En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. M. M. contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Madrid número 2, doña María Belén Martínez Gutiérrez, por la que se suspende la inscripción del acta de fecha 27 de abril de 2018, número 828 de protocolo del notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro. Hechos I En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el día 27 de abril de 2018, se protocolizaron las operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid relativo a la herencia de doña M. M. F. II Presentada dicha acta en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada, y de testimonio judicial del auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de Primer Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada fue objeto de la siguiente calificación: «Registro de la Propiedad de Madrid n.º 2. Aportada el día 15 de marzo de 2019; testimonio judicial de la Sentencia 20/2017, de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de la Instancia n.º 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del Auto de fecha 18 de abril de 2017 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid, aclaratorio de la Sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada. A la vista de los documentos referidos y Conforme al Art. 19 bis, párrafo 20 de la Ley Hipotecaria se extiende la siguiente nota de calificación: suspendida la inscripción del precedente documento –Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, protocolo n.º 828/2018 del Notario de Madrid don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro–, presentado bajo el asiento 1028 del Diario 137, por el siguiente defecto subsanable: Hecho 1: El Acta se refiere a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales”, cuando la finca objeto del Acta es una finca -registral 83.800- adquirida con carácter privativo por la causante doña M. M. F., en estado de viuda; por lo que no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales. No consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el Contador Partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la Sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, un escrito del procurador de los Tribunales don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento n.º 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento n.º 2. No es suficiente para estimar acreditada tal aprobación definitiva la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 22 de noviembre de 2017 que se limita a ordenar la protocolización del cuaderno particional, pero cuya aprobación corresponde exclusivamente al Juez, y sin que se sepa tampoco cuál de los dos documentos de cuaderno particional que acompaña el Procurador referido, es el que se aprueba. Todo ello en aplicación del principio hipotecario de especialidad. Fundamento de Derecho 1: Artículo 9.e), 21 párrafo primero y 30 de la Ley Hipotecaria; y artículos 51 regla 9.ª a), y 98 párrafo segundo de su Reglamento. No se toma anotación preventiva por no haber sido solicitada, conforme al Art. 65 de la Ley Hipotecaria. Puede interponerse potestativamente: (…) Madrid, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).» III Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón, doña Marta Cavero Gómez, quien extendió la siguiente nota de calificación: «Habiendo recibido con fecha 17 de abril último (entrada 717/2019) solicitud de calificación sustitutoria respecto de la nota puesta por Doña Belén Martínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 2, el 22 de marzo de 2019, al acta de protocolización de operaciones particionales realizadas en el procedimiento de división de herencia número 1710/2014 del Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid relativo a la herencia de Doña María Molina Fernández, ante el Notario de Madrid Don Enrique-Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro el 27 de abril de 2018, n.º 828 de protocolo: 1.º Se revoca la calificación en cuanto en ella se pueda entender defecto la referencia a una sentencia de liquidación de gananciales por ser en todo momento congruente con su carácter meramente formal al no existir bienes gananciales del matrimonio de la causante. 2.º Se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional. No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido). Se adopta esta decisión al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto. Pozuelo de Alarcón, a 25 de abril de 2019 (firma ilegible).» IV Contra la nota de calificación sustituida, doña A. M. M. interpuso recurso el día 30 de mayo de 2019 mediante escrito en el que expuso: «Que con fecha 30/04/2019 me ha sido notificada calificación sustitutoria formulada el 25/04/2019 por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón en relación con la calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid relativa al asiento 1028 de su Diario 137 causado por el testimonio de la acta de protocolización de operaciones particionales autorizada por el notario don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de protocolo, en relación con la siguiente finca: Finca urbana (…) Quem [sic] siendo negativa la referida calificación sustitutoria y no ordenando por ello la práctica del asiento solicitado, formulo recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad número 2 de Madrid de fecha 22/03/2019 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho. Hechos: Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid se siguió el Procedimiento de División de Herencia n.º 1710/2014 a instancia de la heredera doña M. M. M., iniciado mediante demanda dirigida contra mí, también heredera y, además, prelegataria del inmueble referido, en relación con la herencia de nuestra madre doña M. M. F., con D.N.I. n.º (…), fallecida el día 08/03/2014. En dicho proceso se elaboró por el contador partidor designado por el Juzgado un cuaderno particional, el cual fue impugnado por mí; siendo rectificado dicho cuaderno particional, a raíz de dicha impugnación, en los términos que resultan de la Sentencia n.º 20/2017 de 18 de enero de 2017 y del Auto aclaratorio de la misma de fecha 18 de abril 2017. Posteriormente, firme la indicada sentencia, el Juzgado ordenó por Diligencia de Ordenación de fecha 22/11/2017 la protocolización del cuaderno particional rectificado; protocolización que se hizo a la vista de expediente con los autos originales del Juzgado por la notaria de don Enrique de Bernardo Martínez Piñeiro, mediante acta notarial el 27/04/2018, bajo el número 828 de su protocolo; en cuya parte expositiva se explica con más detalle el proceso de división de herencia seguido y a la cual se incorporan los documentos principales de dicho proceso mediante fotocopia legitimada obtenida por el notario, se insiste, de los autos originales, que a tal efecto estuvieron en la notaría para la firma de dicha acta. Segundo. De dicho cuaderno particional y de la rectificación del mismo ordenada por la referida Sentencia, resulta adjudicado a mí, A. M. M., por título de prelegado en la citada herencia, la totalidad del pleno dominio de la finca reseñada en el encabezamiento de este escrito. Para facilitar la comprensión del supuesto, lo que ocurrió es que inicialmente en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor (páginas 9 y 10 de dicho cuaderno), que obra en el acta notarial, se me adjudicó sucesivamente un. 34,9048776329%, más un 40,7848435786%, más un 17,2473401256%, haciendo un total de un 92,9370613371%; y reduciéndose mi prelegado de la vivienda por inoficioso en el 7,0629386629% restante de la misma, adjudicando dicho 7,0629386629% de la misma a mi hermana M. Tal reducción era totalmente improcedente porque, al margen de no concurrir inoficiosidad, siguiendo el artículo 821. del Código Civil, al no absorber la reducción la mitad del valor de la finca, la finca debía quedar íntegramente para mí, teniendo que abonar yo, en su caso, en dinero a mi hermana lo que faltase para completar su legítima estricta (finalmente no le faltó nada de ella); por ello impugné el cuaderno particional, entre otros extremos, en cuanto a esa reducción de mi prelegado y la Sentencia dictada me dio la razón, incluso con la conformidad en ese punto de mi hermana, según resulta de su Fundamento de jurídico Quinto: Quinto. En cuanto a la reducción del prelegado, tras la impugnación de la Defensa de doña A. del cuaderno particional en este punto, la actora –defensa de doña M.– se manifiesta conforme con proceder a una compensación económica, que será de aplicar si doña M. recibe menos que por legítima le corresponda. Eliminada del cuaderno particional la reducción de ese 7,0629386629% de mi prelegado, quedé como adjudicataria del cien por cien del pleno dominio de la vivienda de referencia (92,9370613371% + 7,0629386629% = 100%). Tercero. La referida acta notarial junto con la correspondiente documentación complementaria, documentación que se acompaña dentro del documento n.º 1 de los incorporados a este recurso, se presentó ante el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid el día 05/12/2018, solicitando la inscripción a mi favor del pleno dominio de la finca de referencia a mí adjudicada en pago del prelegado a mi favor ordenado por mi madre en su testamento. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una primera calificación negativa de fecha 20/12/2018 (…) los defectos resultantes de dicha calificación fueron subsanados aportando testimonio de la Sentencia y del Auto referidos anteriormente, con expresión de su firmeza, y copia autorizada del poder de mi representante en el acta notarial de protocolización, Cuarto. Tras dicha subsanación, por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se emitió una segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019, (…) y de la que resultan dos defectos, no recogidos en la primera calificación, consistentes en:. 1. Referirse el Acta a una Sentencia de liquidación de la sociedad de gananciales. 2. No constar fehacientemente la aprobación judicial del cuaderno particional. Quinto. Que, no estando conforme con dicha segunda calificación negativa, solicité calificación sustitutoria que recayó en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2, formulándose por el mismo la calificación de fecha 25/04/2019 (…) que fue notificada el 30/04/2019 y por la que: 1.º Se revocó el primero de los defectos recogido en la segunda calificación, 2.º Se confirmó la nota de la registradora sustituida pero no por entender como ella que es necesaria la aprobación judicial expresa, sino por no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional, por no constar la concreta partición realizada con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente con un CSV que permita conocer su contenido. Sexto. Que esta parte puso en conocimiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid por correo electrónico dicha calificación sustitutoria por si a la vista de la misma decidía practicar la inscripción en base a que: 1. De la nota de calificación sustitutoria resulta claramente que no procedía denegar la inscripción ni por la referencia a una liquidación de la sociedad de gananciales ni por no estar acreditada la aprobación judicial del cuaderno particional. 2. Del artículo 19 bis de la L.H. resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido; como lo es, en este aso [sic], el señalado por la calificación sustitutoria de no constar la partición realizada con firma y sello del Juzgado o, alternativamente, con CSV generado por la firma electrónica. Por el Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se le contestó por correo electrónico a mi abogado sobre tal petición: Buenas tardes don H., habiendo sido consultada la señora Registradora del tema planteado por usted, nos indica que le comuniquemos que ella mantiene la nota de calificación que fue objeto de calificación sustitutoria por el Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. La Registradora competente para redactar la inscripción solicitada es la Registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, supuesto del que no tenemos noticias que no haya sucedido. Practique usted lo que estime oportuno. Un saludo Séptimo. A la vista dc estos antecedentes de hecho, considerando no ajustado a Derecho el contenido de la calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid; considerando que la calificación sustitutoria de fecha 25/04/2019 Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 2 no puede añadir un defecto distinto de los contenidos en la calificación respecto de la que se pide; y considerando que, aunque pretendiera yo subsanar el segundo de los defectos advertido por aquella calificación, además del largo tiempo que conllevaría, es muy poco probable que el Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid aceptase dictar una nueva resolución a los solos efectos de dejar constancia expresa de la aprobación judicial del cuaderno particional, formulo el presente recurso (…). Fundamentos de Derecho: I. Presupuestos del recurso. La calificación de fecha 22/03/2019 formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid en relación con el asiento 1028 de su Diario 137 es susceptible de recurso conforme a los artículos 19 bis y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; debiendo computarse el plazo de un mes para su interposición desde la notificación el 30/04/2019 a esta parte de la calificación sustitutoria formulada por la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Pozuelo de Alarcón; estando yo legitimada para su interposición como persona física a cuyo favor se ha de practicar la inscripción denegada. II. Imposibilidad de contener la calificación sustitutoria un defecto distinto de los contenidos en la calificación de la registradora sustituida. El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria resulta claramente que la calificación sustitutoria no puede denegar la inscripción por un defecto distinto de los advertidos en su calificación por el registrador sustituido. En el presente asunto la calificación sustitutoria deniega la inscripción por un defecto distinto de los advertidos por el registrador; así: 1. Revoca expresamente el primer defecto consistente en que el Acta se refiera a una Sentencia de “liquidación de la sociedad de gananciales” cuando la finca objeto de la misma es una finca de carácter privativo, lo que hace innecesario liquidar una sociedad conyugal. 2. Aunque no utilice la expresión revocar sino que diga “se confirma la nota de la registradora” realmente descarta la concurrencia del segundo de los defectos contenidos en ella consistente en no constar fehacientemente que el cuaderno particional haya sido aprobado judicialmente pues afirma literalmente: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización...”. 3. Y sostiene la calificación negativa en un tercer defecto no contenido en la calificación de la registradora sustituida consistente en “…como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (a firmada electrónicamente de firma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)”. Aunque entiendo que es claro por la literalidad de las palabras que los dos últimos son dos defectos distintos, cabe añadir, para que resulte todavía más claro, que, si mañana obtuviera yo del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid un testimonio completo de todos los Autos del Procedimiento de División de Herencia número 1.710/2014, estaría subsanado el defecto advertido por la calificación sustitutoria, pues constaría ya la concreta partición realizada en la forma querida por la calificación sustitutoria; pero, sin embargo, no quedaría subsanado el segundo defecto de la calificación de la registradora sustituida, por cuanto seguiría sin constar fehacientemente que dicho cuaderno pardejona' haya sido aprobado judicialmente; seguiría siendo insuficiente, parafraseando a dicha registradora, la Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia para estimar acreditada tal aprobación. Por lo tanto, revocados realmente los dos defectos contenidos en la nota de calificación de la registradora sustituida y no debiéndose tener en cuenta el nuevo defecto resultante de la calificación de la registradora sustituta por ser distinto de los anteriores, necesariamente hay que concluir, sin más, que procede la práctica de la inscripción solicitada por esta parte. III. Subsidiariamente, innecesariedad de constar expresamente la aprobación judicial cuando ha mediado sentencia sobre oposición al cuaderno particional e innecesariedad de presentar testimonio de todas las actuaciones judiciales cuando la sentencia firme y el auto aclaratorio están aportados mediante testimonio y las operaciones divisorias están protocolizadas mediante acta notarial. Subsidiariamente, sólo para el caso de que por esta Dirección se entendiese que el segundo defecto de la nota de calificación de la registradora sustituida el defecto contenido en la nota de calificación de la registradora sustituta son realmente el mismo defecto, alegamos lo siguiente: A) Sobre la falta de aprobación judicial expresa de la partición: El artículo 787 de la LEC es el que se refiere a la aprobación de las operaciones divisorias. En los casos en los que no se formula oposición a dichas operaciones divisorias o se formula pero las partes se ponen de acuerdo sobre las reformas que hay que realizar, se establece expresamente que el Secretario Judicial (hoy, Letrado) dicte decreto aprobando las operaciones divisorias (apartados 2 y 4). Sin embargo, en los casos en los que, como el que nos ocupa, se formula oposición a las operaciones divisorias y se dirime a través de un juicio, que acaba en Sentencia, no se establece tal previsión (apartado 5). En ellos debe entenderse que la propia Sentencia conlleva la aprobación por el Juez de las operaciones divisorias con las modificaciones que en su caso introduzca, por lo que lo que, en tales casos, tras ser firme la Sentencia, procede simplemente ordenar su protocolización, sin necesidad de tener que dictar el Letrado de la Administración de Justicia un Decreto aprobando las operaciones divisorias. De ahí que en el escrito de esta parte de fecha 15/06/2017 lo que se suplicó al Juzgado no es que se aprobase la partición sino que “se tenga por aprobada definitivamente la partición (...) y ordene su protocolización...” y el Juzgado atendió dicha solicitud y ordenó la protocolización sin más. Ello está en coherencia con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Hipotecaria que prevé la sentencia firme como título para la inscripción de adjudicaciones; previsión que esta D.G.R.N. tiene declarado es precisamente aplicable a los supuestos de particiones judiciales, como la que nos ocupa, en la que ha habido oposición al cuaderno particional formulado por el contador partidor designado por el Juzgado. Obrando dicha sentencia dentro del acta notarial de protocolización presentada a inscripción y presentada además posteriormente mediante testimonio al subsanar esta parte los defectos advertidos por la primera calificación del Registro n.º 2 de Madrid. En cuanto a quedar claro qué es lo que aprueba el Juzgado, los documentos n.º1 y n.º 2 a los que alude la segunda calificación y que están incluidos en el acta notarial, son dos cuadernos particionales realmente iguales, sólo que en uno de ellos aparecen visibles los cambios aceptados por la Sentencia respecto del cuaderno particional original y en el otro no, según se explica en el citado escrito de fecha. 15/06/2017 cuando se dice: “A fin de facilitar el trabajo al Juzgado y sin perjuicio, desde luego, de la revisión por el mismo, se acompaña: – Como documento n.º 1, el cuaderno particional formulado en su día con las correcciones que proceden en virtud de la citada Sentencia y su Auto aclaratorio, destacando con fondo amarillo tales correcciones; asimismo, cuando se trata de menciones que deben desaparecer del cuaderno, se han destacada sobre fondo amarillo y tachadas. – Y también se acompaña como documento º 2 el cuaderno particional con tales correcciones pero sin destacar las mismas.” En los dos, en lo que se refiere al piso que nos interesa, lo que se dice es exactamente lo mismo; así en el documento n.º 1 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes. Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes: 1. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. Y en el documento n.º 2 se dice: B) Adjudicación en pago de haberes: Conforme a los haberes anteriormente preestablecidos, procedo a la adjudicación de bienes; 2. Para el pago de su haber se adjudica a D. A. M. M.: – Por título de prelegado, el pleno dominio del 100% de la vivienda inventariada bajo el número 1 del activo de este Cuaderno Particional y las deudas relacionadas bajo los números 1 y 2 del pasivo. Valor de lo adjudicado: 196.351,54 €. En conclusión: 1.º No es que sea suficiente la Diligencia de Ordenación de 22/11/2017 para estimar acreditada la aprobación de las operaciones divisorias, es que esa aprobación es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional (con su Auto de aclaración), dictada por el Juez y que es firme; que es, insisto, lo que la Ley establece para el caso de haber habido oposición a las operaciones divisorias y haberse sustanciado la misma a través de un juicio; sin perjuicio de servir aquella Diligencia de Ordenación como una constatación de haber sido así pues, de lo contrario, no se hubiera ordenado la protocolización por el Letrado de la Administración de Justicia. Y así lo entiende la registradora sustituta en su calificación sustitutoria cuando dice: “No es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización…”. 2.º Y en cuanto al contenido de la partición y, en concreto, en cuanto a la adjudicación a mi favor del cien por cien del pleno dominio de la finca de referencia, resulta del acta notarial y de la Sentencia, según lo relatado en el Hecho Segundo de este recurso, con lo que procede su inscripción a mi favor. B) Sobre la falta de firma y sello del juzgado o CSV apreciada por la calificación sustitutoria: En la primera calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid se denegó la inscripción porque de la documentación presentada no resultaba la firmeza ni de la Sentencia ni del Auto aclaratorio y por no constar dichos documentos ni firmados ni sellados, condición necesaria para darles autenticidad. Dicho defecto lo subsané aportando testimonio de la Sentencia y del Auto aclaratorio, con expresión de su firmeza. Ahora en la calificación sustitutoria, referida a la segunda calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, se me pide que la concreta partición realizada conste de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado o con un CSV generado por la firma electrónica, que permita su comprobación. Lo cierto es que, habiendo habido oposición a las operaciones particionales y resolviéndose la misma por Sentencia, en el presente caso el título propiamente para la inscripción es la Sentencia y la misma se ha aportado mediante testimonio, que es documento fehaciente. A la vista de ello y siendo que, tras la subsanación de los defectos de la primera calificación, se presentó: – El testimonio de la Sentencia y de su Auto aclaratorio; – Y el acta notarial de protocolización de las operaciones particionales, a la que se incorpora fotocopia legitimada obtenida por el notario de los autos originales que a tal efecto tuvo en su notaría para la firma de dicha acta; No cabe sino concluir que hay título suficiente y fehaciente para practicar la inscripción que se solicitó y que denegó esa segunda calificación negativa de fecha 22/03/2019 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid, que es objeto del presente recurso. En definitiva, subsidiariamente, aún si se entendiese que la calificación sustitutoria confirma el segundo de los defectos de la calificación de la registradora sustituida, dicho defecto debe ser revocado y ordenarse la inscripción solicitada, por cuanto la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada de los autos originales, como es el caso. Por lo expuesto, Solicito que se tenga por interpuesto recurso contra la calificación de la Registradora titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Madrid de fecha 22/03/2019, relativa al asiento 1028 de su Diario 137 y, en su virtud, se dicte resolución revocando dicha calificación negativa y ordenando la práctica de la inscripción a mi favor del pleno dominio del piso sito en Madrid, (…) con referencia catastral 2334201V1K4723C0121Q11, finca registral 83.800 de dicho Registro, con carácter principal, por haber sido revocados por la calificación sustitutoria los dos defectos contenidos en la calificación recurrida sin poder esa calificación sustitutoria añadir ninguno otro; o, subsidiariamente, por haber sido revocado por la calificación sustitutoria el primero de los defectos de la calificación sustituida y no concurrir realmente el segundo de ellos por cuanto, habiendo habido oposición al cuaderno particional, la aprobación de la partición es inherente a la Sentencia que rectifica el cuaderno particional, dictada por el Juez, que es firme y que ha sido aportada mediante testimonio, sin ser exigible que el resto de documentos del proceso judicial de división de herencia se presenten mediante testimonio o documento firmado electrónicamente con CSV sino que es suficiente con que obren protocolizados por notario mediante fotocopia legitimada obtenida por él de los autos originales, como es el caso; ofreciendo desde ahora complementar el presente escrito en aquellos extremos que pudieran resultar necesarios en la forma prevenida por la legislación que resulte aplicable.» V La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 9, 18, 19 bis de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 20 de abril 2016, 13 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de enero, 1 de marzo y 22 de abril de 2019, en relación con la calificación sustitutoria, y de 29 de diciembre de 1992, 7 de enero de 1994, 14 de febrero de 2004, 14 de junio de 2010, 29 de septiembre de 2011, 14 de febrero, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 12 y 14 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015, 19 y 28 de septiembre 2017, 18 de mayo y 2 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2019 en cuanto al principio de especialidad. 1. Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: – Ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid se siguieron autos de procedimiento de división de herencia número 1710/2014 relativos a la herencia de doña M. M. F. – En el seno de dicho procedimiento se presentó inicialmente un cuaderno particional de fecha 30 noviembre 2015. En relación al contenido del cuaderno se formuló oposición mediante escrito de 8 de enero de 2016. En la sentencia de 18 de enero de 2017, recaída en los citados autos, se señala que procede la liquidación de la sociedad de gananciales, si bien su saldo es cero, y estima parcialmente la impugnación. Presentada solicitud de aclaración de la citada sentencia con fecha 26 de enero de 2017, se dictó auto aclaratorio de fecha 18 de abril de 2017, finalmente, el 15 junio 2017 se formula solicitud de protocolización a la que se une el cuaderno particional inicialmente presentado con diversas correcciones, como documento 1 y un segundo cuaderno que recoge supuestamente el resultado correcto de la partición como documento 2. – En acta autorizada por el notario de Madrid, don Enrique de Bernardo Martínez Piseiro, el 27 de abril de 2018, se protocolizan las operaciones particionales incluyéndose todos los documentos antes relacionados. Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 2, junto con testimonio judicial de la sentencia de fecha 18 de enero de 2017 del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, donde consta la firmeza, sellada y firmada; y de testimonio judicial del. del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, aclaratorio de la sentencia, donde consta su firmeza, sellada y firmada, fue objeto de calificación negativa, apreciándose dos defectos, el primero que el acta se refiere a una sentencia de «liquidación de la sociedad de gananciales», cuando la finca objeto del mismo es una finca privativa y no hay que liquidar ninguna sociedad de gananciales, el segundo que no consta fehacientemente que el cuaderno particional elevado por el contador-partidor, el 30 de noviembre de 2015, y rectificado por la sentencia referida, haya sido aprobado judicialmente; toda vez que obra, como documento unido, el escrito del procurador de los tribunales, don F. O. L., de fecha 15 de junio de 2017, solicitando expresamente al referido Juzgado la aprobación definitiva de la partición que contiene el cuaderno particional; si bien ha de quedar claro si lo que aprueba definitivamente el Juzgado es el cuaderno particional, que acompaña como documento número 1, o el cuaderno particional que acompaña como documento número 2. Interpuesta calificación sustitutoria, la registradora sustituta revoca el primero de los defectos y confirma el segundo de ellos si bien introduciendo una matización de que «no es tanto entender necesaria la aprobación judicial expresa o si la implica la diligencia de ordenación de protocolización, como que la concreta partición realizada no consta de forma fehaciente con la firma y sello del Juzgado (o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido)». 2. En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis.5.ª, de la Ley Hipotecaria). En el supuesto de este expediente la registradora sustituta si bien confirma de forma expresa el segundo de los defectos, «se confirma la nota de la registradora al no resultar de la documentación presentada de forma fehaciente el contenido del cuaderno particional», matiza su forma de subsanación entendiendo que bastaría que el documento que recoge la partición figure con la firma y sello del Juzgado o firmada electrónicamente de forma que mediante un CSV pueda conocerse su contenido. No se trata, en puridad de un defecto nuevo, pero debe señalarse que al registrador sustituto cuando confirma el defecto apreciado por el registrador sustituido, no le corresponde matizarlo o interpretarlo ni señalar la forma de subsanación ya que será el sustituto, cuya calificación ha sido confirmada, quien deberá, en su caso, considerar los medios de subsanación. La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria). En cuanto a los casos de revocación parcial, como sucede en este expediente y como ya resolvió este Centro Directivo en Resolución de 28 de junio de 2014, en los casos de que la calificación del título, revocada por el registrador sustituto, afectara sólo a determinadas cláusulas y el registrador sustituido asumiera la inscripción parcial del título, igualmente se procederá de la forma prevista en la regla tercera del artículo 19 bis siempre que conste el consentimiento del presentante o interesado (cfr. artículos 19 bis, regla cuarta, de la Ley Hipotecaria y 434 del Reglamento Hipotecario). En estos casos también el registrador sustituto deberá aportar por tanto la minuta del asiento de inscripción del título, cuya inscripción parcial se va a practicar bajo su responsabilidad. Pero fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a determinadas cláusulas del título, siempre que sea susceptible de inscripción parcial, el registrador sustituto queda desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla cuarta del artículo 19 bis que sólo se remite a la regla tercera para el caso de inscripción parcial del título). Continúa diciendo la citada Resolución, que en los supuestos de confirmación de la nota de calificación que afecte sólo a determinados defectos y no a todos (esto es de calificación sustitutoria que revoque sólo en parte los defectos expresados en la nota), pero que se refieran al título en su totalidad, sin posibilidad de inscripción parcial del mismo, como es el caso del presente expediente, el procedimiento debe seguirse ante el registrador sustituido. Éste, y no el registrador sustituto, será ante quien deban subsanarse los defectos, quien decidirá si la subsanación es o no suficiente, si se ha producido o no durante la vigencia del asiento de presentación y la forma de practicar el asiento si finalmente se subsanan los defectos planteados en la nota de calificación y confirmados en la calificación sustitutoria. Eso sí bajo la responsabilidad de ambos registradores que han intervenido, quienes deberán repartirse los honorarios derivados de los aranceles vigentes, por mitad. 3. Revocado pues el primero de los defectos de la nota de calificación, debe entrarse en el estudio del segundo. Esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. En consonancia con lo anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho cuya inscripción se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive tal afirmación. En el supuesto que da lugar a la presente, del análisis conjunto de los documentos presentados a calificación y muy especialmente de la sentencia firme que puso fin al procedimiento y su auto aclaratorio, resulta evidente, a pesar del tenor literal del escrito de solicitud de protocolización, que la partición hereditaria ha sido aprobada judicialmente. Pero no queda constancia de cuál de los dos documentos que recogen el cuaderno particional, es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de inscripción y cuya determinación corresponde exclusivamente al juez. Por lo que el defecto debe ser confirmado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Daimiel, doña María Fernández Cora, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo, por haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia Agencia Tributaria, e igualmente suspende la cancelación ordenada en el mandamiento presentado junto con la adjudicación, por no quedar claro si se ordena la cancelación de la hipoteca que se ejecuta o sólo la de las cargas posteriores a dicha hipoteca. Hechos I Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 7 de marzo de 2019, acompañada de mandamiento de cancelación de cargas, dictadas en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución. II Presentada la citada documentación en el Registro de la Propiedad de Daimiel, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Doña María Cora Fernández, Registradora de la Propiedad de Daimiel, Provincia de Ciudad Real, ha examinado el procedimiento registral identificado con el número de entrada 707 del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes: Antecedentes de hecho. Primero. Con fecha veinticinco de Marzo del año dos mil diecinueve fue presentada en este Registro de la Propiedad, dando lugar al asiento de presentación 380 del libro Diario 114, mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 07/03/2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día veinte de marzo de dos mil diecinueve. Segundo. En el día de la fecha el documento al que se refiere el apartado anterior ha sido calificado por la Registradora que suscribe apreciando la existencia de defectos que impiden la solicitud de inscripción, con arreglo a los siguientes Fundamentos jurídicos. Primero. Con arreglo al párrafo primero del artículo 18 de la Ley Hipotecaria los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras, por lo que resulte de ellas y de los asientos del registro. Segundo. En el presente caso se observan los siguientes defectos: 1.º No se ha seguido la normativa vigente para el procedimiento de ejecución en cuestión; habiéndose modificado el Reglamento General de Recaudación por el RD 1071/2017, de 29 de diciembre, de cuyas Disposiciones transitorias tercera y cuarta, como más adelante se desarrolla, se deduce su aplicación a los acuerdos de enajenación llevados a cabo con posterioridad al 1 de enero de 2018. En el presente caso, consta que la subasta ha sido celebrada el 28 de Junio de 2018, por tanto, vigente la nueva redacción de la normativa, de modo que el procedimiento habría de seguirse con arreglo a ello. Así lo ha determinado la Comisión de Estudios Registrales en su Informe de 8 de enero de 2019, cuya fundamentación se pasa a reproducir a continuación. El artículo 107 del RGR, tras la reforma citada, dispone que "1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar, b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente, c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente (…)". Por su parte, la Disposición transitoria tercera del RGR, que, en el párrafo segundo de su primer apartado establece que "las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento"; distinguiendo así, como fases distintas del procedimiento que pueden regularse por regímenes distintos según las respectivas fechas de entrada en vigor, entre "el acuerdo de enajenación mediante subasta" y "el inicio del trámite de adjudicación directa", entendidos como "actuaciones de enajenación de bienes" diferentes. La Disposición transitoria cuarta dispone que “Las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018”. Si bien se desconoce la fecha concreta en que se dictó el acuerdo de enajenación mediante subasta, es indudable que el inicio del trámite de adjudicación directa se produjo después del 1 de enero de 2018, lo que, unido a una necesaria interpretación literal de la Disposición transitoria cuarta del RGR, nos lleva irremisiblemente a la aplicación de la normativa introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, y, por tanto, a la imposibilidad de acudir a la adjudicación directa si la subasta ha quedado desierta. Esta última interpretación resulta conforme, además, con los criterios interpretativos que determina nuestro legislador en el apartado primero del artículo 3 del Código civil, a los que a su vez se remite el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al disponer que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Si la dicción literal de la Disposición transitoria 4.ª del RGR no deja lugar a dudas de que únicamente queda diferida al 1 de septiembre de 2018 la aplicación de las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subastas -entre las cuales no pueden entenderse comprendidas las normas relativas a una fase del procedimiento distinta de la subasta, como es la adjudicación directa, la interpretación teleológica de la reforma de este precepto, que -como bien señala la Exposición de Motivos-, no es otra que la de “simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad”, debe conducir a que, en caso de duda sobre qué régimen aplicar a las adjudicaciones directas que se dicten como resultado de quedar desierta la subasta en licitaciones acontecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de septiembre de 2018, se prefiera aplicar el régimen nuevo, por ser éste más transparente y ágil y por potenciar la concurrencia. Mantener una postura contraria sería iniciar, tras el 1 de enero de 2018, y, por tanto, vigente la nueva redacción de los artículos 107 y 112, un procedimiento ya derogado, en vez de iniciar uno vigente; pues es éste el criterio que determina el ya citado párrafo segundo del apartado primero de la Disposición transitoria tercera del RGR, que distingue entre los distintos momentos del procedimiento para fijar la respectiva entrada en vigor de las normas aplicables a cada uno de ellos. Consecuentemente, lo que corresponde tras el 1 de enero de 2018 para aquellas subastas que hayan quedado desiertas, no es acudir a la enajenación directa, sino, por aplicación de los artículos 107, 109 y 112 del RGR, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, esto es, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente. Todo lo anterior no supone calificar el fondo de una resolución administrativa, sino calificar que la referida resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido y, por ende, los trámites e incidencias esenciales del mismo, no excediendo dicha calificación, por tanto, de los límites que previene el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 99 de su Reglamento de desarrollo. Así lo entiende la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que estima que la calificación de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y de los trámites e incidencias esenciales del mismo, "no supone pronunciamiento definitivo alguno en cuanto a la validez intrínseca del acto administrativo cuya inscripción se pretende, que queda reservado a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Véanse, por recientes, las Resoluciones de dicho Centro Directivo de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y, muy en concreto, 2 de abril de 2018 - "Boletín Oficial del Estado" de 13 de abril de 2018 2.º Se observa una incoherencia entre lo dispuesto en el Acta de Adjudicación y en el Mandamiento, en cuanto a la extinción y cancelación de la inscripción de hipoteca que da lugar al procedimiento; el Acta de Adjudicación contiene la mención de su extinción, si bien el Mandamiento ordena cancelar solo las cargas posteriores a la misma. Es preciso es que exista coherencia entre el mandamiento y el acta de adjudicación que lo fundamenta, todo ello por razones de claridad y conforme al principio hipotecario de especialidad. Así, en materia de procedimiento de apremio, y en aplicación analógica a lo dispuesto en sede judicial, disponen los artículos 673 y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si bien para la inscripción de la adjudicación en el Registro de la Propiedad sería título bastante la Certificación del Acta de Adjudicación, para la cancelación de la anotación o inscripción del gravamen que ha originado el remate o la adjudicación es necesario el oportuno mandamiento que así lo exprese, y que junto con lo dispuesto en los artículos 656 de la LECv, 133 y 134 de la Ley Hipotecaria, deberá ordenar asimismo la cancelación de todos los asientos posteriores a la carga ejecutada, incluso los que se hubiera verificado con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas en el correspondiente procedimiento. Más concretamente el artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario dispone que "Cuando en virtud del procedimiento de apremio contra bienes inmuebles se enajene judicialmente la finca o derecho embargado, se cancelarán las inscripciones y anotaciones posteriores a la correspondiente anotación de embargo (...). La cancelación se practicará a instancia del que resulte ser dueño de la finca o derecho, con sólo presentar el mandamiento ordenando la cancelación, expedido de acuerdo con lo previsto en el artículo 674 de la LECv". Ello por tanto lleva a concluir que para la cancelación del gravamen que origina la ejecución, esto es, de la propia carga hipotecaria, debe ser el mandamiento el título hábil que así lo ordene. Parte dispositiva. Calificado el título a la vista de los fundamentos de derecho expuestos y los Libros del Registro acuerdo suspender el despacho del título hasta la subsanación, en su caso, de los defectos observados, desestimando entre tanto la solicitud de la práctica de los asientos registrales. Esta nota de calificación negativa, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, lleva consigo la prórroga automática del asiento de presentación por un plazo de 60 días contados desde la fecha de su última notificación con arreglo a los artículos 322 de la Ley Hipotecaria y 40 a 44 de la Ley 39/2015 de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde la fecha de su notificación esta calificación negativa podrá (…) Daimiel. La registradora (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Cora [sic] Fernández registrador/a de Registro Propiedad de Daimiel a día diez de Abril del año dos mil diecinueve». III Contra la anterior nota de calificación, don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 22 de mayo de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal: «El Abogado del Estado, en la representación y defensa que le es propia de la «Agencia Estatal de Administración Tributaria» (en adelante, «AEAT» o «Agencia Tributaria»), ante ese Registro de la Propiedad para ante la Dirección General de los Registros y del Notariado respetuosamente comparece y, como mejor en Derecho proceda, dice: Que, con base en el art. 324 LH («Ley Hipotecaria»), viene a interponer recurso gubernativo contra la calificación de la Sra. Registradora de la Propiedad de Daimiel sin fecha y de la que ha tenido conocimiento extraprocesal la AEAT por la que se deniega y deja y en suspenso la inscripción derivada del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve. Este recurso se sustenta en los siguientes Hechos. Único. Presentado por D. F. F. M. V. a la inscripción del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve. Disconformes con tal proceder, la «AEAT» se ve en la obligación de acudir ante ese Centro Directivo para la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Resultan de aplicación los siguientes, Fundamentos de Derecho. –I– De carácter adjetivo. Procede la interposición del presente recurso de acuerdo con lo previsto en la Ley Hipotecaria (art. 324 LH) presentado ante órgano hábil y en tiempo y forma para ello. La legitimación activa corresponde al Erario al resultar impedida la práctica de la anotación preventiva de embargo interesada siendo órgano competente para su resolución la Dirección General de los Registros y del Notariado. –II– De orden sustantivo. Primer motivo.–Defecto consistente en que no se ha seguido la normativa vigente para el procedimiento de ejecución. 1. El primer motivo del presente recurso se fundamenta en el exceso de la calificación registral, con vulneración de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) y 99 del Reglamento Hipotecario (en adelante, RH) que regulan la calificación registral corno medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad, en concreto, en relación con la calificación de documentos administrativos. Así, el artículo 18 LH dispone que «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que «La calificación registral de documentos administrativos se extenderá. en todo caso. a la competencia del órgano, a su congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la: relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro». La Sra. Registradora aduce en su nota que la calificación se ampara en la previsión del artículo 99 RH, que permite examinar que la resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido, y por tanto, los trámites e incidencias esenciales del mismo, con cita de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, «DGRN») de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y 2 de abril de 2018, aunque sin desarrollar más esta cuestión. Entendemos, por el contrario, que la calificación registral excede notoriamente de su ámbito propio, y que la Sra. Registradora de la Propiedad realiza una interpretación del artículo 99 RH incorrecta, vulneradora del principio de legalidad al rebasar el contenido del principio de calificación tal y como se deduce del artículo 18 de la Ley, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa. 2. En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos el registrador goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así «con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro. las consecuencias de una indefensión procesal.» (Resolución de 25 de abril de 2018). En consonancia, la calificación de la «congruencia de la resolución con la clase de expediente seguido» implica examinar si en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es coherente con el mismo (es decir, si se ha adoptado una resolución propia del procedimiento de que se trate, y no una distinta) y si se han respetado los trámites esenciales del procedimiento, y, en particular, la audiencia del titular registral. En el presente caso, se cumplen estos requisitos, ya que el acta de adjudicación se ha dictado en el seno de un procedimiento de recaudación, siguiendo el procedimiento de apremio, y, en particular, los trámites de la enajenación por adjudicación directa, por lo que es absolutamente coherente con el procedimiento seguido. Asimismo, la adjudicación se ha acordado después de haber agotado el procedimiento de subasta, y habiendo cumplido los trámites esenciales de todo el procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo (providencia de apremio, diligencia de embargo, anuncios de subasta, etc.), notificados todos ellos al titular registral, que podría haber hecho uso de los derechos que la Ley le confiere a su favor. No vamos a entrar a especificar todos estos trámites y su cumplimiento en el presente caso, por cuanto que el respeto de los trámites del procedimiento de enajenación (tanto de la subasta como de la posterior adjudicación directa) no ha sido discutido por el registrador en su nota, siendo el único motivo de la calificación negativa el haber utilizado, supuestamente, un procedimiento incorrecto, lo que no caso supone ningún examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido. 3. Al respecto, aun no siendo una cuestión muy frecuente, es reiterada y pacífica la doctrina del centro directivo que recuerda que el examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y el respeto de los trámites esenciales de éste no puede suponer, en ningún caso, una valoración del procedimiento seguido por la Administración, siendo esto lo que precisamente se realiza en la nota impugnada, en la que el registrador deniega la inscripción solicitada considerando (en nuestra opinión erróneamente, en lo que abundaremos posteriormente) que desde el 1 de enero de 2018 no se puede acudir al procedimiento de adjudicación directa sino a una nueva subasta o bien a la adjudicación de los bienes a la Hacienda Pública, lo que supone, en suma, una valoración de la elección del procedimiento administrativo aplicable. Así, en la Resolución de 13 de marzo de 2007 (reiterada en otras posteriores, como la de 27 de octubre de 2007), la DGRN señaló (el resaltado es nuestro): «2. Como cuestión previa, de.be recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección» (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005). Ahora bien, que la Sra. Registradora pueda calificar la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y los trámites e incidencias esenciales de éste, no le convierte en órgano revisor de la legalidad administrativa, tarea que obviamente es de carácter jurisdiccional a través de los cauces legalmente previstos. En ese sentido, por congruencia debe entenderse si el documento administrativo de cuya inscripción se trata es coherente con el procedimiento seguido por la Administración Pública para su producción. Sería, a título de mero ejemplo, incoherente que una Administración Pública revisara un acto administrativo a través de un procedimiento de contratación pública y que se pretendiera la inscripción de aquel documento. En tal caso, es obvio que la Sra. Registradora ha de calificar negativamente tal documento administrativo porque el mismo está desligado plenamente del procedimiento seguido y elegido por la misma Administración Pública. Igualmente, la Sra. Registradora, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el art. 62.1.e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública "ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Se requiere, pues, un doble requisito, a saber, el carácter ostensible de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no se [sic] cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable sin necesidad de una particular interpretación jurídica. Una cuestión bien distinta es que la Sra. Registradora pueda valorar si el procedimiento seguido por la Administración Pública es el que debería haberse utilizado. Empero, tal posibilidad está vetada al registrador pues, en caso contrario, el mismo se convertiría en Juez y órgano revisor de la legalidad administrativa. La Administración Pública es obvio que ha de producir sus actos a través del procedimiento legalmente previsto, mas no es menos cierto que la decisión de su conformidad a la legalidad no le compete a la Sra. Registradora; es decir, no le compete a la Sra. Registradora analizar si el procedimiento que se debería haber seguido por la Administración es el elegido por ésta u otro. Le compete calificar si, en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento. Los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento no permiten que el registrador analice y enjuicie si la Administración Pública se equivocó en la elección del procedimiento a seguir, pues en tal caso no estaría calificando el documento sino la forma de producción de los actos de la Administración más allá de lo que permite la legalidad hipotecaria, siendo así que tal tarea es plenamente jurisdiccional y a instancia de quien es titular de un derecho subjetivo o interés legítimo o a través de los mecanismos de revisión de acto administrativo por la misma Administración Pública; y, obvio es decirlo, el registrador no es el autor del acto ni es titular de derecho subjetivo o interés legítimo alguno. Pues bien, en el presente supuesto lo que hace el funcionario calificador es precisamente valorar si el procedimiento elegido es, o no, el que debería haberse utilizado. Y, como ha quedado expuesto, tal posibilidad le está vetada, so capa de convertirle en Juez.» En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, incongruentemente citada por el registrador [sic] en su nota, ya que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, y concluir que no puede mantenerse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que «el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación». 