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    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3658 La inscripción requiere la previa autoliquidación por todos los impuestos que gravan el negocio, algo que debe resultar del oportuno impreso o de una diligencia de la Administración competente.
    INSCRIPCION REGISTRAL, AUTOLIQUIDACION IMPUESTOS, CIERRE REGISTRAL
    Resumen:

    En el caso de este expediente, queda justificado que ha sido presentado el documento y autoliquidado e ingresado un impuesto, mediante la diligencia de presentación y pago de la Agencia Tributaria. Sin embargo, dicha diligencia no acredita cuál es el impuesto que se ha autoliquidado y pagado (si bien no sería éste el único medio de acreditar ese hecho).

    Deberá acreditarse la autoliquidación y pago del concreto impuesto -o de los varios impuestos, en su caso- que grava el negocio que se pretende inscribir.

    En cuanto al segundo defectos, no se discute ni por el notario autorizante de la escritura y recurrente ni por el registrador si es necesario o no aportar la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y el certificado del estado de deudas con la comunidad de propietarios para poder practicar la inscripción de la compraventa, de acuerdo con la normativa catalana, sino si existe o no identidad entre la finca registral vendida y el departamento al que se refieren dichos certificados y cédula.

    Tal correspondencia ha de establecerse sobre la base de lo que resulta del Registro y de los documentos aportados.

    Individualmente considerados cada uno de los certificados aportados pudiera no ser suficiente para acreditar que los mismos se refieren a la finca registral transmitida. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los documentos aportados y examinados en su conjunto, así como a las manifestaciones de la parte vendedora contenidas en la escritura, puede llegarse a la conclusión razonable de que los mismos sí se están refiriendo a la finca transmitida.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3658 Particular supuesto, en el que se discute la correspondencia de la finca registral con los documentos que la ley -catalana- obliga a unir a la escritura de compraventa (certificado de eficiencia energética, cédula habitabilidad, certificado de deuda de la comunidad); la Dirección General resuelve en base a las circunstancias del caso.
    IDENTIDAD FINCA REGISTRAL, ENERGIA, GASTO COMUNIDAD, CEDULA HABITABILIDAD, COMPRAVENTA, CATALUÑA, DOCUMENTO UNIDO A MATRIZ
    Resumen:

    En el caso de este expediente, queda justificado que ha sido presentado el documento y autoliquidado e ingresado un impuesto, mediante la diligencia de presentación y pago de la Agencia Tributaria. Sin embargo, dicha diligencia no acredita cuál es el impuesto que se ha autoliquidado y pagado (si bien no sería éste el único medio de acreditar ese hecho).

    Deberá acreditarse la autoliquidación y pago del concreto impuesto -o de los varios impuestos, en su caso- que grava el negocio que se pretende inscribir.

    En cuanto al segundo defectos, no se discute ni por el notario autorizante de la escritura y recurrente ni por el registrador si es necesario o no aportar la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y el certificado del estado de deudas con la comunidad de propietarios para poder practicar la inscripción de la compraventa, de acuerdo con la normativa catalana, sino si existe o no identidad entre la finca registral vendida y el departamento al que se refieren dichos certificados y cédula.

    Tal correspondencia ha de establecerse sobre la base de lo que resulta del Registro y de los documentos aportados.

    Individualmente considerados cada uno de los certificados aportados pudiera no ser suficiente para acreditar que los mismos se refieren a la finca registral transmitida. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los documentos aportados y examinados en su conjunto, así como a las manifestaciones de la parte vendedora contenidas en la escritura, puede llegarse a la conclusión razonable de que los mismos sí se están refiriendo a la finca transmitida.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3657 El Código Civil determina los casos en que los documentos privados tienen fecha fehaciente, pero ésta no conlleva presunción de autoría, capacidad o validez del negocio, requisitos que pueden ser obviados por todos los interesados, pero entre los que se encuentra un fideicomisario de residuo cuyo derecho depende de la validez de la venta documentada.
    FECHA AUTENTICA, DOCUMENTO PRIVADO, ELEVACION A PUBLICO, UNANIMIDAD, SUSTITUCION FIDEICOMISARIA
    Resumen:

    El artículo 1227 del Código Civil efectivamente determina la fehaciencia de la fecha de los documentos privados, pero atribuye a los documentos privados ninguna presunción de autoría, ni de capacidad, ni de validez de los mismos, requisitos que pueden ser obviados cuando los únicos interesados son los mismos firmantes de su elevación a público o de sus herederos, en cuanto ellos sean los únicos y exclusivos interesados.

