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    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12905 También en los documentos judiciales deben constar los datos personales del adquirente y el transmitente, así como su números de identificación fiscal.
    CIRCUNSTANCIAS INSCRIPCION, RESOLUCION JUDICIAL, CODIGO IDENTIFICACION FISCAL
    Resumen:

    Uno de los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria, que debe ser observado también en los mandamientos judiciales, es que en todo documento inscribible consten las circunstancias personales de las personas a cuyo favor se pretenda la inscripción.

    Deberá constar en el propio mandamiento si la persona a favor de quien se va a practicar la inscripción es soltero, viudo, separado o divorciado y de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (cosa que pudiera ocurrir si la prescripción se hubiera ganando durante la vigencia de un sistema de comunidad) el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge. Otras circunstancias, como el domicilio, si en el mandamiento consta el DNI del usucapiente, podrán suplirse por instancia privada.

    Respecto de la exigencia de describir la finca en la sentencia, en los antecedentes de hecho de la misma, se dice expresamente su signatura registral. Con ello se entiende suficientemente identificada.

    También es necesario hacer constar el CIF de la parte demandada, exigencia aplicable a los documentos de naturaleza judicial o administrativa. Así resulta del Reglamento Hipotecario.

    También debe confirmarse el defecto relativo al incumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si bien basta con la mera comunicación, sin necesidad de autoliquidación.

    Al tratarse la usucapión de una adquisición originaria, no queda otra alternativa que cancelar la inscripción anterior, por tanto, el juzgado, mediante el oportuna mandamiento, ha de ordenar la cancelación de la inscripción contradictoria.

    La prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme presentada en el Registro, en sí misma es la causa o título que debe expresarse en la inscripción. La existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar, al tratarse –esta sí– de una cuestión de fondo.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12905 De los datos identificativos del titular, el nombre, documento de identidad, estado civil y nombre del cónyuge y régimen matrimonial, en su caso, deben constar en la propia escritura; los domicilios pueden aportarse mediante instancia.
    CIRCUNSTANCIAS INSCRIPCION, RESOLUCION JUDICIAL, CODIGO IDENTIFICACION FISCAL, INSTANCIA LEGITIMADA
    Resumen:

    Uno de los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria, que debe ser observado también en los mandamientos judiciales, es que en todo documento inscribible consten las circunstancias personales de las personas a cuyo favor se pretenda la inscripción.

    Deberá constar en el propio mandamiento si la persona a favor de quien se va a practicar la inscripción es soltero, viudo, separado o divorciado y de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (cosa que pudiera ocurrir si la prescripción se hubiera ganando durante la vigencia de un sistema de comunidad) el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge. Otras circunstancias, como el domicilio, si en el mandamiento consta el DNI del usucapiente, podrán suplirse por instancia privada.

    Respecto de la exigencia de describir la finca en la sentencia, en los antecedentes de hecho de la misma, se dice expresamente su signatura registral. Con ello se entiende suficientemente identificada.

    También es necesario hacer constar el CIF de la parte demandada, exigencia aplicable a los documentos de naturaleza judicial o administrativa. Así resulta del Reglamento Hipotecario.

    También debe confirmarse el defecto relativo al incumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si bien basta con la mera comunicación, sin necesidad de autoliquidación.

    Al tratarse la usucapión de una adquisición originaria, no queda otra alternativa que cancelar la inscripción anterior, por tanto, el juzgado, mediante el oportuna mandamiento, ha de ordenar la cancelación de la inscripción contradictoria.

    La prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme presentada en el Registro, en sí misma es la causa o título que debe expresarse en la inscripción. La existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar, al tratarse –esta sí– de una cuestión de fondo.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12905 También en los documentos judiciales se produce el cierre registral por incumplimiento de deberes fiscales relativos al impuesto municipal de plusvalía, aunque basta con hacer una comunicación, sin autoliquidación.
    RESOLUCION JUDICIAL, CIERRE REGISTRAL, IMPUESTO PLUS-VALIA, AUTOLIQUIDACION IMPUESTOS
    Resumen:

    Uno de los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria, que debe ser observado también en los mandamientos judiciales, es que en todo documento inscribible consten las circunstancias personales de las personas a cuyo favor se pretenda la inscripción.