4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten., salvo que en ellos se disponga otra cosa») y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso­-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso­administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE). Este juicio de legalidad que está realizando la Sra. Registradora en su nota, en la que de facto, se viene a declarar la nulidad de pleno de derecho (por supuesta omisión total del procedimiento legalmente establecido, ex art. 47.1.e) de la Ley 39/2015), cuando, es evidente, no ha existido ninguna omisión total, palmaria y ostensible del procedimiento administrativo, en los términos exigidos por la DGRN para poder fundamentar una calificación negativa y por la jurisprudencia contencioso-administrativa para poder declarar la nulidad radical, sino que solamente existe una discrepancia del procedimiento aplicable, basada en una discutible interpretación de una disposición, no ya de derecho sustantivo, sino de derecho transitorio, cuestión que analizaremos en el siguiente motivo del recurso. Como decíamos, no es esta una cuestión que genere gran controversia, como lo demuestra la escasa jurisprudencia existente al respecto. No obstante, la poca existente viene a ratificar la doctrina expuesta en el sentido de que la calificación registral no permite examinar la legalidad de las normas materiales aplicadas por la autoridad emisora del documento, ni la interpretación realizada por ésta. Al respecto podemos citar, por su similitud y reciente fecha, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de octubre de 2018, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la DGRN. En dicho pleito se discutía, de forma similar al presente caso, sobre la interpretación de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por el Letrado de Administración de Justicia, y la posibilidad subsiguiente de inscribir el Decreto de adjudicación dictado por el mismo. Pues bien, ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que «es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión», añadiendo la «incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación», puesto que «la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles (...)», todo ello «incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN». 5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero, fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye la Sra. Registradora en su nota, esto es, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) («por razones de urgencia justificadas en el expediente», o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente»). En suma, existen también otros supuestos en los que se sigue pudiendo acudir a este procedimiento, siendo absolutamente falso que esté derogado, por lo que no pudiendo la Sra. Registradora calificar si la Administración ha optado correctamente o no por el mismo y si ha motivado adecuadamente su elección, sino solamente si se han respetado sus trámites esenciales, fundamentalmente la audiencia al titular registral para comprobar que ha tenido ocasión de hacer valer esos supuestos defectos. 6. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimarnos que la interpretación realizada por la Sra. Registradora de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria. En esencia, se fundamenta la calificación en que a la luz de las Disposiciones transitorias tercera y cuarta del RGR, desde el 1 de enero de 2018, una vez quede desierta la segunda subasta no es posible acordar la adjudicación directa de la finca, sino que lo único posible era proponer la adjudicación a la propia Hacienda Pública, o bien, comenzar un nuevo procedimiento de enajenación por subasta. Llega a esta conclusión la Sra. Registradora con base en una interpretación tanto literal como teleológica. De acuerdo con la primera, considera que la DT 4.ª del RGR se refiere solamente a las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, siendo solo estas normas las que se aplican a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018, mientras que para el resto de los preceptos, que no regulan el desarrollo de las subastas (esto es, el artículo 104 RGR), sino las consecuencias previstas para el caso de que queden desiertas, rige la regla general contenida en la DT 3.ª1, según la cual solo continuaran rigiéndose por la normativa anterior cuando el acuerdo de enajenación por subasta, autorización para enajenación por concurso, o el trámite de adjudicación directa se hubieran producido antes de la entrada en vigor de la modificación (1 de enero de 2018), lo que no es el caso ya que el acuerdo fue de 25 de abril de 2018. A lo apuntado se añade la interpretación teleológica, considerando que debe preferirse el nuevo régimen por cuanto que la adjudicación directa perjudica al deudor, y no beneficia en casi nada a la Hacienda Pública, al ser el precio muy inferior al valor de tasación. 7. Pues bien, consideramos que la interpretación sistemática y teleológica, y que debe primar sobre la interpretación literal, nos debe conducir a la solución contraria. De acuerdo con la interpretación literal sostenida por el registrador [sic], la DT es clara cuando pospone la entrada en vigor de las normas de desarrollo de las subastas, distinguiendo el desarrollo de las consecuencias de la subasta, y ciñendo las primeras al artículo 104 del RGR. Sin embargo, esta escisión de las normas resulta contraria a la interpretación sistemática y teleológica de la norma, debiendo primar ésta última. Desde el punto de vista sistemático, resulta absurdo escindir las normas del procedimiento de enajenación en dos categorías, considerando que las normas sustantivas entraron en vigor el 1 de enero de 2018, pero que las normas accesorias de desarrollo de la subasta, y de las que dependen aquéllas para producir sus efectos, postergaron su eficacia hasta el 1 de septiembre de 2018. La interpretación sistemática de la DT 4.ª RGR exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados (siendo evidente, en este punto, que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª («enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018. Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que «Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas». Parece claro que se refiere a todo el régimen global de subastas, y no solamente a sus normas accesorias o de desarrollo material, y ello porque la solución contraria no haría sino llevar a soluciones absurdas para los expedientes desarrollados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018, conculcando la interpretación teleológica de la norma. En efecto, de acuerdo con la Sra. Registradora, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, «La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad». Es decir, se elimina la adjudicación directa como procedimiento de enajenación, porque bajo el nuevo régimen de subastas se maximiza la concurrencia y agilidad de las mismas, siendo el anterior un procedimiento inútil. Estos objetivos no son meras proclamas programáticas, sino que para ello se articula un régimen de subasta que ya no es presencial, con presentación y ordenación de ofertas electrónicamente, y durante un plazo de tiempo tan alargado -veinte días- que supone eliminar incluso el régimen de primera y segunda subasta. El espíritu y finalidad de la norma es claro: maximizar la concurrencia y evitar subastas desiertas; por ello, no es necesario que exista la adjudicación directa para ese supuesto. Por ello, la entrada en vigor de toda la modificación tiene que ser necesariamente al unísono, careciendo de sentido suprimir la posibilidad de acudir a la adjudicación directa en caso de quede desierta la subasta mientras no hayan entrado en vigor las normas de desarrollo de las mismas de forma electrónica, puesto que bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas era una opción contemplada por el propio legislador. Por último, consideramos desacertada la interpretación sistemática realizada por la Sra. Registradora en su nota, según la cual la adjudicación directa era gravemente perjudicial para el deudor, sin generar un beneficio para la Hacienda Pública, razón por la cual es preferible, ante la duda existente, optar por el régimen nuevo sobre el anterior. Olvida la Sra. Registradora que fue el Legislador el que regula esta forma de enajenación, no pudiendo fundamentarse en esta sede los beneficios o perjuicios de un procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. Por otro lado, la Ley garantiza los derechos del deudor al intervenir en todo el procedimiento de apremio, y en el caso de la adjudicación directa, mediante la garantía de un precio mínimo de adjudicación (artículo 107.4 RGR). Segundo motivo.–Defecto por falta de correspondencia entre el mandamiento de cancelación y el acta de adjudicación puesto que el primero no comprende la cancelación de la propia carga que motiva el procedimiento de apremio -infracción del art. 107.9 RGR. La Sra. Registradora parte de una aplicación analógica entre las normas procesales y las normas del procedimiento administrativo. Disentimos respetuosamente de tal aserto. En primer lugar, la aplicación analógica de las normas del proceso civil al procedimiento administrativo de apremio es improcedente puesto que carece fundamento la existencia de dos cuerpos normativos completos que, además, regulan dos realidades bien distintas, a saber, la administración de Justicia (art. 117 CE) y el servicio al interés general de acuerdo con el art. 103 CE y los principios allí declarados, si no es pacata la anterior cuestión, el propio Reglamento Hipotecario dedica hasta dos preceptos bien diferentes para la calificación tanto del título judicial (art. 100 RH) como del administrativa (art. 99 RH), que, por ello, ya es elemento suficiente para desvirtuar tal violenta, a la par que forzada, labor de exégesis de la norma. A mayor abundamiento, incluso en los casos en que la propia normativa administrativa es insuficiente, ya se establece el criterio para colmar esas posibles lagunas, como es la propia normativa fiscal: de este modo, el art. 107.9 RGR prevé la aplicación de las normas generales de la subasta, que, en el caso aquí resultante, lo es el art. 104.bis.i en su integridad. De ahí, que no concordemos con la calificación combatida en cuanto a la laguna legal y su integración, que, añadimos, no tiene lugar de la forma que se afirma, sin perjuicio de las normas de aplicación general supletoria del procedimiento administrativo como prescribe el art. 97 LGT. Desarrollemos nuestra tesis. Siguiendo en este orden de ideas, la cancelación de la anotación o inscripción que asegura el crédito del ejecutante (véase, para la ejecución sobre bienes hipotecados, el art. 134 LH) resulta lógica si se piensa que el derecho que la carga atribuye al acreedor es el de realizar una sola vez la finca y aplicar la cantidad que se obtenga al pago de la deuda; no el de realizar la finca tantas veces como sea necesario hasta lograr la completa satisfacción de su derecho. Así, no es de extrañar que el art. 134 LH ordena por sí mismo la cancelación de la anotación o inscripción que asegura el crédito del ejecutante: en el Reglamento General de Recaudación tiene lugar en la forma que prevé el art. 107.7 RGR que necesariamente se debe conectar con la norma de la subasta, que es de aplicación supletoria en virtud del art. 107.9 RGR, que ordena extender un acta ordenando la cancelación de la anotación o inscripción y, por otra parte, si bien en el mismo documento público, ya que constituye una unidad, íntegra e indivisible, en el mandamiento solo se hará constar «3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario». Aquí radica el nervio de nuestra pretensión, difícilmente puede invocarse con tino la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como norma procedimental propia de la AEAT, en su condición de Administración Pública, cuando su única norma rectora en el procedimiento de apremio es la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación: de ahí que, como venimos afirmando, sea el mandamiento junto con el acto un instrumento único que da suficiente satisfacción y respuesta al último óbice puesto de manifiesto en la calificación aquí combatida. Procede, en consecuencia, dada la bondad de nuestro recurso, el éxito de nuestra pretensión de reforma, salvo el mejor y superior criterio de ese Centro Directivo al que tengo el honor de dirigirme, practicando la anotación preventiva interesada por el Erario Público. –III– De los documentos aportados «ex» art. 327 LH. Los documentos aportados cumplen con la exigencia del art. 327 LH, consistente en la calificación que es objeto del presente recurso. –IV– De la práctica de la anotación preventiva «ex» art. 42.9 LH. En los términos y efectos del art. 323.3 LH, se reclama la anotación preventiva a la que se refiere el art. 42.9 LH, en tanto que el recurso se promueve estando vigente el asiento de presentación. En su virtud, a ese Centro Directivo suplica, que tenga por presentado este escrito con su copia y documentos anejos, se sirva admitirlo y con él interpuesto el presente recurso gubernativo contra la calificación registral expuesto en el encabezamiento del presente escrito para que, tras la preceptiva tramitación, se dicte en su día resolución por la que, estimando las presentes alegaciones, se ordene la revocación de la calificación practicando la inscripción que resulta del título presentado». IV La registradora de la Propiedad de Daimiel, doña María Fernández Cora, emitió informe en defensa de la nota el día 28 de mayo de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo ese mismo día. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 26 y 99 del Reglamento Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995 y 21 de febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019. 1. En cuanto al primero de los defectos, se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución: – En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 28 de junio 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa. – La Mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 3 de diciembre de 2018 la enajenación directa y la adjudicación del bien. – El bien adjudicado estaba valorado en 12.437,28 euros y fue adjudicado a don L. C. G. C. por 651 euros. La registradora suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 28 de junio de 2018, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018. El recurrente se opone a la citada calificación por dos motivos: en primer lugar, por considerar que la registradora se extralimita en sus funciones calificadoras y, en segundo lugar, por considerar que la interdicción de la enajenación directa como procedimiento posterior y subsiguiente a una subasta desierta sólo rige a partir del 1 de septiembre de 2018, según resultaría, a su juicio, de una interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018». 2. En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar la certificación del acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo, cuestionada por el recurrente, hay comenzar recodando, conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que la calificación registral de los documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario). En efecto, cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019). En efecto, ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su función, goza el registrador de una mayor libertad para calificar el documento administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que están establecidas por las leyes y los reglamentos (cfr., entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980). Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces que, no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (cfr., entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011, 1 de junio de 2012, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 18 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019). Esta doctrina debe ponerse en relación con el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento administrativo en el que la Administración Pública haya prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido. Se requiere, pues, que la omisión del procedimiento legalmente establecido o de un trámite esencial sea ostensible. En este sentido, como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 5 de noviembre de 2007, 8 de marzo y 28 de abril de 2012, 11 de abril de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019), compete al registrador analizar si el procedimiento seguido por la Administración es el legalmente establecido para el supuesto de que se trate, salvo que la Administración pueda optar, porque legalmente así esté previsto, entre distintos procedimientos, en caso en que la elección de uno u otro es cuestión de oportunidad o conveniencia que el registrador no puede revisar. Al registrador también le compete calificar si, en el marco del procedimiento seguido por la Administración Pública, la resolución es congruente con ese procedimiento y si se han respetado los trámites esenciales del mismo. En particular, no puede dudarse sobre el carácter esencial de la forma de enajenación seguida -subasta, concurso o adjudicación directa-, y de sus respectivos requisitos y trámites esenciales (cfr. Resoluciones de 28 de abril de 2012, 11 de abril de 2018 y 6 de febrero de 2019). Y como señaló la Resolución de 7 de septiembre de 1992 y han reiterado las más recientes de 11 de octubre de 2018 y 6 de febrero de 2019, por imponerlo así el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, la calificación registral de los documentos administrativos se ha de extender entre otros extremos, «a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento», sin que obste a la calificación negativa el hecho de que los defectos puedan ser causa de anulabilidad, y no de nulidad de pleno derecho, pues al Registro sólo deben llegar actos plenamente válidos. Como hemos visto, en el presente caso la registradora cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor durante la realización de las fallidas subastas y cuando se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido y de sus trámites esenciales, y siendo estos extremos unos de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada. Como se ha dicho «supra», en los casos en que sea aplicable el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, podrá discutirse en el seno de un recurso contra una calificación registral si ésta fue o no acertada, si su juicio sobre las formalidades del documento, sobre la competencia del órgano, sobre la idoneidad del procedimiento, sobre la congruencia con el mismo de la resolución dictada, sobre los trámites esenciales de aquél, sus relaciones con el titular registral, o sobre los obstáculos del Registro, fue o no ajustado a Derecho, pero lo que no puede es negarse las facultades del registrador para calificar tales extremos, eludiendo el debate sobre su acierto o desacierto jurídico. 3. Resuelta la cuestión competencial en los términos indicados, procede entrar en el examen del fondo del recurso. La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la posterior Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, obligaban a una necesaria adaptación reglamentaria, lo que tuvo lugar mediante la aprobación del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Entre las novedades que se introducen con esta reforma, en lo que ahora nos interesa, destaca la modificación del régimen jurídico de la enajenación de los bienes embargados dentro del procedimiento de apremio, en particular, el procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de dichos procedimientos, así como la potenciación de los medios electrónicos, según se destaca en el preámbulo del citado Real Decreto 1071/2017. En concreto en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados destacan, entre otras, las siguientes novedades: se introducen los ajustes necesarios para adaptarlos al procedimiento electrónico previsto en el Portal de Subastas del «Boletín Oficial del Estado»; se establecen criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (inspirados en los términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). En relación con las subastas se introducen modificaciones en las normas relativas a su desarrollo, y entre ellas se dispone que la subasta sea única, eliminado la existencia de una primera y segunda licitación; se prevé que la presentación y ordenación de las ofertas será electrónica; se faculta a los licitadores a solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se produzca en favor de la mejor oferta -postura con reserva de depósito-; se prevé que a igualdad de pujas prevalece la primera en el tiempo; y se establece el umbral del 50% del tipo de subasta a efectos de que si fuera inferior a dicho umbral la mejor de las ofertas la Mesa podrá acordar la adjudicación del bien o lote o bien declarar desierta la subasta. En relación con el concurso se prevé que solo se puede utilizar como procedimiento para la enajenación de los bienes embargados cuando la realización por medio de subasta pueda producir perturbaciones nocivas en el mercado o cuando existan otras razones de interés público debidamente justificadas. Y finalmente, lo que resulta particularmente relevante a los efectos de este expediente, en cuanto a la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta desierta. Se refiere a esta última novedad el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 diciendo que «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación conforme al cual «1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar. b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente. c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente», que no incluye ya en su letra a), a diferencia de lo que ocurría en la redacción originaria de dicho precepto, el supuesto de la adjudicación directa cuando, después de realizada la subasta, queden bienes o derechos sin adjudicar. Que esto es así (es decir, que en la actualidad no cabe acudir a la enajenación mediante la adjudicación directa en los casos en que la subasta haya quedado desierta) lo admite incluso el propio recurrente al recordar que conforme al citado Preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». El debate se centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen. 4. En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018». Es en la interpretación de esta concreta disposición transitoria en la que se centra la discrepancia que ha de ser dilucidada en este recurso. Según la calificación impugnada esta disposición no extiende su ámbito de aplicación a la modificación introducida en el citado artículo 107 del Reglamento, relativa al procedimiento de enajenación por el trámite de la adjudicación directa, que por tanto habría entrado en vigor, conforme a la disposición final única del Real Decreto 1071/2017, el 1 de enero de 2018, por lo que estaría vigente en la fecha en que fue acordada en el expediente de apremio de que trae causa este recurso el inicio del trámite de la adjudicación directa, sin que en tal fecha concurriese o se hubiese acreditado ni invocado en el expediente ninguna de las causas habilitantes autorizadas por dicho artículo, en su versión reformada, para excepcionar la utilización del procedimiento de subasta como medio de enajenación de los bienes embargados, habiendo desaparecido con la reforma reglamentaria el supuesto habilitante invocado en la certificación calificada, esto es, la circunstancia de haber resultado desierta la previa subasta en primera y segunda licitación. Tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado»), como su interpretación finalista y sistemática conducen a la conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, según el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad», resulta contrario a dicha finalidad acudir, en defecto de adjudicación del bien a la propia Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que es lo que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 del citado Reglamento). Frente a ello el recurrente, aun reconociendo que la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta conduce a la tesis sostenida por la registradora, entiende que debe prevalecer en este caso una interpretación sistemática y teleológica de la misma, que diferiría de la anterior. Así sostiene en esencia que: a) La interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados, dado que, a su juicio, la adjudicación directa se debe considerar como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª («enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018». b) La eliminación por la reforma reglamentaria de la adjudicación directa como procedimiento de enajenación en los casos de subasta desierta responde a que, con el nuevo régimen de subastas (a cuyas novedades nos hemos referido «supra») permite maximizar la concurrencia y agilidad de las mismas, evitando las subastas desiertas, por lo que, conforme a ello, no resultaría ya necesario acudir a la adjudicación directa; frente a lo cual «bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas [las subastas] era una opción contemplada por el propio legislador». Este Centro Directivo, sin embargo, no puede acoger favorablemente ninguna de las razones que abonan esta tesis impugnativa, que en consecuencia debe desestimar. 