    Sin embargo, existiendo terceros interesados, como ocurre en el presente expediente, en el que existe una sustitución fideicomisaria de residuo a favor de tercero, que puede resultar perjudicada por la existencia y validez del documento privado, será preciso que dicho interesado admita su autoría y validez o, en su defecto, se inste el correspondiente proceso judicial. Además, en el presente caso, en el segundo de los contratos de compraventa elevado a público, quien firmó el contrato no fue sino un apoderado de la vendedora, por lo que ni siquiera se cumpliría respecto de este contrato el requisito primario del fallecimiento de uno de los firmantes, para que la fecha se tenga por fehaciente.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3657 Cuando el negocio se otorga por apoderado, la fehaciencia de la fecha deriva, en su caso, de la muerte del apoderado que lo firma, no de la del otorgante representado.
    FECHA AUTENTICA, DOCUMENTO PRIVADO, REPRESENTACION
    Resumen:

    El artículo 1227 del Código Civil efectivamente determina la fehaciencia de la fecha de los documentos privados, pero atribuye a los documentos privados ninguna presunción de autoría, ni de capacidad, ni de validez de los mismos, requisitos que pueden ser obviados cuando los únicos interesados son los mismos firmantes de su elevación a público o de sus herederos, en cuanto ellos sean los únicos y exclusivos interesados.

    Sin embargo, existiendo terceros interesados, como ocurre en el presente expediente, en el que existe una sustitución fideicomisaria de residuo a favor de tercero, que puede resultar perjudicada por la existencia y validez del documento privado, será preciso que dicho interesado admita su autoría y validez o, en su defecto, se inste el correspondiente proceso judicial. Además, en el presente caso, en el segundo de los contratos de compraventa elevado a público, quien firmó el contrato no fue sino un apoderado de la vendedora, por lo que ni siquiera se cumpliría respecto de este contrato el requisito primario del fallecimiento de uno de los firmantes, para que la fecha se tenga por fehaciente.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3656 No corresponde al recurso pronunciarse sobre la nulidad de una anotación preventiva, ni ordenar su cancelación en base a ello.
    RECURSO GUBERNATIVO, CANCELACION CARGA REGISTRAL, ANOTACION PREVENTIVA, ANOTACION PREVENTIVA EMBARGO, PRINCIPIO SALVAGUARDIA JUDICIAL, NULIDAD
    Resumen:

    El objeto del recurso es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, y no la determinación de la procedencia o no de practicar una cancelación de una anotación preventiva de embargo como consecuencia de su nulidad.

    Por otra parte, fuera de los casos de cancelación por caducidad no puede el registrador actuar de oficio ni en base a solicitudes puramente privadas, sino que se requiere para su cancelación mandamiento judicial por tribunal competente.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3656 Salvo por caducidad, no puede el registrador cancelar una anotación preventiva, ni de oficio ni en base a solicitudes privadas; se requiere mandamiento judicial.
    CANCELACION CARGA REGISTRAL, ANOTACION PREVENTIVA, ANOTACION PREVENTIVA EMBARGO, PRINCIPIO SALVAGUARDIA JUDICIAL, NULIDAD, ACTUACION DE OFICIO, INSTANCIA LEGITIMADA, PRINCIPIO ROGACION REGISTRAL
    Resumen:

    El objeto del recurso es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, y no la determinación de la procedencia o no de practicar una cancelación de una anotación preventiva de embargo como consecuencia de su nulidad.

    Por otra parte, fuera de los casos de cancelación por caducidad no puede el registrador actuar de oficio ni en base a solicitudes puramente privadas, sino que se requiere para su cancelación mandamiento judicial por tribunal competente.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3655 La cesión o encomienda por ambos cónyuges a uno solo de ellos del ejercicio de todas los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio, respecto de acciones o participaciones de carácter ganancial, no transmite la propiedad y no puede ser la base de una unipersonalidad sobrevenida; tal cesión permanece en el ámbito de la representación voluntaria; (la Dirección General ofrece una poco clara solución alternativa, en base a un negocio de comunicación de bienes que no detalla).
    TRANSMISION ACCIONES, ACCIONES SOCIEDAD ANONIMA, PARTICIPACION SOCIEDAD LIMITADA, TRANSMISION PARTICIPACION, SOCIEDAD UNIPERSONAL, BIEN GANANCIAL, DERECHOS INDIVIDUALES SOCIO, DERECHO VOTO, SOCIO, ADMINISTRACION GANANCIALES, REPRESENTACION, COMUNICACION BIENES, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION,
    Resumen:

    En determinado sector de la doctrina científica se sostiene el carácter privativo de la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges, pues, aunque la parte del socio en el patrimonio social puede ser ganancial, se trata de «bienes o derechos patrimoniales inherentes a la persona», toda vez que la atribución se produce «intuitu personae», y son derechos «no transmisibles inter vivos» o transmisibles sólo con limitaciones que afectan al poder de disposición del titular. Pero para otros muchos autores y para esta Dirección General, la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges a costa del caudal común debe ser conceptuada como bien ganancial. Por lo demás, en la sociedad de responsabilidad limitada la participación social no es un derecho intransmisible «inter vivos», como lo demuestra la posibilidad de usufructo sobre las participaciones sociales, y el principio general de transmisibilidad -si bien limitada- de las participaciones sociales.

