En el recurso interpuesto por doña R. S. A. O. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Archena, doña Carmen María Ferrer Martínez, por la que se deniega la inscripción de una instancia de heredera única. Hechos I La situación registral existente en el Registro de la Propiedad de Archena es la que sigue: inscripción 4.ª de fecha 7 de enero de 1986 practicada en virtud de escritura autorizada por el notario don Francisco Artero García el día 18 de septiembre de 1985, por la que don J. V. G., casado con doña R. O. M., adquirió la finca registral número 5.494 del término de Archena con carácter presuntivamente ganancial. Con posterioridad, consta la inscripción 5.ª de fecha 30 de septiembre de 2013 por la que se rectifica la inscripción 4.ª en el sentido de que el carácter de la adquisición realizada en su día por don J. V. G. fue en realidad el de privativo y no el de presuntivamente ganancial, ya que su régimen económico-matrimonial era el de separación de bienes al tener ambos vecindad civil catalana al tiempo de la adquisición. Registralmente por tanto la finca 5.494 del término de Archena figura inscrita a favor de don J. V. G. con carácter privativo. II Presentados el día 4 de abril de 2019 una instancia privada suscrita por doña R. S. A. O., de fecha 4 de abril de 2019, y legitimada notarialmente, como heredera única de doña R. O. M. por la que solicitaba la inscripción a su favor de la finca 5.494, certificados de defunción de don J. V. G. y doña R. O. M., fotocopia del testamento de doña R. O. M. del cual resultaba que doña R. O. M. estaba casada en segundas nupcias con don J. V. G., de cuyo matrimonio no tuvo descendientes, habiendo estado casada en primeras nupcias con don J. S. A. G., de cuyo matrimonio tuvo una hija llamada doña R. S. A. O., y certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad en el Registro de la Propiedad de Archena, fueron objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 839. Asiento: 684 del Diario: 124, de fecha: cuatro de Abril del año dos mil diecinueve. Instancia privada suscrita por Doña R. S. A. O., suscrita con fecha 4 de Abril de 2019, y legitimada la firma en igual fecha, por el Notario de Archena, Don F. S. D. El Registrador que suscribe, previo examen y calificación del precedente documento, en relación con los antecedentes del Registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada de la finca registral 5494 del término de Archena, en base a los siguientes: Hechos. Se solicita la inscripción de una transmisión por causa de muerte de la finca registral 5.494 del término de Archena, que se dice en el título presentado constar inscrita a favor de la causante, Doña R. O. M. Sin embargo de los asientos del Registro resulta que según la inscripción 2.ª de esta finca, en virtud de escritura otorgada en Archena, el día 18 de Septiembre de 1985, ante el Notario Don Francisco Artero García, número 1027 de protocolo, Don J. V. G., adquirió indicada finca registral, por compra en estado de casado con Doña R. O. M., no manifestando el régimen matrimonial por el que se regía el matrimonio, por lo que fue inscrita con carácter presuntivamente ganancial. Y en virtud de instancia suscrita en Archena, el día 23 de Septiembre de 2013, por Don J. V. G., se solicita la inscripción, cual se practicó, que la finca fuera inscrita con carácter privativo a favor de Don J. V. G., ya que el mismo en el momento de la adquisición de la finca, ambos tenían la vecindad civil catalana, lo que se acreditó con certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil de Barcelona, con fecha 4 de Mayo de 1982, y con otro certificado expedido con fecha 27 de Septiembre de 2004, por el Jefe de la Sección del Archivo de Población del Ayuntamiento de Barcelona. Además, según resulta de este Registro, en la inscripción 2.ª de la finca registral 9.369 del término de Archena, practicada en virtud de escritura otorgada en Archena, el día 27 de Julio de 1984, ante el Notario Don Pedro de la Herrán Matorras, como sustituto de su compañero Don Francisco Artero García, los cónyuges Don J. V. G. y Doña R. O. M., manifestaron estar casados bajo el régimen catalán de separación de bienes, por lo que dicha vecindad civil catalana, ya constaba en este Registro. En virtud de los hechos relacionados, la inscripción de herencia que se solicita no puede ser practicada, pues no perteneciendo la finca a la causante, Doña R. O. M., no puede transmitirla mortis causa. Fundamentos de Derecho. Art. 18 LH: «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Principio registral de tracto sucesivo en sentido material y formal. Art. 20.1.º y 2.º LH: «Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada». RDGRyN 19 abril 1999 considera el tracto sucesivo material, que implica el respeto a la cadena de titularidades, como insoslayable. Art. 100 RH: «La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad El defecto observado se considera insubsanable, no pudiendo solicitarse anotación preventiva de suspensión por defecto subsanable, de acuerdo con lo previsto en los arts. 42.9, 65 y 323 LH. No se practica anotación preventiva de suspensión por no haberse solicitado. La presente nota de calificación negativa lleva consigo la prórroga automática de la vigencia del asiento de presentación por un plazo de 60 días, contados desde la última notificación a que se refiere el art.323 LH. Contra esta nota de calificación negativa puede (…) Archena a ocho de Abril del año dos mil diecinueve La registradora titular (firma ilegible): Fdo: Carmen M.ª Ferrer Martínez». III Contra la anterior nota de calificación, doña R. S. A. O. interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019, acompañando de certificado de titularidad catastral de doña R. O. M. sobre la parcela 8804104XH4280D0001OB, de solicitud de rectificación de titularidad registral presentada en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura número 2, y de sentencia sobre nulidad registral dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura a propósito de una finca perteneciente al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de Molina de Segura número 2, en el que alegaba lo siguiente: «Recurso gubernativo. Contra la resolución Registro Propiedad Archena cometiendo los siguientes errores: 1) No tener en cuenta el certificado del titular catastral de Dña R. O. M. (y Herederos) del Inmueble localizado C/ (…) Archena (Murcia) 2) No tener en cuenta que la 1.ª Escritura en Fecha: 18 septiembre 1985 está inscrita con carácter ganancial a nombre de D. J. V. G. y Dña R. O. M. 3) No tener en cuenta que al solicitar la inscripción a su nombre J. V. G. (ya fallecida su esposa) el 23 de septiembre de 2.013 necesitaba el registrador el consentimiento de su esposa: Dña R. O. M. o de su heredera: R. S. A. O. Por lo que solicito: La rectificación por parte del Registro de Archena del error cometido (en la 2.ª inscripción) Incluyendo el nombre de su esposa: Dña R. O. y de su única y universal heredera: R. S. A. O. (1er grado) así como a sus hijos (2.º grado). Puesto que al no tener descendencia J. V. G. pasaría a un sobrino (3er grado)». IV La registradora de la Propiedad emitió informe el día 8 de mayo de 2019, manteniendo su nota de calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 1 y 20 de la Ley Hipotecaria y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de marzo de 2019. 1. Se debate en el presente recurso si habiéndose rectificado una inscripción, que inicialmente atribuía la titularidad con carácter presuntivamente ganancial del adquirente con su esposa, para posteriormente atribuir el bien a aquél con carácter privativo (en base a la vecindad civil del marido y estar casados en régimen de separación de bienes), puede inscribirse la finca a favor de la heredera de la esposa en virtud de instancia de heredera única, por considerar que la inscripción de rectificación que se practicó es errónea, puesto que necesitaba el consentimiento de la heredera de la esposa (ésta en el momento de la rectificación ya había fallecido). La registradora entiende que no se cumple el principio de tracto sucesivo y que no constando ningún derecho sobre la registral en cuestión a favor de doña R. O. M., no puede transmitir ningún derecho en favor de doña R. S. A. O. 2. El recurso debe ser desestimado. Tiene razón cuando la registradora afirma que no se cumple el tracto sucesivo (artículo 20 Ley Hipotecaria), pues no existe registralmente ningún derecho inscrito a favor de la causante de la herencia. No puede este Centro Directivo dirimir en esta sede si la inscripción anterior de rectificación de la titularidad del bien, que inicialmente figuraba como presuntivamente ganancial, debió hacerse o no con el consentimiento de los herederos de la esposa a la que favorecía la presunción de ganancialidad, puesto que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria). 3. Como ha reiterado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 21 de marzo de 2019 así como las citadas en ella en el apartado «Vistos»), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad-, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho. Este principio se consagra en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria referido a las inexactitudes del Registro que procedan de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no especificadas en la Ley: en todas éstas, la rectificación precisará del consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. Por tanto, si el recurrente entiende que la titularidad reflejada en el Registro de la Propiedad es inexacta y la rectificación no puede obtenerse con el consentimiento unánime de todos los interesados, debe instar la correspondiente demanda judicial. De acuerdo con lo anterior, ha afirmado este Centro Directivo de forma reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. 4. Cuando una calificación ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia ley, lo que conduce a su artículo 40, en el que se regulan los mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto y ello aun cuando se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir haya sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho o situación jurídica inscrita. En conclusión, no es posible rectificar el Registro sin el consentimiento de todos aquellos que se verían afectados con la inscripción de la rectificación o sin demandar a aquellos judicialmente, y ello con independencia de que la práctica de la inscripción sea acertada o errónea. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña R. S. A. O. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Archena, doña Carmen María Ferrer Martínez, por la que se deniega la inscripción de una instancia de heredera única. Hechos I La situación registral existente en el Registro de la Propiedad de Archena es la que sigue: inscripción 4.ª de fecha 7 de enero de 1986 practicada en virtud de escritura autorizada por el notario don Francisco Artero García el día 18 de septiembre de 1985, por la que don J. V. G., casado con doña R. O. M., adquirió la finca registral número 5.494 del término de Archena con carácter presuntivamente ganancial. Con posterioridad, consta la inscripción 5.ª de fecha 30 de septiembre de 2013 por la que se rectifica la inscripción 4.ª en el sentido de que el carácter de la adquisición realizada en su día por don J. V. G. fue en realidad el de privativo y no el de presuntivamente ganancial, ya que su régimen económico-matrimonial era el de separación de bienes al tener ambos vecindad civil catalana al tiempo de la adquisición. Registralmente por tanto la finca 5.494 del término de Archena figura inscrita a favor de don J. V. G. con carácter privativo. II Presentados el día 4 de abril de 2019 una instancia privada suscrita por doña R. S. A. O., de fecha 4 de abril de 2019, y legitimada notarialmente, como heredera única de doña R. O. M. por la que solicitaba la inscripción a su favor de la finca 5.494, certificados de defunción de don J. V. G. y doña R. O. M., fotocopia del testamento de doña R. O. M. del cual resultaba que doña R. O. M. estaba casada en segundas nupcias con don J. V. G., de cuyo matrimonio no tuvo descendientes, habiendo estado casada en primeras nupcias con don J. S. A. G., de cuyo matrimonio tuvo una hija llamada doña R. S. A. O., y certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad en el Registro de la Propiedad de Archena, fueron objeto de la siguiente nota de calificación: «Entrada N.º: 839. Asiento: 684 del Diario: 124, de fecha: cuatro de Abril del año dos mil diecinueve. Instancia privada suscrita por Doña R. S. A. O., suscrita con fecha 4 de Abril de 2019, y legitimada la firma en igual fecha, por el Notario de Archena, Don F. S. D. El Registrador que suscribe, previo examen y calificación del precedente documento, en relación con los antecedentes del Registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada de la finca registral 5494 del término de Archena, en base a los siguientes: Hechos. Se solicita la inscripción de una transmisión por causa de muerte de la finca registral 5.494 del término de Archena, que se dice en el título presentado constar inscrita a favor de la causante, Doña R. O. M. Sin embargo de los asientos del Registro resulta que según la inscripción 2.ª de esta finca, en virtud de escritura otorgada en Archena, el día 18 de Septiembre de 1985, ante el Notario Don Francisco Artero García, número 1027 de protocolo, Don J. V. G., adquirió indicada finca registral, por compra en estado de casado con Doña R. O. M., no manifestando el régimen matrimonial por el que se regía el matrimonio, por lo que fue inscrita con carácter presuntivamente ganancial. Y en virtud de instancia suscrita en Archena, el día 23 de Septiembre de 2013, por Don J. V. G., se solicita la inscripción, cual se practicó, que la finca fuera inscrita con carácter privativo a favor de Don J. V. G., ya que el mismo en el momento de la adquisición de la finca, ambos tenían la vecindad civil catalana, lo que se acreditó con certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil de Barcelona, con fecha 4 de Mayo de 1982, y con otro certificado expedido con fecha 27 de Septiembre de 2004, por el Jefe de la Sección del Archivo de Población del Ayuntamiento de Barcelona. Además, según resulta de este Registro, en la inscripción 2.ª de la finca registral 9.369 del término de Archena, practicada en virtud de escritura otorgada en Archena, el día 27 de Julio de 1984, ante el Notario Don Pedro de la Herrán Matorras, como sustituto de su compañero Don Francisco Artero García, los cónyuges Don J. V. G. y Doña R. O. M., manifestaron estar casados bajo el régimen catalán de separación de bienes, por lo que dicha vecindad civil catalana, ya constaba en este Registro. En virtud de los hechos relacionados, la inscripción de herencia que se solicita no puede ser practicada, pues no perteneciendo la finca a la causante, Doña R. O. M., no puede transmitirla mortis causa. Fundamentos de Derecho. Art. 18 LH: «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Principio registral de tracto sucesivo en sentido material y formal. Art. 20.1.º y 2.º LH: «Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada». RDGRyN 19 abril 1999 considera el tracto sucesivo material, que implica el respeto a la cadena de titularidades, como insoslayable. Art. 100 RH: «La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad El defecto observado se considera insubsanable, no pudiendo solicitarse anotación preventiva de suspensión por defecto subsanable, de acuerdo con lo previsto en los arts. 42.9, 65 y 323 LH. No se practica anotación preventiva de suspensión por no haberse solicitado. La presente nota de calificación negativa lleva consigo la prórroga automática de la vigencia del asiento de presentación por un plazo de 60 días, contados desde la última notificación a que se refiere el art.323 LH. Contra esta nota de calificación negativa puede (…) Archena a ocho de Abril del año dos mil diecinueve La registradora titular (firma ilegible): Fdo: Carmen M.ª Ferrer Martínez». III Contra la anterior nota de calificación, doña R. S. A. O. interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019, acompañando de certificado de titularidad catastral de doña R. O. M. sobre la parcela 8804104XH4280D0001OB, de solicitud de rectificación de titularidad registral presentada en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura número 2, y de sentencia sobre nulidad registral dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura a propósito de una finca perteneciente al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de Molina de Segura número 2, en el que alegaba lo siguiente: «Recurso gubernativo. Contra la resolución Registro Propiedad Archena cometiendo los siguientes errores: 1) No tener en cuenta el certificado del titular catastral de Dña R. O. M. (y Herederos) del Inmueble localizado C/ (…) Archena (Murcia) 2) No tener en cuenta que la 1.ª Escritura en Fecha: 18 septiembre 1985 está inscrita con carácter ganancial a nombre de D. J. V. G. y Dña R. O. M. 3) No tener en cuenta que al solicitar la inscripción a su nombre J. V. G. (ya fallecida su esposa) el 23 de septiembre de 2.013 necesitaba el registrador el consentimiento de su esposa: Dña R. O. M. o de su heredera: R. S. A. O. Por lo que solicito: La rectificación por parte del Registro de Archena del error cometido (en la 2.ª inscripción) Incluyendo el nombre de su esposa: Dña R. O. y de su única y universal heredera: R. S. A. O. (1er grado) así como a sus hijos (2.º grado). Puesto que al no tener descendencia J. V. G. pasaría a un sobrino (3er grado)». IV La registradora de la Propiedad emitió informe el día 8 de mayo de 2019, manteniendo su nota de calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 1 y 20 de la Ley Hipotecaria y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de marzo de 2019. 1. Se debate en el presente recurso si habiéndose rectificado una inscripción, que inicialmente atribuía la titularidad con carácter presuntivamente ganancial del adquirente con su esposa, para posteriormente atribuir el bien a aquél con carácter privativo (en base a la vecindad civil del marido y estar casados en régimen de separación de bienes), puede inscribirse la finca a favor de la heredera de la esposa en virtud de instancia de heredera única, por considerar que la inscripción de rectificación que se practicó es errónea, puesto que necesitaba el consentimiento de la heredera de la esposa (ésta en el momento de la rectificación ya había fallecido). La registradora entiende que no se cumple el principio de tracto sucesivo y que no constando ningún derecho sobre la registral en cuestión a favor de doña R. O. M., no puede transmitir ningún derecho en favor de doña R. S. A. O. 2. El recurso debe ser desestimado. Tiene razón cuando la registradora afirma que no se cumple el tracto sucesivo (artículo 20 Ley Hipotecaria), pues no existe registralmente ningún derecho inscrito a favor de la causante de la herencia. No puede este Centro Directivo dirimir en esta sede si la inscripción anterior de rectificación de la titularidad del bien, que inicialmente figuraba como presuntivamente ganancial, debió hacerse o no con el consentimiento de los herederos de la esposa a la que favorecía la presunción de ganancialidad, puesto que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria). 3. Como ha reiterado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 21 de marzo de 2019 así como las citadas en ella en el apartado «Vistos»), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad-, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho. Este principio se consagra en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria referido a las inexactitudes del Registro que procedan de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no especificadas en la Ley: en todas éstas, la rectificación precisará del consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. Por tanto, si el recurrente entiende que la titularidad reflejada en el Registro de la Propiedad es inexacta y la rectificación no puede obtenerse con el consentimiento unánime de todos los interesados, debe instar la correspondiente demanda judicial. De acuerdo con lo anterior, ha afirmado este Centro Directivo de forma reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados. 4. Cuando una calificación ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia ley, lo que conduce a su artículo 40, en el que se regulan los mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto y ello aun cuando se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir haya sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho o situación jurídica inscrita. En conclusión, no es posible rectificar el Registro sin el consentimiento de todos aquellos que se verían afectados con la inscripción de la rectificación o sin demandar a aquellos judicialmente, y ello con independencia de que la práctica de la inscripción sea acertada o errónea. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, contra la calificación practicada por la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa Aparicio Marín, por no constar inscrita la superficie de la finca. Hechos I Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2018 de adjudicación de herencia por fallecimiento de doña A. G. P., otorgada ante don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, por se solicitaba inscripción de una finca sita en el municipio de Murla ya inmatriculada, finca registral número 1.689 del Registro de la Propiedad de Pego, descrita como una «finca urbana de nueve metros de ancho, por veinticinco metros quince de largo». II Presentada el día 26 de marzo de 2019 dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Pego. Entrada N.º: 1000 del año: 2019. Asiento N.º: 1.453 Diario: 92. Presentado el 26/03/2019 a las 12:30. Presentante: F. V. M., de Delta Asesores Tributarios y Jurídicos SL. Interesados: J. P. G., A. P. Naturaleza: Escritura pública. Objeto: aceptación de herencia del causante A. G. P. Protocolo N.º: 2512/2018 de 03/08/2018. Notario: Jorge. A. Milz Ramón, Valencia. La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a los siguientes: Hechos. En la escritura citada se formaliza la aceptación y partición de herencia de la citada causante, solicitándose la inscripción únicamente de la finca descrita bajo el número 1 del Inventario, registral número 1689 de Murla. Examinado el Registro, resulta la-situación de la misma en la calle (…) -manifestándose ahora en el título que hoy se denomina calle (…)-, y no consta expresada su superficie, pues sólo se expresa que mide «nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo», pero no su forma poligonal. En la escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. – Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie (bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal). – Además, no se acredita la nueva situación de la finca en calle (…), mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Murla. Fundamentos de Derecho. – Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, según los cuales, para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que estos queden suficientemente individualizados e identificados: según la letra a) de dicho artículo 9, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: "a) Descripción de la finca objeto de inscripción con su situación física detallada, los dalos relativos a su naturaleza, linderos, superficie (...)". Y la regla 4.ª del artículo 51 del Reglamento Hipotecario, relativo a las reglas con sujeción a las cuales han de practicarse las inscripciones, dispone que: "La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a las medidas del país. (…)" Consecuentemente la expresión de la medida superficial de la finca es un elemento fundamental para su correcta identificación. Visto el criterio de la RDGRN de fecha 25 de junio de 2015, según la cual "(...) Una finca que se halla inscrita sin expresión de su superficie no puede decirse que sea plenamente equiparable a una finca no inmatriculada. Es cierto que no consta la superficie, y que este es un dato esencial para su identificación. Pero también es verdad que aparecen unos linderos, la referencia a la calle de su situación y el número de gobierno, y la alusión a unos elementos construidos en la misma. Por otro lado, del historial registral pueden resultar una serie de titularidades jurídico reales que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo sobre la finca. Todo ello nos conduce a concluir que la finca como tal objeto de derechos si que ha accedido al Registro. Lo que ocurre es que no consta correctamente especificada su superficie. Y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, podemos decir que la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora. (...) Aunque como ya se ha dicho, la registración de la superficie de una finca que consta inscrita sin ella, tiene cierto carácter inmatriculador, debe admitirse que se pueda llevar a efecto aplicando analógicamente los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida. (...)". Y, visto, respecto de los procedimientos establecidos para la rectificación de cabida tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, el criterio, entre otras, de la RDGRN de 13 de diciembre de 2016, cuyo Fundamento de Derecho 3 dispone que "(...) la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar dotado de las debidas garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a la constatación registral de la superficie ahora alegada ex novo, sino que se deba acreditar cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen dicha superficie, y todo ello con las debidas garantías de notificación a los propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal. En cambio, no sería posible acudir a la vía excepcional del artículo 201.3, pues tal supuesto está reservado para el caso de que la superficie que se pretende inscribir no excede en más del 5% o del 10% de la cabida que conste inscrita, y, en el presente caso, como es sabido, no consta inscrita cabida alguna. (...)". – Visto lo dispuesto en el artículo 437 del Reglamento Hipotecario. Y, en base a lo expuesto, se suspende la práctica de las operaciones registrales interesadas. Asimismo se le notifica que el asiento de presentación a que dio lugar la escritura antes reseñada, queda prorrogado automáticamente, a contar desde la fecha de emisión de esta notificación y por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la última comunicación correspondiente; por lo que se amplía consecuentemente el plazo para subsanar el defecto alegado en la misma. Contra esta nota de calificación desfavorable (…) Pego a veintiocho de Marzo del año dos mil diecinueve La Registradora (firma ilegible), Fdo: Teresa Aparicio Marín.» III Contra la anterior nota de calificación, don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019 en el que sostenía lo siguiente: «Hechos. 1) En escritura por mí autorizada el día 3 de agosto de 2018, con el número 2.512 de protocolo (…) se formalizó herencia en cuyo inventario, entre otros bienes, se relacionaba la siguiente, cuya inscripción se solicitaba a favor del adjudicatario: "Urbana.–Finca urbana de nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo, en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio; que se halla situada en Murla, calle de (…); y linda: por la izquierda y fondo, F. M. M. y A. P. (de nacida G. M.); y por la derecha, entrando patrio del (…) y A. M. G. Inscripción.–En el Registro de la Propiedad de Pego, en el tomo 444, libro 20, folio 75, finca número 1.689 de Murla". 2) Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Pego, y en la calificación de fecha 28 de marzo de 2019 (…) además de considerar necesaria certificación municipal acreditativa de la correspondencia del nuevo número de policía urbana con la finca descrita, se dice "... Examinado el Registro,... no consta su superficie, pues sólo se expresa que mide nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo, pero no su forma poligonal. En la misma escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante la aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie...". 3) Que es de destacar que el asiento registral ya recoge referencia a su medida exacta, al señalar que tiene "nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo" (esto es, 199’35 metros que resultarían de la simple operación aritmética), y «en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio»; y que, como se expresa en la escritura, en su apartado datos catastrales, dicho inmueble, junto con el que se inventariaba a continuación, giraba bajo una misma referencia catastral, expresándose por mí el Notario dudas sobre la identidad catastral. A la vista de los expuestos hechos, el recurrente alega: Fundamentos de Derecho. Artículos 9, 21 y 199 de la Ley Hipotecaria, 51 del Reglamento hipotecario, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 2017. Primero. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria y el artículo 51 de su Reglamento, en la redacción dada por Ley 13/2015, de 24 de junio, exigen, entre las circunstancias que contendrá la inscripción, descripción de la finca, con su situación física detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos y superficie, expresándose la medida superficial en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal; añade además el precepto reglamentario que la descripción de las fincas será preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial, pudiéndose completar la identificación de la finca mediante la incorporación al título inscribible de una base gráfica. Y para la inmatriculación o acceso por primera vez de la finca al Registro, dice la letra b) del citado artículo 9 de la Ley que siempre que se inmatricule una finca, o el resto de operaciones a que alude dicho precepto, se añadirá la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. Segundo. Cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las Resoluciones de 25 de junio de 2015 y de 13 de diciembre de 2016, alegadas en la calificación registral, concluyen, respecto de las fincas que se hallaren ya inscritas pero sin indicación de su medida, en la exigencia y necesaria expresión de su medida superficial, y que dicha expresión sin ser en sentido técnico una inmatriculación sí tendrá cierta virtualidad inmatriculadora y, por tanto, siéndole exigible igualmente la ubicación y delimitación geográfica con las debidas garantías que atribuyen los expedientes registral y notarial de los artículos 199 y 201 de la ley Hipotecaria. Más recientemente, la Resolución de 13 de diciembre de 2017, entre cuyos fundamentos se recoge la de 13 de diciembre de 2016 alegada por la Sra. Registradora en su calificación, tras un repaso de la evolución normativa concluye igualmente en la exigencia de la expresión de la superficie de la finca registral en todo caso, y "no solo cuando se inmatricule una finca, sino también cuando se pretenda practicar una inscripción, asiento posterior, en el folio real de una finca que conste inmatriculada sin expresión de su superficie". Tercero. Dicho esto, la calificación registral, en el caso que nos ocupa, está exigiendo la acreditación de la superficie respecto de un inmueble cuya superficie ya consta registrada. Y tal exigencia, que se predica respecto de fincas que consten inscritas sin expresión de su superficie, no debe serlo respecto de aquellas otras que sí la expresan, como es nuestro caso, aunque lo hagan mediante la fórmula, muy habitual en el pasado, de metros de ancho por metros de fondo, que habrá que presumir iguales, no pudiéndose requerir además, como hace dicha calificación registral, la determinación de su forma poligonal ni la iniciación de los procedimientos previstos en los artículos 201 y 199 de la Ley Hipotecaria en cuanto en modo alguno se ha modificado la cabida de la finca que nos ocupa ni sus restantes elementos descriptivos, ni estamos ante un documento con entidad inmatriculadora. Debiéndose destacar también que, como resulta del título presentado, no se ha procedido a incorporar indubitada referencia catastral y representación gráfica ni a su coordinación, máxime cuanto, como se expresa en dicho título, existen dudas sobre la identidad de la finca descrita con la catastral expresada.