5. En primer lugar, y en relación con la afirmación de que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso», con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda («desarrollo del procedimiento de apremio») del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de «desarrollo de la subasta», en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018. Podrá discutirse el alcance concreto de la necesidad, por su relación de conexión directa e inmediata, de entender incluida en la expresión «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», de la disposición transitoria cuarta, otras normas no incluidas en el citado artículo 104 (v.gr. las relativas al contenido del acuerdo de enajenación en cuanto hace referencia a la presentación de ofertas de forma electrónica ex artículo 101.1, o sobre las pujas electrónicas conforme al artículo 103.3, etc.). Ahora bien, en todo caso habrá de tratarse de normas relativas a la subasta, como específico y particular procedimiento de enajenación de bienes, y relacionadas con el procedimiento de electrónico mediante el que se ha de desarrollar o celebrar a través del referido Portal de Subastas oficial, pero en ningún caso las normas que sean ajenas a dicho procedimiento. El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del Preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es decir, claramente distinto de éste. Y precisamente se elimina por su menor grado de concurrencia y transparencia como se explica en el propio preámbulo, como «ratio» última de la reforma en este punto. Uno y otro constituyen procedimientos o formas de enajenación distintas (vid. artículo 100.1 del Reglamento: «Las formas de enajenación de los bienes o derechos embargados serán la subasta pública, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este reglamento»), siendo la subasta el procedimiento común, general u ordinario, que sólo puede quedar excluido en los casos expresamente previstos en la norma (vid. apartado 2 del mismo artículo: «El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación»). Así lo confirma también, destacando su autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria, conforme a la cual «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento». Se distinguen, por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa (además del concurso), resultando como elemento fáctico determinante e independiente para cada uno de los citados modos de enajenación en cuanto a su sujeción al ámbito temporal de vigencia de un régimen normativo u otro, la fecha del «acuerdo de enajenación mediante subasta» o del «inicio del trámite de adjudicación directa», respectivamente, entendidos como modos de enajenación diferentes, sin que la fecha del acuerdo de subasta arrastre la consecuencia de atraer a su propio régimen normativo al trámite de adjudicación directa, cuyo régimen vendrá determinado, como se ha dicho, por su propia fecha de inicio. Esta disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 1071/2017, según se desprende de la disposición transitoria decimotercera del Código, conforme al cual «los casos no comprendidos directamente en las disposiciones anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de fundamento». Todo lo cual impide admitir como criterio de interpretación el basado en la plena equiparación entre la subasta y la enajenación directa, como si de procedimientos o modos de enajenación indiferenciados se tratase, lo que no es posible legalmente ni desde el punto de vista transitorio, ni desde el punto de vista sustantivo o material. Repárese en que en el caso objeto de este expediente, al igual que sucede por ejemplo en el caso de las Entidades locales, también sujetas a la norma de la enajenación de sus bienes patrimoniales mediante subasta como regla general (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos», y por todas la más reciente de 6 de febrero de 2019), la sujeción obligada a dicha regla general (subasta) no resulta sólo de una interpretación literal de los preceptos que así lo prevén, sino también del sentido teleológico de tales normas. Su finalidad no es otra sino salvaguardar la publicidad, competencia y libre concurrencia (que debe regir en la contratación con las Administraciones Públicas a fin de lograr el mejor postor en la adquisición de unos bienes que por su especial carácter de pertenecientes al patrimonio del citado organismo público deben servir al interés general, como también sucede en este caso, por estar llamados tales bienes a cubrir con su realización forzosa el pago de los débitos tributarios u otros créditos públicos, por lo que resulta conforme con el interés público obtener el mejor precio posible con su enajenación). Es más, como ha puesto de manifiesto este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos») en congruencia con el carácter excepcional y singular de la permuta (en el caso de las Entidades locales), como única vía elusiva de la subasta, su admisibilidad ha sido sometida a una interpretación restrictiva por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en sus Sentencias de 15 de junio de 2002 y 5 de enero de 2007 (con invocación de otras anteriores), en las que se insiste en la idea de que «el significado de esa regla [enajenación mediante subasta] va más allá de ser una mera formalidad secundaria o escasamente relevante, pues tiene una estrecha relación con los principios constitucionales de igualdad y eficacia de las Administraciones públicas que proclaman los artículos 14 y 103 de la Constitución. Y la razón de ello es que, a través de la libre concurrencia que es inherente a la subasta, se coloca en igual situación a todos los posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, al mismo tiempo, se amplía el abanico de las opciones posibles del Ente Local frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes». Y en razón a esta explícita teleología de la norma, concluye el Alto Tribunal afirmando que «ello conduce a que la exigencia del expediente que en este precepto se establece para, a través de la permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, únicamente podrá considerarse cumplida cuando, no sólo exista un expediente que autorice la permuta, sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las concretas razones que hagan aparecer a aquélla (la permuta) no ya como una conveniencia sino como una necesidad». Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad (reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el ámbito de aplicación propio de la misma. 6. Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya simultáneamente en otra que no lo es, pues el hecho de que el aumento de la concurrencia pueda disminuir los supuestos que en la práctica puedan darse de subastas desiertas, no implica en modo alguno que éstas ya no puedan darse, como lo demuestra el hecho de que, en contra de lo que afirma el recurrente, se siguen contemplando en el Reglamento. En efecto, el hecho de que las nuevas subastas electrónicas puedan quedar desiertas está explícitamente previsto en una de las nuevas normas del Reglamento, en concreto en el nuevo artículo 104 bis (sobre «adjudicación y pago») al disponer que «finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas: a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura. b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta». Por tanto, en caso de que la mejor postura ofrecida no alcance el 50% del tipo de subasta del bien (tipo que, no existiendo cargas o gravámenes sobre la finca, como sucede en este caso, será como mínimo el importe de su valoración conforme al artículo 97.6 del Reglamento), la Mesa de la Subasta debe decidir si la oferta es suficiente, lo que en caso de decisión favorable dará lugar a un acuerdo de adjudicación del bien o lote al postor que presentó la mejor oferta, y en caso de decisión desfavorable conducirá a un acuerdo de declaración de subasta desierta. Por tanto, el razonamiento del recurrente de que la previsión de que tras una subasta desierta procedía la apertura del trámite de adjudicación directa desaparece con la reforma del Real Decreto 1071/2017 porque, con el nuevo régimen de subastas electrónicas, el Reglamento ya no contempla la posibilidad de subastas desiertas, carece de fundamento. En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 12.437,28 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 651 euros, es decir algo más del 5,23% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien». Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas» -o en caso de no entender procedente esta adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación-. La adjudicación a la Hacienda Pública, conforme al citado precepto de la Ley General Tributaria, «se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación». Es decir, en el presente caso dicha adjudicación se habría producido por el importe íntegro de la deuda, produciendo su pago total y no parcial como ha sucedido. Por otro lado, y desde el punto de vista del deudor, tal adjudicación a la Hacienda Pública habría extinguido totalmente la deuda (siempre que el importe de ésta no rebase el 75% del tipo inicial), sin dejar un remanente insatisfecho que pueda ser perseguido sobre otros bienes de su patrimonio (y ello a pesar de haber perdido la propiedad del bien ejecutado cuyo valor rebasa con mucho el precio de adjudicación). Obsérvese que, como pone de manifiesto el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, entre las novedades de la reforma se incluye el establecimiento de «criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (en los mismos términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», siendo relevante a estos efectos la explícita alusión que hace el preámbulo al citado precepto de la ley procesal civil, uno de cuyos criterios de adjudicación es precisamente el de garantizar que, en vía de principios, el precio de adjudicación «cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas» (en defecto de lo cual «el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor»). Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, la reciente Resolución de 5 de abril de 2019) al pronunciarse sobre la interpretación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al precio de adjudicación de los bienes en los procedimientos de ejecución judicial (en particular en relación con los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, invocada en el preámbulo del Real Decreto de reforma del Reglamento General de Recaudación, como hemos visto) «admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito con cargo al bien hipotecado), y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra». Todo lo cual conduce necesariamente a la desestimación del recurso interpuesto, en cuanto al primer motivo del recurso. En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación (artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los argumentos del recurrente en cuanto a este punto. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en cuanto al primero de los defectos recurridos y confirmar, en cuanto a este punto la nota de calificación de la registradora, y asimismo estimar el recurso en cuanto al segundo defecto recurrido y revocar, en cuanto a este segundo defecto la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña M. A. L., en nombre y representación y como administradora solidaria de la sociedad «SPY Reoco 13, S.L.», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa Aparicio Marín, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación de una plaza de garaje, a falta de postores, por importe inferior al 50% de su valoración para subasta.  Hechos I Mediante testimonio del decreto de adjudicación dictado el día 25 de octubre de 2017 por el letrado de la Administración de Justicia, don A. M. G., y mandamiento de cancelación de cargas expedido en fecha 13 de abril de 2018, ambos en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 715/2015, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Denia, se adjudicó, previa cesión de remate, la finca registral número 24.317 de Pego a favor de «SPY Reoco 13, S.L.», por la cantidad debida por todos los conceptos, 816.715,75 euros, que resultaba inferior al 50% del valor de tasación, que fue de 2.811.872,40 euros, y se ordenaba la cancelación de la hipoteca objeto de este procedimiento, así como de todas las anotaciones e inscripciones posteriores, especificando las contenidas en la certificación de cargas. II Presentada el día 16 de abril de 2019 dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 1259 del año: 2.019. Asiento N.º: 1.564 Diario: 92. Presentado el 16/04/2019 a las 13:01. Presentante: E. A. S. B. Interesados: Traveller Issuer Holdings Designated Activity Company; Uniblanca Sociedad Limitada, Promociones Monte Pego S.XXI Sociedad Limitada, SPY Reoco 13, S.L.U. Naturaleza: Testimonio y Mandamiento Judiciales. Objeto: adjudicación y cancelación de cargas. Juicio N.º: ejecución hipotecaria 714/2015. Juzgado: Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2, Denia. La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a los siguientes: Hechos. Los documentos calificados son un testimonio del Decreto de Adjudicación 501/2017 dictado el 25 de octubre de 2017 por el Letrado de la Administración de Justicia, don A. M. G., y un mandamiento de cancelación de cargas expedido en fecha 13 de abril de 2018, ambos en el procedimiento de ejecución hipotecaria 715/2015 seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Denia, a instancia de Traveller Issuer Holdings Designated Activity, contra Uniblanca Sociedad Limitada y Promociones Monte Pego S.XXI Sociedad Limitada, sobre la finca registral número 24317 de Pego, y sobre otra finos que no pertenece a este Distrito Hipotecarlo. De tales documentos resulta que se ejercita la acción hipotecaria por la hipoteca que causó la inscripción 7.ª, ampliada por las inscripciones 8.ª y 9.ª, modificada por las inscripciones 10.ª, 12.ª, 13.ª y 14.ª, y transmitida a la entidad demandante por la 15.ª Se acompañan: testimonio de un Decreto de Aclaración dictado en fecha 30 de noviembre de 2017 por el citado Letrada de la Administración de Justicia, señor M. G., que aclara al de adjudicación en cuanto a los datos de la mercantil adjudicataria; testimonio del Decreto de ratificación dictado en fecha 20 de septiembre de 2018 por el mismo Letrado, que rectifica el de adjudicación en cuanto a los datos de identificación de la finca del Registro de la Propiedad de Denia; Diligencia de ordenación emitida en fecha 13 de abril de 2018 por el mismo Letrado, para decretar la firmeza del decreto de adjudicación y Diligencia de Adición extendida en fecha 01 de febrero de 2019 por el mismo Letrado, para hacer constar el desglose de las cantidades reclamadas en este procedimiento. En tales documentos, previo requerimiento de paso a los ejecutados y demás trámites, se celebró la venta en pública subasta de las fincas, y no compareciendo postor alguno, el ejecutante solicitó la adjudicación a su favor por la cantidad adeudada por todos los conceptos, ascendente a 1.005.436,11 euros, y posteriormente cedió el remate en favor de SPY Reoco 13 S.L. Unipersonal, quedando aprobada dicha cesión a su favor, en cuanto a la finca registral número 24.317 de Pego, por un 81,23% de dicha suma, esto es, por 816.715,75 euros, Y se ordena la cancelación de la hipoteca objeto de este procedimiento, así como de todas las anotaciones e inscripciones posteriores, especificando las contenidas en la certificación de cargas, y haciendo constar que lo entregado al acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas no excede del límite de la respectiva cobertura hipotecaria, y que el valor de lo adjudicado supone la completa satisfacción del derecho de crédito del actor. Examinados los Libros del Registro, resulta de la inscripción 9.ª de ampliación y modificación de hipoteca, que la citada finca de Pego n.º 24.317 quedó tasada a efectos de subasta en la cantidad de 2.811.8721,40 [sic] euros. Por tanto, dicha finca ha sido objeto de adjudicación por la cantidad de 816.715,75 euros, cantidad debida por todos los conceptos, pero inferior al 50% de su valor de tasación (1.405.936,20 euros). Fundamentos de Derecho. Visto lo dispuesto en los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1 y 18 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, de 23 de julio de 2011, de 11 y 29 de octubre de 2013, de 13 de febrero de 2014, de 12 de mayo y de 21 de octubre de 2016, de 20 de septiembre de 2017 -en la que la Dirección General siguiendo el criterio ya fijado cuando se trata de la vivienda habitual (RR de 12 de mayo de 2016, 21 de octubre de 2016) hace una interpretación sistemática y ponderada del art. 671 LEC, que para evitar un resultado literal contrario al espíritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que "si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite minino del 60 por cien del valor de subasta", y, en caso de no tratarse de la vivienda habitual esta postura nos lleva a la conclusión de que hay que hacer una interpretación conjunta del artículo 671 LEC con el art. 651 LEC en el sentido de que aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca-; de 16 de febrero de 2018 -que estima que "(...) admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito) y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo. adeudado al acreedor). La interpretación de una norma no pueda amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra. (...)-"; de 20 de abril de 203 -que reitera las Resoluciones de 23 de marzo de 2918, 16 de febrero de 2018 y 20 de septiembre de 2017, en el sentido de que tanto si la subasta queda desierta como si hay otros postores, y se trate o no de vivienda habitual, no cabe que se adjudique una finca por menos del 50% del valor de tasación-; así como la de 26 de octubre de 2018 -en la que la Dirección General reitera su consolidada doctrina sentada en la Resolución de 20 de Septiembre de 2017 y las Resoluciones de 16 de febrero, 23 de marzo, 20 abril y 26 de octubre de 2018, señalando, conforme al principio general de rechazo al enriquecimiento injusto o sin causa en nuestro Ordenamiento, y a una interpretación conjunta (Art 3 CC) del art 671 LEC con el art 651 LEC, que tanto si la subasta queda desierta como si hay otros postores, y se trate o no de vivienda habitual, no cabe que se adjudique una finca por menos del 50% del valor de tasación, salvo en el caso específico y con el procedimiento especial previsto en el art 670-4 "in fine" LEC. Y en base a la expuesto, se suspende la práctica de las operaciones registrales interesadas, por haberse adjudicado la finca por una cantidad que representa menos del 50% del valor de tasación, siendo ello contrario al criterio doctrinal interpretativo del artículo 671 de la LEC que exige que la adjudicación en subastas sin postores de fincas que no tengan carácter de vivienda habitual tenga en todo caso como límite inferior el 50% de su valor de tasación. Contra esta nota de calificación desfavorable (…) Pego a siete de Mayo de dos mil diecinueve La Registradora (firma ilegible), Fdo: Teresa Aparicio Marín». III Contra la anterior nota de calificación, doña M. A. L., en nombre y representación y como administradora solidaria de la sociedad «SPY Reoco 13, S.L.», interpuso recurso el día 22 de mayo de 2019 mediante escrito en el que alegaba, resumidamente: Que su posición en este asunto es el de una simple cesionaria, ajena al contrato de crédito y al procedimiento de ejecución hipotecaria; Que el registrador de la Propiedad debe cumplir las sentencias y demás resoluciones de jueces y tribunales, como dispone el artículo 118 de la Constitución Española; Que la adjudicación se ha llevado cabo siguiendo todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que por lo tanto no procede denegar la inscripción; Que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario establece que la función del registrador se limitará a examinar la corrección de la competencia del Juzgado, del procedimiento y resto de formalidades extrínsecas; Que el artículo 3 del Código Civil, establece en primer lugar que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, resultando al efecto los términos en los que se encuentra redactado el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil 671 bastante claros, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones; Que si el legislador hubiera querido que la posible adjudicación del bien por cantidad equivalente a lo debido por todos los conceptos debiera ser siempre equivalente o superior al 50% del valor de tasación a efectos de subasta de la finca, así lo hubiera consignado en el precepto; Cita entre otras la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Málaga, de fecha 28 de septiembre de 2017, el auto de la Audiencia Provincial de Castellón de 31 de enero de 2005, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de febrero de 2018 y la Sentencia número 261/2015, de 13 de enero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y En su virtud, solicitaba que se tuviese por interpuesto recurso frente a la calificación negativa de la registradora de la Propiedad de Pego y se dictase resolución estimando el recurso y modificando la calificación registral negativa. IV La registradora de la Propiedad emitió informe el día 27 de mayo de 2019, manteniendo la calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional números 41/1981, de 18 de diciembre, 217/1993, de 30 de junio, y 113/2011, de 19 de julio; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 15 de marzo de 1991, 29 de febrero de 1996, 13 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017, 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre y 26 de octubre de 2018 y 22 de febrero (2.ª), 22 y 28 de marzo, 5 y 25 de abril y 13 de junio de 2019. 1. El caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en varias de las Resoluciones antes citadas y nuevamente reiterada en las más recientes de 25 de abril de 2019, y conforme a lo que en ellas se sostuvo habrá de resolverse el recurso. Respecto de la competencia del registrador para calificar la suficiencia del precio de adjudicación de la finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución Española), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquéllas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los trámites de alguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Además de la posibilidad de acudir al procedimiento general de apremio regulado en los artículos 571 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 129.1 de la Ley Hipotecaria prevé: «La acción hipotecaria podrá ejercitarse: a) Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Título IV del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que se establecen en su Capítulo V. b) O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al artículo 1.858 del Código Civil, siempre que se hubiera pactado en la escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada». En el presente caso, el acreedor ejecutante ha optado por utilizar la vía recogida en la letra a) del artículo 129.1 citado, es decir, el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados. Dicho procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 681.