    No obstante, ello no implica que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios, y, en su caso, la sociedad tendrá carácter unipersonal.

    En un principio, esta Dirección General afirmó el ejercicio del derecho a la verificación contable no entraña ninguna facultad de disposición, sino que se ubica dentro de los actos de gestión y buena administración por ser su finalidad la de conocer la verdadera situación financiera y patrimonial de la empresa, y concluyó que los cónyuges estaban legitimados indistintamente para obtener el nombramiento registral de auditor de cuentas. Pero tal doctrina fue modificada, entendiendo que el carácter ganancial o no de acciones o participaciones es una cuestión ajena a la condición de socio que en nuestro ordenamiento mercantil se vincula exclusivamente a su titularidad, como a la misma se vincula el ejercicio de los derechos inherentes a tal condición.

    En tanto que bien ganancial, si bien es regla general la cogestión, la renuncia a la suscripción preferente de acciones no necesita el consentimiento de la cotitular patrimonial.

    Para transmitir la condición de socio de un cónyuge al otro se aplican las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales.

    La mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación, pero no transmite per se la condición de socio.

    Es cierto que en sede de sociedad de gananciales esta Dirección General ha admitido generosamente los denominados negocios jurídicos de comunicación o de atribución amparados en el principio de libertad de contratación entre los cónyuges, pero, para que se produzca un desplazamiento patrimonial de las participaciones sociales de un cónyuge a otro, aun cuando esta circunstancia no afecte al carácter ganancial de aquellas, será preciso que, de acuerdo a la doctrina expresada, se apliquen las reglas generales o las especiales de los negocios de comunicación entre cónyuges, circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3655 Amplio análisis de la Dirección General de cuestiones que no son del recurso (incidencia de la ganancialidad en la titularidad de acciones y participaciones sociales, en su transmisión o gravamen, así como en la tenencia y ejercicio de los derechos de socio a ellas asociados).
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, TRANSMISION ACCIONES, ACCIONES SOCIEDAD ANONIMA, PARTICIPACION SOCIEDAD LIMITADA, TRANSMISION PARTICIPACION, BIEN GANANCIAL, DERECHOS INDIVIDUALES SOCIO, DERECHO VOTO, SOCIO, ADMINISTRACION GANANCIALES
    Resumen:

    En determinado sector de la doctrina científica se sostiene el carácter privativo de la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges, pues, aunque la parte del socio en el patrimonio social puede ser ganancial, se trata de «bienes o derechos patrimoniales inherentes a la persona», toda vez que la atribución se produce «intuitu personae», y son derechos «no transmisibles inter vivos» o transmisibles sólo con limitaciones que afectan al poder de disposición del titular. Pero para otros muchos autores y para esta Dirección General, la participación social adquirida por uno solo de los cónyuges a costa del caudal común debe ser conceptuada como bien ganancial. Por lo demás, en la sociedad de responsabilidad limitada la participación social no es un derecho intransmisible «inter vivos», como lo demuestra la posibilidad de usufructo sobre las participaciones sociales, y el principio general de transmisibilidad -si bien limitada- de las participaciones sociales.

    No obstante, ello no implica que ambos cónyuges tengan la cualidad de socios, y, en su caso, la sociedad tendrá carácter unipersonal.

    En un principio, esta Dirección General afirmó el ejercicio del derecho a la verificación contable no entraña ninguna facultad de disposición, sino que se ubica dentro de los actos de gestión y buena administración por ser su finalidad la de conocer la verdadera situación financiera y patrimonial de la empresa, y concluyó que los cónyuges estaban legitimados indistintamente para obtener el nombramiento registral de auditor de cuentas. Pero tal doctrina fue modificada, entendiendo que el carácter ganancial o no de acciones o participaciones es una cuestión ajena a la condición de socio que en nuestro ordenamiento mercantil se vincula exclusivamente a su titularidad, como a la misma se vincula el ejercicio de los derechos inherentes a tal condición.

    En tanto que bien ganancial, si bien es regla general la cogestión, la renuncia a la suscripción preferente de acciones no necesita el consentimiento de la cotitular patrimonial.

    Para transmitir la condición de socio de un cónyuge al otro se aplican las reglas generales sobre transmisión de participaciones sociales.

    La mera atribución del ejercicio de los derechos de socio de una persona a otra debe enmarcarse en la regulación relativa al mandato y a la representación, pero no transmite per se la condición de socio.