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 6 de mayo de 2019, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos; 1, 18, 19, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria; 51 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 7 de enero y 21 de junio de 2004, 1, 8 y 11 de octubre de 2005, 21 de abril y 10 y 14 de junio de 2010, 29 de septiembre y 11 de octubre de 2011, 1 de abril de 2013 y 29 y 30 de octubre de 2015. 1. En el presente expediente es objeto de calificación negativa una escritura de aceptación y adjudicación de herencia por dos defectos: en primer lugar entiende la registradora que la finca no ha quedado debidamente descrita al expresar su cabida de la misma manera que consta en el propio historial tabular, es decir, «nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo» sin alterar en nada su descripción; y en segundo lugar por no quedar acreditado el cambio calle y de número de policía mediante la correspondiente certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento. Es objeto de recurso exclusivamente el primero de los defectos reseñados. 2. Por tanto debemos centrar la reflexión sobre si cabe la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia cuando la finca consta debidamente inscrita y su superficie ha quedado descrita por las medidas de sus lados (9 metros de ancho, por 22 metros y 15 centímetros de largo) o al contrario debe considerarse en tal supuesto que nos encontramos ante la falta de inscripción de la cabida de la finca y por lo tanto deberá acudirse al procedimiento registral previsto en los artículos 199 de la Ley Hipotecaria o al expediente notarial previsto en el artículo 201 del mismo texto legal. Esta Dirección General ha afirmado en innumerables ocasiones (vid. Resolución de 17 de abril de 2015), que la identidad de la finca registral transmitida con la que consta en el Registro es una de las exigencias impuestas por dos principios básicos hipotecarios, como son el de tracto sucesivo y el principio de especialidad. Más específicamente y siguiendo la Resolución de 11 de octubre de 2011: «siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10 y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia en ellos de algunos de los datos descriptivos con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Así la Resolución de 21 de abril de 2010 dados los amplios términos en que se expresan los artículos 72, 73 y 75 de la Ley Hipotecaria, unidos a los demás elementos de identificación de las fincas contenidos en el mandamiento judicial, mantuvo que en aquel caso puede ser tomada la anotación de embargo con los datos registrales de las fincas objeto de anotación señalados en aquel -número de finca registral, tomo, folio y libro en que se encuentran-, teniendo en cuenta además que no hay dudas de que el titular registral es el deudor. Pero también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el título se transmite. Por tanto, el acceso al Registro de los títulos exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico permita apreciar de modo indubitado la identidad entre el bien inscrito y el transmitido (cfr. Resoluciones de 29 de diciembre de 1992 y 11 de octubre de 2005). En suma, como afirmó la Resolución de 7 de enero de 1994 “El principio de especialidad y la concreta regulación legal en esta materia (artículos 9 y 30 Ley Hipotecaria y 51 Reglamento Hipotecario) exigen la descripción de la finca en el título que pretenda el acceso al Registro de la Propiedad como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral”». 3. El defecto recurrido no puede ser confirmado por los argumentos anteriormente expuestos. En el presente expediente nos encontramos ante una finca inscrita respecto de la que no se pretende la modificación de su cabida, siendo mantenida su descripción (a excepción del nombre de la calle y número de policía) en el título objeto de calificación. Además, no se plantea en la calificación impugnada ninguna duda fundada respecto de la coincidencia de la finca registral con la que resulta ser objeto de adjudicación hereditaria resultando del propio historial tabular la cabida de la misma perfectamente identificada. En este supuesto, y como ha sido práctica habitual en el procedimiento registral, la descripción del inmueble está inscrita y queda perfectamente concretada por la longitud de sus lados que, tras una simple operación matemática, determinará la cabida exacta de la línea poligonal cerrada que delimita la finca registral. Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, contra la calificación practicada por la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa Aparicio Marín, por no constar inscrita la superficie de la finca. Hechos I Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2018 de adjudicación de herencia por fallecimiento de doña A. G. P., otorgada ante don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, por se solicitaba inscripción de una finca sita en el municipio de Murla ya inmatriculada, finca registral número 1.689 del Registro de la Propiedad de Pego, descrita como una «finca urbana de nueve metros de ancho, por veinticinco metros quince de largo». II Presentada el día 26 de marzo de 2019 dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Pego. Entrada N.º: 1000 del año: 2019. Asiento N.º: 1.453 Diario: 92. Presentado el 26/03/2019 a las 12:30. Presentante: F. V. M., de Delta Asesores Tributarios y Jurídicos SL. Interesados: J. P. G., A. P. Naturaleza: Escritura pública. Objeto: aceptación de herencia del causante A. G. P. Protocolo N.º: 2512/2018 de 03/08/2018. Notario: Jorge. A. Milz Ramón, Valencia. La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a los siguientes: Hechos. En la escritura citada se formaliza la aceptación y partición de herencia de la citada causante, solicitándose la inscripción únicamente de la finca descrita bajo el número 1 del Inventario, registral número 1689 de Murla. Examinado el Registro, resulta la-situación de la misma en la calle (…) -manifestándose ahora en el título que hoy se denomina calle (…)-, y no consta expresada su superficie, pues sólo se expresa que mide «nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo», pero no su forma poligonal. En la escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. – Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie (bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal). – Además, no se acredita la nueva situación de la finca en calle (…), mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Murla. Fundamentos de Derecho. – Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, según los cuales, para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que estos queden suficientemente individualizados e identificados: según la letra a) de dicho artículo 9, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: "a) Descripción de la finca objeto de inscripción con su situación física detallada, los dalos relativos a su naturaleza, linderos, superficie (...)". Y la regla 4.ª del artículo 51 del Reglamento Hipotecario, relativo a las reglas con sujeción a las cuales han de practicarse las inscripciones, dispone que: "La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a las medidas del país. (…)" Consecuentemente la expresión de la medida superficial de la finca es un elemento fundamental para su correcta identificación. Visto el criterio de la RDGRN de fecha 25 de junio de 2015, según la cual "(...) Una finca que se halla inscrita sin expresión de su superficie no puede decirse que sea plenamente equiparable a una finca no inmatriculada. Es cierto que no consta la superficie, y que este es un dato esencial para su identificación. Pero también es verdad que aparecen unos linderos, la referencia a la calle de su situación y el número de gobierno, y la alusión a unos elementos construidos en la misma. Por otro lado, del historial registral pueden resultar una serie de titularidades jurídico reales que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo sobre la finca. Todo ello nos conduce a concluir que la finca como tal objeto de derechos si que ha accedido al Registro. Lo que ocurre es que no consta correctamente especificada su superficie. Y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, podemos decir que la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora. (...) Aunque como ya se ha dicho, la registración de la superficie de una finca que consta inscrita sin ella, tiene cierto carácter inmatriculador, debe admitirse que se pueda llevar a efecto aplicando analógicamente los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida. (...)". Y, visto, respecto de los procedimientos establecidos para la rectificación de cabida tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, el criterio, entre otras, de la RDGRN de 13 de diciembre de 2016, cuyo Fundamento de Derecho 3 dispone que "(...) la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar dotado de las debidas garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a la constatación registral de la superficie ahora alegada ex novo, sino que se deba acreditar cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen dicha superficie, y todo ello con las debidas garantías de notificación a los propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal. En cambio, no sería posible acudir a la vía excepcional del artículo 201.3, pues tal supuesto está reservado para el caso de que la superficie que se pretende inscribir no excede en más del 5% o del 10% de la cabida que conste inscrita, y, en el presente caso, como es sabido, no consta inscrita cabida alguna. (...)". – Visto lo dispuesto en el artículo 437 del Reglamento Hipotecario. Y, en base a lo expuesto, se suspende la práctica de las operaciones registrales interesadas. Asimismo se le notifica que el asiento de presentación a que dio lugar la escritura antes reseñada, queda prorrogado automáticamente, a contar desde la fecha de emisión de esta notificación y por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la última comunicación correspondiente; por lo que se amplía consecuentemente el plazo para subsanar el defecto alegado en la misma. Contra esta nota de calificación desfavorable (…) Pego a veintiocho de Marzo del año dos mil diecinueve La Registradora (firma ilegible), Fdo: Teresa Aparicio Marín.» III Contra la anterior nota de calificación, don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019 en el que sostenía lo siguiente: «Hechos. 