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se regulará por lo establecido en el Título IV de dicha ley, pero con las especialidades que recoge su Capítulo V. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 113/2011, de 19 de julio, con cita de otras anteriores como las números 41/1981, de 18 de diciembre, y 217/1993, de 30 de junio, afirma que «este tipo de procedimiento [la ejecución hipotecaria] se caracteriza por la extraordinaria fuerza ejecutiva del título y paralela disminución de las posibilidades de oponerse mediante la formulación de excepciones, ya que la presentación de la demanda, la integración del título y la llamada de terceros poseedores y acreedores posteriores son condiciones suficientes para pasar a la fase de realización, y que el deudor, como los terceros poseedores y acreedores posteriores, más allá de detener la ejecución mediante el pago, para lo que la Ley establece que debe hacerse el oportuno requerimiento, apenas tienen posibilidades de oposición, pues al objeto de impedir la suspensión del procedimiento el art. 132 prevé (en la actualidad, artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), salvo en los cuatro supuestos taxativamente fijados, que las demás reclamaciones que puedan aquéllos formular se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. Precisamente, por esta posibilidad, es decir, porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa consagrada en el art. 24.1 CE». Dicho procedimiento sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución. Entre esas garantías fundamentales está la de que la adjudicación, en caso de que la subasta quede desierta, se haga al ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la adjudicación. En relación con la función calificadora que los registradores ejercen respecto de los documentos judiciales, cabe destacar la reciente Sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la número 625/2017, de 21 de noviembre, relativa a una Resolución de esta Dirección General. Dicha resolución del Alto Tribunal, no obstante tener un objeto que no tiene que ver con el de este recurso, analiza la función del registrador en torno a los documentos judiciales y la posterior valoración de hechos que no pudieron tenerse en cuenta por el registrador y por la Dirección General. Dice la citada Sentencia en su fundamento tercero: «(…) Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal». 2. El artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su primer inciso, aplicable al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, dispone: «Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien». En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas» parece que la interpretación del artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado. En efecto, admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito con cargo al bien hipotecado), y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra. El legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso de los bienes inmuebles (artículo 671) una norma similar a la que sí se establece para los muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación»). Ello no implica que deba hacerse una interpretación puramente literal del artículo 671. Más bien al contrario, el contenido del artículo 651 permite entender cuál es el verdadero espíritu y finalidad de las normas que regulan la adjudicación de una finca en el procedimiento de apremio cuando la subasta ha quedado desierta. Otra muestra de que el legislador ha querido respetar este equilibrio de intereses en el procedimiento de subasta se puede observar en lo establecido en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de que existieran postores que concurran a la subasta. En su apartado cuarto se ocupa de aquellos casos en los que las posturas presentadas sean inferiores al 70% del valor de subasta. Ofrece al ejecutado en primer término la posibilidad de presentar un tercero que presente una postura superior a ese límite. En su defecto, atribuye al ejecutante la opción de solicitar la adjudicación por el setenta por ciento, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura. El último párrafo del citado artículo 670.4 prevé la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior, al disponer: «Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el Secretario judicial deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente». Por lo tanto, existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, conforme a la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»), debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo 4.1 del Código Civil). 3. Es cierto, como ha afirmado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que no puede apreciarse enriquecimiento injusto cuando se aplican normas jurídicas. Así lo confirma la Sentencia número 261/2015, de 13 de enero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo: «El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, porque esto sí que es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. A este respecto, sí que sería de aplicación la citada jurisprudencia, como una exigencia de otro principio general del derecho, el de seguridad jurídica, que siempre ha de ponderarse junto con el de interdicción del enriquecimiento injusto». Pero hay que entender que la correcta interpretación del 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que impide que la adjudicación se haga por un valor inferior al 50% del valor de tasación, a menos que medien las garantías que resultan de la aplicación analógica del artículo 670.4 de la misma ley, conforme antes se ha expuesto. Si se respetan estos límites, no cabrá hablar de enriquecimiento injusto, salvo que, como la propia Sentencia de 13 de enero de 2015 señala, «tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante». 4. Conviene recordar cómo este Centro Directivo (Resoluciones de 12 de mayo y 21 de octubre de 2016) ya ha tenido ocasión de atemperar la literalidad del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, considerando que se estima que la interpretación ponderada y razonable de este artículo, para evitar un resultado literal contrario al espíritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que «si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por cien del valor de subasta». Interpretación de esta Dirección General que ha encontrado reconocimiento expreso en sentencias de Audiencias Provinciales como la de Castellón -cfr. sentencia de 11 de diciembre de 2017- o Toledo -auto de 7 de marzo de 2017-, por ser conforme al espíritu y finalidad de la norma legal. Por último, debe resaltarse que, aunque Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014 consideró que las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas en ese caso (artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), quedaban fuera del ámbito de protección de la Directiva 13/93 cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones, todas las reformas que se han introducido en los últimos años en la legislación procesal e hipotecaria española (en especial, las recogidas en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) van en la línea de conseguir un mayor equilibrio en la posición de las partes en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 5. Alega la recurrente que no es de aplicación la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado ya que no constituye jurisprudencia. En este sentido hay que recordar que si bien las Resoluciones de la Dirección General no tienen alcance jurisprudencial, pues es cierto que la jurisprudencia, con arreglo al Código Civil, sólo emana del Tribunal Supremo, sin embargo ello no impide la necesaria interpretación por este Centro Directivo de la normativa actualmente aplicable al objeto del recurso en tanto no haya un pronunciamiento con valor jurisprudencial concreto al respecto, teniendo en cuenta que la evolución legislativa es claramente favorable a la protección y defensa de los derechos e intereses del deudor hipotecario. De hecho, el propio Tribunal Supremo ha declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar cuál es la autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada Dirección General y, en ese sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15 de marzo de 1991, establecieron que si bien la doctrina de las mismas no es propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin embargo es usual concederles una reconocida autoridad y sobre todo en los casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la opinión fundada de dicho Centro». 6. De lo razonado hasta ahora, resulta, a modo de resumen, que la doctrina más reciente y reiterada de este Centro Directivo sobre la cuestión planteada puede sintetizarse en la idea, ya expresada y que se transcribe ahora de nuevo, de que «hay que entender que la correcta interpretación del 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que impide que la adjudicación se haga por un valor inferior al 50% del valor de tasación, a menos que medien las garantías que resultan de la aplicación analógica del artículo 670.4 de la misma ley». En el presente caso, la nota de calificación recurrida, si bien fundamentada en diversas Resoluciones de este Centro Directivo que transcribe parcialmente, señala como defecto el de que «la adjudicación en subastas sin postores de fincas que no tengan carácter de vivienda habitual tenga en todo caso como límite inferior el 50% de su valor de tasación», omitiendo toda referencia a la posible actuación del letrado de la Administración de Justicia en cuanto a la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes al caso, de forma que, oídas las partes y firme el decreto de aprobación del remate, nada obstaría para la inscripción de la adjudicación por cantidad inferior al 50% del valor de subasta, como consecuencia de la interpretación integradora de los preceptos citados conforme se ha expuesto anteriormente. Por tanto, ese defecto señalado en la nota de calificación, tal y como consta redactado, ha de ser revocado. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Daimiel, doña María Fernández Cora, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo, por haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia Agencia Tributaria, e igualmente suspende la cancelación ordenada en el mandamiento presentado junto con la adjudicación, por no quedar claro si se ordena la cancelación de la hipoteca que se ejecuta o sólo la de las cargas posteriores a dicha hipoteca. Hechos I Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 7 de marzo de 2019, acompañada de mandamiento de cancelación de cargas, dictadas en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución. II Presentada la citada documentación en el Registro de la Propiedad de Daimiel, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Doña María Cora Fernández, Registradora de la Propiedad de Daimiel, Provincia de Ciudad Real, ha examinado el procedimiento registral identificado con el número de entrada 709 del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes: Antecedentes de hecho. Primero. Con fecha veinticinco de Marzo del año dos mil diecinueve fue presentada en este Registro de la Propiedad, dando lugar al asiento de presentación 382 del libro Diario 114, mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 07/03/2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día veinte de marzo de dos mil diecinueve. Segundo. En el día de la fecha el documento al que se refiere el apartado anterior ha sido calificado por la Registradora que suscribe apreciando la existencia de defectos que impiden la solicitud de inscripción, con arreglo a los siguientes Fundamentos jurídicos. Primero. Con arreglo al párrafo primero del artículo 18 de la Ley Hipotecaria los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras, por lo que resulte de ellas y de los asientos del registro. Segundo. En el presente caso se observan los siguientes defectos: 1.º No se ha seguido la normativa vigente para el procedimiento de ejecución en cuestión; habiéndose modificado el Reglamento General de Recaudación por el RD 1071/2017, de 29 de Diciembre, de cuyas Disposiciones Transitorias tercera y cuarta, como más adelante se desarrolla, se deduce su aplicación a los acuerdos de enajenación llevados a cabo con posterioridad al 1 de Enero de 2018. En el presente caso, consta que la subasta ha sido celebrada el 28 de Junio de 2018, por tanto, vigente la nueva redacción de la normativa, de modo que el procedimiento habría de seguirse con arreglo a ello. Así lo ha determinado la Comisión de Estudios Registrales en su Informe de 8 de Enero de 2019, cuya fundamentación se pasa a reproducir a continuación. El artículo 107 del RGR, tras la reforma citada, dispone que "1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar, b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente, c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente (…)". Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera del RGR, que, en el párrafo segundo de su primer apartado establece que "las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento"; distinguiendo así, como fases distintas del procedimiento que pueden regularse por regímenes distintos según las respectivas fechas de entrada en vigor, entre "el acuerdo de enajenación mediante subasta» y «el inicio del trámite de adjudicación directa», entendidos como «actuaciones de enajenación de bienes" diferentes. La Disposición Transitoria Cuarta dispone que "Las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018". Si bien se desconoce la fecha concreta en que se dictó el acuerdo de enajenación mediante subasta, es indudable que el inicio del trámite de adjudicación directa se produjo después del 1 de enero de 2018, lo que, unido a una necesaria interpretación literal de la Disposición Transitoria Cuarta del RGR, nos lleva irremisiblemente a la aplicación de la normativa introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, y, por tanto, a la imposibilidad de acudir a la adjudicación directa si la subasta ha quedado desierta. Esta última interpretación resulta conforme, además, con los criterios interpretativos que determina nuestro legislador en el apartado primero del artículo 3 del Código civil, a los que a su vez se remite el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al disponer que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». Si la dicción literal de la Disposición Transitoria 4.ª del RGR no deja lugar a dudas de que únicamente queda diferida al 1 de septiembre de 2018 la aplicación de las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subastas -entre las cuales no pueden entenderse comprendidas las normas relativas a una fase del procedimiento distinta de la subasta, como es la adjudicación directa, la interpretación teleológica de la reforma de este precepto, que -como bien señala la Exposición de Motivos-, no es otra que la de «simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad», debe conducir a que, en caso de duda sobre qué régimen aplicar a las adjudicaciones directas que se dicten como resultado de quedar desierta la subasta en licitaciones acontecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de septiembre de 2018, se prefiera aplicar el régimen nuevo, por ser éste más transparente y ágil y por potenciar la concurrencia. Mantener una postura contraria sería iniciar, tras el 1 de enero de 2018, y, por tanto, vigente la nueva redacción de los artículos 107 y 112, un procedimiento ya derogado, en vez de iniciar uno vigente; pues es éste el criterio que determina el ya citado párrafo segundo del apartado primero de la Disposición Transitoria Tercera del RGR, que distingue entre los distintos momentos del procedimiento para fijar la respectiva entrada en vigor de las normas aplicables a cada uno de ellos. Consecuentemente, lo que corresponde tras el 1 de enero de 2018 para aquellas subastas que hayan quedado desiertas, no es acudir a la enajenación directa, sino, por aplicación de los artículos 107, 109 y 112 del RGR, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, esto es, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente. Todo lo anterior no supone calificar el fondo de una resolución administrativa, sino calificar que la referida resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido y, por ende, los trámites e incidencias esenciales del mismo, no excediendo dicha calificación, por tanto, de los límites que previene el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 99 de su Reglamento de desarrollo. Así lo entiende la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que estima que la calificación de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y de los trámites e incidencias esenciales del mismo, «no supone pronunciamiento definitivo alguno en cuanto a la validez intrínseca del acto administrativo cuya inscripción se pretende, que queda reservado a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Véanse, por recientes, las Resoluciones de dicho Centro Directivo de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y, muy en concreto, 2 de abril de 2018 - "Boletín Oficial del Estado" de 13 de abril de 2018 2.º Se observa una incoherencia entre lo dispuesto en el Acta de Adjudicación y en el Mandamiento, en cuanto a la extinción y cancelación de la inscripción de hipoteca que da lugar al procedimiento; el Acta de Adjudicación contiene la mención de su extinción, si bien el Mandamiento ordena cancelar sólo las cargas posteriores a la misma. Es preciso es que exista coherencia entre el mandamiento y el acta de adjudicación que lo fundamenta, todo ello por razones de claridad y conforme al principio hipotecario de especialidad. Así, en materia de procedimiento de apremio, y en aplicación analógica a lo dispuesto en sede judicial, disponen los artículos 673 y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si bien para la inscripción de la adjudicación en el Registro de la Propiedad sería título bastante la Certificación del Acta de Adjudicación, para la cancelación de la anotación o inscripción del gravamen que ha originado el remate o la adjudicación es necesario el oportuno mandamiento que así lo exprese, y que junto con lo dispuesto en los artículos 656 de la LECv, 133 y 134 de la Ley Hipotecaria, deberá ordenar asimismo la cancelación de todos los asientos posteriores a la carga ejecutada, incluso los que se hubiera verificado con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas en el correspondiente procedimiento. Más concretamente el artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario dispone que «Cuando en virtud del procedimiento de apremio contra bienes inmuebles se enajene judicialmente la finca o derecho embargado, se cancelarán las inscripciones y anotaciones posteriores a la correspondiente anotación de embargo (...). La cancelación se practicará a instancia del que resulte ser dueño de la finca o derecho, con sólo presentar el mandamiento ordenando la cancelación, expedido de acuerdo con lo previsto en el artículo 674 de la LECv». Ello por tanto lleva a concluir que para la cancelación del gravamen que origina la ejecución, esto es, de la propia carga hipotecaria, debe ser el mandamiento el título hábil que así lo ordene. Parte dispositiva. Calificado el título a la vista de los fundamentos de derecho expuestos y los Libros del Registro acuerdo suspender el despacho del título hasta la subsanación, en su caso, de los defectos observados, desestimando entre tanto la solicitud de la práctica de los asientos registrales. Esta nota de calificación negativa, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, lleva consigo la prórroga automática del asiento de presentación por un plazo de 60 días contados desde la fecha de su última notificación con arreglo a los artículos 322 de la Ley Hipotecaria y 40 a 44 de la Ley 39/2015 de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde la fecha de su notificación esta calificación negativa podrá (…) Daimiel. La registradora (…) Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Cora [sic] Fernández registrador/a de Registro Propiedad de Daimiel a día diez de Abril del año dos mil diecinueve». III Contra la anterior nota de calificación, don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 22 de mayo de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal: «El Abogado del Estado, en la representación y defensa que le es propia de la "Agencia Estatal de Administración Tributaria" (en adelante, "AEAT" o "Agencia Tributaria"), ante ese Registro de la Propiedad para ante la Dirección General de los Registros y del Notariado respetuosamente comparece y, como mejor en Derecho proceda, dice: Que, con base en el art. 324 LH ("Ley Hipotecaria"), viene a interponer recurso gubernativo contra la calificación de la Sra. Registradora de la Propiedad de Daimiel sin fecha y de la que ha tenido conocimiento extraprocesal la AEAT por la que se deniega y deja y en suspenso la inscripción derivada del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve. Este recurso se sustenta en los siguientes: Hechos. Único. Presentado por D. F. F. M. V. a la inscripción del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve. Disconformes con tal proceder, la "AEAT" se ve en la obligación de acudir ante ese Centro Directivo para la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Resultan de aplicación los siguientes, Fundamentos de Derecho. –I– De carácter adjetivo. Procede la interposición del presente recurso de acuerdo con lo previsto en la Ley Hipotecaria (art. 324 LH) presentado ante órgano hábil y en tiempo y forma para ello. La legitimación activa corresponde al Erario al resultar impedida la práctica de la anotación preventiva de embargo interesada siendo órgano competente para su resolución la Dirección General de los Registros y del Notariado. –II– De orden sustantivo. Primer motivo.–Defecto consistente en que no se ha seguido la normativa vigente para el procedimiento de ejecución. 1. El primer motivo del presente recurso se fundamenta en el exceso de la calificación registral, con vulneración de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) y 99 del Reglamento Hipotecario (en adelante, RH) que regulan la calificación registral corno medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad, en concreto, en relación con la calificación de documentos administrativos. Así, el artículo 18 LH dispone que "Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro." Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que «La calificación registral de documentos administrativos se extenderá. en todo caso. a la competencia del órgano, a su congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la: relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro.» La Sra. Registradora aduce en su nota que la calificación se ampara en la previsión del artículo 99 RH, que permite examinar que la resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido, y por tanto, los trámites e incidencias esenciales del mismo, con cita de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, "DGRN") de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y 2 de abril de 2018, aunque sin desarrollar más esta cuestión. Entendemos, por el contrario, que la calificación registral excede notoriamente de su ámbito propio, y que la Sra. Registradora de la Propiedad realiza una interpretación del artículo 99 RH incorrecta, vulneradora del principio de legalidad al rebasar el contenido del principio de calificación tal y como se deduce del artículo 18 de la Ley, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa. 2. En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos el registrador goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así "con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro. las consecuencias de una indefensión procesal." (Resolución de 25 de abril de 2018). En consonancia, la calificación de la "congruencia de la resolución con la clase de expediente seguido" implica examinar si en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es coherente con el mismo (es decir, si se ha adoptado una resolución propia del procedimiento de que se trate, y no una distinta) y si se han respetado los trámites esenciales del procedimiento, y, en particular, la audiencia del titular registral. En el presente caso, se cumplen estos requisitos, ya que el acta de adjudicación se ha dictado en el seno de un procedimiento de recaudación, siguiendo el procedimiento de apremio, y, en particular, los trámites de la enajenación por adjudicación directa, por lo que es absolutamente coherente con el procedimiento seguido. Asimismo, la adjudicación se ha acordado después de haber agotado el procedimiento de subasta, y habiendo cumplido los trámites esenciales de todo el procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo (providencia de apremio, diligencia de embargo, anuncios de subasta, etc.), notificados todos ellos al titular registral, que podría haber hecho uso de los derechos que la Ley le confiere a su favor. No vamos a entrar a especificar todos estos trámites y su cumplimiento en el presente caso, por cuanto que el respeto de los trámites del procedimiento de enajenación (tanto de la subasta como de la posterior adjudicación directa) no ha sido discutido por el registrador en su nota, siendo el único motivo de la calificación negativa el haber utilizado, supuestamente, un procedimiento incorrecto, lo que no caso supone ningún examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido. 3. Al respecto, aun no siendo una cuestión muy frecuente, es reiterada y pacífica la doctrina del centro directivo que recuerda que el examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y el respeto de los trámites esenciales de éste no puede suponer, en ningún caso, una valoración del procedimiento seguido por la Administración, siendo esto lo que precisamente se realiza en la nota impugnada, en la que el registrador deniega la inscripción solicitada considerando (en nuestra opinión erróneamente, en lo que abundaremos posteriormente) que desde el 1 de enero de 2018 no se puede acudir al procedimiento de adjudicación directa sino a una nueva subasta o bien a la adjudicación de los bienes a la Hacienda Pública, lo que supone, en suma, una valoración de la elección del procedimiento administrativo aplicable. Así, en la Resolución de 13 de marzo de 2007 (reiterada en otras posteriores, como la de 27 de octubre de 2007), la DGRN señaló (el resaltado es nuestro): "2. Como cuestión previa, de.be recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección" (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005). Ahora bien, que la Sra. Registradora pueda calificar la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y los trámites e incidencias esenciales de éste, no le convierte en órgano revisor de la legalidad administrativa, tarea que obviamente es de carácter jurisdiccional a través de los cauces legalmente previstos. En ese sentido, por congruencia debe entenderse si el documento administrativo de cuya inscripción se trata es coherente con el procedimiento seguido por la Administración Pública para su producción. Sería, a título de mero ejemplo, incoherente que una Administración Pública revisara un acto administrativo a través de un procedimiento de contratación pública y que se pretendiera la inscripción de aquel documento. En tal caso, es obvio que la Sra. Registradora ha de calificar negativamente tal documento administrativo porque el mismo está desligado plenamente del procedimiento seguido y elegido por la misma Administración Pública. Igualmente, la Sra. Registradora, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el art. 62.1.e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública "ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Se requiere, pues, un doble requisito, a saber, el carácter ostensible de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no se [sic] cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable sin necesidad de una particular interpretación jurídica. Una cuestión bien distinta es que la Sra. Registradora pueda valorar si el procedimiento seguido por la Administración Pública es el que debería haberse utilizado. Empero, tal posibilidad está vetada al registrador pues, en caso contrario, el mismo se convertiría en Juez y órgano revisor de la legalidad administrativa. La Administración Pública es obvio que ha de producir sus actos a través del procedimiento legalmente previsto, mas no es menos cierto que la decisión de su conformidad a la legalidad no le compete a la Sra. Registradora; es decir, no le compete a la Sra. Registradora analizar si el procedimiento que se debería haber seguido por la Administración es el elegido por ésta u otro. Le compete calificar si, en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento. Los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento no permiten que el registrador analice y enjuicie si la Administración Pública se equivocó en la elección del procedimiento a seguir, pues en tal caso no estaría calificando el documento sino la forma de producción de los actos de la Administración más allá de lo que permite la legalidad hipotecaria, siendo así que tal tarea es plenamente jurisdiccional y a instancia de quien es titular de un derecho subjetivo o interés legítimo o a través de los mecanismos de revisión de acto administrativo por la misma Administración Pública; y, obvio es decirlo, el registrador no es el autor del acto ni es titular de derecho subjetivo o interés legítimo alguno. Pues bien, en el presente supuesto lo que hace el funcionario calificador es precisamente valorar si el procedimiento elegido es, o no, el que debería haberse utilizado. Y, como ha quedado expuesto, tal posibilidad le está vetada, so capa de convertirle en Juez." En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, incongruentemente citada por el registrador [sic] en su nota, ya que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, y concluir que no puede mantenerse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que "el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación". 4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten., salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso­-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-­administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE). Este juicio de legalidad que está realizando la Sra. Registradora en su nota, en la que de facto, se viene a declarar la nulidad de pleno de derecho (por supuesta omisión total del procedimiento legalmente establecido, ex art. 47.1.e) de la Ley 39/2015), cuando, es evidente, no ha existido ninguna omisión total, palmaria y ostensible del procedimiento administrativo, en los términos exigidos por la DGRN para poder fundamentar una calificación negativa y por la jurisprudencia contencioso-administrativa para poder declarar la nulidad radical, sino que solamente existe una discrepancia del procedimiento aplicable, basada en una discutible interpretación de una disposición, no ya de derecho sustantivo, sino de derecho transitorio, cuestión que analizaremos en el siguiente motivo del recurso. Como decíamos, no es esta una cuestión que genere gran controversia, como lo demuestra la escasa jurisprudencia existente al respecto. No obstante, la poca existente viene a ratificar la doctrina expuesta en el sentido de que la calificación registral no permite examinar la legalidad de las normas materiales aplicadas por la autoridad emisora del documento, ni la interpretación realizada por ésta. Al respecto podemos citar, por su similitud y reciente fecha, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de octubre de 2018, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la DGRN. En dicho pleito se discutía, de forma similar al presente caso, sobre la interpretación de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por el Letrado de Administración de Justicia, y la posibilidad subsiguiente de inscribir el Decreto de adjudicación dictado por el mismo. Pues bien, ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que "es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión", añadiendo la "incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación", puesto que "la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles (...)", todo ello "incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN". 5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero, fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye la Sra. Registradora en su nota, esto es, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) («por razones de urgencia justificadas en el expediente», o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente»). En suma, existen también otros supuestos en los que se sigue pudiendo acudir a este procedimiento, siendo absolutamente falso que esté derogado, por lo que no pudiendo la Sra. Registradora calificar si la Administración ha optado correctamente o no por el mismo y si ha motivado adecuadamente su elección, sino solamente si se han respetado sus trámites esenciales, fundamentalmente la audiencia al titular registral para comprobar que ha tenido ocasión de hacer valer esos supuestos defectos. 6. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimarnos que la interpretación realizada por la Sra. Registradora de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria. En esencia, se fundamenta la calificación en que a la luz de las Disposiciones Transitorias tercera y cuarta del RGR, desde el 1 de enero de 2018, una vez quede desierta la segunda subasta no es posible acordar la adjudicación directa de la finca, sino que lo único posible era proponer la adjudicación a la propia Hacienda Pública, o bien, comenzar un nuevo procedimiento de enajenación por subasta. Llega a esta conclusión la Sra. Registradora con base en una interpretación tanto literal como teleológica. De acuerdo con la primera, considera que la DT 4.ª del RGR se refiere solamente a las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, siendo solo estas normas las que se aplican a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018, mientras que para el resto de los preceptos, que no regulan el desarrollo de las subastas (esto es, el artículo 104 RGR), sino las consecuencias previstas para el caso de que queden desiertas, rige la regla general contenida en la DT 3.ª1, según la cual solo continuaran rigiéndose por la normativa anterior cuando el acuerdo de enajenación por subasta, autorización para enajenación por concurso, o el trámite de adjudicación directa se hubieran producido antes de la entrada en vigor de la modificación (1 de enero de 2018), lo que no es el caso ya que el acuerdo fue de 25 de abril de 2018. A lo apuntado se añade la interpretación teleológica, considerando que debe preferirse el nuevo régimen por cuanto que la adjudicación directa perjudica al deudor, y no beneficia en casi nada a la Hacienda Pública, al ser el precio muy inferior al valor de tasación. 7. Pues bien, consideramos que la interpretación sistemática y teleológica, y que debe primar sobre la interpretación literal, nos debe conducir a la solución contraria. De acuerdo con la interpretación literal sostenida por el registrador [sic], la DT es clara cuando pospone la entrada en vigor de las normas de desarrollo de las subastas, distinguiendo el desarrollo de las consecuencias de la subasta, y ciñendo las primeras al artículo 104 del RGR. Sin embargo, esta escisión de las normas resulta contraria a la interpretación sistemática y teleológica de la norma, debiendo primar ésta última. Desde el punto de vista sistemático, resulta absurdo escindir las normas del procedimiento de enajenación en dos categorías, considerando que las normas sustantivas entraron en vigor el 1 de enero de 2018, pero que las normas accesorias de desarrollo de la subasta, y de las que dependen aquéllas para producir sus efectos, postergaron su eficacia hasta el 1 de septiembre de 2018. La interpretación sistemática de la DT 4.ª RGR exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados (siendo evidente, en este punto, que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª (enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018. Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que "Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas". Parece claro que se refiere a todo el régimen global de subastas, y no solamente a sus normas accesorias o de desarrollo material, y ello porque la solución contraria no haría sino llevar a soluciones absurdas para los expedientes desarrollados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018, conculcando la interpretación teleológica de la norma. En efecto, de acuerdo con la Sra. Registradora, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, "La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad." Es decir, se elimina la adjudicación directa como procedimiento de enajenación, porque bajo el nuevo régimen de subastas se maximiza la concurrencia y agilidad de las mismas, siendo el anterior un procedimiento inútil. Estos objetivos no son meras proclamas programáticas, sino que para ello se articula un régimen de subasta que ya no es presencial, con presentación y ordenación de ofertas electrónicamente, y durante un plazo de tiempo tan alargado -veinte días- que supone eliminar incluso el régimen de primera y segunda subasta. El espíritu y finalidad de la norma es claro: maximizar la concurrencia y evitar subastas desiertas; por ello, no es necesario que exista la adjudicación directa para ese supuesto. Por ello, la entrada en vigor de toda la modificación tiene que ser necesariamente al unísono, careciendo de sentido suprimir la posibilidad de acudir a la adjudicación directa en caso de quede desierta la subasta mientras no hayan entrado en vigor las normas de desarrollo de las mismas de forma electrónica, puesto que bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas era una opción contemplada por el propio legislador. Por último, consideramos desacertada la interpretación sistemática realizada por la Sra. Registradora en su nota, según la cual la adjudicación directa era gravemente perjudicial para el deudor, sin generar un beneficio para la Hacienda Pública, razón por la cual es preferible, ante la duda existente, optar por el régimen nuevo sobre el anterior. Olvida la Sra. Registradora que fue el Legislador el que regula esta forma de enajenación, no pudiendo fundamentarse en esta sede los beneficios o perjuicios de un procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. Por otro lado, la Ley garantiza los derechos del deudor al intervenir en todo el procedimiento de apremio, y en el caso de la adjudicación directa, mediante la garantía de un precio mínimo de adjudicación (artículo 107.4 RGR). Segundo motivo.–Defecto por falta de correspondencia entre el mandamiento de cancelación y el acta de adjudicación puesto que el primero no comprende la cancelación de la propia carga que motiva el procedimiento de apremio -infracción del art. 107.9 RGR. La Sra. Registradora parte de una aplicación analógica entre las normas procesales y las normas del procedimiento administrativo. Disentimos respetuosamente de tal aserto. En primer lugar, la aplicación analógica de las normas del proceso civil al procedimiento administrativo de apremio es improcedente puesto que carece fundamento la existencia de dos cuerpos normativos completos que, además, regulan dos realidades bien distintas, a saber, la administración de Justicia (art. 117 CE) y el servicio al interés general de acuerdo con el art. 103 CE y los principios allí declarados, si no es pacata la anterior cuestión, el propio Reglamento Hipotecario dedica hasta dos preceptos bien diferentes para la calificación tanto del título judicial (art. 100 RH) como del administrativa (art. 99 RH), que, por ello, ya es elemento suficiente para desvirtuar tal violenta, a la par que forzada, labor de exégesis de la norma. A mayor abundamiento, incluso en los casos en que la propia normativa administrativa es insuficiente, ya se establece el criterio para colmar esas posibles lagunas, como es la propia normativa fiscal: de este modo, el art. 107.9 RGR prevé la aplicación de las normas generales de la subasta, que, en el caso aquí resultante, lo es el art. 104.bis.i en su integridad. De ahí, que no concordemos con la calificación combatida en cuanto a la laguna legal y su integración, que, añadimos, no tiene lugar de la forma que se afirma, sin perjuicio de las normas de aplicación general supletoria del procedimiento administrativo como prescribe el art. 97 LGT. Desarrollemos nuestra tesis. Siguiendo en este orden de ideas, la cancelación de la anotación o inscripción que asegura el crédito del ejecutante (véase, para la ejecución sobre bienes hipotecados, el art. 134 LH) resulta lógica si se piensa que el derecho que la carga atribuye al acreedor es el de realizar una sola vez la finca y aplicar la cantidad que se obtenga al pago de la deuda; no el de realizar la finca tantas veces como sea necesario hasta lograr la completa satisfacción de su derecho. Así, no es de extrañar que el art. 134 LH ordena por sí mismo la cancelación de la anotación o inscripción que asegura el crédito del ejecutante: en el Reglamento General de Recaudación tiene lugar en la forma que prevé el art. 107.7 RGR que necesariamente se debe conectar con la norma de la subasta, que es de aplicación supletoria en virtud del art. 107.9 RGR, que ordena extender un acta ordenando la cancelación de la anotación o inscripción y, por otra parte, si bien en el mismo documento público, ya que constituye una unidad, íntegra e indivisible, en el mandamiento solo se hará constar "3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario". Aquí radica el nervio de nuestra pretensión, difícilmente puede invocarse con tino la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como norma procedimental propia de la AEAT, en su condición de Administración Pública, cuando su única norma rectora en el procedimiento de apremio es la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación: de ahí que, como venimos afirmando, sea el mandamiento junto con el acto un instrumento único que da suficiente satisfacción y respuesta al último óbice puesto de manifiesto en la calificación aquí combatida. Procede, en consecuencia, dada la bondad de nuestro recurso, el éxito de nuestra pretensión de reforma, salvo el mejor y superior criterio de ese Centro Directivo al que tengo el honor de dirigirme, practicando la anotación preventiva interesada por el Erario Público. –III– De los documentos aportados "ex" art. 327 LH. Los documentos aportados cumplen con la exigencia del art. 327 LH, consistente en la calificación que es objeto del presente recurso. –IV– De la práctica de la anotación preventiva "ex" art. 42.9 LH. En los términos y efectos del art. 323.3 LH, se reclama la anotación preventiva a la que se refiere el art. 42.9 LH, en tanto que el recurso se promueve estando vigente el asiento de presentación. En su virtud, a ese Centro Directivo suplica, que tenga por presentado este escrito con su copia y documentos anejos, se sirva admitirlo y con él interpuesto el presente recurso gubernativo contra la calificación registral expuesto en el encabezamiento del presente escrito para que, tras la preceptiva tramitación, se dicte en su día resolución por la que, estimando las presentes alegaciones, se ordene la revocación de la calificación practicando la inscripción que resulta del título presentado». IV La registradora de la Propiedad de Daimiel, doña María Fernández Cora, emitió informe en defensa de la nota el día 28 de mayo de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo ese mismo día. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 26 y 99 del Reglamento Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995 y 21 de febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019. 1. En cuanto al primero de los defectos, se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución: – En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 28 de junio 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa. – La Mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 3 de diciembre de 2018 la enajenación directa y la adjudicación del bien. – El bien adjudicado estaba valorado en 12.437,28 euros y fue adjudicado a don L. C. G. C. por 651 euros. La registradora suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 28 de junio de 2018, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018. El recurrente se opone a la citada calificación por dos motivos: en primer lugar, por considerar que la registradora se extralimita en sus funciones calificadoras y, en segundo lugar, por considerar que la interdicción de la enajenación directa como procedimiento posterior y subsiguiente a una subasta desierta sólo rige a partir del 1 de septiembre de 2018, según resultaría, a su juicio, de una interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018». 2. En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar la certificación del acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo, cuestionada por el recurrente, hay comenzar recodando, conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que la calificación registral de los documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario). En efecto, cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019). En efecto, ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su función, goza el registrador de una mayor libertad para calificar el documento administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que están establecidas por las leyes y los reglamentos (cfr., entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980). Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces que, no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (cfr., entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011, 1 de junio de 2012, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 18 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019). Esta doctrina debe ponerse en relación con el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento administrativo en el que la Administración Pública haya prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido. Se requiere, pues, que la omisión del procedimiento legalmente establecido o de un trámite esencial sea ostensible. En este sentido, como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 5 de noviembre de 2007, 8 de marzo y 28 de abril de 2012, 11 de abril de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019), compete al registrador analizar si el procedimiento seguido por la Administración es el legalmente establecido para el supuesto de que se trate, salvo que la Administración pueda optar, porque legalmente así esté previsto, entre distintos procedimientos, en caso en que la elección de uno u otro es cuestión de oportunidad o conveniencia que el registrador no puede revisar. Al registrador también le compete calificar si, en el marco del procedimiento seguido por la Administración Pública, la resolución es congruente con ese procedimiento y si se han respetado los trámites esenciales del mismo. En particular, no puede dudarse sobre el carácter esencial de la forma de enajenación seguida -subasta, concurso o adjudicación directa-, y de sus respectivos requisitos y trámites esenciales (cfr. Resoluciones de 28 de abril de 2012, 11 de abril de 2018 y 6 de febrero de 2019). Y como señaló la Resolución de 7 de septiembre de 1992 y han reiterado las más recientes de 11 de octubre de 2018 y 6 de febrero de 2019, por imponerlo así el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, la calificación registral de los documentos administrativos se ha de extender entre otros extremos, «a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento», sin que obste a la calificación negativa el hecho de que los defectos puedan ser causa de anulabilidad, y no de nulidad de pleno derecho, pues al Registro sólo deben llegar actos plenamente válidos. Como hemos visto, en el presente caso la registradora cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor durante la realización de las fallidas subastas y cuando se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido y de sus trámites esenciales, y siendo estos extremos unos de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada. Como se ha dicho «supra», en los casos en que sea aplicable el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, podrá discutirse en el seno de un recurso contra una calificación registral si ésta fue o no acertada, si su juicio sobre las formalidades del documento, sobre la competencia del órgano, sobre la idoneidad del procedimiento, sobre la congruencia con el mismo de la resolución dictada, sobre los trámites esenciales de aquél, sus relaciones con el titular registral, o sobre los obstáculos del Registro, fue o no ajustado a Derecho, pero lo que no puede es negarse las facultades del registrador para calificar tales extremos, eludiendo el debate sobre su acierto o desacierto jurídico. 