    Es cierto que en sede de sociedad de gananciales esta Dirección General ha admitido generosamente los denominados negocios jurídicos de comunicación o de atribución amparados en el principio de libertad de contratación entre los cónyuges, pero, para que se produzca un desplazamiento patrimonial de las participaciones sociales de un cónyuge a otro, aun cuando esta circunstancia no afecte al carácter ganancial de aquellas, será preciso que, de acuerdo a la doctrina expresada, se apliquen las reglas generales o las especiales de los negocios de comunicación entre cónyuges, circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3654 La regularización de un acuerdo social que ha sido declarado nulo no puede llevarse a cabo desconociendo los derechos de los titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y los siguientes relacionados.
    AUMENTO CAPITAL SOCIAL, DERECHOS INDIVIDUALES SOCIO, SUSCRIPCION ACCIONES, NULIDAD, ACUERDO JUNTA
    Resumen:

    Nuestro sistema admite que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores. Ello, sin perjuicio de que no existe un ‘derecho al arrepentimiento’ con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado. La sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.

    Otra cosa es la eficacia ex nunc o ex tunc de los acuerdos de convalidación, que esta Dirección General ha analizado en ocasiones anteriores. Admitida la convalidación, ésta tiene efectos ex tunc [retroactivos] con independencia de la conducta procesal de las partes.

    La posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido encuentra su ámbito cuando la ineficacia es por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o sustantiva, debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de una acuerdo de contenido objetivamente incompatible.

    En el presente caso, los defectos eran de orden material o sustantivo. Las sentencias que anulan los acuerdos ahora sustituidos, propiamente, no imponen la adopción de un acuerdo, sino que determina las condiciones que tendrían que haber cumplido el acuerdo impugnado para que no tuviera tacha de nulidad alguna.

    Debe, por tanto, confirmarse el criterio de la registradora al exigir que el acuerdo de reducción de capital con simultaneo aumento del mismo cumpla con los requisitos legalmente establecidos a los que se refiere en su calificación y se regularice la situación de la sociedad respecto de otros actos y relaciones afectados, especialmente el relativo a la reducción por pérdidas y simultáneo aumento del capital social, aprobado después de los acuerdos impugnados y declarados nulos, en los que la sociedad favorecida por la nulidad declarada no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido como consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se pretende inscribir se le atribuyen. Por lo demás, esa regularización pendiente no podrá llevarse a cabo desconociendo los derechos de titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y el posteriormente realizado podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida.

    20/12/2019 (14/03/2020) BOE-A-2020-3654 Diserta ampliamente la Dirección General sobre la eficacia más o menos radical de la declaración de nulidad de acuerdos sociales, así como sobre la manera de ratificarlos o subsanarlos, y la eficacia actual o retroactiva de esos acuerdos, protegiendo los intereses de socios y terceros.
    DERECHO INFORMACION SOCIO, CONVOCATORIA JUNTA GENERAL, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, IMPUGNACION ACUERDO JUNTA, CANCELACION ASIENTO, AUMENTO CAPITAL SOCIAL, TERCERO CIVIL, DERECHOS INDIVIDUALES SOCIO, SUSCRIPCION ACCIONES, NULIDAD, ACUERDO JUNTA, PRINCIPIO IRRETROACTIVIDAD
    Resumen:

    Nuestro sistema admite que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores. Ello, sin perjuicio de que no existe un ‘derecho al arrepentimiento’ con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado. La sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.

    Otra cosa es la eficacia ex nunc o ex tunc de los acuerdos de convalidación, que esta Dirección General ha analizado en ocasiones anteriores. Admitida la convalidación, ésta tiene efectos ex tunc [retroactivos] con independencia de la conducta procesal de las partes.

    La posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido encuentra su ámbito cuando la ineficacia es por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o sustantiva, debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de una acuerdo de contenido objetivamente incompatible.

    En el presente caso, los defectos eran de orden material o sustantivo. Las sentencias que anulan los acuerdos ahora sustituidos, propiamente, no imponen la adopción de un acuerdo, sino que determina las condiciones que tendrían que haber cumplido el acuerdo impugnado para que no tuviera tacha de nulidad alguna.

    Debe, por tanto, confirmarse el criterio de la registradora al exigir que el acuerdo de reducción de capital con simultaneo aumento del mismo cumpla con los requisitos legalmente establecidos a los que se refiere en su calificación y se regularice la situación de la sociedad respecto de otros actos y relaciones afectados, especialmente el relativo a la reducción por pérdidas y simultáneo aumento del capital social, aprobado después de los acuerdos impugnados y declarados nulos, en los que la sociedad favorecida por la nulidad declarada no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido como consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se pretende inscribir se le atribuyen. Por lo demás, esa regularización pendiente no podrá llevarse a cabo desconociendo los derechos de titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y el posteriormente realizado podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria estaba válidamente constituida.

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