1) En escritura por mí autorizada el día 3 de agosto de 2018, con el número 2.512 de protocolo (…) se formalizó herencia en cuyo inventario, entre otros bienes, se relacionaba la siguiente, cuya inscripción se solicitaba a favor del adjudicatario: "Urbana.–Finca urbana de nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo, en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio; que se halla situada en Murla, calle de (…); y linda: por la izquierda y fondo, F. M. M. y A. P. (de nacida G. M.); y por la derecha, entrando patrio del (…) y A. M. G. Inscripción.–En el Registro de la Propiedad de Pego, en el tomo 444, libro 20, folio 75, finca número 1.689 de Murla". 2) Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Pego, y en la calificación de fecha 28 de marzo de 2019 (…) además de considerar necesaria certificación municipal acreditativa de la correspondencia del nuevo número de policía urbana con la finca descrita, se dice "... Examinado el Registro,... no consta su superficie, pues sólo se expresa que mide nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo, pero no su forma poligonal. En la misma escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante la aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie...". 3) Que es de destacar que el asiento registral ya recoge referencia a su medida exacta, al señalar que tiene "nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo" (esto es, 199’35 metros que resultarían de la simple operación aritmética), y «en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio»; y que, como se expresa en la escritura, en su apartado datos catastrales, dicho inmueble, junto con el que se inventariaba a continuación, giraba bajo una misma referencia catastral, expresándose por mí el Notario dudas sobre la identidad catastral. A la vista de los expuestos hechos, el recurrente alega: Fundamentos de Derecho. Artículos 9, 21 y 199 de la Ley Hipotecaria, 51 del Reglamento hipotecario, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 2017. Primero. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria y el artículo 51 de su Reglamento, en la redacción dada por Ley 13/2015, de 24 de junio, exigen, entre las circunstancias que contendrá la inscripción, descripción de la finca, con su situación física detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos y superficie, expresándose la medida superficial en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal; añade además el precepto reglamentario que la descripción de las fincas será preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial, pudiéndose completar la identificación de la finca mediante la incorporación al título inscribible de una base gráfica. Y para la inmatriculación o acceso por primera vez de la finca al Registro, dice la letra b) del citado artículo 9 de la Ley que siempre que se inmatricule una finca, o el resto de operaciones a que alude dicho precepto, se añadirá la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. Segundo. Cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las Resoluciones de 25 de junio de 2015 y de 13 de diciembre de 2016, alegadas en la calificación registral, concluyen, respecto de las fincas que se hallaren ya inscritas pero sin indicación de su medida, en la exigencia y necesaria expresión de su medida superficial, y que dicha expresión sin ser en sentido técnico una inmatriculación sí tendrá cierta virtualidad inmatriculadora y, por tanto, siéndole exigible igualmente la ubicación y delimitación geográfica con las debidas garantías que atribuyen los expedientes registral y notarial de los artículos 199 y 201 de la ley Hipotecaria. Más recientemente, la Resolución de 13 de diciembre de 2017, entre cuyos fundamentos se recoge la de 13 de diciembre de 2016 alegada por la Sra. Registradora en su calificación, tras un repaso de la evolución normativa concluye igualmente en la exigencia de la expresión de la superficie de la finca registral en todo caso, y "no solo cuando se inmatricule una finca, sino también cuando se pretenda practicar una inscripción, asiento posterior, en el folio real de una finca que conste inmatriculada sin expresión de su superficie". Tercero. Dicho esto, la calificación registral, en el caso que nos ocupa, está exigiendo la acreditación de la superficie respecto de un inmueble cuya superficie ya consta registrada. Y tal exigencia, que se predica respecto de fincas que consten inscritas sin expresión de su superficie, no debe serlo respecto de aquellas otras que sí la expresan, como es nuestro caso, aunque lo hagan mediante la fórmula, muy habitual en el pasado, de metros de ancho por metros de fondo, que habrá que presumir iguales, no pudiéndose requerir además, como hace dicha calificación registral, la determinación de su forma poligonal ni la iniciación de los procedimientos previstos en los artículos 201 y 199 de la Ley Hipotecaria en cuanto en modo alguno se ha modificado la cabida de la finca que nos ocupa ni sus restantes elementos descriptivos, ni estamos ante un documento con entidad inmatriculadora. Debiéndose destacar también que, como resulta del título presentado, no se ha procedido a incorporar indubitada referencia catastral y representación gráfica ni a su coordinación, máxime cuanto, como se expresa en dicho título, existen dudas sobre la identidad de la finca descrita con la catastral expresada.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 6 de mayo de 2019, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos; 1, 18, 19, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria; 51 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 7 de enero y 21 de junio de 2004, 1, 8 y 11 de octubre de 2005, 21 de abril y 10 y 14 de junio de 2010, 29 de septiembre y 11 de octubre de 2011, 1 de abril de 2013 y 29 y 30 de octubre de 2015. 1. En el presente expediente es objeto de calificación negativa una escritura de aceptación y adjudicación de herencia por dos defectos: en primer lugar entiende la registradora que la finca no ha quedado debidamente descrita al expresar su cabida de la misma manera que consta en el propio historial tabular, es decir, «nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo» sin alterar en nada su descripción; y en segundo lugar por no quedar acreditado el cambio calle y de número de policía mediante la correspondiente certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento. Es objeto de recurso exclusivamente el primero de los defectos reseñados. 2. Por tanto debemos centrar la reflexión sobre si cabe la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia cuando la finca consta debidamente inscrita y su superficie ha quedado descrita por las medidas de sus lados (9 metros de ancho, por 22 metros y 15 centímetros de largo) o al contrario debe considerarse en tal supuesto que nos encontramos ante la falta de inscripción de la cabida de la finca y por lo tanto deberá acudirse al procedimiento registral previsto en los artículos 199 de la Ley Hipotecaria o al expediente notarial previsto en el artículo 201 del mismo texto legal. Esta Dirección General ha afirmado en innumerables ocasiones (vid. Resolución de 17 de abril de 2015), que la identidad de la finca registral transmitida con la que consta en el Registro es una de las exigencias impuestas por dos principios básicos hipotecarios, como son el de tracto sucesivo y el principio de especialidad. Más específicamente y siguiendo la Resolución de 11 de octubre de 2011: «siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10 y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia en ellos de algunos de los datos descriptivos con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Así la Resolución de 21 de abril de 2010 dados los amplios términos en que se expresan los artículos 72, 73 y 75 de la Ley Hipotecaria, unidos a los demás elementos de identificación de las fincas contenidos en el mandamiento judicial, mantuvo que en aquel caso puede ser tomada la anotación de embargo con los datos registrales de las fincas objeto de anotación señalados en aquel -número de finca registral, tomo, folio y libro en que se encuentran-, teniendo en cuenta además que no hay dudas de que el titular registral es el deudor. Pero también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el título se transmite. Por tanto, el acceso al Registro de los títulos exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico permita apreciar de modo indubitado la identidad entre el bien inscrito y el transmitido (cfr. Resoluciones de 29 de diciembre de 1992 y 11 de octubre de 2005). En suma, como afirmó la Resolución de 7 de enero de 1994 “El principio de especialidad y la concreta regulación legal en esta materia (artículos 9 y 30 Ley Hipotecaria y 51 Reglamento Hipotecario) exigen la descripción de la finca en el título que pretenda el acceso al Registro de la Propiedad como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral”». 