    Deberá constar en el propio mandamiento si la persona a favor de quien se va a practicar la inscripción es soltero, viudo, separado o divorciado y de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (cosa que pudiera ocurrir si la prescripción se hubiera ganando durante la vigencia de un sistema de comunidad) el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge. Otras circunstancias, como el domicilio, si en el mandamiento consta el DNI del usucapiente, podrán suplirse por instancia privada.

    Respecto de la exigencia de describir la finca en la sentencia, en los antecedentes de hecho de la misma, se dice expresamente su signatura registral. Con ello se entiende suficientemente identificada.

    También es necesario hacer constar el CIF de la parte demandada, exigencia aplicable a los documentos de naturaleza judicial o administrativa. Así resulta del Reglamento Hipotecario.

    También debe confirmarse el defecto relativo al incumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si bien basta con la mera comunicación, sin necesidad de autoliquidación.

    Al tratarse la usucapión de una adquisición originaria, no queda otra alternativa que cancelar la inscripción anterior, por tanto, el juzgado, mediante el oportuna mandamiento, ha de ordenar la cancelación de la inscripción contradictoria.

    La prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme presentada en el Registro, en sí misma es la causa o título que debe expresarse en la inscripción. La existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar, al tratarse –esta sí– de una cuestión de fondo.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12905 Reitera la Dirección General su particular doctrina que permite que los documentos judiciales describan la finca objeto de la sentencia indicando únicamente su signatura registral.
    IDENTIDAD FINCA REGISTRAL, DESCRIPCION FINCA REGISTRAL, RESOLUCION JUDICIAL, CIRCUNSTANCIAS INSCRIPCION, SIGNATURA REGISTRAL, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA
    Resumen:

    Uno de los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria, que debe ser observado también en los mandamientos judiciales, es que en todo documento inscribible consten las circunstancias personales de las personas a cuyo favor se pretenda la inscripción.

    Deberá constar en el propio mandamiento si la persona a favor de quien se va a practicar la inscripción es soltero, viudo, separado o divorciado y de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (cosa que pudiera ocurrir si la prescripción se hubiera ganando durante la vigencia de un sistema de comunidad) el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge. Otras circunstancias, como el domicilio, si en el mandamiento consta el DNI del usucapiente, podrán suplirse por instancia privada.

    Respecto de la exigencia de describir la finca en la sentencia, en los antecedentes de hecho de la misma, se dice expresamente su signatura registral. Con ello se entiende suficientemente identificada.

    También es necesario hacer constar el CIF de la parte demandada, exigencia aplicable a los documentos de naturaleza judicial o administrativa. Así resulta del Reglamento Hipotecario.

    También debe confirmarse el defecto relativo al incumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si bien basta con la mera comunicación, sin necesidad de autoliquidación.

    Al tratarse la usucapión de una adquisición originaria, no queda otra alternativa que cancelar la inscripción anterior, por tanto, el juzgado, mediante el oportuna mandamiento, ha de ordenar la cancelación de la inscripción contradictoria.

    La prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme presentada en el Registro, en sí misma es la causa o título que debe expresarse en la inscripción. La existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar, al tratarse –esta sí– de una cuestión de fondo.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12905 La prescripción adquisitiva o usucapión es, en sí misma, la causa o título que debe expresar la inscripción; la existencia o no de justo título y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria son cuestiones que habrá valorado el juez y que el registrador no pueda revisar (independientemente de que las pueda revisar o no, es que no son la causa, que es el defecto aducido).
    USUCAPION, CAUSA CONTRATO, INSCRIPCION REGISTRAL, CALIFICACION REGISTRAL, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA, JUSTO TITULO
    Resumen:

    Uno de los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria, que debe ser observado también en los mandamientos judiciales, es que en todo documento inscribible consten las circunstancias personales de las personas a cuyo favor se pretenda la inscripción.

