexistente. 3.5 Al no aceptar la inscripción del acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 ni siquiera recogiendo las previsiones de la Audiencia Provincial de Asturias, por no encontrarnos, según el mismo registro, ante un supuesto de meras deficiencias formales, se acoge directamente la tesis del efecto contagio o dominó de unas cifras de capital a otras. Resaltamos, como se verifica de la vida registral que se acompaña, que Sadim ni siquiera intentó solicitar la adopción por el juzgado de medidas cautelares consistentes en la anotación preventiva de su demanda que trajo como consecuencia la sentencia de 31 de octubre de 2016. En este sentido, la Resolución de la DGRN de 18 de mayo de 2013 (BOE 26 junio 2013) dispone: «5. Con independencia de cuanto antecede, advertirse que no se practicó en su momento la anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos sociales prevista como medida cautelar en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mercantil. No puede desconocerse que el artículo 156.2 del Reglamento del Registro Mercantil, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores que resulten contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia de cuya ejecución se trate, parte del supuesto de haberse practicado en el momento oportuno la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, cuya constancia y vigencia justifica que puedan extenderse a otros asientos, cuya validez no ha sido directamente impugnada, las consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo anterior. 6. Habiéndose podido adoptar la medida cautelar de la suspensión de los acuerdos sociales ex artículo 727.10.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil o cuanto menos la anotación preventiva de demanda ex artículos 727.5. a y 6. a de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con lo previsto en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. también las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de noviembre 1995, 22 febrero 1999 o 26 febrero 2001), el actor no obró en consecuencia, ni procuró volcar la circunstancia de la pendencia del procedimiento judicial de impugnación de acuerdos sociales en la hoja registral. Por otra parte, parece no encajar con el valor constitucional de seguridad jurídica que constituye el nervio de la institución registral, que se sigan de la sentencia estimatoria de la nulidad de un acuerdo de aumento de capital efectos devastadores de la posición de socios de buena fe en su condición de adquirentes o subadquirentes; sobre todo tratándose de los suscriptores de acciones o participaciones emitidas en los aumentos de capital posteriores al declarado nulo. Y con mucha más razón cuando estemos ante la necesaria tutela de la posición jurídica de terceros acreedores de la sociedad, menoscabada si se entendiere que la cancelación de los aumentos de capital produce una rebaja ‘ex lege’ de la cifra de retención, sin que para ello sea necesario respetar los mecanismos de tutela de sus derechos incardinados en la regulación imperativa de la reducción de capital social. Es cierto que la sentencia produce efectos frente a todos los socios ex artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero los terceros de buena fe, incluidos los socios que tengan esa consideración, están protegidos en el orden procesal porque no les afecta la cosa juzgada y en el orden material por razón de la tutela frente a la inexactitud registral implícita en el principio de fe pública registral ex artículo 20.2 in fine del Código de Comercio cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho». En el mismo sentido el antiguo artículo 122.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que establecía que la sentencia estimatoria de la nulidad ‘no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado’». 3.6 El efecto dominó tan ligeramente advertido por el registro como elemento indispensable para conseguir la inscripción del acuerdo de sustitución, exigiendo la adaptación de las cifras de capital recogidas en las inscripciones 23.ª y 26.ª, obvia completamente los derechos de terceros accionistas que han concurrido a las ampliaciones de capital que figuran en dichas inscripciones e incluso han adquirido acciones por título de compraventa, actuando con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 888/2016 de 30 de marzo, Ponente Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, establece: «...no cabe hacer ‘tabla rasa’ de lo acordado por la sociedad durante años, y estimando correcto que precisamente la Junta General intente adoptar una solución que permita dar cumplimiento a la declaración judicial de nulidad, respetando los derechos adquiridos de buena fe, ello ha de llevarnos a rechazar los motivos de recurso relativos a la válida constitución de la Junta y correcta relación de asistentes, no apreciando infracción de os arts. 192 y 193 LSC, ni en consecuencia de las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, sin infracción por tanto de los arts. 194, 201, 296 y 318 LSC y, en consecuencia, estimamos igualmente correcto el sistema que se utilizó de triple votación para reconocer los derechos de los accionistas que habían adquirido las acciones con posterioridad, cuyos derechos no pueden ser sin más eliminados u obviados...» En la misma sentencia se trae a colación la Resolución de la DGRN de 30 de mayo de 2013 (BOE 28 julio de 2013), extractando gran parte de la misma. En lo que aquí interesa volvemos a reiterar que la Laminados de Aller S.A. ha efectuado todo lo que ha estado a su alcance para regularizar la situación de la sociedad en el 2019 de una nulidad declarada respecto de acuerdos del 2014: «a) La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como la de las inscripciones contradictorias, no produce como consecuencia jurídica, la automática supresión, en contra de terceros de buena fe, de los efectos jurídico-organizativos que se derivan de los actos de ejecución de dichos acuerdos. Los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída. Si tuvieren el cargo caducado o no quisieren convocar, procede instar la convocatoria judicial de la junta; b) Los «nuevos socios», siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica de socios, estando la sociedad obligada a restituir aportaciones o a ‘recapitalizar’ el crédito de restitución adoptando al efecto las provisiones oportunas; c) No puede partirse exclusivamente del capital representado por las ‘viejas acciones’ (el capital social anterior a dicha fecha de referencia estaba formado por las acciones 1 a 300 de 10.000 pesetas de nominal) y considerar como inexistentes las 5.700 ‘acciones nuevas’ que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital inscritos en el Registro; d) No cabe entender que anulado un acuerdo social -como es en el presente caso el nombramiento de un administrador deba extenderse la nulidad de modo absoluto a todo acuerdo subsiguiente al mismo -en este caso todos los adoptados por las juntas generales convocadas por ese administrador- para negar todo efecto a los acuerdos posteriores aun cuando éstos no sean dependientes o consecuencia de aquél inicialmente viciado ni estén afectados de una nulidad intrínseca, pues entender lo contrario implicaría que, a pesar de que se han adoptado los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad referida y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados, quedaría la sociedad abocada indefectiblemente a su liquidación -salvo una eventual transformación- en contra del principio informador de nuestro ordenamiento societario (igual que el concursal) cual es el principio de ‘conservación de la empresa’.» En la doctrina destacamos el artículo publicado en la página web de la Revista El Derecho con fecha 1 de febrero de 2013 por el magistrado de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, D. Juan Francisco Garnica Martín: «La sentencia que determina la nulidad del acuerdo produce efectos ex tunc, esto es, efectos que se retrotraen en el tiempo al momento del propio acuerdo, con independencia de que la acción ejercitada sea la de nulidad o la de anulabilidad. El acuerdo pasa a ser nulo frente a todos desde el mismo momento en el que se produjo, lo que no significa que también lo pasen a ser todos los efectos desplegados por los actos de ejecución del acuerdo que se hayan llevado a cabo antes de la sentencia. Si lo serán, en cambio, los que se hubieran producido tras la firmeza de la sentencia o bien tras la suspensión del acuerdo, acordada como medida cautelar, pero no así los producidos en cumplimiento de un acuerdo válido y ejecutable. La aplicación de las reglas de la nulidad del negocio jurídico en el ámbito del derecho de sociedades encuentra muchos problemas, porque no son entornos asimilables. Buena prueba de ello es el disfavor con el que el legislador trata las causas de nulidad en el negocio jurídico de constitución de la sociedad, particularmente en el art. 56.2 LSC, donde se establece que fuera de los casos contemplados en el art. 56.1 no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad ni tampoco acordarse su anulación. Lo que se pretende por el legislador con esa norma, y con la establecida en el art. 57 LSC, es proteger los derechos de terceros que contratan con la sociedad, proteger la apariencia del tráfico jurídico, lo que constituye una constante de todo el derecho mercantil y del societario. Si la nulidad del acuerdo social no comporta la nulidad de las relaciones jurídicas nacidas a su amparo, dado que la regulación de la sociedad exime al tercero de la necesidad de comprobar si el acuerdo social se ajusta o no a los requisitos formales y materiales exigibles, para la efectividad del pronunciamiento de anulación del acuerdo será necesario que la sociedad revoque o rescinda los actos o relaciones jurídicas nacidas a su amparo. Por consiguiente, para determinar cuáles son los efectos del acuerdo nulo sobre esas otras relaciones jurídicas que ha generado es preciso estar al régimen de las acciones rescisorias, no al de las acciones de nulidad. Y ese régimen resulta particularmente del art. 1295 CC, en cuyo apartado segundo se establece que la rescisión no tendrá lugar cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. En suma, la nulidad del acuerdo social debe ser respetuosa con los derechos adquiridos por terceros que hayan actuado de buena fe. Y la cuestión no es que a estos no les pueda alcanzar la cosa juzgada, cuestión que es completamente baladí desde su perspectiva, sino que su posición jurídica no se puede ver inquietada por la anulación de un acto del que trae causa el derecho adquirido por su parte, porque en otro caso se resentiría de forma inadmisible el tráfico jurídico. La seguridad del tráfico exige que se preste tutela a los terceros de buena fe y que los mismos no deban desconfiar de la regularidad de sus actos siempre que contraten con una sociedad.» Por todo ello, la Sociedad solicita al Centro Directivo que estime íntegramente el Recurso y ordene a la Registradora la inscripción de los acuerdos que recogen el antecedente I del presente escrito, todo ello en base a la normativa aplicable, doctrina jurisprudencial y del presente Centro Directivo anteriormente expuesta». IV Mediante escrito, de fecha 2 de octubre de 2019, la registradora Mercantil elevó el expediente, con su informe, a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 6.3, 1303 y 1310 y siguientes del Código Civil; 18 y 20 del Código de Comercio; 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 56, 57, 204, 205, 207, 293 y 295 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2008 y 23 de febrero y 18 de octubre de 2012, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de abril del 2000, 16 de septiembre de 2011, 18 y 30 de mayo de 2013, 4 y 26 de julio y 26 de octubre de 2016 y 6 de junio de 2019. 1. Para resolver el presente recurso son hechos relevantes los siguientes: El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014, acuerdos entre los que se encontraba determinada operación de reducción del capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018, si bien se fundamenta, en lo que interesa en este expediente, en que el acuerdo de reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de dicho capital infringe, respecto del socio titular de acciones preferentes, «Sadim Inversiones, S.A.», unipersonal, los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de 8 de abril de 2019, para «ejecutar en sus propios términos la sentencia firme de fecha 31 de octubre de 2016 (…), y regularizar la situación jurídica respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados», aprobó, entre otros acuerdos, la reducción de capital social a cero y simultánea ampliación del capital en los términos que resultan de la siguiente propuesta: «Cuarto.