3. El defecto recurrido no puede ser confirmado por los argumentos anteriormente expuestos. En el presente expediente nos encontramos ante una finca inscrita respecto de la que no se pretende la modificación de su cabida, siendo mantenida su descripción (a excepción del nombre de la calle y número de policía) en el título objeto de calificación. Además, no se plantea en la calificación impugnada ninguna duda fundada respecto de la coincidencia de la finca registral con la que resulta ser objeto de adjudicación hereditaria resultando del propio historial tabular la cabida de la misma perfectamente identificada. En este supuesto, y como ha sido práctica habitual en el procedimiento registral, la descripción del inmueble está inscrita y queda perfectamente concretada por la longitud de sus lados que, tras una simple operación matemática, determinará la cabida exacta de la línea poligonal cerrada que delimita la finca registral. Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, contra la calificación practicada por la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa Aparicio Marín, por no constar inscrita la superficie de la finca. Hechos I Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2018 de adjudicación de herencia por fallecimiento de doña A. G. P., otorgada ante don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, por se solicitaba inscripción de una finca sita en el municipio de Murla ya inmatriculada, finca registral número 1.689 del Registro de la Propiedad de Pego, descrita como una «finca urbana de nueve metros de ancho, por veinticinco metros quince de largo». II Presentada el día 26 de marzo de 2019 dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Pego. Entrada N.º: 1000 del año: 2019. Asiento N.º: 1.453 Diario: 92. Presentado el 26/03/2019 a las 12:30. Presentante: F. V. M., de Delta Asesores Tributarios y Jurídicos SL. Interesados: J. P. G., A. P. Naturaleza: Escritura pública. Objeto: aceptación de herencia del causante A. G. P. Protocolo N.º: 2512/2018 de 03/08/2018. Notario: Jorge. A. Milz Ramón, Valencia. La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a los siguientes: Hechos. En la escritura citada se formaliza la aceptación y partición de herencia de la citada causante, solicitándose la inscripción únicamente de la finca descrita bajo el número 1 del Inventario, registral número 1689 de Murla. Examinado el Registro, resulta la-situación de la misma en la calle (…) -manifestándose ahora en el título que hoy se denomina calle (…)-, y no consta expresada su superficie, pues sólo se expresa que mide «nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo», pero no su forma poligonal. En la escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. – Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie (bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal). – Además, no se acredita la nueva situación de la finca en calle (…), mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Murla. Fundamentos de Derecho. – Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, según los cuales, para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que estos queden suficientemente individualizados e identificados: según la letra a) de dicho artículo 9, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: "a) Descripción de la finca objeto de inscripción con su situación física detallada, los dalos relativos a su naturaleza, linderos, superficie (...)". Y la regla 4.ª del artículo 51 del Reglamento Hipotecario, relativo a las reglas con sujeción a las cuales han de practicarse las inscripciones, dispone que: "La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a las medidas del país. (…)" Consecuentemente la expresión de la medida superficial de la finca es un elemento fundamental para su correcta identificación. Visto el criterio de la RDGRN de fecha 25 de junio de 2015, según la cual "(...) Una finca que se halla inscrita sin expresión de su superficie no puede decirse que sea plenamente equiparable a una finca no inmatriculada. Es cierto que no consta la superficie, y que este es un dato esencial para su identificación. Pero también es verdad que aparecen unos linderos, la referencia a la calle de su situación y el número de gobierno, y la alusión a unos elementos construidos en la misma. Por otro lado, del historial registral pueden resultar una serie de titularidades jurídico reales que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo sobre la finca. Todo ello nos conduce a concluir que la finca como tal objeto de derechos si que ha accedido al Registro. Lo que ocurre es que no consta correctamente especificada su superficie. Y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, podemos decir que la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora. (...) Aunque como ya se ha dicho, la registración de la superficie de una finca que consta inscrita sin ella, tiene cierto carácter inmatriculador, debe admitirse que se pueda llevar a efecto aplicando analógicamente los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida. (...)". Y, visto, respecto de los procedimientos establecidos para la rectificación de cabida tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, el criterio, entre otras, de la RDGRN de 13 de diciembre de 2016, cuyo Fundamento de Derecho 3 dispone que "(...) la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar dotado de las debidas garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a la constatación registral de la superficie ahora alegada ex novo, sino que se deba acreditar cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen dicha superficie, y todo ello con las debidas garantías de notificación a los propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal. En cambio, no sería posible acudir a la vía excepcional del artículo 201.3, pues tal supuesto está reservado para el caso de que la superficie que se pretende inscribir no excede en más del 5% o del 10% de la cabida que conste inscrita, y, en el presente caso, como es sabido, no consta inscrita cabida alguna. (...)". – Visto lo dispuesto en el artículo 437 del Reglamento Hipotecario. Y, en base a lo expuesto, se suspende la práctica de las operaciones registrales interesadas. Asimismo se le notifica que el asiento de presentación a que dio lugar la escritura antes reseñada, queda prorrogado automáticamente, a contar desde la fecha de emisión de esta notificación y por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la última comunicación correspondiente; por lo que se amplía consecuentemente el plazo para subsanar el defecto alegado en la misma. Contra esta nota de calificación desfavorable (…) Pego a veintiocho de Marzo del año dos mil diecinueve La Registradora (firma ilegible), Fdo: Teresa Aparicio Marín.» III Contra la anterior nota de calificación, don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019 en el que sostenía lo siguiente: «Hechos. 1) En escritura por mí autorizada el día 3 de agosto de 2018, con el número 2.512 de protocolo (…) se formalizó herencia en cuyo inventario, entre otros bienes, se relacionaba la siguiente, cuya inscripción se solicitaba a favor del adjudicatario: "Urbana.–Finca urbana de nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo, en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio; que se halla situada en Murla, calle de (…); y linda: por la izquierda y fondo, F. M. M. y A. P. (de nacida G. M.); y por la derecha, entrando patrio del (…) y A. M. G. Inscripción.–En el Registro de la Propiedad de Pego, en el tomo 444, libro 20, folio 75, finca número 1.689 de Murla". 2) Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Pego, y en la calificación de fecha 28 de marzo de 2019 (…) además de considerar necesaria certificación municipal acreditativa de la correspondencia del nuevo número de policía urbana con la finca descrita, se dice "... Examinado el Registro,... no consta su superficie, pues sólo se expresa que mide nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo, pero no su forma poligonal. En la misma escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante la aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie...". 3) Que es de destacar que el asiento registral ya recoge referencia a su medida exacta, al señalar que tiene "nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo" (esto es, 199’35 metros que resultarían de la simple operación aritmética), y «en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio»; y que, como se expresa en la escritura, en su apartado datos catastrales, dicho inmueble, junto con el que se inventariaba a continuación, giraba bajo una misma referencia catastral, expresándose por mí el Notario dudas sobre la identidad catastral. A la vista de los expuestos hechos, el recurrente alega: Fundamentos de Derecho. Artículos 9, 21 y 199 de la Ley Hipotecaria, 51 del Reglamento hipotecario, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 2017. Primero. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria y el artículo 51 de su Reglamento, en la redacción dada por Ley 13/2015, de 24 de junio, exigen, entre las circunstancias que contendrá la inscripción, descripción de la finca, con su situación física detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos y superficie, expresándose la medida superficial en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal; añade además el precepto reglamentario que la descripción de las fincas será preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial, pudiéndose completar la identificación de la finca mediante la incorporación al título inscribible de una base gráfica. Y para la inmatriculación o acceso por primera vez de la finca al Registro, dice la letra b) del citado artículo 9 de la Ley que siempre que se inmatricule una finca, o el resto de operaciones a que alude dicho precepto, se añadirá la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. Segundo. Cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las Resoluciones de 25 de junio de 2015 y de 13 de diciembre de 2016, alegadas en la calificación registral, concluyen, respecto de las fincas que se hallaren ya inscritas pero sin indicación de su medida, en la exigencia y necesaria expresión de su medida superficial, y que dicha expresión sin ser en sentido técnico una inmatriculación sí tendrá cierta virtualidad inmatriculadora y, por tanto, siéndole exigible igualmente la ubicación y delimitación geográfica con las debidas garantías que atribuyen los expedientes registral y notarial de los artículos 199 y 201 de la ley Hipotecaria. Más recientemente, la Resolución de 13 de diciembre de 2017, entre cuyos fundamentos se recoge la de 13 de diciembre de 2016 alegada por la Sra. Registradora en su calificación, tras un repaso de la evolución normativa concluye igualmente en la exigencia de la expresión de la superficie de la finca registral en todo caso, y "no solo cuando se inmatricule una finca, sino también cuando se pretenda practicar una inscripción, asiento posterior, en el folio real de una finca que conste inmatriculada sin expresión de su superficie". Tercero. Dicho esto, la calificación registral, en el caso que nos ocupa, está exigiendo la acreditación de la superficie respecto de un inmueble cuya superficie ya consta registrada. Y tal exigencia, que se predica respecto de fincas que consten inscritas sin expresión de su superficie, no debe serlo respecto de aquellas otras que sí la expresan, como es nuestro caso, aunque lo hagan mediante la fórmula, muy habitual en el pasado, de metros de ancho por metros de fondo, que habrá que presumir iguales, no pudiéndose requerir además, como hace dicha calificación registral, la determinación de su forma poligonal ni la iniciación de los procedimientos previstos en los artículos 201 y 199 de la Ley Hipotecaria en cuanto en modo alguno se ha modificado la cabida de la finca que nos ocupa ni sus restantes elementos descriptivos, ni estamos ante un documento con entidad inmatriculadora. Debiéndose destacar también que, como resulta del título presentado, no se ha procedido a incorporar indubitada referencia catastral y representación gráfica ni a su coordinación, máxime cuanto, como se expresa en dicho título, existen dudas sobre la identidad de la finca descrita con la catastral expresada.