    Deberá constar en el propio mandamiento si la persona a favor de quien se va a practicar la inscripción es soltero, viudo, separado o divorciado y de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (cosa que pudiera ocurrir si la prescripción se hubiera ganando durante la vigencia de un sistema de comunidad) el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge. Otras circunstancias, como el domicilio, si en el mandamiento consta el DNI del usucapiente, podrán suplirse por instancia privada.

    Respecto de la exigencia de describir la finca en la sentencia, en los antecedentes de hecho de la misma, se dice expresamente su signatura registral. Con ello se entiende suficientemente identificada.

    También es necesario hacer constar el CIF de la parte demandada, exigencia aplicable a los documentos de naturaleza judicial o administrativa. Así resulta del Reglamento Hipotecario.

    También debe confirmarse el defecto relativo al incumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si bien basta con la mera comunicación, sin necesidad de autoliquidación.

    Al tratarse la usucapión de una adquisición originaria, no queda otra alternativa que cancelar la inscripción anterior, por tanto, el juzgado, mediante el oportuna mandamiento, ha de ordenar la cancelación de la inscripción contradictoria.

    La prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en la sentencia firme presentada en el Registro, en sí misma es la causa o título que debe expresarse en la inscripción. La existencia o no de justo título civil para la prescripción, y si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, es una cuestión que habrá valorado el juez al adoptar su decisión, sin que el registrador pueda revisar, al tratarse –esta sí– de una cuestión de fondo.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12904 La anotación preventiva del procedimiento de deslinde sólo se contempla para una vez iniciado el procedimiento de deslinde, con intervención de los interesados.
    ANOTACION PREVENTIVA, DESLINDE ADMINISTRATIVO, SERVIDUMBRE PASO, AGRICULTURA/GANADERIA
    Resumen:

    La Ley de Vías Pecuarias que dispone que, cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia. De modo que la publicidad registral sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.

    En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el procedimiento.

    No obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos, el Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.

    Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.

    Ahora bien, la Ley Hipotecaria dispone que, cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera.

    En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota pretendida adolece una falta de determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción de la finca; advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.

    En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito.

    La falta de deslinde de la vía pecuaria, con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde. No podemos olvidar la presunción derivada del principio de legitimación registral.

    No obstante lo anterior, en el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha como colindante titular de la vía pecuaria de una cañada real, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el registrador entonces titular, procediéndose a la inscripción de la base gráfica. Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites correspondientes.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12904 Cabe anotar en el Registro la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera; pero, en el caso concreto, la solicitud de la Administración se limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción de la finca; advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.
    NOTA MARGINAL REGISTRAL, CALIFICACION SUELO, SERVIDUMBRE PASO, AGRICULTURA/GANADERIA
    Resumen:

    La Ley de Vías Pecuarias que dispone que, cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia. De modo que la publicidad registral sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.

    En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el procedimiento.

    No obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos, el Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.

    Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.

    Ahora bien, la Ley Hipotecaria dispone que, cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera.

    En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota pretendida adolece una falta de determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción de la finca; advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.

    En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito.

    La falta de deslinde de la vía pecuaria, con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde. No podemos olvidar la presunción derivada del principio de legitimación registral.

    No obstante lo anterior, en el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha como colindante titular de la vía pecuaria de una cañada real, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el registrador entonces titular, procediéndose a la inscripción de la base gráfica. Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites correspondientes.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12904 La falta de deslinde de la vía pecuaria, con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde.
    DESLINDE ADMINISTRATIVO, SERVIDUMBRE PASO, AGRICULTURA/GANADERIA
    Resumen:

    La Ley de Vías Pecuarias que dispone que, cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia. De modo que la publicidad registral sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.