–La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales». Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el derecho de suscripción preferente. Las 29.400 acciones suscritas por «Sadim Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019 y en la escritura de elevación a público de los mismos que son objeto de la calificación impugnada. En esencia, la registradora fundamenta su negativa a la inscripción solicitada en que los acuerdos adoptados, relativos a la situación del capital social existente el 15 de septiembre de 2014, tienen que contener necesariamente un pronunciamiento en cuanto a los efectos que la nulidad declarada tiene sobre determinados asientos posteriores; en que aun cuando existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, este mecanismo sanatorio encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, mientras que cuando los defectos son de orden material o sustantivo, como ocurre en este caso, lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, materializada en una nueva decisión asamblearia; y ese nuevo acuerdo social debe ajustarse a los requisitos que la ley establece para adoptarlo (entre ellos el relativo al balance que sirva de base a la reducción del capital) atendiendo a la situación del momento en que se apruebe en este momento la reducción de capital. 2. Sobre la cuestión relativa a la posible convalidación de acuerdos sociales declarados nulos este Centro Directivo (como pusiera de relieve en Resolución de 4 de julio de 2016) ya ha tenido ocasión de pronunciarse; como también lo había hecho con anterioridad el Tribunal Supremo. Así, el Alto Tribunal ya declaró en su Sentencia de 23 de febrero de 2012 que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles, y posteriormente, en su clarificadora Sentencia de 18 de octubre de 2012 afirmó lo siguiente: «19. La grave distorsión que en la vida de las sociedades mercantiles puede provocar la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados por sus órganos sociales, después de un proceso de formación de la voluntad social en ocasiones complejo y como regla sometido a rigurosos requisitos formales, a fin de garantizar el ejercicio por los socios de su derecho a intervenir de forma informada en la formación de la voluntad social, es determinante de que en aquellos supuestos en los que por su contenido no son contrarios al orden público, los distintos ordenamientos articulen diversos mecanismos dirigidos, por un lado, a potenciar su inatacabilidad limitando las causas de impugnación, fijando breves plazos a tal efecto y restringiendo la legitimación para impugnarlos, por otro, a impedir su impugnación cuando ésta ha perdido interés -en este sentido el artículo 2377.4 del Códice Civile italiano previene que ‘[l]'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo’ (la anulación de la deliberación [del acuerdo] no puede tener lugar, si la impugnada es reemplazada con otra tomada en conformidad de la ley y el acto constitutivo [los estatutos]); y el 62.2 del Código das Sociedades Comerciais portugués ‘[a] anulabilidade cessa quando os sócios renovem a deliberação anulável mediante outra deliberação, desde que esta não enferme do vício da precedente’ (la anulabilidad cesa cuando los socios renuevan la deliberación [acuerdo] anulable mediante otra deliberación [acuerdo], siempre que ésta no adolezca de la irregularidad del precedente)-; y, por otro, finalmente, a facilitar la subsanación o convalidación de los que adolecen de irregularidades susceptibles de ser corregidas -en este sentido el artículo 363 de la Ley 66-537 de 24 de julio de 1966 sur les sociétés commerciales francesa dispone que ‘[l]e tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités....’ (el tribunal de comercio, que conoce de una acción de nulidad, puede, hasta de oficio, fijar un plazo para permitir salvar las nulidades....); y el 62.3 del Código portugués ‘[o] tribunal em que tenha sido impugnada uma deliberação pode conceder prazo à sociedade, a requerimento desta, para renovar a deliberação’ (el tribunal ante el que haya sido impugnada una deliberación [acuerdo] puede conceder plazo a la sociedad, a petición de ésta, para renovar la deliberación [acuerdo]). 20. También el legislador europeo ha tenido en cuenta ambos mecanismos. Así la Sexta Directiva del Consejo, Directiva 1982/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, en el artículo 21 dispone que ‘[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo podrán regular el régimen de nulidades de la escisión en las siguientes condiciones (...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad cuando haya transcurrido un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la escisión fuera oponible al que invoque la nulidad, ni cuando la situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la escisión, el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación’. Y la Directiva 2011/35/UE, de 5 de abril, reiterando la Tercera Directiva del Consejo 1978/855/CEE, de 9 de octubre, sobre fusión de sociedades, dispone en el artículo 21.1 que ‘[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo podrán organizar el régimen de nulidades de la fusión en las siguientes condiciones: (...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad después de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en la que la fusión fuera oponible al que invoque la nulidad, o bien si la situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la fusión, el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación’ (…). 24. Partiendo del contexto descrito, la primera premisa de la que debemos partir es que nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores, mediante la adopción de otros para revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros incompatibles. Ello, sin perjuicio de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero, no existe un ‘derecho al arrepentimiento’ con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado, máxime si se tiene en cuenta que la propia evolución del mercado puede convertir en lesivos acuerdos inicialmente beneficiosos que los administradores deberían ejecutar de no ser revocados. (…) 29. En conclusión, la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva. 30. Otra cosa es la eficacia ‘ex nunc» o ‘ex tunc’ de los acuerdos de convalidación ya que, como sostiene la sentencia de 17 de marzo de 1992, «la intención de la convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos en cuanto a sus efectos’». 3. En esa misma línea, esta Dirección General, en Resolución de 30 de mayo de 2013, afirmó lo siguiente: «(…) se plantea el discutido tema de la eficacia de la sentencia de nulidad de acuerdos sociales. Precisamente, estamos ante un típico caso difícil de Derecho de sociedades. No en vano se ha dicho que la implantación de un canon de retroactividad fuerte, por sus consecuencias devastadoras de los derechos adquiridos por socios y terceros, puede conducir al caos jurídico. Esto explica que hayan prosperado en tiempos recientes en ordenamientos societarios de nuestro entorno soluciones más ponderadas o conformes con el principio de estabilidad o conservación de los efectos de los acuerdos sociales de gestión, como es la que establece la convalidación de la fusión o escisión debidamente inscritas (artículo 47.1 LME; artículo 17 Directiva de Fusiones Transfronterizas; artículo 30 del Reglamento de la Sociedad Europea) o la misma sanación de aumentos y reducciones de capital inscritos en el Registro en Derecho alemán ex & 246 a) AktG o en el italiano, ex art. 2379-ter CCivile. 3. El problema radica, en nuestro Derecho, en un extendido y a veces mal formulado así como equivocado entendimiento de la supuesta eficacia radical y retroactiva o «ex tunc» de la declaración judicial de nulidad de los acuerdos sociales impugnados. Frente a lo que algunos presuponen, la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera automática u «ope legis» una especie de radical «restitutio in integrum» societaria o automático regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos. Como bien expone el recurrente en su escrito de recurso, no cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución. En definitiva: no es posible la aplicación poco meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit». 4. Del análisis de situaciones análogas en el ámbito del Derecho de sociedades resulta claro que la declaración de nulidad de la fusión o escisión ex artículo 47 LME no produce per se la inexistencia de la correspondiente modificación estructural y la desaparición del mundo jurídico de todos sus efectos, sino que es causa de una obligación societaria de remover, convalidar o «regularizar» los efectos organizativos y societarios generados mediante los correspondiente acuerdos sociales de reintegración patrimonial (…). 9. (…) Constituiría una interpretación excesivamente rigurosa de la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos cuya proyección sobre el Derecho de sociedades ha sido modulada por el propio legislador en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil (…) Así lo ha entendido el Tribunal Supremo al afirmar, respecto de determinado acuerdo adoptado por la junta general, en Sentencia de 12 de junio de 2008 «que no es transportable a las causas de nulidad de la LSA el precepto del art. 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos (…) en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SS. 28 de mayo y 2 de noviembre de 2001, entre otras)». 4. Sentado lo anterior y reiterando que no cabe trasvasar, sin más, al campo societario los conceptos de ineficacia propios de la teoría general del negocio jurídico y en especial del contrato, debe tenerse en cuenta que la legislación societaria se inspira en dos grandes principios: el de la seguridad jurídica, que trata de hacerse efectivo mediante el sometimiento de los actos de nacimiento de las sociedades y sus modificaciones al control notarial y registral, ejercido en el ámbito respectivo por profesionales cualificados en el conocimiento del ordenamiento jurídico; y el de la seguridad del tráfico, que trata de hacerse realidad mediante la regulación de determinados supuestos de apariencia en la que pueden confiar los terceros por cuanto que el ordenamiento los protege (caso, p. ej. de la sociedad irregular o de la sociedad nula). Precisamente, la protección del tercero, muy conectada con la seguridad jurídica y la seguridad del tráfico, es la que exige que el perfil de la nulidad en el Derecho de sociedades sea diferente del que le confirió el legislador decimonónico en el Código Civil (de radicales perfiles como es bien sabido); ideas, por lo demás, claramente asentadas en trabajos prelegislativos de tanto calado como el proyectado artículo 214-16 de la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación (objeto de informe en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014), que establece, en relación con la inscripción en el Registro Mercantil de la sentencia o del laudo estimatorio lo siguiente: «(…) 2. Cuando el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia o el laudo que estime la acción determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de todos los asientos posteriores que resulten manifiestamente contradictorios con ella». 