3. Resuelta la cuestión competencial en los términos indicados, procede entrar en el examen del fondo del recurso. La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la posterior Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, obligaban a una necesaria adaptación reglamentaria, lo que tuvo lugar mediante la aprobación del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Entre las novedades que se introducen con esta reforma, en lo que ahora nos interesa, destaca la modificación del régimen jurídico de la enajenación de los bienes embargados dentro del procedimiento de apremio, en particular, el procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de dichos procedimientos, así como la potenciación de los medios electrónicos, según se destaca en el preámbulo del citado Real Decreto 1071/2017. En concreto en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados destacan, entre otras, las siguientes novedades: se introducen los ajustes necesarios para adaptarlos al procedimiento electrónico previsto en el Portal de Subastas del «Boletín Oficial del Estado»; se establecen criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (inspirados en los términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). En relación con las subastas se introducen modificaciones en las normas relativas a su desarrollo, y entre ellas se dispone que la subasta sea única, eliminado la existencia de una primera y segunda licitación; se prevé que la presentación y ordenación de las ofertas será electrónica; se faculta a los licitadores a solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se produzca en favor de la mejor oferta -postura con reserva de depósito-; se prevé que a igualdad de pujas prevalece la primera en el tiempo; y se establece el umbral del 50% del tipo de subasta a efectos de que si fuera inferior a dicho umbral la mejor de las ofertas la Mesa podrá acordar la adjudicación del bien o lote o bien declarar desierta la subasta. En relación con el concurso se prevé que solo se puede utilizar como procedimiento para la enajenación de los bienes embargados cuando la realización por medio de subasta pueda producir perturbaciones nocivas en el mercado o cuando existan otras razones de interés público debidamente justificadas. Y finalmente, lo que resulta particularmente relevante a los efectos de este expediente, en cuanto a la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta desierta. Se refiere a esta última novedad el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 diciendo que «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación conforme al cual «1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar. b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente. c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente», que no incluye ya en su letra a), a diferencia de lo que ocurría en la redacción originaria de dicho precepto, el supuesto de la adjudicación directa cuando, después de realizada la subasta, queden bienes o derechos sin adjudicar. Que esto es así (es decir, que en la actualidad no cabe acudir a la enajenación mediante la adjudicación directa en los casos en que la subasta haya quedado desierta) lo admite incluso el propio recurrente al recordar que conforme al citado Preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». El debate se centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen. 4. En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018». Es en la interpretación de esta concreta disposición transitoria en la que se centra la discrepancia que ha de ser dilucidada en este recurso. Según la calificación impugnada esta disposición no extiende su ámbito de aplicación a la modificación introducida en el citado artículo 107 del Reglamento, relativa al procedimiento de enajenación por el trámite de la adjudicación directa, que por tanto habría entrado en vigor, conforme a la disposición final única del Real Decreto 1071/2017, el 1 de enero de 2018, por lo que estaría vigente en la fecha en que fue acordada en el expediente de apremio de que trae causa este recurso el inicio del trámite de la adjudicación directa, sin que en tal fecha concurriese o se hubiese acreditado ni invocado en el expediente ninguna de las causas habilitantes autorizadas por dicho artículo, en su versión reformada, para excepcionar la utilización del procedimiento de subasta como medio de enajenación de los bienes embargados, habiendo desaparecido con la reforma reglamentaria el supuesto habilitante invocado en la certificación calificada, esto es, la circunstancia de haber resultado desierta la previa subasta en primera y segunda licitación. Tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado»), como su interpretación finalista y sistemática conducen a la conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, según el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad», resulta contrario a dicha finalidad acudir, en defecto de adjudicación del bien a la propia Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que es lo que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 del citado Reglamento). Frente a ello el recurrente, aun reconociendo que la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta conduce a la tesis sostenida por la registradora, entiende que debe prevalecer en este caso una interpretación sistemática y teleológica de la misma, que diferiría de la anterior. Así sostiene en esencia que: a) La interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados, dado que, a su juicio, la adjudicación directa se debe considerar como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª («enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018». b) La eliminación por la reforma reglamentaria de la adjudicación directa como procedimiento de enajenación en los casos de subasta desierta responde a que, con el nuevo régimen de subastas (a cuyas novedades nos hemos referido «supra») permite maximizar la concurrencia y agilidad de las mismas, evitando las subastas desiertas, por lo que, conforme a ello, no resultaría ya necesario acudir a la adjudicación directa; frente a lo cual «bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas [las subastas] era una opción contemplada por el propio legislador». Este Centro Directivo, sin embargo, no puede acoger favorablemente ninguna de las razones que abonan esta tesis impugnativa, que en consecuencia debe desestimar. 5. En primer lugar, y en relación con la afirmación de que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso», con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda («desarrollo del procedimiento de apremio») del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de «desarrollo de la subasta», en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018. Podrá discutirse el alcance concreto de la necesidad, por su relación de conexión directa e inmediata, de entender incluida en la expresión «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», de la disposición transitoria cuarta, otras normas no incluidas en el citado artículo 104 (v.gr. las relativas al contenido del acuerdo de enajenación en cuanto hace referencia a la presentación de ofertas de forma electrónica ex artículo 101.1, o sobre las pujas electrónicas conforme al artículo 103.3, etc.). Ahora bien, en todo caso habrá de tratarse de normas relativas a la subasta, como específico y particular procedimiento de enajenación de bienes, y relacionadas con el procedimiento de electrónico mediante el que se ha de desarrollar o celebrar a través del referido Portal de Subastas oficial, pero en ningún caso las normas que sean ajenas a dicho procedimiento. El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del Preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es decir, claramente distinto de éste. Y precisamente se elimina por su menor grado de concurrencia y transparencia como se explica en el propio preámbulo, como «ratio» última de la reforma en este punto. Uno y otro constituyen procedimientos o formas de enajenación distintas (vid. artículo 100.1 del Reglamento: «Las formas de enajenación de los bienes o derechos embargados serán la subasta pública, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este reglamento»), siendo la subasta el procedimiento común, general u ordinario, que sólo puede quedar excluido en los casos expresamente previstos en la norma (vid. apartado 2 del mismo artículo: «El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación»). Así lo confirma también, destacando su autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria, conforme a la cual «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento». Se distinguen, por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa (además del concurso), resultando como elemento fáctico determinante e independiente para cada uno de los citados modos de enajenación en cuanto a su sujeción al ámbito temporal de vigencia de un régimen normativo u otro, la fecha del «acuerdo de enajenación mediante subasta» o del «inicio del trámite de adjudicación directa», respectivamente, entendidos como modos de enajenación diferentes, sin que la fecha del acuerdo de subasta arrastre la consecuencia de atraer a su propio régimen normativo al trámite de adjudicación directa, cuyo régimen vendrá determinado, como se ha dicho, por su propia fecha de inicio. Esta disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 1071/2017, según se desprende de la disposición transitoria decimotercera del Código, conforme al cual «los casos no comprendidos directamente en las disposiciones anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de fundamento». Todo lo cual impide admitir como criterio de interpretación el basado en la plena equiparación entre la subasta y la enajenación directa, como si de procedimientos o modos de enajenación indiferenciados se tratase, lo que no es posible legalmente ni desde el punto de vista transitorio, ni desde el punto de vista sustantivo o material. Repárese en que en el caso objeto de este expediente, al igual que sucede por ejemplo en el caso de las Entidades locales, también sujetas a la norma de la enajenación de sus bienes patrimoniales mediante subasta como regla general (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos», y por todas la más reciente de 6 de febrero de 2019), la sujeción obligada a dicha regla general (subasta) no resulta sólo de una interpretación literal de los preceptos que así lo prevén, sino también del sentido teleológico de tales normas. Su finalidad no es otra sino salvaguardar la publicidad, competencia y libre concurrencia (que debe regir en la contratación con las Administraciones Públicas a fin de lograr el mejor postor en la adquisición de unos bienes que por su especial carácter de pertenecientes al patrimonio del citado organismo público deben servir al interés general, como también sucede en este caso, por estar llamados tales bienes a cubrir con su realización forzosa el pago de los débitos tributarios u otros créditos públicos, por lo que resulta conforme con el interés público obtener el mejor precio posible con su enajenación). Es más, como ha puesto de manifiesto este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos») en congruencia con el carácter excepcional y singular de la permuta (en el caso de las Entidades locales), como única vía elusiva de la subasta, su admisibilidad ha sido sometida a una interpretación restrictiva por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en sus Sentencias de 15 de junio de 2002 y 5 de enero de 2007 (con invocación de otras anteriores), en las que se insiste en la idea de que «el significado de esa regla [enajenación mediante subasta] va más allá de ser una mera formalidad secundaria o escasamente relevante, pues tiene una estrecha relación con los principios constitucionales de igualdad y eficacia de las Administraciones públicas que proclaman los artículos 14 y 103 de la Constitución. Y la razón de ello es que, a través de la libre concurrencia que es inherente a la subasta, se coloca en igual situación a todos los posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, al mismo tiempo, se amplía el abanico de las opciones posibles del Ente Local frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes». Y en razón a esta explícita teleología de la norma, concluye el Alto Tribunal afirmando que «ello conduce a que la exigencia del expediente que en este precepto se establece para, a través de la permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, únicamente podrá considerarse cumplida cuando, no sólo exista un expediente que autorice la permuta, sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las concretas razones que hagan aparecer a aquélla (la permuta) no ya como una conveniencia sino como una necesidad». Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad (reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el ámbito de aplicación propio de la misma. 6. Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya simultáneamente en otra que no lo es, pues el hecho de que el aumento de la concurrencia pueda disminuir los supuestos que en la práctica puedan darse de subastas desiertas, no implica en modo alguno que éstas ya no puedan darse, como lo demuestra el hecho de que, en contra de lo que afirma el recurrente, se siguen contemplando en el Reglamento. En efecto, el hecho de que las nuevas subastas electrónicas puedan quedar desiertas está explícitamente previsto en una de las nuevas normas del Reglamento, en concreto en el nuevo artículo 104 bis (sobre «adjudicación y pago») al disponer que «finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas: a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura. b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta». Por tanto, en caso de que la mejor postura ofrecida no alcance el 50% del tipo de subasta del bien (tipo que, no existiendo cargas o gravámenes sobre la finca, como sucede en este caso, será como mínimo el importe de su valoración conforme al artículo 97.6 del Reglamento), la Mesa de la Subasta debe decidir si la oferta es suficiente, lo que en caso de decisión favorable dará lugar a un acuerdo de adjudicación del bien o lote al postor que presentó la mejor oferta, y en caso de decisión desfavorable conducirá a un acuerdo de declaración de subasta desierta. Por tanto, el razonamiento del recurrente de que la previsión de que tras una subasta desierta procedía la apertura del trámite de adjudicación directa desaparece con la reforma del Real Decreto 1071/2017 porque, con el nuevo régimen de subastas electrónicas, el Reglamento ya no contempla la posibilidad de subastas desiertas, carece de fundamento. En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 12.437,28 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 651 euros, es decir algo más del 5,23% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien». Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas» -o en caso de no entender procedente esta adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación-. La adjudicación a la Hacienda Pública, conforme al citado precepto de la Ley General Tributaria, «se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación». Es decir, en el presente caso dicha adjudicación se habría producido por el importe íntegro de la deuda, produciendo su pago total y no parcial como ha sucedido. Por otro lado, y desde el punto de vista del deudor, tal adjudicación a la Hacienda Pública habría extinguido totalmente la deuda (siempre que el importe de ésta no rebase el 75% del tipo inicial), sin dejar un remanente insatisfecho que pueda ser perseguido sobre otros bienes de su patrimonio (y ello a pesar de haber perdido la propiedad del bien ejecutado cuyo valor rebasa con mucho el precio de adjudicación). Obsérvese que, como pone de manifiesto el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, entre las novedades de la reforma se incluye el establecimiento de «criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (en los mismos términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», siendo relevante a estos efectos la explícita alusión que hace el preámbulo al citado precepto de la ley procesal civil, uno de cuyos criterios de adjudicación es precisamente el de garantizar que, en vía de principios, el precio de adjudicación «cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas» (en defecto de lo cual «el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor»). Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, la reciente Resolución de 5 de abril de 2019) al pronunciarse sobre la interpretación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al precio de adjudicación de los bienes en los procedimientos de ejecución judicial (en particular en relación con los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, invocada en el preámbulo del Real Decreto de reforma del Reglamento General de Recaudación, como hemos visto) «admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito con cargo al bien hipotecado), y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra». Todo lo cual conduce necesariamente a la desestimación del recurso interpuesto, en cuanto al primer motivo del recurso. En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación (artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los argumentos del recurrente en cuanto a este punto. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en cuanto al primero de los defectos recurridos y confirmar, en cuanto a este punto la nota de calificación de la registradora, y asimismo estimar el recurso en cuanto al segundo defecto recurrido y revocar, en cuanto a este segundo defecto la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña M. R. M., abogada, en nombre y representación de una comunidad de propietarios de Vitoria, contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Vitoria número 5, doña María Carolina Martínez Fernández, por la que se suspende una anotación preventiva de embargo derivada de un procedimiento ejecutivo seguido contra una herencia yacente como consecuencia de gastos generados en una comunidad de propietarios. Hechos I Mediante testimonio judicial expedido por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria el día 25 de febrero de 2019, del decreto de ejecución de títulos judiciales seguido contra una herencia yacente por deudas generadas por gastos de una comunidad de propietarios, en unión del correspondiente mandamiento, se solicitó la anotación preventiva de embargo de una finca en el Registro de la Propiedad número 5 de Vitoria. II Presentado el día 25 de febrero de 2019 dicho testimonio de la sentencia en el Registro de la Propiedad número 5 de Vitoria, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Doña María Carolina Martínez Fernández, Registradora de la Propiedad de Vitoria n.º 5, previo examen y calificación, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, he resuelto no practicar la inscripción solicitada por defecto conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: Diario/Asiento: 70/1366. F. presentación: 25/02/2019. Entrada: 756. Contenido: anotación de embargo. Autorizante: Servicio Común Procesal de Ejecución Civil Social Contencioso Administrativo autos: 2251423/2012. Hechos y fundamentos de Derecho: – Es necesario acreditar el fallecimiento del titular registral don E. J. L. L. C. con el correspondiente certificado de defunción. – Asimismo, siguiéndose el procedimiento frente a la "herencia yacente.... de don E. J. L. L. C."… A. Como ha afirmado reiteradamente el Centro Directivo, es principio básico de nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él –cfr. artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria–, alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión –cfr. artículo 24 de la Constitución Española– y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos regístrales –cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria–. Este principio deriva a su vez de la legitimación registral pues si conforme al artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción "iuris tantum" de exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en "Vistos", que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero si el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución –cfr. artículo 24 de la Constitución Española–, ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial "los obstáculos que surjan del Registro", y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial. Como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador "–...–debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, ‘no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte’". También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 que, de una forma contundente, afirma lo siguiente: "esta función revisora deberá hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art 18 LH y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art 100 RH. Conforme al art 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsablidad [sic], la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud de solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos, en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento juicio en que su hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero si comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal". Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión –artículo 24.1 de la Constitución Española– y al proceso con todas las garantías –artículo 24.2 de la Constitución Española– de la demandante, titular registral, en los siguientes términos: "–...–el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de les suyos propios". B. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina del Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente –Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 3 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los "Vistos"–. Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 790 y siguientes exige la adopción de medidas de aseguramiento del caudal hereditario en los procedimientos judiciales de división de herencia entre ellas el nombramiento de un administrador judicial ex artículo 795 del Código Civil cuando fallecido el causante no conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. Atribuye por tanto en los supuestos de herencia yacente gran importancia a la posibilidad o no de intervención de posibles llamados a la herencia. Contra esta nota de calificación se podrá: (…) Vitoria, a diez de abril del año dos mil diecinueve.–La Registradora (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora)». III Contra la anterior nota de calificación, doña M. R. M., abogada, en nombre y representación de una comunidad de propietarios de Vitoria, interpuso recurso el día 21 de mayo de 2019 en virtud de escrito y en base a los siguientes argumentos: «(…) a) Antecedentes: Con fecha de 10 de abril de 2012 se interpone una demanda de procedimiento monitorio contra D. E. J. L. L. C., propietario de la vivienda (…) en reclamación de 776,90 euros en concepto de recibos de la comunidad impagados. Dicha demanda dio lugar al procedimiento monit. prop. hori n.º 532/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vitoria-Gasteiz (…). Una vez admitida la demanda, se notifica a la parte demandada y, según consta en la diligencia de notificación, D. C. L. L. manifiesta al Juzgado que el demandado falleció hace tiempo, en el año 99 (…) Por tanto, en función de las manifestaciones del hermano del fallecido, se procede a citar como demanda a la herencia yacente de D. J. L. L. C., citándose a la misma al procedimiento a través de D. G. L. L. (…) En todo momento la herencia yacente ha sido notificada en este procedimiento, a través de los herederos, de cuantas resoluciones recaían, pudiendo hacer valer en todo momento sus derechos. Dado que los herederos de D. J. L. L. no abonaron la deuda, se inició la fase ejecutivo [sic], dando lugar a la ejecución títulos judiciales N.º 1423/2012 (…) Como en el procedimiento de origen todas las notificaciones se han realizado a los herederos del propietario registral, compareciendo estos en el Juzgado cuando lo estimaban oportuno para alegar lo que a su derecho conviniera. Así, por ejemplo se adjunta a este escrito varías comparecencias de D.ª A. L. L. C. en la que manifiesta su precariedad económica para hacer frente a la deuda (…) b) El 20 de junio de 2016 la Comunidad de Propietarios de la C/ (…) de Vitoria-Gasteiz vuelve a presentar demanda en reclamación de cuotas (…), que da lugar al procedimiento monitorio 932/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Vitoria-Gasteiz. La parte demandada no se opone al monitorio y se dicta Decreto dando por finalizado el mismo (…) Con posterioridad, se presenta demanda ejecutiva, la cual da lugar a la Ejecución de Títulos Judiciales n.º 2260047/2014 (…). Este procedimiento ejecutivo finalmente se acumula al de ejecución títulos judiciales n.º 1423/2012 (…). c) El 24 de marzo de 2014 la Comunidad de Propietarios de la C/ (…) de Vitoria-Gasteiz vuelve a presentar demanda en reclamación de cuotas (…), que da lugar al procedimiento monitorio 359/2014 del Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Vitoria-Gasteiz. La parte demandada no se opone al monitorio y se dicta Decreto dando por finalizado el mismo (…). Con posterioridad, se presenta demanda ejecutiva, la cual da lugar a la Ejecución de Títulos Judiciales n.º 1078/2014 (…). Este procedimiento ejecutivo finalmente se acumula al de ejecución títulos judiciales n.º 1423/2012. d) El 21 de abril de 2016 la Comunidad de Propietarios de la C/ (…) de Vitoria-Gasteiz vuelve a presentar demanda en reclamación de cuotas (…), que da lugar al procedimiento monitorio 365/2016 del Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Vitoria-Gasteiz. En este caso, la parte demandada se opone al monitorio a través de D.ª A. L. L. Como prueba, la Sra. L. L. aporta el certificado de defunción del propietario registral y manifiesta al Juzgado que aún no han otorgado Declaración de Herederos o Escrituras de Aceptación de Herencia, (…) Finalmente, se declara finalizado el proceso monitorio y se dicta Decreto dando por finalizado el mismo (…). Con posterioridad, se presenta demanda ejecutiva, la cual da lugar a la Ejecución de Títulos Judiciales n.º 2154/2017. (…) En este [sic] ejecución vuelve a comparecer el día 8 de Noviembre de 2.017 D.ª A. L. L. y explica la situación legal de la herencia del titular registral de la vivienda (…) Este procedimiento ejecutivo finalmente se acumula al de ejecución títulos judiciales n.º 1423/2012. e) El 30 de octubre de 2017 la Comunidad de Propietarios de la C/ (…) de Vitoria-Gasteiz vuelve a presentar demanda en reclamación de cuotas (…) que da lugar al procedimiento monitorio 792/2017 del Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Vitoria-Gasteiz. La parte demandada no se opone al monitorio y se dicta Decreto dando por finalizado el mismo (…) Con posterioridad, se presenta demanda ejecutiva, la cual da lugar a la Ejecución de Títulos Judiciales n.º 127/2018 (…). Este procedimiento ejecutivo finalmente se acumula al de ejecución títulos judiciales n.