    En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el procedimiento.

    No obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos, el Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.

    Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.

    Ahora bien, la Ley Hipotecaria dispone que, cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera.

    En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota pretendida adolece una falta de determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción de la finca; advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.

    En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito.

    La falta de deslinde de la vía pecuaria, con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde. No podemos olvidar la presunción derivada del principio de legitimación registral.

    No obstante lo anterior, en el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha como colindante titular de la vía pecuaria de una cañada real, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el registrador entonces titular, procediéndose a la inscripción de la base gráfica. Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites correspondientes.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12904 Estando inscrita la georreferenciación de la finca, su descripción está bajo legitimación registral, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá prueba en contrario, en el correspondiente deslinde administrativo.
    DESLINDE ADMINISTRATIVO, GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, PRINCIPIO LEGITIMACION,
    Resumen:

    La Ley de Vías Pecuarias que dispone que, cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia. De modo que la publicidad registral sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.

    En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el procedimiento.

    No obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos, el Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.

    Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.

    Ahora bien, la Ley Hipotecaria dispone que, cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera.

    En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota pretendida adolece una falta de determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción de la finca; advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.

    En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito.

    La falta de deslinde de la vía pecuaria, con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde. No podemos olvidar la presunción derivada del principio de legitimación registral.

    No obstante lo anterior, en el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha como colindante titular de la vía pecuaria de una cañada real, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el registrador entonces titular, procediéndose a la inscripción de la base gráfica. Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites correspondientes.

    19/07/2021 (30/07/2021) BOE-A-2021-12903 Tras repetir, por extenso, sus argumentos en contra, la Dirección General -aunque parece que tampoco del todo- acata la doctrina del Tribunal Supremo que entiende que la solicitud de certificación de dominio y cargas, hecha para la ejecución, implica la tácita solicitud de prórroga, por cuatro años, de la anotación preventiva de embargo.
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION, CANCELACION CARGA REGISTRAL, PRINCIPIO PRIORIDAD REGISTRAL, RANGO REGISTRAL, ANOTACION PREVENTIVA EMBARGO, ADJUDICACION SUBASTA PUBLICA, PRORROGA ANOTACION PREVENTIVA, CERTIFICACION CARGA REGISTRAL, TRIBUNAL SUPREMO, PRINCIPIO SEGURIDAD JURIDICA
    Resumen:

    La emisión de la certificación de cargas y la extensión de la nota marginal de expedición de certificación constituyen una prórroga temporal, de cuatro años, de la anotación preventiva de embargo, de forma que durante este periodo podrá hacerse valer el efecto de cancelación de cargas posteriores del eventual decreto de adjudicación dictado en esa ejecución. Por lo que resultará (im)procedente la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo, cuando haya sido solicitada y emitida certificación de cargas en el procedimiento de ejecución, mientras no transcurra el plazo de cuatro años desde esta última fecha. De tal forma que, mientras no haya transcurrido este plazo, si se presenta en el Registro de la propiedad el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas, resultará procedente la inscripción y la cancelación de cargas solicitada, dejando únicamente a salvo las eventuales inscripciones de derechos adquiridos después de que en el registro ya no constara la anotación de embargo por haberse cancelado el asiento.

    En el supuesto de hecho, al tiempo de la presentación del mandamiento de prórroga en el Registro, que es la fecha que ha de tenerse en cuenta de acuerdo con los principios básicos del procedimiento registral (y no la fecha de solicitud de la prórroga en el juzgado) las anotaciones preventivas –respecto de las cuales no se habían expedido certificación de cargas– ya estaban caducadas, por lo que no concurría el presupuesto necesario para la prórroga que es la de su vigencia.

    El carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la trascendencia erga omnes de la institución registral y la naturaleza misma de la prórroga, solo predicable de los asientos en vigor, determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo caducada.

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