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 6 de mayo de 2019, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos; 1, 18, 19, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria; 51 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 7 de enero y 21 de junio de 2004, 1, 8 y 11 de octubre de 2005, 21 de abril y 10 y 14 de junio de 2010, 29 de septiembre y 11 de octubre de 2011, 1 de abril de 2013 y 29 y 30 de octubre de 2015. 1. En el presente expediente es objeto de calificación negativa una escritura de aceptación y adjudicación de herencia por dos defectos: en primer lugar entiende la registradora que la finca no ha quedado debidamente descrita al expresar su cabida de la misma manera que consta en el propio historial tabular, es decir, «nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo» sin alterar en nada su descripción; y en segundo lugar por no quedar acreditado el cambio calle y de número de policía mediante la correspondiente certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento. Es objeto de recurso exclusivamente el primero de los defectos reseñados. 2. Por tanto debemos centrar la reflexión sobre si cabe la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia cuando la finca consta debidamente inscrita y su superficie ha quedado descrita por las medidas de sus lados (9 metros de ancho, por 22 metros y 15 centímetros de largo) o al contrario debe considerarse en tal supuesto que nos encontramos ante la falta de inscripción de la cabida de la finca y por lo tanto deberá acudirse al procedimiento registral previsto en los artículos 199 de la Ley Hipotecaria o al expediente notarial previsto en el artículo 201 del mismo texto legal. Esta Dirección General ha afirmado en innumerables ocasiones (vid. Resolución de 17 de abril de 2015), que la identidad de la finca registral transmitida con la que consta en el Registro es una de las exigencias impuestas por dos principios básicos hipotecarios, como son el de tracto sucesivo y el principio de especialidad. Más específicamente y siguiendo la Resolución de 11 de octubre de 2011: «siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10 y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia en ellos de algunos de los datos descriptivos con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Así la Resolución de 21 de abril de 2010 dados los amplios términos en que se expresan los artículos 72, 73 y 75 de la Ley Hipotecaria, unidos a los demás elementos de identificación de las fincas contenidos en el mandamiento judicial, mantuvo que en aquel caso puede ser tomada la anotación de embargo con los datos registrales de las fincas objeto de anotación señalados en aquel -número de finca registral, tomo, folio y libro en que se encuentran-, teniendo en cuenta además que no hay dudas de que el titular registral es el deudor. Pero también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el título se transmite. Por tanto, el acceso al Registro de los títulos exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico permita apreciar de modo indubitado la identidad entre el bien inscrito y el transmitido (cfr. Resoluciones de 29 de diciembre de 1992 y 11 de octubre de 2005). En suma, como afirmó la Resolución de 7 de enero de 1994 “El principio de especialidad y la concreta regulación legal en esta materia (artículos 9 y 30 Ley Hipotecaria y 51 Reglamento Hipotecario) exigen la descripción de la finca en el título que pretenda el acceso al Registro de la Propiedad como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral”». 3. El defecto recurrido no puede ser confirmado por los argumentos anteriormente expuestos. En el presente expediente nos encontramos ante una finca inscrita respecto de la que no se pretende la modificación de su cabida, siendo mantenida su descripción (a excepción del nombre de la calle y número de policía) en el título objeto de calificación. Además, no se plantea en la calificación impugnada ninguna duda fundada respecto de la coincidencia de la finca registral con la que resulta ser objeto de adjudicación hereditaria resultando del propio historial tabular la cabida de la misma perfectamente identificada. En este supuesto, y como ha sido práctica habitual en el procedimiento registral, la descripción del inmueble está inscrita y queda perfectamente concretada por la longitud de sus lados que, tras una simple operación matemática, determinará la cabida exacta de la línea poligonal cerrada que delimita la finca registral. Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, contra la calificación practicada por la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa Aparicio Marín, por no constar inscrita la superficie de la finca. Hechos I Mediante escritura de fecha 3 de agosto de 2018 de adjudicación de herencia por fallecimiento de doña A. G. P., otorgada ante don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, por se solicitaba inscripción de una finca sita en el municipio de Murla ya inmatriculada, finca registral número 1.689 del Registro de la Propiedad de Pego, descrita como una «finca urbana de nueve metros de ancho, por veinticinco metros quince de largo». II Presentada el día 26 de marzo de 2019 dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Pego. Entrada N.º: 1000 del año: 2019. Asiento N.º: 1.453 Diario: 92. Presentado el 26/03/2019 a las 12:30. Presentante: F. V. M., de Delta Asesores Tributarios y Jurídicos SL. Interesados: J. P. G., A. P. Naturaleza: Escritura pública. Objeto: aceptación de herencia del causante A. G. P. Protocolo N.º: 2512/2018 de 03/08/2018. Notario: Jorge. A. Milz Ramón, Valencia. La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a los siguientes: Hechos. En la escritura citada se formaliza la aceptación y partición de herencia de la citada causante, solicitándose la inscripción únicamente de la finca descrita bajo el número 1 del Inventario, registral número 1689 de Murla. Examinado el Registro, resulta la-situación de la misma en la calle (…) -manifestándose ahora en el título que hoy se denomina calle (…)-, y no consta expresada su superficie, pues sólo se expresa que mide «nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo», pero no su forma poligonal. En la escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. – Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie (bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal). – Además, no se acredita la nueva situación de la finca en calle (…), mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Murla. Fundamentos de Derecho. – Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, según los cuales, para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que estos queden suficientemente individualizados e identificados: según la letra a) de dicho artículo 9, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes: "a) Descripción de la finca objeto de inscripción con su situación física detallada, los dalos relativos a su naturaleza, linderos, superficie (...)". Y la regla 4.ª del artículo 51 del Reglamento Hipotecario, relativo a las reglas con sujeción a las cuales han de practicarse las inscripciones, dispone que: "La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a las medidas del país. (…)" Consecuentemente la expresión de la medida superficial de la finca es un elemento fundamental para su correcta identificación. Visto el criterio de la RDGRN de fecha 25 de junio de 2015, según la cual "(...) Una finca que se halla inscrita sin expresión de su superficie no puede decirse que sea plenamente equiparable a una finca no inmatriculada. Es cierto que no consta la superficie, y que este es un dato esencial para su identificación. Pero también es verdad que aparecen unos linderos, la referencia a la calle de su situación y el número de gobierno, y la alusión a unos elementos construidos en la misma. Por otro lado, del historial registral pueden resultar una serie de titularidades jurídico reales que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo sobre la finca. Todo ello nos conduce a concluir que la finca como tal objeto de derechos si que ha accedido al Registro. Lo que ocurre es que no consta correctamente especificada su superficie. Y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, podemos decir que la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora. (...) Aunque como ya se ha dicho, la registración de la superficie de una finca que consta inscrita sin ella, tiene cierto carácter inmatriculador, debe admitirse que se pueda llevar a efecto aplicando analógicamente los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida. (...)". Y, visto, respecto de los procedimientos establecidos para la rectificación de cabida tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, el criterio, entre otras, de la RDGRN de 13 de diciembre de 2016, cuyo Fundamento de Derecho 3 dispone que "(...) la inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar dotado de las debidas garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a la constatación registral de la superficie ahora alegada ex novo, sino que se deba acreditar cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen dicha superficie, y todo ello con las debidas garantías de notificación a los propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto legal. En cambio, no sería posible acudir a la vía excepcional del artículo 201.3, pues tal supuesto está reservado para el caso de que la superficie que se pretende inscribir no excede en más del 5% o del 10% de la cabida que conste inscrita, y, en el presente caso, como es sabido, no consta inscrita cabida alguna. (...)". – Visto lo dispuesto en el artículo 437 del Reglamento Hipotecario. Y, en base a lo expuesto, se suspende la práctica de las operaciones registrales interesadas. Asimismo se le notifica que el asiento de presentación a que dio lugar la escritura antes reseñada, queda prorrogado automáticamente, a contar desde la fecha de emisión de esta notificación y por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la última comunicación correspondiente; por lo que se amplía consecuentemente el plazo para subsanar el defecto alegado en la misma. Contra esta nota de calificación desfavorable (…) Pego a veintiocho de Marzo del año dos mil diecinueve La Registradora (firma ilegible), Fdo: Teresa Aparicio Marín.» III Contra la anterior nota de calificación, don José Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, interpuso recurso el día 2 de mayo de 2019 en el que sostenía lo siguiente: «Hechos. 