5. Admitida una posible convalidación de acuerdos sociales en línea con lo declarado por este Centro Directivo en su citada Resolución de 2013 (vid., en la misma línea, la Resolución de 4 de julio de 2016) y en las decisiones jurisprudenciales anteriores, debe afirmarse que tal convalidación tiene efectos «ex tunc» con independencia de la conducta procesal de las partes, y por esa línea discurren las importantes novedades sobre la materia introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Respecto de tal cambio legislativo, al igual que antes de la reforma, el primer párrafo del artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que no procede la impugnación cuando el acuerdo social haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro, distinguiéndose ahora según que el nuevo acuerdo haya sido adoptado válidamente antes o después de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación (del primero), precisando la norma en uno y otro caso su régimen procesal. Asimismo es criterio general que la novedad más relevante de tal reforma es haber eliminado la distinción entre acuerdos nulos y anulables, por entenderse que esta distinción resultaba extraña a las categorías correspondientes en la teoría del negocio jurídico, superándose así una distinción tradicional, de modo que ahora solo hay acuerdos impugnables y para todos el plazo de caducidad ha quedado fijado en un año, con una única salvedad respecto de los acuerdos contrarios al orden público, que ni caducan ni prescriben. 6. En la teoría del contrato, la anulabilidad hace referencia a un tipo especial de nulidad por vicio del consentimiento o falta de capacidad que se distingue de la nulidad por la persona legitimada para hacerla valer, y tradicionalmente en el Derecho de sociedades la distinción entre acuerdos nulos y anulables se basó exclusivamente en las reglas infringidas por el acuerdo y las consecuencias de la infracción, algo que se reflejaba en la legitimación para impugnar los acuerdos y el plazo para hacerlo. La reforma, como se ha indicado anteriormente, acaba con la distinción y unifica los plazos para la impugnación y la legitimación para impugnar, generalizando el plazo de un año para todos los acuerdos impugnables que se establece en el nuevo artículo 205.1, según el cual la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá. Cuestión diferente es la relativa a los que, tradicionalmente caracterizados como inexistentes, no pueden sobrevivir con el paso del tiempo, toda vez que nunca se ha dudado que un acuerdo inexistente, por ejemplo un acuerdo «inventado» o simulado absolutamente, es un acuerdo cuya impugnación no caduca (piénsese en acuerdos adoptados en sedicentes juntas universales). El nuevo artículo 204.2 establece que cuando la revocación o sustitución hubiere tenido lugar después de la interposición de la demanda, «el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto», rectificándose así, en relación con el segundo de los supuestos (la impugnación de acuerdos sociales una vez iniciado un proceso judicial), el criterio jurisprudencial anterior, que se oponía a la admisión de la revocación o sustitución del acuerdo en tales casos por aplicación del principio «ut lite pendente nihil innovetur», conforme al cual carecen de eficacia las innovaciones introducidas después de iniciado el juicio en el estado de los hechos o de las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda. Este supuesto es ahora compatible con la posibilidad de subsanar (siempre que sea posible) la causa de impugnación, prevista tradicionalmente en la legislación societaria (vid. artículo 115.3, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas) y que el artículo 207.2 de la Ley de Sociedades de Capital mantiene inalterada. De esta forma -se ha dicho- la norma considera el supuesto de la subsanación diferente al de la sustitución del acuerdo impugnado por otro (artículo 204.2) y lo hace porque conceptualmente son diferentes, ya que la subsanación no supone necesariamente la desaparición del acto impugnado, sino de la causa de impugnación, aunque el efecto será el mismo: subsanada la causa de impugnación (por ejemplo, un requisito de forma) el proceso termina. 7. Como ha puesto de relieve esta Dirección General (vid. Resoluciones de 26 de julio y 26 de octubre de 2016) «la Ley de Sociedades de Capital recoge en su artículo 204.2 la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o sustantiva, la decisión corporativa idónea para enervar su eventual impugnación habrá de ser de sentido inverso a la característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social dirigida a reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de una acuerdo de contenido objetivamente incompatible, fórmula que se encuentra igualmente contemplada en el artículo 204.2. La eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre la acción de impugnación que el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución o revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (cfr. artículo 20 del Código de Comercio)». 8. En el presente caso, los defectos que dieron lugar a la nulidad de los acuerdos eran de orden material o sustantiva. Y, en cuanto a la motivación de los acuerdos expresada en los títulos calificados y las alegaciones de la recurrente en el sentido de que los acuerdos cuya inscripción se solicita se han adoptado para dar cumplimiento a lo declarado en las sentencias referidas, debe tenerse en cuenta que en las mismas, propiamente, no se impone la adopción de tal acuerdo sino que determina las condiciones que tendrían que haber cumplido el acuerdo impugnado para que no tuviera tacha de nulidad alguna. Por ello, cobra sentido las consideraciones expresadas respecto del mismo caso por la Resolución de esta Dirección General de 6 de junio de 2019: «Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos (previa a la cancelación de los asientos posteriores contradictorios) resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. Resoluciones de 30 de mayo de 2013 y 30 de junio de 2014)». Debe, por tanto, confirmarse el criterio de la registradora al exigir que el acuerdo de reducción de capital con simultaneo aumento del mismo cumpla con los requisitos legalmente establecidos a los que se refiere en su calificación y se regularice la situación de la sociedad respecto de otros actos y relaciones afectados, especialmente el relativo a la reducción por pérdidas y simultáneo aumento del capital social hasta la cifra de 650.500 euros (acuerdo aprobado el 30 de abril de 2015, después de los acuerdos impugnados y declarados nulos), así como la reducción del capital en 278.530 euros -por condonación de dividendos pasivos- acordada el 24 de agosto de 2017, que constan en los asientos registrales (inscripciones 23.ª y 26.ª), en los que la sociedad favorecida por la nulidad declarada no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido como consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se pretende inscribir se le atribuyen. De lo contrario, como afirma la registradora en su calificación se vería frustrada la tutela judicialmente concedida a la sociedad «Sadim Inversiones S.A.». Por lo demás, esa regularización pendiente no podrá llevarse a cabo desconociendo los derechos de titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y el posteriormente realizado podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., en nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», contra la negativa de la registradora Mercantil y de Bienes Muebles I de Asturias, doña María de la Concepción Solance del Castillo, a inscribir determinados acuerdos sociales de dicha entidad. Hechos I El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de fechas 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de procedimiento ordinario número 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Concretamente, dicha sentencia declaró nulos los siguientes acuerdos: a) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en la «reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en den mil euros, mediante la emisión de 100.000 acciones números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dineradas al patrimonio social». b) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en «aceptar la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales propuesta por el Consejo de Administración que queda redactado en los siguientes términos: - El capital social es de den mil euros- y está formado por 100.000 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente del al 100.000 ambos inclusive. El capital está íntegramente suscrito y desembolsado». c) Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, S.A.» el 1 de diciembre de 2014, consistente en «aceptar la nueva redacción de los Estatutos Sociales de la sociedad propuesta por el Consejo de Administración, los cuales quedan redactados en los términos reflejados en esta acta». Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018 (rollo de apelación número 168/2017), si bien se fundamentaba, en lo que interesa en este expediente, en que el acuerdo de reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de dicho capital infringía, respecto del socio titular de acciones preferentes, «Sadim Inversiones, S.A.», unipersonal, los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, la Audiencia Provincial concluyó que «en este estado de cosas, teniendo presente que cualquier alteración de la cifra del capital social implica necesariamente una modificación de los estatutos sociales, la mejor solución para colmar la laguna legal que nos ocupa apunta a una interpretación integradora de lo dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario». La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de fecha 8 de abril de 2019, para dar cumplimiento a lo declarado en la referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, aprobó, entre otros acuerdos, la reducción de capital social a cero y simultánea ampliación del capital en los términos que resultan de la siguiente propuesta: «Cuarto.–La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales». Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el derecho de suscripción preferente. Las 29.400 acciones suscritas por «Sadim Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019 por el notario de Cabañaquinta, don José Luis Meana Valdés, con el número 180 de protocolo, y fueron elevados a público en escritura otorgada ante el mismo notario el día 9 de mayo de 2019, con número 253 de protocolo. II Presentadas el día 28 de mayo de 2019 el acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019, en que constaban los referidos acuerdos, y la escritura de elevación a público de los mismos autorizada el día 9 de mayo de 2019 en el Registro Mercantil de Asturias, y fueron objeto de la siguiente nota de calificación: «(…) El título recoge también la reelección del consejero Delegado, no inscribiéndose toda vez que no cabe la reelección de conformidad con el articulo 146 RRM, y siendo competencia del consejo su nombramiento de conformidad con el artículo 24.º de los vigentes Estatutos. Se deniega la Inscripción del acuerdo adoptado en la junta general de la sociedad Laminados Aller, S.A, en cuanto a la sustitución de las decisiones adoptadas en la junta general extraordinaria de 15 de septiembre de 2014. Dichos acuerdos fueron declarados nulos, tanto por concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 en relación con el artículo 343 de la LSC, por sentencia firme de 31 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo (en adelante la sentencia), que consta inscrita según resulta de la inscripción 18.º El acuerdo no puede admitirse: 1.–De ser posible tal acuerdo se vería frustrando el contenido de la tutela concedida. 2.–La pretendida plasmación del contenido de la sentencia por el acuerdo resulta insuficiente: Tal como señala la propia sociedad, al haberse anulado por la sentencia, los estatutos que causaron la inscripción 19.ª, aprobados en junta General Extraordinaria de 1 de diciembre de 2014, siguen vigentes los estatutos sociales a la fecha de la celebración de la junta de 15 de septiembre de 2014, que fueron aprobados en Junta General de nueve de noviembre de 2006, causando la inscripción 3.ª, modificación estatutaria que según resulta de los hechos probados de la sentencia, se produce como consecuencia de la entrada de Sadim Inversiones SA en el accionariado de Laminados de Aller, S.A. recogiendo la existencia de dos clases de acciones preferente y ordinarias regulando los artículo 7, 9, 18, 24, 32,35 y disposición final primera, lo relativo a dichas acciones preferente, siendo modificados posteriormente en cuanto al artículo 5.º como consecuencia de desembolsos de dividendos inscripción 4.ª, ampliación de capital inscripciones 8.ª, 9.ª y 10.ª en los que siempre, se mantuvieron las dos clases de acciones clase A preferente y clase B ordinarias, de la inscripción 17.