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    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 El principio de legalidad exige poner de manifiesto los defectos que se observen, aun cuando sea extemporáneamente.
    PRINCIPIO LEGALIDAD REGISTRAL, CALIFICACION REGISTRAL
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 No puede valorarse en el recurso documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada.
    CUESTION NUEVA RECURSO GUBERNATIVO
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 El recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.
    RECURSO GUBERNATIVO, DEFECTO TITULO INSCRIBIBLE
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.
    FUSION SOCIEDADES, ABSORCION SOCIEDAD, ESCISION SOCIEDAD, APORTACION CAPITAL SOCIAL, INFORME EXPERTO INDEPENDIENTE
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 Sin examinar las extensas y prolijas argumentaciones en contrario del recurrente, la Dirección General afirma que la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente “es indudable”, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.
    FUSION SOCIEDADES, ABSORCION SOCIEDAD, ESCISION SOCIEDAD, APORTACION CAPITAL SOCIAL, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA,
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 Vía interpretación y “porque” el precepto reglamentario -que dice otra cosa- estaba acomodado a una legislación ya derogada, entiende la Dirección General que no basta con que el administrador diga que ha realizado la oportuna comunicación a los acreedores y que ha transcurrido el plazo de oposición, sino que debe acreditar la fecha de la comunicación, para poder calificar el cumplimiento de tal plazo.
    FUSION SOCIEDADES, ABSORCION SOCIEDAD, ESCISION SOCIEDAD, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA, ACREEDOR, FACULTADES ADMINISTRADOR, PLAZO, CALIFICACION REGISTRAL
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12834 La oposición de los acreedores a la fusión o escisión no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero, si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas, el acreedor podrá impugnar el proceso de fusión, por lo que sus trámites son calificables.
    FUSION SOCIEDADES, ABSORCION SOCIEDAD, ESCISION SOCIEDAD, ACREEDOR, IMPUGNACION ACUERDO JUNTA
    Resumen:

    La calificación ha de ser unitaria y global, pero ello no puede prevalecer sobre el principio fundamental del sistema registral de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente, y sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el registrador.

    Por otra parte, no pueden ahora valorarse documentos que no se presentaron en el momento de la calificación impugnada. Y es igualmente doctrina reiterada que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

    En las fusiones y escisiones, se exige la cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o beneficiaria, de manera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente, y sin perjuicio de que la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones simplificadas.

    En el presente, caso la falta de cobertura de la nueva cifra de capital social de la sociedad absorbente es indudable, como resulta de las consideraciones expresadas en la calificación impugnada.

    [El neto patrimonial de la sociedad absorbida, descontado el valor patrimonial de su participación en la absorbente, es inferior al capital ampliado de la absorbente]

    De la escritura resulta la afirmación del compareciente de que tal acuerdo fue comunicado a los acreedores individualmente y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que haya habido oposición por ninguno de ellos.

    La Ley establece que no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

    El ordenamiento se ha ocupado de proteger los intereses de los acreedores de las sociedades involucradas pues, aun no formando parte del procedimiento de fusión, el efecto esencial de ésta, la sucesión universal, les afecta profundamente al modificarse la persona de su deudor sin que hayan prestado su consentimiento.

    La Ley de Sociedades Anónimas de 1989 potenció el derecho de información reconociendo a los acreedores la facultad de obtener copia íntegra del acuerdo y del balance de fusión, manteniendo el derecho de oposición, de modo que de no satisfacerse o garantizarse los créditos de acreedores disidentes la fusión no podía llevarse a cabo.

    Sin embargo, la importante reforma acometida por la Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, por la que se lleva a cabo la transposición de la correspondiente Directiva , alteró profundamente el contenido tradicional del derecho de oposición que ya no puede impedir la eficacia plena del procedimiento, pero si la fusión se ha llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición y sin prestación de las cautelas previstas el acreedor pueda solicitar del registrador mercantil que se haga constar por nota marginal el ejercicio de su derecho de oposición.

    De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual sea irrelevante respecto de los acreedores; bien al contrario, en cuanto manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión, por lo que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que permitan al registrador calificar este extremo.

    El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última comunicación que se haya realizado a los acreedores. El Reglamento del Registro Mercantil deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación especial; y expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

    Téngase en cuenta no obstante que el texto de tal precepto del Reglamento se acomoda a los requerimientos del derogado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que exigía en cualquier caso la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» cuya fecha sí que exige expresamente. Es decir, entre los requisitos que exige se encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

    Por ello, es indudable que la escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12833 El cierre registral por baja fiscal de la sociedad no exceptúa la inscripción del cese del administrador.
    CIERRE REGISTRAL, PAGO DEUDA TRIBUTARIA, CESE ADMINISTRADOR
    Resumen:

    El cierre registral como consecuencia de la baja provisional de la sociedad en el Indice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es prácticamente total, del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Indice.

    Ni siquiera puede inscribirse el cese de los administradores.

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12832 Para inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad, es preceptiva e insoslayable la previa en el Registro Civil del régimen económico matrimonial del adquirente casado; lo que se acreditará por certificación, libro de familia o nota al pie del documento.
    REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL, REGISTRO CIVIL, INSCRIPCION OBLIGATORIA
    Resumen:

    El Reglamento del Registro Civil exige, que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil, que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por defecto subsanable.

    La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación, sino también de oponibilidad frente a terceros. Sin ella, la inscripción en el Registro de la Propiedad podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

    No constituye obstáculo a esta conclusión el hecho de que los cónyuges afirmen en la escritura calificada que compran para su patrimonio privativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil,

    [Código Civil Artículo 1323. Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.]

    pues dicha consecuencia es efecto natural del régimen de separación de bienes que tiene eficacia entre los cónyuges desde el otorgamiento de las capitulaciones, sin que puedan trasladarse a este supuesto las consideraciones que, respecto del régimen de gananciales, expresó este Centro Directivo en sus Resoluciones de 12 de junio de 2020, citadas por el recurrente.

    [Atribución de privatividad -por semejanza a la de ganancialidad- que pactan al adquirir los cónyuges casados en gananciales]

    09/10/2020 (23/10/2020) BOE-A-2020-12832 La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación, sino también de oponibilidad frente a terceros.
    REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL, REGISTRO CIVIL, INSCRIPCION OBLIGATORIA, TERCERO CIVIL
    Resumen:

    El Reglamento del Registro Civil exige, que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil, que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por defecto subsanable.

    La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación, sino también de oponibilidad frente a terceros. Sin ella, la inscripción en el Registro de la Propiedad podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

    No constituye obstáculo a esta conclusión el hecho de que los cónyuges afirmen en la escritura calificada que compran para su patrimonio privativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil,

    [Código Civil Artículo 1323. Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.]

    pues dicha consecuencia es efecto natural del régimen de separación de bienes que tiene eficacia entre los cónyuges desde el otorgamiento de las capitulaciones, sin que puedan trasladarse a este supuesto las consideraciones que, respecto del régimen de gananciales, expresó este Centro Directivo en sus Resoluciones de 12 de junio de 2020, citadas por el recurrente.

    [Atribución de privatividad -por semejanza a la de ganancialidad- que pactan al adquirir los cónyuges casados en gananciales]

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