º 1423/2012. f) Dado que todos los procedimientos ya mencionados se encuentran en fase de ejecución, al amparo de lo dispuesto en el art. 555 de la LEC, las ejecuciones se acumulan en la 2251423/2012 -C-APRE-G6 del Servicio Común Procesal de Ejecución (…) Es en este procedimiento en el que se acuerda el embargo de la vivienda y se expide el mandamiento cuya inscripción se ha denegado. Como se puede comprobar, los herederos del titular registrales han sido debidamente notificados de todas y cada una de las resoluciones recaídas en estos procedimientos, sin que en ningún momento fuera necesario acudir a la notificación mediante Edictos. Las notificaciones se han realizado en el domicilio del fallecido, donde actualmente, viven D.ª A. L. L. y su hermano, D. C. L. L., ambos herederos de D. E. J. L. L., en la forma que D.ª A. explico al Juzgado en comparecencia de 8 de Noviembre de 2.017 (…) Como todos sabemos, el art. 6 de la LEC reconoce capacidad para ser parte en los procesos a las "masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración" como son las herencias yacentes. Consiguientemente, las herencias yacentes tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas físicas y/o jurídicas a la hora de comparecer en juicio, siéndoles de aplicación todas las normas procesales previstas en la LEC, incluidas la forma de practicar las notificaciones, emplazamientos u otros actos de comunicación judicial. En consecuencia, los herederos conocían la existencia de todos los procedimientos judiciales Iniciados por la comunidad en reclamación de las deudas, llegando a oponerse a algunas de las demandas y recibiendo notificaciones del Juzgado, el cual ha cumplido en todo momento las normas de notificación previstas en los art 149-168 de la LEC. Por todo ello, esta parte considera que durante la tramitación del procedimiento judicial se ha observado por parte del órgano judicial, encargado de velar por el respeto de la ley, todas las normas procesales para garantizar los derechos de la Herencia Yacente y respetando lo que la propia calificación exige que es «mediante la intervención en el proceso de alguno de los interesados en dicha herencia yacente», siendo evidente que D.ª A. L. L. conocía los procesos judiciales, intervino bien mediante continuas comparecencias bien mediante representación procesal en alguna ocasión e hizo valer sus derechos cuando lo estimo pertinente. Procede, a juicio de esta parte, la estimación del recurso y la inscripción del embargo en el Registro de la Propiedad. Tercero. Por otra parte señalar que las normas civiles o procesales que rigen el proceso civil no exigen que en los procesos que se tramitan contra Herencias Yacentes sea necesario el nombramiento de un administrador judicial, por lo que si no los exigen las normas procesales o de fondo civiles, este requisito no se puede exigir por la Sra. Registradora de la Propiedad para proceder a tal inscripción. El Reglamento Hipotecario en ningún momento impone al Registrador estas condiciones para proceder a inscribir una anotación de embargo. El art. 100 del Reglamento Hipotecario señala. «La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro» Es decir, que el Registrador de la Propiedad únicamente tendrá que comprobar la competencia del Juzgado, la congruencia del mandato con el procedimiento o la forma extrínseca del documento. Es decir, que si todos esos requisitos se cumplen habrá de inscribir la anotación de embargo. En el presente caso, la Sra. Registradora de la propiedad no señala que se produzca ningún defecto de los que se señalan en el art. 100 del Reglamento, por lo que tenía que haber procedido a su inscripción. Del mismo modo, el art 140 del mismo cuerpo legal señala: "Se hará anotación preventiva de todo embargo de bienes inmuebles o derechos reales que se decrete en juicio civil o criminal, aunque el embargo sea preventivo o en procedimiento administrativo de apremio, debiendo observarse las reglas siguientes: 1.º) Si la propiedad de la finca embargada apareciese inscrita a favor de una persona que no sea aquella contra quien se hubiese decretado el embargo, se denegará o suspenderá la anotación, según los casos. Los Registradores conservarán uno de los duplicados del mandamiento judicial y devolverán el otro con arreglo a lo prevenido en el art. 133. 2.º) Si la propiedad de los bienes embargados no constare inscrita se suspenderá la anotación del embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la suspensión del mismo. 3.º) Los interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al considerado como dueño, o a su representante en el procedimiento, para que se subsane la falta verificando la inscripción omitida; y caso de negarse, podrán solicitar que el Juez o Tribunal lo acuerde así cuando tuvieren o pudieren presentar los títulos necesarios al efecto. 4.º) Cuando en virtud de sentencia ejecutoria se acuerde la venta de los bienes embargados, podrán también los interesados, si el propietario se niega a presentar la titulación, suplir su falta por los medios establecidos en el tít. VI de la Ley. 5.º) Los interesados podrán solicitar, en su caso, que se saquen a subasta los bienes embargados, con la condición de que el rematante verifique la inscripción omitida antes o después del otorgamiento de la escritura de venta, en el término que sea suficiente y el Juez o Tribunal señale, procediendo, al efecto, según lo expresado en las reglas anteriores. Los gastos y costas que se causen por resistencia del propietario a hacer la inscripción serán de cuenta del mismo. Estas mismas reglas se aplicarán a las demás anotaciones en cuanto lo permita su respectiva índole. Este precepto recoge el mandado que hace el Reglamento Hipotecario al Registrador de la Propiedad de inscribir todo mandamiento judicial de embargo siempre y cuando se cumplan unas reglas, las cuales se cumplen en el presente caso. En ningún momento se establece que el Registrador podrá suspender la inscripción de los bienes de una herencia yacente si no en el proceso no se ha nombrado un administrador judicial. Tampoco impone al Registrador la obligación de velar porque el órgano jurisdiccional que ha emitido el mandamiento de embargo ha cumplido las formalidades procesales en las notificaciones realizadas al ejecutado. Considera esta parte que la injerencia de la Sra. Registradora en las funciones judiciales no está amparada por la Ley, dicho sea con los debidos respetos y en términos de la más estricta defensa, por lo que cuando la Sra. Registradora deniega esta inscripción valorando si en el procedimiento se han observado la ley y se han salvaguardado los derechos del ejecutado, lo que está haciendo es cuestionar el trabajo del órgano jurisdiccional y la legalidad del procedimiento ejecutivo, labor que no tiene asignada entre sus funciones. Haciendo referencia al caso de las herencias yacentes, el art. 166 del Reglamento Hipotecario señala que "Las anotaciones preventivas se practicarán en la misma forma que las inscripciones y contendrán las circunstancias determinadas en general para éstas, haciendo constar, además, las siguientes: 1.º) Si se pidiese anotación preventiva de embargo en procedimientos seguidos contra herederos indeterminados del deudor, por responsabilidades del mismo, se expresará la fecha del fallecimiento de éste. Cuando el procedimiento se hubiese dirigido contra herederos ciertos y determinados del deudor, también por obligaciones de éste, se consignarán, además, las circunstancias personales de aquellos.» El propio reglamento hipotecario, prevé que se dicten anotaciones de embargo en los procedimientos seguidos contra las herencias yacentes exigiendo únicamente que se señale la fecha de fallecimiento del deudor. Nada se exige respecto al nombramiento del administrador judicial o respecto a notificaciones a los posibles herederos, puesto que como señala el propio artículo, son indeterminados y como tales, es imposible notificarles absolutamente nada personalmente, cabiendo únicamente la notificación por edictos a los herederos desconocidos, tal y como se ha hecho en este procedimiento. En consecuencia, entiende esta parte que si la Ley y el Reglamento Hipotecario no exigen para la inscripción requisitos distintos que los establecidos en los art. 100,140 y 166 del citado Reglamento, no se puede denegar por los motivos recogidos en los Fundamentos de Derecho A y B de la Calificación y más cuando de forma alguna se han vulnerado los derechos de defensa de la parte ejecutada al haberse cumplido escrupulosamente las normas procesales que regulan este tipo de procedimientos. Cuarto. Con todo lo anterior, lo que esta parte quiere recalcar es que en este procedimiento se han observado rigurosamente las normas que rigen el proceso civil, teniendo por demandada en ejecución a la herencia yacente, tal y como permite el art. 6 de la LEC. A la herencia yacente se le han practicados las notificaciones en la forma prevista en la LEC, del mismo modo que se hubiera realizado con una persona física o jurídica. Por otra parte reiterar que las normas hipotecarias no exigen el cumplimiento de otros requisitos que los previstos en los art. 100, 140 y 166 del Reglamento Hipotecario, por lo que se deniega la calificación negativa sin base alguna y sin acreditar ninguna merma de los derechos de la ejecutada. En caso contrario, la generalización de las negativas a inscribir los embargos por este motivo nos llevaría a dejar en manos de los ejecutados la posibilidad de su inscripción o no ya que la simple negativa a comparecer en el proceso o recoger las notificaciones, podría suponer que no se pudieran inscribir los mismos basándose en una posible vulneración de los derechos de los deudores. Por otra parte y fijando la mirada en la parte ejecutante, nos encontramos con que la Comunidad demandada no puede hacer efectivo su derecho de cobro de las deudas a pesar de haber cumplido con todas las formalidades del proceso, viéndose impedida a cobrar una deuda por valor de más de 11.000 euros, con el consiguiente perjuicio para el resto de los vecinos que se ven obligados a adelantar y suplir las cuotas de los propietarios morosos. Siendo absolutamente indiferente que el deudor sea una persona física, una persona jurídica o una herencia yacente ya que ni las normas civiles, procesales o hipotecarias dan un tratamiento procesal distinto a los mandamientos de embargo en unos u otros casos, por lo que donde la ley no diferencia no han de diferenciar los agentes encargados de su aplicación. En el caso de que no se proceda a la inscripción, el perjuicio que se causa a la Comunidad es importantísimo puesto que la misma se vería obligada a retrasar el cobro de sus deudas a que alguna persona quiera aceptar la herencia de los titulares registrales de la vivienda, lo cual teniendo en cuenta la existencia de las deudas, parece poco improbable, incluso en el caso último del Estado, y en este caso, la Sra. Registradora en aras a un supuesta salvaguarda de los derechos de los ejecutados lo que haría es mermar manifiestamente y dejar sin contenido los derechos de la ejecutante, impidiendo que se satisfagan sus derechos de cobro, reconocidos legalmente, a través del vía de apremio prevista en la LEC. Y entonces la pregunta es: ¿Es legítimo impedir a la ejecutante realizar el cobro de una deuda reconocida judicialmente en un proceso en el que se han observado las normas procesales en aras a una pretendida indefensión de los derechos de los ejecutados que ni siquiera se concreta en qué consiste?, ¿qué es lo que legitima que se otorguen más derechos de notificación y comparecencia en juicio a la figura de la herencia yacente que a una persona física/jurídica cuando la ley no lo hace?, ¿Por qué se ha de velar por los derechos de la herencia yacente cuando los posibles herederos no se preocupan por los mismos; no es su responsabilidad hacerlo y no la del Sr. Registrador? Por todo lo anterior, consideramos que no existe motivo alguno para denegar la anotación de embargo, por lo que se solicita que se estime el recurso y se proceda a la anotación del mismo. A los motivos anteriores son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho I. Permite el recurso gubernativo el art. 324 de la Ley Hipotecaria, que establece que las calificaciones negativas del Registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de Registros y del Notariado, en la forma y según los trámites que prevén los artículos siguientes. II. Legitimación. Concurre legitimación en el compareciente, tanto en su condición de persona física, adquirente de la finca, como en su condición de solicitante de la anotación de embargo, al amparo de lo dispuesto en el art. 325, apartado a), de la Ley Hipotecaria. III. El presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la calificación, y contempla los requisitos que a tal fin exige el art. 326 de la Ley Hipotecaria, designándose a efectos de notificaciones el domicilio del compareciente, que a la vez es domicilio social de la mercantil recurrente, que figura en el encabezamiento. IV. Resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 6 y 149-168 de la LEC, así como lo dispuesto, en los art. 100,140 y 166 del Reglamento Hipotecario». IV La registradora suscribió informe el día 3 de junio de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo, indicando que, notificada con fecha 25 de mayo de 2019 la interposición del recurso al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria, no ha formulado alegaciones. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24 de la Constitución Española, 18, 20, 38, 40 y 326 de la Ley Hipotecaria; 6, 522, 538, 629, 790 y siguientes y 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 9 y 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; 100, 140 y 166 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005, 12 de junio de 2008 y 3 de marzo de 2011, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo y 23 de octubre de 2012, 28 de enero, 4 de abril, 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 22 de octubre y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo y 8 de septiembre de 2016 y de 14 de marzo de 2018. 1. Es objeto de este recurso resolver sobre la posibilidad de anotar en el registro de la propiedad un embargo seguido contra la herencia yacente de un titular registral, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias de hecho: El título presentado y objeto de calificación refleja la existencia de un procedimiento monitorio consecuencia del impago de los gastos derivados de una comunidad de propietarios, y como consecuencia de su no atención se insta un proceso ejecutivo cuyo apremio genera un embargo que es objeto de anotación a través del correspondiente mandamiento. De este último, que es el que resulta presentado en el Registro se deduce que el procedimiento es seguido contra una herencia yacente, sin constar actuación adicional en relación a sus eventuales herederos o contra los ocupantes del inmueble que ha generado los gastos que resultan ser objeto de reclamación. La registradora, en su nota de calificación estima dos defectos que impiden la práctica de la anotación solicitada. Por un lado, que no queda acreditado el fallecimiento del titular registral, y en segundo que entablándose la demanda y el procedimiento ejecutivo contra los integrantes de una herencia yacente de manera genérica o abstracta, sin la efectiva participación de los herederos o en su defecto de un administrador judicial, se produce una indefensión en la parte demandada, vulnerando el principio de tracto sucesivo contemplado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. La recurrente, sin embargo, aporta de nuevas al trámite de recurso como justificantes de intervención los autos de reclamación -y en algún caso, de ejecución- de las deudas mencionadas, entendidos con algunos interesados en la comunidad hereditaria sucesora en la deuda generada por el titular registral, considerando que la negativa del registrador a la práctica de la anotación impide el cumplimiento del mandato judicial ordenando el embargo del bien. 2. En primer lugar, debemos recordar que el recurso contra la calificación puede versar únicamente en relación al título objeto de presentación a calificación y laca nota emitida por el registrador al verificar ésta, tal y como se recoge en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». Por ello, cualquier pretensión, alegación o justificación basada en otra documentación (como la emitida por el recurrente en relación a los documentos anexos relacionados) no pueden ser tenida en consideración, y si desea que sean tenidos en cuenta para su correcta calificación deberán ser presentados como tales ante el Registro, y no dentro del trámite de recurso. Es por ello que las pretensiones basadas en dicha documentación no pueden ser apreciada dentro de este expediente. 3. Por ello, debe estudiarse el caso teniendo como base únicamente el decreto despachando ejecución en unión del mandamiento de anotación de embargo, del que resulta un procedimiento de apremio derivado de un proceso monitorio, en favor de una comunidad de propietarios, y dirigido contra la herencia yacente del titular registral de la finca, sin acreditar su fallecimiento, en correspondencia con la nota de calificación emitida por el registrador. Atendiendo al primero de los defectos alegados, en cuanto a la necesidad de acreditar el fallecimiento del titular registral, debe recordarse que el artículo 166 del Reglamento Hipotecario señala en su número 1 que «si se pidiese anotación preventiva de embargo en procedimientos seguidos contra herederos indeterminados del deudor, por responsabilidades del mismo, se expresará la fecha del fallecimiento de éste». Tanto la causa de la apertura de la sucesión, originada por el fallecimiento del titular registral como la fecha del óbito, habrán de incluirse en el mandamiento o en el decreto por el que se despacha ejecución, por lo que la exigencia del registrador es en este caso acertada. Como antes se ha señalado, la aportación del certificado de defunción dentro de la tramitación del recurso no es el momento adecuado para su eventual solución, debiendo ser objeto de presentación a calificación de manera independiente y propia junto con el título principal. Por ello este defecto debe ser mantenido. 4. Entrando a analizar el segundo de los defectos, debemos valorar si con la intervención en el proceso ejecutivo de la herencia yacente como parte demandada se cumple el principio de tracto sucesivo alegado por el registrador en su calificación. El indicado principio de tracto sucesivo interrumpido, reflejo de la interdicción de la indefensión y de la protección de la tutela judicial efectiva consignada en el artículo 24 de la Constitución Española, impone que no podrá alterarse la posición registral vigente en los libros del registro en tanto no comparezca dicho titular registral autorizando la alteración que se solicita, o bien que en un procedimiento judicial o administrativo dirigido contra él o sus herederos se inste la misma, obteniendo resolución firme que así lo establezca. En este sentido, la doctrina de nuestro Alto Tribunal (véase a modo de ejemplo la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013 según la cual, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, «no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte») y del propio Tribunal Constitucional (Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española) han confirmado dicha garantía procesal de intervención para poder alterar la titularidad o los derechos consignados en el registro en favor de su titular, siendo dicha circunstancia objeto de calificación por parte del registrador al recaer dentro del ámbito de aplicación del artículo 100 del Reglamento Hipotecario, por ser auténticos obstáculos que surjan del propio registro. Para el caso específico de las acciones interpuestas contra herederos desconocidos de un titular registral, o en general de situaciones de herencia yacente -en las que no ha habido aceptación hereditaria- esta doctrina si bien consolidada ha sufrido alguna variación pero sin que ello implique una disminución esencial en la garantía expuesta de evitar situaciones de indefensión. Así resulta de Resoluciones de este Centro Directivo reseñadas en los «vistos». Sirva a modo de ejemplo lo señalado en la Resolución de 14 de marzo de 2018: «En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente. Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 790 y siguientes exige la adopción de medidas de aseguramiento del caudal hereditario en los procedimientos judiciales de división de herencia –entre ellas el nombramiento de un administrador judicial ex artículo 795 del Código Civil– cuando fallecido el causante no conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. Atribuye, por tanto -en los supuestos de herencia yacente- gran importancia a la posibilidad o no de intervención de posibles llamados a la herencia. En este sentido no cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial, en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su aceptación. Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral sería pertinente la designación de un administrador judicial. Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia"». Esta regla general, una vez más, queda matizada en el ámbito de las deudas generadas en los casos de gastos generales devengados en el marco de las comunidades de propietarios. Dentro de este espectro, la regulación específica establece un sistema propio de determinación, reclamación y persecución de las deudas, intentado facilitar el cobro de las mismas. De esta manera, las relaciones obligatorias entre el propietario y la comunidad se reconducen, estableciendo el artículo 9 de la de la Ley sobre propiedad horizontal como obligación de cada propietario, entre otras, a «comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo», añadiendo el apartado i) del mismo artículo la obligación de «comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local» y que «quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél, a repetir sobre éste». La eventual reclamación de las cantidades debidas, se recoge en el artículo 21 de la propia ley, que se remite al procedimiento monitorio, simplificando de manera señalada su tramitación. En este sentido, y tal y como ya se consideró en Resoluciones previas (véanse los fallos de 23 de octubre de 2012 y de 4 de abril de 2013) el artículo 21.2 de la citada Ley establece como requisito para la utilización del procedimiento monitorio la «previa certificación del acuerdo de la junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9». Además, el artículo 21.4 prevé que «se podrá dirigir la reclamación contra el titular registral» que gozará del derecho de repetir contra quien corresponda ser el deudor. Lo cierto es que en este supuesto de demanda contra la herencia yacente y contra los herederos indeterminados o desconocidos del causante viene a ser la parte demandada que sustituye al propietario fallecido mientras no conste la aceptación de herederos determinados, por lo que constando dicho causante como titular registral, se cumple el requisito de demandar a la herencia yacente y herederos indeterminados o desconocidos del titular registral, pues no consta ningún otro titular que se haya preocupado de hacer constar en el Registro su titularidad a efectos de sus relaciones con la comunidad de propietarios, pero ello siempre que dicha herencia yacente haya intervenido cumpliendo los requisitos mínimos antes analizados que impidan su indefensión y garanticen la tutela judicial efectiva, es decir, que la demanda se haya notificado algún posible interesado en la comunidad hereditaria, o que haya sido nombrado un administrador judicial para el caso. No debe obviarse que la presunción legitimadora del asiento es «a todos los efectos legales» y por tanto, en lo que beneficia o perjudica al titular registral, dispensando el asiento, en virtud de su presunción, de la carga de desvirtuación por parte de la comunidad de propietarios, máxime cuando en el procedimiento monitorio cumplen sobradamente con dirigir la demanda contra el titular registral habiendo cumplido además las notificaciones que son presupuesto de la propia viabilidad del procedimiento monitorio, que significan una nueva carga para los propietarios y no para la junta de propietarios acreedora de los gastos de comunidad que tiene necesidad de reclamar judicialmente los gastos obligatorios porque no se han pagado, incumpliendo los propietarios la obligación legal de realizar esos pagos evitando así que repercutan en los demás propietarios con los que vive en comunidad. Esta tramitación, más ágil que la regla general, sin embargo, impone que las deudas cuyo pago se ejercita por vía de embargo procedan de un procedimiento monitorio, que se haya intentado notificar al titular registral o en otro caso, que de haber fallecido se haya dirigido el procedimiento contra sus herederos, aunque estos fueran indeterminados o desconocidos, pero que éstos –en la forma señalada– hayan podido intervenir para evitar su indefensión. En esta Resolución, como queda dicho, no se tienen en cuenta los documentos presentados por el recurrente en sus alegaciones, sin perjuicio de que puedan ser presentados nuevamente ante el registrador y obtener una nueva calificación registral. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 26 de julio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.