ª resulta la modificación del artículo 28 de los estatutos relativo a la retribución de los administradores. Si como acabamos de señalar de los estatutos vigentes resulta la existencia de dos clases de acciones preferentes y ordinarias, el acuerdo debería referirse a las dos modificaciones de capital realizadas con posterioridad, que causaron las inscripciones 23.ª, en la que no se emiten acciones preferentes, puesto que los estatutos vigentes en aquel momento y que ha sido anulado, no las recogía y 26.ª Tal como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019, relativa a esta misma sociedad, si como consecuencia de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos, resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia. Como consecuencia de la inscripción de la sentencia en el presente caso, se produce una anomalía, puesto que resultan inscritos de dos capitales, el capital existente a la fecha de la adopción del acuerdo anulado, que era de siete millones quinientos mil euros y el ultimo capital escriturado de trescientos veintiséis mi novecientos setenta euros, esta anomalía habrá de regularizarse, partiendo de la situación de la sociedad en el momento de la adopción del acuerdo y teniendo en cuenta además que las decisiones sociales han de proteger tanto a los socios como a los terceros y que los nuevos socios siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica. 3.–No cabe en el presente supuesto sustituir el acuerdo declarado nulo por la sentencia. Aunque existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, este mecanismo sanatorio encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, resolución de 26 de octubre de 2016, cuando los defectos son de orden material o sustantivo, (recordar que acuerdos fueron declarados nulos, tanto por concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 en relación con el artículo 343 de la LSC), lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, materializada en una nueva decisión asamblearia. Cualquiera que sea la decisión que tome la sociedad, esta ha de cumplir la normativa vigente, puesto que como reiteradamente señala la Dirección General por todas la resolución de 5 de junio de 2019 «inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito». 4.–Puesto que en el presente caso no cabe el acuerdo sustitutorio, sino que ha de tratarse de un nuevo acuerdo social que ha de ajustarse a lo dispuesto en la ley, el acuerdo calificado adolece de los siguientes defectos: 1.–El balance que sirva de base a la operación de reducción por pérdidas deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo (es decir seis meses antes del 10 de abril de 2.019), fecha de celebración de la junta, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la Junta General. art. 323 LSC. 2.–el acuerdo de reducción ha de estar publicado en el BORME y en la página web de la sociedad o en el caso de que no exista en un periódico de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio. art. 319 LSC. 3.–para la ejecución del acuerdo de aumento de capital ha de establecerse un derecho de preferencia. art 304 LSC y ss, y hacer constar en la escritura por el órgano de administración que la titularidad de las nuevas acciones se ha hecho constar en el libro Registro de socios. art. 314 LSC. Se precisa asimismo la certificación bancaria de donde resulta el depósito de las aportaciones dinerarias a nombre de la sociedad. art. 62 LSC (…) Oviedo, 1 de Agosto de 2019 La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora)». III Contra la anterior nota de calificación, don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., en nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», interpusieron recurso el día 24 de septiembre de 2019 en el que alegaban lo siguiente: « (…) Acuerdo: Se trata de sustituir las decisiones adoptadas en la junta general extraordinaria de accionistas de 15 de septiembre de 2014 declaradas nulas, por la adopción de otros nuevos acuerdos con idéntico objeto que no idéntico contenido de los declarados nulos e independientes de aquellos, cuya razón de ser no se encuentra en la necesidad de dotar de eficacia a los anteriores sino que busca plasmar -ahora válidamente cumplido- el contenido de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo y de la Sentencia emitida por la Audiencia Provincial referidas ambas a este asunto, especialmente en cuanto a las cautelas a seguir en el mantenimiento de los privilegios de las acciones de la clase A. A tal fin se propone aprobar la reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital en los siguientes términos: 1. Reducción de capital a cero por importe de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones. 2. Simultáneamente aumentar el capital social de la compañía en cien mil euros, mediante la emisión de 100.000 acciones, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social. Las acciones suscritas por Sadim Inversiones S.A. son de clase A privilegiadas que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales. Las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B ordinarias. Dado que todos los socios han ejercitado el derecho de suscripción preferente la composición accionarial se mantiene inalterada, todos y cada uno de los accionistas mantienen el porcentaje que ostentaban con anterioridad, quedando el capital suscrito repartido de la siguiente manera: Vidrios de Aller Holding, S.L.: 34.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una (34.600. euros. 34,6%) numeradas de la 1 a la 34.600. Sadim Inversiones, S.A.U.: 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una (29.400 euros. 29,4%) numeradas de la 1 a la 29.400. Vetro Tool, S.A.: 36.000 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una (36.000 euros. 36,0%) numeradas de la 34.601 a la 70.600. El artículo 5 de los estatutos sociales queda redactado en los siguientes términos: «El capital social es de cien mil (100.000 €) euros, y está dividido en dos clases de acciones: preferentes y ordinarias, todas nominativas, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, que están íntegramente suscritas. Las acciones preferentes, numeradas correlativamente del número treinta y cuatro mil seiscientos uno (34.601) al sesenta y cuatro mil cuatrocientos (64.000), ambos inclusive, constituyen la Clase A, por un total de veintinueve mil cuatrocientos (29.400 €) euros nominales, desembolsadas íntegramente. Las acciones ordinarias, numeradas correlativamente del número uno (1) al treinta y cuatro mil seiscientos (34.600), y del sesenta y cuatro mil uno (64.001) al cien mil (100.000), ambos inclusive, constituyen la Clase B, por un total de setenta mil seiscientos (70.600 €) euros nominales, desembolsadas íntegramente.» II.–Motivos de no inscripción. Como se desarrollará pormenorizadamente a lo largo del presente escrito, los motivos giran en torno a tres argumentos principales: a.–Todo acuerdo que se alcance en relación a la situación del capital social existente a fecha 15 de septiembre de 2014 tiene que contener necesariamente un pronunciamiento en cuanto a la afectación de los asientos posteriores que el registro nominativamente ya identifica. b.–Que el mecanismo de la sustitución en los acuerdos sociales solo está previsto cuando la decisión social sustituida lo sea por motivos formales. c.–Puesto que no cabe la sustitución, no es posible aprobar una ampliación de capital y reducción por pérdidas refiriéndose a la situación existente a 15 de septiembre de 2014, sino que se habrían de cumplir los requisitos de la operación acordeón conforme al marco temporal actual del año 2019. Pasamos a transcribir la literalidad de la nota de defectos justificativa de la denegación de la inscripción: (…) III.–Se hace necesario recordar que la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo de fecha 31 de octubre de 2016 declaró nulos los acuerdos de las juntas de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de procedimiento ordinario 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de apelación 168/2017), modificando no obstante los argumentos para su nulidad, cuestión de absoluta relevancia para el caso que nos ocupa, esto es, la operación acordeón presentada ahora a inscripción vía acuerdo de sustitución. Los argumentos para decretar la nulidad de la operación acordeón del 2014 no se basaron en la concurrencia de fraude de ley, como erróneamente expresa la nota de defectos del Registro Mercantil de Asturias, sino por infracción de la norma basada en una interpretación integradora de los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). No obstante, la Audiencia Provincial más allá de limitarse a confirmar la nulidad por distintos motivos, marca expresamente la solución a adoptar por parte de Laminados a la hora de tener que respetar los derechos de los socios titulares de acciones de la clase A privilegiada, pertenecientes a Sadim Inversiones S.A. (en adelante también Sadim o Sadim Inversiones), concretamente: «En este estado de cosas, teniendo presente que cualquier alteración de la cifra del capital social implica necesariamente una modificación de los estatutos sociales, la mejor solución para colmar la laguna legal que nos ocupa apunta a una interpretación integradora de lo dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario.» Es decir, para el caso de no lograr una doble mayoría, sería suficiente que la ampliación de capital a la que concurra Sadim incluyera la emisión de acciones de la clase A inherentes a las que correspondería cualquier desembolso realizado por esta empresa. IV.–Desde la adopción de los acuerdos declarados nulos referidos al 15 de septiembre de 2014 que afectan a la cifra del capital social, la sociedad ha continuado operando en el tráfico mercantil y efectuando operaciones posteriores, entre otras razones para cumplir con la normativa imperativa en materia de restablecimiento del equilibrio patrimonial consecuencia de las pérdidas alcanzadas (artículo 363.1 apartado e) de la LSC). Ello ha dado lugar a las modificaciones en el capital social que contemplan las inscripciones 23.ª y 26.ª, operaciones que no han sido objeto de impugnación judicial. V.–La postura del Registro Mercantil ha ido encaminada en todo momento a forzar la presentación de acuerdos por parte de Laminados que contemplaran la modificación de los relativos a la modificación de capital posteriores, concretamente los que dieron lugar a las inscripciones 23a y 26a, extralimitándose del contenido propio de la sentencia firme de fecha 31 de octubre de 2016 y de la literalidad del artículo 208.2 de la LSC. Así, nos encontramos la primera negativa a dicha inscripción el 5 de febrero de 2019 que dio lugar el recurso gubernativo presentado por Laminados ante ese Centro Directivo, recurso que fue resuelto por resolución de 6 de junio de 2019 de forma favorable para la sociedad. En dicha resolución de la DGRN, firme en este momento, se ordena la inscripción de la efectiva nulidad de los acuerdos de operación acordeón y nueva redacción del artículo 58 del capital social de fecha 15 de septiembre de 2014 declarados por sentencia firme, sin el requisito de acompañar acuerdos sociales posteriores adaptando, afectando o alterando el tenor literal de las inscripciones 23.ª y 26.ª La segunda negativa a inscripción se recoge en la nota de calificación que ahora se recurre. Alegaciones. Primera.–Acogimiento escrupuloso del nuevo acuerdo adoptado el 10 de abril de 2019 con la sentencia firme en los términos establecidos en la Audiencia Provincial de Asturias. Es cierto que la Sala al resolver sobre la nulidad se ha pronunciado -por virtud del principio de justicia rogada- en relación con lo que expresamente se solicita, que fue la nulidad de la operación acordeón aprobada en junta de 15 de septiembre de 2016 (sic) tal y como expresamente se propuso a la junta, es decir, sin la emisión de acciones privilegiadas, que son las únicas que podía adjudicarse en caso de suscripción la sociedad Sadim Inversiones. Con ello, cualquier intento de volver a plantear la operación acordeón con la situación económico-financiera existente en dicho momento ha de observar escrupulosamente los postulados de la Audiencia en su resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de apelación 168/2017): «el acuerdo de llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa clase de accione; dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario.» El acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 recoge en su nuevo contenido la emisión de las acciones preferentes de la clase A, corno ya se ha expresado: «La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.» De momento dejamos planteado y acreditado documentalmente que la sociedad sí ha cumplido con la sentencia de la Audiencia emitida para el presente caso concreto emitiendo acciones preferentes para la suscripción correspondiente a Sadim. Obvia no obstante el Registro Mercantil, como más adelante explicaremos, que los propios estatutos impuestos por la citada mercantil y vigentes a fecha actual (inscripción 3.ª) y vigentes a fecha inmediatamente anterior al 15 de septiembre de 2014 establecen en su artículo 18 la posibilidad real de que las acciones de la clase A dejaran de existir por haber sido íntegramente amortizadas: «…La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o por haber sido amortizadas.» Segunda.–Concepto de sustitución de acuerdos sociales. Si se ha optado por un acuerdo de sustitución del adoptado irregularmente el 15 de septiembre de 2014 es precisamente para salvar la situación de desequilibrio patrimonial existente a dicha fecha y no la existente en la actualidad, con un balance que no reflejaría la realidad habida a cierre del 30 de junio de 2014, todo ello cumpliendo los postulados de la Audiencia Provincial de Asturias. La situación que se pretende recomponer y permítanos insistir, no es la actual, toda vez que se encuentra perfectamente equilibrada, a tenor de lo que se detalla en las últimas cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2018 y depositadas, sino la existente el 15 de septiembre de 2014 (vía balance auditado de 30 de junio de 2014), momento en que se daba una determinada situación económico-financiera que solo se puede recomponer desde dicho punto de vista económico-financiero a la fecha en que concurrieron los hechos. Sin embargo considera el registro mercantil que dicha operación, debería de tomar como balance de situación el existente a fecha actual, luego nada estaríamos restableciendo en relación a la situación económico financiera recogida en el balance auditado que sirvió de base a la operación de 30 de junio de 2014. Pongamos un sencillo ejemplo en defensa de lo anterior. Supongamos que una sentencia con fecha de firmeza en mayo de 2018 declara la nulidad por abusivo de un acuerdo de junta general relativo a la falta de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. En dicho supuesto deberá volver a reunirse la junta para acordar un reparto de resultados acorde a lo dispuesto en la sentencia firme. El balance que sirviera de base a la operación no podría ser la actual puesto que la distribución de resultados anulada se refiere al 2014. Según el razonamiento de la registradora no cabría un acuerdo sustitutorio (ya que la decisión de no repartir dividendos en 2014 no se puede considerar en absoluto como un defecto formal) por lo que se debería tomar un nuevo acuerdo utilizando de base un balance actual, resultado incongruente ya que las cifras de ambos balances, 2014 y 2018 nada tendrían que ver. No podemos olvidar que la adopción de la medida para el restablecimiento del equilibrio patrimonial llevada a cabo en septiembre de 2014, era una obligación legal en los términos reflejados en el artículo 363.1 e) de la LSC para salir del desequilibrio patrimonial reflejado en el balance de 30 de junio de 2014. En otro orden de cosas, establece el Registro Mercantil de Asturias en el punto 3 de su nota de calificación, que el mecanismo de sanación consistente en la sustitución de un acuerdo por otro acuerdo de idéntico contenido, encuentra su razón de ser en la ineficacia de la decisión social sustituida por motivos formales. Discrepamos de la anterior aseveración por lo siguiente: 2.1 El caso que nos ocupa nada se ha pretendido sanar, especialmente tratándose de acuerdos nulos de imposible sanación. Los acuerdos nulos no pueden ser ratificados o convalidados con eficacia ex tunc, porque la nulidad de pleno derecho no permite su subsanación y menos aún su convalidación, de ahí la elección del acuerdo de sustitución planteado en la junta de accionistas de 10 de abril de 2019. 2.2 No estamos ante la adopción de acuerdos con idéntico contenido sino diferentes, nuevos acuerdos en cuya propuesta se siguió de forma escrupulosa las directrices marcadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias. Veamos las concretas diferencias. Acuerdo declarado nulo de 15 de septiembre de 2014 referido a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital: «La reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en cien mil euros mediante la emisión de 100.000 acciones números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social.» Nueva propuesta de acuerdo: «La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor. La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cíen mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.» Vemos que el nuevo acuerdo contempla la emisión de acciones privilegiadas de la clase A con los privilegios que recogen los estatutos previstos en la inscripción 3.ª y vigentes en la actualidad. Insistimos por tanto que no estamos ante una subsanación o ratificación sanatoria o convalidante, sino ante una sustitución, es decir, ante la adopción de un acuerdo nuevo con contenido propio, adoptado cumpliendo con los requisitos legales y más en concreto con los requisitos advertidos por la sentencia de 20 de marzo de 2018 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que resalta el respeto a los derechos de los socios titulares de acciones privilegiadas de la clase A. 2.3 Ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni la doctrina limitan los acuerdos de sustitución a situaciones donde la decisión a sustituir lo sea por motivos formales. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012, Ponente D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos, es rotunda en cuanto a la procedencia de los acuerdos de sustitución, sin vincularlos en ningún momento a la existencia de dichas razones de forma: «La sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.» En igual sentido, sentencias de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de julio de 2014 y 17 de octubre de 2014. Por su parte, la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero de 2018 ahonda en el concepto de sustitución, nuevamente sin aludir al requisito formal como elemento para su exclusiva utilización: «Tal coincidencia permite validar los acuerdos anteriores, pues la LSC no exige para este supuesto más que la sustitución mediante un acuerdo que haya sido válidamente adoptado, sin exigir una identidad sustancial con el primer acuerdo, ni una identidad gramatical o literal sino que basta que desde una perspectiva material el acuerdo posterior pueda cumplir con los mismos objetivos o mantener los mismos efectos que el acuerdo previamente impugnado, sin perjuicio de que pudieran existir contenidos adicionales que no hubieran aparecido en el primer acuerdo. Tampoco resulta necesario que el acuerdo válido haga referencia expresa al anterior o a los vicios que le afectaban ni que se mencione de forma expresa tampoco la finalidad o la intención sustitutiva. El control de regularidad de este segundo acuerdo viene exigido por la expresión ‘sustituido válidamente’, control que corresponde lógicamente al Juez, y que incluso se sostiene que debe ser previo al análisis de los vicios que afectan al primero de los acuerdos, ya que de verificarse su validez huelga entrar en toda consideración respecto de las irregularidades que pudiera tener el primer acuerdo.» En la doctrina citamos el trabajo de L. C. A. al referirse a los acuerdos de sustitución, (…) páginas (…), 2009, destacando la independencia de la plena autonomía de los acuerdos, el sustituido y el nuevo acuerdo: «Todo acuerdo de sustitución tiene un contenido compuesto. Por un lado, el relativo a la extinción del acuerdo originario, que se halla implícito en la misma propuesta de su adopción. Y, por otro, un contenido específico que es el que determina su efecto final sobre el acuerdo originario. Así, el acuerdo originario quedará sin efecto si el acuerdo de sustitución agota su contenido en la intención de extinguirlo, será sustituido cuando el nuevo acuerdo regule el mismo asunto de en sentido total o parcialmente distinto, y será subsanado cuando su contenido sea idéntico pero sin los defectos detectados en el primero. Las modalidades enumeradas en el artículo 115.3 LSA tienen que ver con el contenido real de acuerdo de sustitución al margen de su alcance derogatorio sobre el acuerdo originario. Así, dejar sin efecto un acuerdo consistiría en revocar sin más el acuerdo originario. La sustitución del acuerdo se haría mediante la adopción un nuevo acuerdo sobre la misma cuestión pero de contenido diverso total o parcialmente. En realidad, más que una sustitución lo que tiene lugar es una modificación del acuerdo inicial. Y la subsanación de un acuerdo se llevaría a efecto adoptando otro con el mismo contenido que el original, eliminando, en esta segunda ocasión, los defectos denunciados determinantes de la nulidad. De hecho la subsanación no es más que una ratificación.» El hecho de haberse adoptado un acuerdo de sustitución está directamente relacionado con la eficacia buscada, que en modo alguno trata de esquivar la sentencia firme de 31 de octubre de 2016 sino de recomponer, conforme a Derecho, la legalidad en la toma de los acuerdos a la fecha de 15 de septiembre de 2014. Para ello apelamos a la soberanía de la junta de accionistas, como máximo órgano rector de la voluntad social y como único órgano competente para adoptar el acuerdo de sustitución y sus efectos. El Tribunal Supremo viene reiterando desde la antigua sentencia de 4 de octubre de 1956 que: «Los tribunales han de procurar no invadir la esfera de acción reservada por la ley o por los estatutos a los órganos de la sociedad, sin perjuicio, claro es, de que puedan y deban revisar los acuerdos de aquéllas si el proceso ofrece demostración suficientemente razonable de que el organismo social se ha extralimitado por exceso o por defecto en el ejercicio de sus facultades legales o estatutarias o ha causado lesión a la entidad en beneficio de un socio. Esfera de acción de la junta que, en última instancia, también ha de ser respetada, además de porque dimana de un ente con personalidad jurídica propia, por razones de seguridad jurídica.» La sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 22 de septiembre de 1994 establece que es conveniente indicar el sentido en que se piensa incidir en el acuerdo, esto es, si se pretende dejarlo sin efecto, modificarlo, sustituirlo por otro o ratificarlo y si el nuevo acuerdo tendrá efectos retroactivos o no. La sentencia del Alto Tribunal anteriormente citada de 18 de octubre de 2012 se refiere a la eficacia «ex tunc» o «ex nunc» de los acuerdos de convalidación (que no de sustitución), estableciendo que «la intención de la convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos en cuanto a sus efectos.» Tercera.–Condición impuesta por el Registro Mercantil al margen de la Ley de Sociedades de Capital en materia de contradicción con los asientos posteriores. Al margen de la inscripción ordenada por la resolución de la DGRN señalada en el antecedente V, la postura del Registro Mercantil sigue girando en torno a la necesidad de contar con un pronunciamiento societario en torno a la afectación de asientos posteriores y concretamente en torno a las cifras de capital posteriores. Dicho de otro modo, cualquier acuerdo que se limite a volver a aprobar la operación de operación acordeón en su día declarada nula, cumpliendo incluso en el momento actual con los requisitos exigidos por la Audiencia Provincial, no va a ser objeto de inscripción, salvo que vaya acompañada de acuerdos en materia de contradicción de acuerdos posteriores. La referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2016 no se pronunció sobre la cancelación de asientos posteriores, resolviéndose posteriormente judicialmente que ello debía ser objeto de análisis, en su caso, en el seno de una ejecución impropia ex artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), Llega incluso a citarse en la nota de calificación negativa que ahora se recurre referencias a la resolución de la DGRN de 6 de junio de 2019 (emitida a instancias de Laminados) en materia de cumplimiento de la sentencia de 31 de octubre de 2016, llegando a expresar que queda en mano de Laminados hacer todo lo posible para su cumplimento. Recordemos la mención: «Tal como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019, relativa a esta misma sociedad, si como consecuencia de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos, resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación Jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados.» Y recordamos que así se ha hecho en el pasado y se intenta hacer en el presente, con la persistente oposición del registro mercantil. En primer lugar, respecto de la obligación de «instar la adopción de los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad» reiteramos que la ejecución de la sentencia viene de la mano del artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tratarse de un pronunciamiento declarativo y constitutivo. «1. No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. 2. Mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución. 3. Cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en esta Ley.» Por su parte el artículo 522 del mismo texto leal dispone. «1. Todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencies constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica, 2. Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que dispongan.» Y es particularmente (o que de forma insistente viene haciendo Laminados y que ha dado lugar a la antedicha resolución favorable. En segundo lugar con relación a «regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados», precisamente lo que se busca con la inscripción del acuerdo de sustitución es lograr la coherencia tras el vacío que queda en la anotación 18.ª referida al capital social que dio lugar a una cifra de 100.000 € respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados, asiento inexistente en la actualidad tras la definitiva inscripción registral de la sentencia de 31 de octubre de 2016. Las relaciones jurídicas afectadas, de existir, han de ser analizadas en el seno de un proceso judicial, si alguien se siente verdaderamente afectado y no por el Registro Mercantil, arrogándose sistemáticamente en las notas de calificación la facultad que el artículo 208.2 de la Ley de Sociedades de Capital confiere a la autoridad judicial y excediéndose, dicho con todo el respeto, de las funciones propias de la calificación registral ex artículo 18.2 del Código de Comercio que no amparan pronunciamientos en torno a la tutela judicial concedida, frustrada o exitosa. Si aun así este Centro Directivo quiere entrar a analizar dicho terreno de la coherencia con los actos posteriores y su coordinación con el acuerdo de sustitución pasamos a referenciar los siguientes datos: 3.1 En el acuerdo de sustitución se preservan las acciones de la clase A inherentes al desembolso de la participación de la sociedad Sadim, aplicándose en su integridad los estatutos sociales vigentes impuestos por dicha mercantil y recogidos en la anotación 3a de la hoja registral. 3.2 No es coherente inscribir otros acuerdos de la misma junta de 10 de abril de 2019 derivados precisamente de las imposiciones contempladas en dichos estatutos, como es la obligatoriedad de contar con un órgano de administración consistente exclusivamente en un consejo de administración y hacer caso omiso de otras menciones del mismo pacto social, como la que sigue del artículo 18 ya indicada en párrafos anteriores: «...La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o por haber sido amortizadas.» 3.3 El siguiente acuerdo social que afecta al capital social está recogido en la anotación 23.ª, junta de 30 de abril de 2015. En dicha junta, se verifica por el tenor literal de su contenido inscrito, que Sadim no concurrió a la ampliación de capital posterior a la reducción de capital por amortización de todas las acciones existentes, luego ningún derecho le ha sido vulnerado por inexistencia de participación en dicha ampliación. A esto hay que añadir que, a diferencia de lo que ocurrió en la junta declarada nula de 15 de septiembre de 2014 donde Sadim concurrió efectivamente a la ampliación de capital, en la celebrada con fecha 30 de abril de 2015 y que recoge como hemos indicado la aludida inscripción 23, Sadim no suscribió acciones de ningún tipo. Repárese que, en efecto, en esta junta de 30 de abril de 2015 queda aprobada la reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones (privilegiadas y ordinarias) y simultáneamente el aumento de capital social de la compañía a la que insistimos, Sadim no concurre, estando en consecuencia la nueva cifra de capital formada exclusivamente por acciones ordinarias. Se recuerda que solo esta sociedad era la única con capacidad estatutaria de suscribir dichas acciones de la clase A. El 30 de abril de 2015 por tanto se redujo el capital social en 100.000€ mediante amortización de todas las acciones y se produjo una ampliación de 605.500€, quedando el capital social fijado en esta última cifra compuesta por acciones ordinarias. 3.4 Sobre este nuevo capital social, resultante de la inscripción 23.ª, 605.500 € se opera una reducción de capital por condonación de los dividendos pasivos en importe de 278.484 €, inscripción 26.ª, que dio lugar a una cifra de capital final de 326.970 €. En definitiva, de consentirse la interpretación del registro mercantil deberíamos mediante un balance actual (ejercicio 2019) restablecer la situación de desequilibrio patrimonial existente en el 2014 y adjudicar acciones de la clase A a un socio fantasma por inexistente. 3.5 Al no aceptar la inscripción del acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 ni siquiera recogiendo las previsiones de la Audiencia Provincial de Asturias, por no encontrarnos, según el mismo registro, ante un supuesto de meras deficiencias formales, se acoge directamente la tesis del efecto contagio o dominó de unas cifras de capital a otras. Resaltamos, como se verifica de la vida registral que se acompaña, que Sadim ni siquiera intentó solicitar la adopción por el juzgado de medidas cautelares consistentes en la anotación preventiva de su demanda que trajo como consecuencia la sentencia de 31 de octubre de 2016. En este sentido, la Resolución de la DGRN de 18 de mayo de 2013 (BOE 26 junio 2013) dispone: «5. Con independencia de cuanto antecede, advertirse que no se practicó en su momento la anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos sociales prevista como medida cautelar en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mercantil. No puede desconocerse que el artículo 156.2 del Reglamento del Registro Mercantil, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores que resulten contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia de cuya ejecución se trate, parte del supuesto de haberse practicado en el momento oportuno la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, cuya constancia y vigencia justifica que puedan extenderse a otros asientos, cuya validez no ha sido directamente impugnada, las consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo anterior. 6. Habiéndose podido adoptar la medida cautelar de la suspensión de los acuerdos sociales ex artículo 727.10.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil o cuanto menos la anotación preventiva de demanda ex artículos 727.5. a y 6. a de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con lo previsto en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. también las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de noviembre 1995, 22 febrero 1999 o 26 febrero 2001), el actor no obró en consecuencia, ni procuró volcar la circunstancia de la pendencia del procedimiento judicial de impugnación de acuerdos sociales en la hoja registral. Por otra parte, parece no encajar con el valor constitucional de seguridad jurídica que constituye el nervio de la institución registral, que se sigan de la sentencia estimatoria de la nulidad de un acuerdo de aumento de capital efectos devastadores de la posición de socios de buena fe en su condición de adquirentes o subadquirentes; sobre todo tratándose de los suscriptores de acciones o participaciones emitidas en los aumentos de capital posteriores al declarado nulo. Y con mucha más razón cuando estemos ante la necesaria tutela de la posición jurídica de terceros acreedores de la sociedad, menoscabada si se entendiere que la cancelación de los aumentos de capital produce una rebaja ‘ex lege’ de la cifra de retención, sin que para ello sea necesario respetar los mecanismos de tutela de sus derechos incardinados en la regulación imperativa de la reducción de capital social. Es cierto que la sentencia produce efectos frente a todos los socios ex artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero los terceros de buena fe, incluidos los socios que tengan esa consideración, están protegidos en el orden procesal porque no les afecta la cosa juzgada y en el orden material por razón de la tutela frente a la inexactitud registral implícita en el principio de fe pública registral ex artículo 20.2 in fine del Código de Comercio cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho». En el mismo sentido el antiguo artículo 122.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que establecía que la sentencia estimatoria de la nulidad ‘no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado’». 3.6 El efecto dominó tan ligeramente advertido por el registro como elemento indispensable para conseguir la inscripción del acuerdo de sustitución, exigiendo la adaptación de las cifras de capital recogidas en las inscripciones 23.ª y 26.ª, obvia completamente los derechos de terceros accionistas que han concurrido a las ampliaciones de capital que figuran en dichas inscripciones e incluso han adquirido acciones por título de compraventa, actuando con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 888/2016 de 30 de marzo, Ponente Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, establece: «...no cabe hacer ‘tabla rasa’ de lo acordado por la sociedad durante años, y estimando correcto que precisamente la Junta General intente adoptar una solución que permita dar cumplimiento a la declaración judicial de nulidad, respetando los derechos adquiridos de buena fe, ello ha de llevarnos a rechazar los motivos de recurso relativos a la válida constitución de la Junta y correcta relación de asistentes, no apreciando infracción de os arts. 192 y 193 LSC, ni en consecuencia de las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, sin infracción por tanto de los arts. 194, 201, 296 y 318 LSC y, en consecuencia, estimamos igualmente correcto el sistema que se utilizó de triple votación para reconocer los derechos de los accionistas que habían adquirido las acciones con posterioridad, cuyos derechos no pueden ser sin más eliminados u obviados...» En la misma sentencia se trae a colación la Resolución de la DGRN de 30 de mayo de 2013 (BOE 28 julio de 2013), extractando gran parte de la misma. En lo que aquí interesa volvemos a reiterar que la Laminados de Aller S.A. ha efectuado todo lo que ha estado a su alcance para regularizar la situación de la sociedad en el 2019 de una nulidad declarada respecto de acuerdos del 2014: «a) La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como la de las inscripciones contradictorias, no produce como consecuencia jurídica, la automática supresión, en contra de terceros de buena fe, de los efectos jurídico-organizativos que se derivan de los actos de ejecución de dichos acuerdos. Los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída. Si tuvieren el cargo caducado o no quisieren convocar, procede instar la convocatoria judicial de la junta; b) Los «nuevos socios», siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica de socios, estando la sociedad obligada a restituir aportaciones o a ‘recapitalizar’ el crédito de restitución adoptando al efecto las provisiones oportunas; c) No puede partirse exclusivamente del capital representado por las ‘viejas acciones’ (el capital social anterior a dicha fecha de referencia estaba formado por las acciones 1 a 300 de 10.000 pesetas de nominal) y considerar como inexistentes las 5.700 ‘acciones nuevas’ que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital inscritos en el Registro; d) No cabe entender que anulado un acuerdo social -como es en el presente caso el nombramiento de un administrador deba extenderse la nulidad de modo absoluto a todo acuerdo subsiguiente al mismo -en este caso todos los adoptados por las juntas generales convocadas por ese administrador- para negar todo efecto a los acuerdos posteriores aun cuando éstos no sean dependientes o consecuencia de aquél inicialmente viciado ni estén afectados de una nulidad intrínseca, pues entender lo contrario implicaría que, a pesar de que se han adoptado los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad referida y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados, quedaría la sociedad abocada indefectiblemente a su liquidación -salvo una eventual transformación- en contra del principio informador de nuestro ordenamiento societario (igual que el concursal) cual es el principio de ‘conservación de la empresa’.» En la doctrina destacamos el artículo publicado en la página web de la Revista El Derecho con fecha 1 de febrero de 2013 por el magistrado de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, D. Juan Francisco Garnica Martín: «La sentencia que determina la nulidad del acuerdo produce efectos ex tunc, esto es, efectos que se retrotraen en el tiempo al momento del propio acuerdo, con independencia de que la acción ejercitada sea la de nulidad o la de anulabilidad. El acuerdo pasa a ser nulo frente a todos desde el mismo momento en el que se produjo, lo que no significa que también lo pasen a ser todos los efectos desplegados por los actos de ejecución del acuerdo que se hayan llevado a cabo antes de la sentencia. Si lo serán, en cambio, los que se hubieran producido tras la firmeza de la sentencia o bien tras la suspensión del acuerdo, acordada como medida cautelar, pero no así los producidos en cumplimiento de un acuerdo válido y ejecutable. La aplicación de las reglas de la nulidad del negocio jurídico en el ámbito del derecho de sociedades encuentra muchos problemas, porque no son entornos asimilables. Buena prueba de ello es el disfavor con el que el legislador trata las causas de nulidad en el negocio jurídico de constitución de la sociedad, particularmente en el art. 56.2 LSC, donde se establece que fuera de los casos contemplados en el art. 56.1 no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad ni tampoco acordarse su anulación. Lo que se pretende por el legislador con esa norma, y con la establecida en el art. 57 LSC, es proteger los derechos de terceros que contratan con la sociedad, proteger la apariencia del tráfico jurídico, lo que constituye una constante de todo el derecho mercantil y del societario. Si la nulidad del acuerdo social no comporta la nulidad de las relaciones jurídicas nacidas a su amparo, dado que la regulación de la sociedad exime al tercero de la necesidad de comprobar si el acuerdo social se ajusta o no a los requisitos formales y materiales exigibles, para la efectividad del pronunciamiento de anulación del acuerdo será necesario que la sociedad revoque o rescinda los actos o relaciones jurídicas nacidas a su amparo. Por consiguiente, para determinar cuáles son los efectos del acuerdo nulo sobre esas otras relaciones jurídicas que ha generado es preciso estar al régimen de las acciones rescisorias, no al de las acciones de nulidad. Y ese régimen resulta particularmente del art. 1295 CC, en cuyo apartado segundo se establece que la rescisión no tendrá lugar cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. En suma, la nulidad del acuerdo social debe ser respetuosa con los derechos adquiridos por terceros que hayan actuado de buena fe. Y la cuestión no es que a estos no les pueda alcanzar la cosa juzgada, cuestión que es completamente baladí desde su perspectiva, sino que su posición jurídica no se puede ver inquietada por la anulación de un acto del que trae causa el derecho adquirido por su parte, porque en otro caso se resentiría de forma inadmisible el tráfico jurídico. La seguridad del tráfico exige que se preste tutela a los terceros de buena fe y que los mismos no deban desconfiar de la regularidad de sus actos siempre que contraten con una sociedad.» Por todo ello, la Sociedad solicita al Centro Directivo que estime íntegramente el Recurso y ordene a la Registradora la inscripción de los acuerdos que recogen el antecedente I del presente escrito, todo ello en base a la normativa aplicable, doctrina jurisprudencial y del presente Centro Directivo anteriormente expuesta». IV Mediante escrito, de fecha 2 de octubre de 2019, la registradora Mercantil elevó el expediente, con su informe, a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 6.3, 1303 y 1310 y siguientes del Código Civil; 18 y 20 del Código de Comercio; 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 56, 57, 204, 205, 207, 293 y 295 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2008 y 23 de febrero y 18 de octubre de 2012, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de abril del 2000, 16 de septiembre de 2011, 18 y 30 de mayo de 2013, 4 y 26 de julio y 26 de octubre de 2016 y 6 de junio de 2019. 1. Para resolver el presente recurso son hechos relevantes los siguientes: El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014, acuerdos entre los que se encontraba determinada operación de reducción del capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital. Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018, si bien se fundamenta, en lo que interesa en este expediente, en que el acuerdo de reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de dicho capital infringe, respecto del socio titular de acciones preferentes, «Sadim Inversiones, S.A.», unipersonal, los artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de 8 de abril de 2019, para «ejecutar en sus propios términos la sentencia firme de fecha 31 de octubre de 2016 (…), y regularizar la situación jurídica respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados», aprobó, entre otros acuerdos, la reducción de capital social a cero y simultánea ampliación del capital en los términos que resultan de la siguiente propuesta: «Cuarto.–La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales». Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el derecho de suscripción preferente. Las 29.400 acciones suscritas por «Sadim Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el día 8 de abril de 2019 y en la escritura de elevación a público de los mismos que son objeto de la calificación impugnada. En esencia, la registradora fundamenta su negativa a la inscripción solicitada en que los acuerdos adoptados, relativos a la situación del capital social existente el 15 de septiembre de 2014, tienen que contener necesariamente un pronunciamiento en cuanto a los efectos que la nulidad declarada tiene sobre determinados asientos posteriores; en que aun cuando existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, este mecanismo sanatorio encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, mientras que cuando los defectos son de orden material o sustantivo, como ocurre en este caso, lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, materializada en una nueva decisión asamblearia; y ese nuevo acuerdo social debe ajustarse a los requisitos que la ley establece para adoptarlo (entre ellos el relativo al balance que sirva de base a la reducción del capital) atendiendo a la situación del momento en que se apruebe en este momento la reducción de capital. 2. Sobre la cuestión relativa a la posible convalidación de acuerdos sociales declarados nulos este Centro Directivo (como pusiera de relieve en Resolución de 4 de julio de 2016) ya ha tenido ocasión de pronunciarse; como también lo había hecho con anterioridad el Tribunal Supremo. Así, el Alto Tribunal ya declaró en su Sentencia de 23 de febrero de 2012 que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles, y posteriormente, en su clarificadora Sentencia de 18 de octubre de 2012 afirmó lo siguiente: «19. La grave distorsión que en la vida de las sociedades mercantiles puede provocar la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados por sus órganos sociales, después de un proceso de formación de la voluntad social en ocasiones complejo y como regla sometido a rigurosos requisitos formales, a fin de garantizar el ejercicio por los socios de su derecho a intervenir de forma informada en la formación de la voluntad social, es determinante de que en aquellos supuestos en los que por su contenido no son contrarios al orden público, los distintos ordenamientos articulen diversos mecanismos dirigidos, por un lado, a potenciar su inatacabilidad limitando las causas de impugnación, fijando breves plazos a tal efecto y restringiendo la legitimación para impugnarlos, por otro, a impedir su impugnación cuando ésta ha perdido interés -en este sentido el artículo 2377.4 del Códice Civile italiano previene que ‘[l]'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo’ (la anulación de la deliberación [del acuerdo] no puede tener lugar, si la impugnada es reemplazada con otra tomada en conformidad de la ley y el acto constitutivo [los estatutos]); y el 62.2 del Código das Sociedades Comerciais portugués ‘[a] anulabilidade cessa quando os sócios renovem a deliberação anulável mediante outra deliberação, desde que esta não enferme do vício da precedente’ (la anulabilidad cesa cuando los socios renuevan la deliberación [acuerdo] anulable mediante otra deliberación [acuerdo], siempre que ésta no adolezca de la irregularidad del precedente)-; y, por otro, finalmente, a facilitar la subsanación o convalidación de los que adolecen de irregularidades susceptibles de ser corregidas -en este sentido el artículo 363 de la Ley 66-537 de 24 de julio de 1966 sur les sociétés commerciales francesa dispone que ‘[l]e tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités....’ (el tribunal de comercio, que conoce de una acción de nulidad, puede, hasta de oficio, fijar un plazo para permitir salvar las nulidades....); y el 62.3 del Código portugués ‘[o] tribunal em que tenha sido impugnada uma deliberação pode conceder prazo à sociedade, a requerimento desta, para renovar a deliberação’ (el tribunal ante el que haya sido impugnada una deliberación [acuerdo] puede conceder plazo a la sociedad, a petición de ésta, para renovar la deliberación [acuerdo]). 20. También el legislador europeo ha tenido en cuenta ambos mecanismos. Así la Sexta Directiva del Consejo, Directiva 1982/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, en el artículo 21 dispone que ‘[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo podrán regular el régimen de nulidades de la escisión en las siguientes condiciones (...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad cuando haya transcurrido un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la escisión fuera oponible al que invoque la nulidad, ni cuando la situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la escisión, el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación’. Y la Directiva 2011/35/UE, de 5 de abril, reiterando la Tercera Directiva del Consejo 1978/855/CEE, de 9 de octubre, sobre fusión de sociedades, dispone en el artículo 21.1 que ‘[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo podrán organizar el régimen de nulidades de la fusión en las siguientes condiciones: (...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad después de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en la que la fusión fuera oponible al que invoque la nulidad, o bien si la situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la fusión, el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación’ (…). 24. Partiendo del contexto descrito, la primera premisa de la que debemos partir es que nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores, mediante la adopción de otros para revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros incompatibles. Ello, sin perjuicio de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero, no existe un ‘derecho al arrepentimiento’ con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado, máxime si se tiene en cuenta que la propia evolución del mercado puede convertir en lesivos acuerdos inicialmente beneficiosos que los administradores deberían ejecutar de no ser revocados. (…) 29. En conclusión, la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva. 30. Otra cosa es la eficacia ‘ex nunc» o ‘ex tunc’ de los acuerdos de convalidación ya que, como sostiene la sentencia de 17 de marzo de 1992, «la intención de la convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos en cuanto a sus efectos’». 3. En esa misma línea, esta Dirección General, en Resolución de 30 de mayo de 2013, afirmó lo siguiente: «(…) se plantea el discutido tema de la eficacia de la sentencia de nulidad de acuerdos sociales. Precisamente, estamos ante un típico caso difícil de Derecho de sociedades. No en vano se ha dicho que la implantación de un canon de retroactividad fuerte, por sus consecuencias devastadoras de los derechos adquiridos por socios y terceros, puede conducir al caos jurídico. Esto explica que hayan prosperado en tiempos recientes en ordenamientos societarios de nuestro entorno soluciones más ponderadas o conformes con el principio de estabilidad o conservación de los efectos de los acuerdos sociales de gestión, como es la que establece la convalidación de la fusión o escisión debidamente inscritas (artículo 47.1 LME; artículo 17 Directiva de Fusiones Transfronterizas; artículo 30 del Reglamento de la Sociedad Europea) o la misma sanación de aumentos y reducciones de capital inscritos en el Registro en Derecho alemán ex & 246 a) AktG o en el italiano, ex art. 2379-ter CCivile. 3. El problema radica, en nuestro Derecho, en un extendido y a veces mal formulado así como equivocado entendimiento de la supuesta eficacia radical y retroactiva o «ex tunc» de la declaración judicial de nulidad de los acuerdos sociales impugnados. Frente a lo que algunos presuponen, la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera automática u «ope legis» una especie de radical «restitutio in integrum» societaria o automático regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos. Como bien expone el recurrente en su escrito de recurso, no cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución. En definitiva: no es posible la aplicación poco meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit». 4. Del análisis de situaciones análogas en el ámbito del Derecho de sociedades resulta claro que la declaración de nulidad de la fusión o escisión ex artículo 47 LME no produce per se la inexistencia de la correspondiente modificación estructural y la desaparición del mundo jurídico de todos sus efectos, sino que es causa de una obligación societaria de remover, convalidar o «regularizar» los efectos organizativos y societarios generados mediante los correspondiente acuerdos sociales de reintegración patrimonial (…). 9. (…) Constituiría una interpretación excesivamente rigurosa de la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos cuya proyección sobre el Derecho de sociedades ha sido modulada por el propio legislador en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil (…) Así lo ha entendido el Tribunal Supremo al afirmar, respecto de determinado acuerdo adoptado por la junta general, en Sentencia de 12 de junio de 2008 «que no es transportable a las causas de nulidad de la LSA el precepto del art. 6.3 CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos (…) en todo caso la doctrina jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad radical (SS. 28 de mayo y 2 de noviembre de 2001, entre otras)». 4. Sentado lo anterior y reiterando que no cabe trasvasar, sin más, al campo societario los conceptos de ineficacia propios de la teoría general del negocio jurídico y en especial del contrato, debe tenerse en cuenta que la legislación societaria se inspira en dos grandes principios: el de la seguridad jurídica, que trata de hacerse efectivo mediante el sometimiento de los actos de nacimiento de las sociedades y sus modificaciones al control notarial y registral, ejercido en el ámbito respectivo por profesionales cualificados en el conocimiento del ordenamiento jurídico; y el de la seguridad del tráfico, que trata de hacerse realidad mediante la regulación de determinados supuestos de apariencia en la que pueden confiar los terceros por cuanto que el ordenamiento los protege (caso, p. ej. de la sociedad irregular o de la sociedad nula). Precisamente, la protección del tercero, muy conectada con la seguridad jurídica y la seguridad del tráfico, es la que exige que el perfil de la nulidad en el Derecho de sociedades sea diferente del que le confirió el legislador decimonónico en el Código Civil (de radicales perfiles como es bien sabido); ideas, por lo demás, claramente asentadas en trabajos prelegislativos de tanto calado como el proyectado artículo 214-16 de la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación (objeto de informe en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014), que establece, en relación con la inscripción en el Registro Mercantil de la sentencia o del laudo estimatorio lo siguiente: «(…) 2. Cuando el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia o el laudo que estime la acción determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de todos los asientos posteriores que resulten manifiestamente contradictorios con ella». 5. Admitida una posible convalidación de acuerdos sociales en línea con lo declarado por este Centro Directivo en su citada Resolución de 2013 (vid., en la misma línea, la Resolución de 4 de julio de 2016) y en las decisiones jurisprudenciales anteriores, debe afirmarse que tal convalidación tiene efectos «ex tunc» con independencia de la conducta procesal de las partes, y por esa línea discurren las importantes novedades sobre la materia introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Respecto de tal cambio legislativo, al igual que antes de la reforma, el primer párrafo del artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que no procede la impugnación cuando el acuerdo social haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro, distinguiéndose ahora según que el nuevo acuerdo haya sido adoptado válidamente antes o después de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación (del primero), precisando la norma en uno y otro caso su régimen procesal. Asimismo es criterio general que la novedad más relevante de tal reforma es haber eliminado la distinción entre acuerdos nulos y anulables, por entenderse que esta distinción resultaba extraña a las categorías correspondientes en la teoría del negocio jurídico, superándose así una distinción tradicional, de modo que ahora solo hay acuerdos impugnables y para todos el plazo de caducidad ha quedado fijado en un año, con una única salvedad respecto de los acuerdos contrarios al orden público, que ni caducan ni prescriben. 6. En la teoría del contrato, la anulabilidad hace referencia a un tipo especial de nulidad por vicio del consentimiento o falta de capacidad que se distingue de la nulidad por la persona legitimada para hacerla valer, y tradicionalmente en el Derecho de sociedades la distinción entre acuerdos nulos y anulables se basó exclusivamente en las reglas infringidas por el acuerdo y las consecuencias de la infracción, algo que se reflejaba en la legitimación para impugnar los acuerdos y el plazo para hacerlo. La reforma, como se ha indicado anteriormente, acaba con la distinción y unifica los plazos para la impugnación y la legitimación para impugnar, generalizando el plazo de un año para todos los acuerdos impugnables que se establece en el nuevo artículo 205.1, según el cual la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá. Cuestión diferente es la relativa a los que, tradicionalmente caracterizados como inexistentes, no pueden sobrevivir con el paso del tiempo, toda vez que nunca se ha dudado que un acuerdo inexistente, por ejemplo un acuerdo «inventado» o simulado absolutamente, es un acuerdo cuya impugnación no caduca (piénsese en acuerdos adoptados en sedicentes juntas universales). El nuevo artículo 204.2 establece que cuando la revocación o sustitución hubiere tenido lugar después de la interposición de la demanda, «el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto», rectificándose así, en relación con el segundo de los supuestos (la impugnación de acuerdos sociales una vez iniciado un proceso judicial), el criterio jurisprudencial anterior, que se oponía a la admisión de la revocación o sustitución del acuerdo en tales casos por aplicación del principio «ut lite pendente nihil innovetur», conforme al cual carecen de eficacia las innovaciones introducidas después de iniciado el juicio en el estado de los hechos o de las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda. Este supuesto es ahora compatible con la posibilidad de subsanar (siempre que sea posible) la causa de impugnación, prevista tradicionalmente en la legislación societaria (vid. artículo 115.3, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas) y que el artículo 207.2 de la Ley de Sociedades de Capital mantiene inalterada. De esta forma -se ha dicho- la norma considera el supuesto de la subsanación diferente al de la sustitución del acuerdo impugnado por otro (artículo 204.2) y lo hace porque conceptualmente son diferentes, ya que la subsanación no supone necesariamente la desaparición del acto impugnado, sino de la causa de impugnación, aunque el efecto será el mismo: subsanada la causa de impugnación (por ejemplo, un requisito de forma) el proceso termina. 7. Como ha puesto de relieve esta Dirección General (vid. Resoluciones de 26 de julio y 26 de octubre de 2016) «la Ley de Sociedades de Capital recoge en su artículo 204.2 la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o sustantiva, la decisión corporativa idónea para enervar su eventual impugnación habrá de ser de sentido inverso a la característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social dirigida a reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de una acuerdo de contenido objetivamente incompatible, fórmula que se encuentra igualmente contemplada en el artículo 204.2. La eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre la acción de impugnación que el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución o revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (cfr. artículo 20 del Código de Comercio)». 8. En el presente caso, los defectos que dieron lugar a la nulidad de los acuerdos eran de orden material o sustantiva. Y, en cuanto a la motivación de los acuerdos expresada en los títulos calificados y las alegaciones de la recurrente en el sentido de que los acuerdos cuya inscripción se solicita se han adoptado para dar cumplimiento a lo declarado en las sentencias referidas, debe tenerse en cuenta que en las mismas, propiamente, no se impone la adopción de tal acuerdo sino que determina las condiciones que tendrían que haber cumplido el acuerdo impugnado para que no tuviera tacha de nulidad alguna. Por ello, cobra sentido las consideraciones expresadas respecto del mismo caso por la Resolución de esta Dirección General de 6 de junio de 2019: «Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos (previa a la cancelación de los asientos posteriores contradictorios) resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. Resoluciones de 30 de mayo de 2013 y 30 de junio de 2014)». Debe, por tanto, confirmarse el criterio de la registradora al exigir que el acuerdo de reducción de capital con simultaneo aumento del mismo cumpla con los requisitos legalmente establecidos a los que se refiere en su calificación y se regularice la situación de la sociedad respecto de otros actos y relaciones afectados, especialmente el relativo a la reducción por pérdidas y simultáneo aumento del capital social hasta la cifra de 650.500 euros (acuerdo aprobado el 30 de abril de 2015, después de los acuerdos impugnados y declarados nulos), así como la reducción del capital en 278.530 euros -por condonación de dividendos pasivos- acordada el 24 de agosto de 2017, que constan en los asientos registrales (inscripciones 23.ª y 26.ª), en los que la sociedad favorecida por la nulidad declarada no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido como consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se pretende inscribir se le atribuyen. De lo contrario, como afirma la registradora en su calificación se vería frustrada la tutela judicialmente concedida a la sociedad «Sadim Inversiones S.A.». Por lo demás, esa regularización pendiente no podrá llevarse a cabo desconociendo los derechos de titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y el posteriormente realizado podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 20 de diciembre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.