1) En escritura por mí autorizada el día 3 de agosto de 2018, con el número 2.512 de protocolo (…) se formalizó herencia en cuyo inventario, entre otros bienes, se relacionaba la siguiente, cuya inscripción se solicitaba a favor del adjudicatario: "Urbana.–Finca urbana de nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo, en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio; que se halla situada en Murla, calle de (…); y linda: por la izquierda y fondo, F. M. M. y A. P. (de nacida G. M.); y por la derecha, entrando patrio del (…) y A. M. G. Inscripción.–En el Registro de la Propiedad de Pego, en el tomo 444, libro 20, folio 75, finca número 1.689 de Murla". 2) Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Pego, y en la calificación de fecha 28 de marzo de 2019 (…) además de considerar necesaria certificación municipal acreditativa de la correspondencia del nuevo número de policía urbana con la finca descrita, se dice "... Examinado el Registro,... no consta su superficie, pues sólo se expresa que mide nueve metros de ancho por veintidós metros quince centímetros de largo, pero no su forma poligonal. En la misma escritura ahora presentada tampoco se determina con exactitud su superficie, pues se expresa de la misma forma. Resulta necesario que se determine con exactitud la superficie de la finca, y, dada la trascendencia que el dato de la superficie tiene en la delimitación de la finca registral, se acredite mediante la aplicación analógica de los procedimientos previstos para la inscripción de los excesos de cabida, al no constar inscrita en el Registro la superficie...". 3) Que es de destacar que el asiento registral ya recoge referencia a su medida exacta, al señalar que tiene "nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo" (esto es, 199’35 metros que resultarían de la simple operación aritmética), y «en cuyo perímetro se halla una casa de planta baja que ocupa nueve metros de ancho, por diez de fondo, siendo lo restante patio»; y que, como se expresa en la escritura, en su apartado datos catastrales, dicho inmueble, junto con el que se inventariaba a continuación, giraba bajo una misma referencia catastral, expresándose por mí el Notario dudas sobre la identidad catastral. A la vista de los expuestos hechos, el recurrente alega: Fundamentos de Derecho. Artículos 9, 21 y 199 de la Ley Hipotecaria, 51 del Reglamento hipotecario, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 2017. Primero. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria y el artículo 51 de su Reglamento, en la redacción dada por Ley 13/2015, de 24 de junio, exigen, entre las circunstancias que contendrá la inscripción, descripción de la finca, con su situación física detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos y superficie, expresándose la medida superficial en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal; añade además el precepto reglamentario que la descripción de las fincas será preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial, pudiéndose completar la identificación de la finca mediante la incorporación al título inscribible de una base gráfica. Y para la inmatriculación o acceso por primera vez de la finca al Registro, dice la letra b) del citado artículo 9 de la Ley que siempre que se inmatricule una finca, o el resto de operaciones a que alude dicho precepto, se añadirá la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. Segundo. Cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las Resoluciones de 25 de junio de 2015 y de 13 de diciembre de 2016, alegadas en la calificación registral, concluyen, respecto de las fincas que se hallaren ya inscritas pero sin indicación de su medida, en la exigencia y necesaria expresión de su medida superficial, y que dicha expresión sin ser en sentido técnico una inmatriculación sí tendrá cierta virtualidad inmatriculadora y, por tanto, siéndole exigible igualmente la ubicación y delimitación geográfica con las debidas garantías que atribuyen los expedientes registral y notarial de los artículos 199 y 201 de la ley Hipotecaria. Más recientemente, la Resolución de 13 de diciembre de 2017, entre cuyos fundamentos se recoge la de 13 de diciembre de 2016 alegada por la Sra. Registradora en su calificación, tras un repaso de la evolución normativa concluye igualmente en la exigencia de la expresión de la superficie de la finca registral en todo caso, y "no solo cuando se inmatricule una finca, sino también cuando se pretenda practicar una inscripción, asiento posterior, en el folio real de una finca que conste inmatriculada sin expresión de su superficie". Tercero. Dicho esto, la calificación registral, en el caso que nos ocupa, está exigiendo la acreditación de la superficie respecto de un inmueble cuya superficie ya consta registrada. Y tal exigencia, que se predica respecto de fincas que consten inscritas sin expresión de su superficie, no debe serlo respecto de aquellas otras que sí la expresan, como es nuestro caso, aunque lo hagan mediante la fórmula, muy habitual en el pasado, de metros de ancho por metros de fondo, que habrá que presumir iguales, no pudiéndose requerir además, como hace dicha calificación registral, la determinación de su forma poligonal ni la iniciación de los procedimientos previstos en los artículos 201 y 199 de la Ley Hipotecaria en cuanto en modo alguno se ha modificado la cabida de la finca que nos ocupa ni sus restantes elementos descriptivos, ni estamos ante un documento con entidad inmatriculadora. Debiéndose destacar también que, como resulta del título presentado, no se ha procedido a incorporar indubitada referencia catastral y representación gráfica ni a su coordinación, máxime cuanto, como se expresa en dicho título, existen dudas sobre la identidad de la finca descrita con la catastral expresada.» IV La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 6 de mayo de 2019, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos; 1, 18, 19, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria; 51 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 7 de enero y 21 de junio de 2004, 1, 8 y 11 de octubre de 2005, 21 de abril y 10 y 14 de junio de 2010, 29 de septiembre y 11 de octubre de 2011, 1 de abril de 2013 y 29 y 30 de octubre de 2015. 1. En el presente expediente es objeto de calificación negativa una escritura de aceptación y adjudicación de herencia por dos defectos: en primer lugar entiende la registradora que la finca no ha quedado debidamente descrita al expresar su cabida de la misma manera que consta en el propio historial tabular, es decir, «nueve metros de ancho, por veintidós metros quince centímetros de largo» sin alterar en nada su descripción; y en segundo lugar por no quedar acreditado el cambio calle y de número de policía mediante la correspondiente certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento. Es objeto de recurso exclusivamente el primero de los defectos reseñados. 2. Por tanto debemos centrar la reflexión sobre si cabe la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia cuando la finca consta debidamente inscrita y su superficie ha quedado descrita por las medidas de sus lados (9 metros de ancho, por 22 metros y 15 centímetros de largo) o al contrario debe considerarse en tal supuesto que nos encontramos ante la falta de inscripción de la cabida de la finca y por lo tanto deberá acudirse al procedimiento registral previsto en los artículos 199 de la Ley Hipotecaria o al expediente notarial previsto en el artículo 201 del mismo texto legal. Esta Dirección General ha afirmado en innumerables ocasiones (vid. Resolución de 17 de abril de 2015), que la identidad de la finca registral transmitida con la que consta en el Registro es una de las exigencias impuestas por dos principios básicos hipotecarios, como son el de tracto sucesivo y el principio de especialidad. Más específicamente y siguiendo la Resolución de 11 de octubre de 2011: «siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10 y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia en ellos de algunos de los datos descriptivos con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Así la Resolución de 21 de abril de 2010 dados los amplios términos en que se expresan los artículos 72, 73 y 75 de la Ley Hipotecaria, unidos a los demás elementos de identificación de las fincas contenidos en el mandamiento judicial, mantuvo que en aquel caso puede ser tomada la anotación de embargo con los datos registrales de las fincas objeto de anotación señalados en aquel -número de finca registral, tomo, folio y libro en que se encuentran-, teniendo en cuenta además que no hay dudas de que el titular registral es el deudor. Pero también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el título se transmite. Por tanto, el acceso al Registro de los títulos exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico permita apreciar de modo indubitado la identidad entre el bien inscrito y el transmitido (cfr. Resoluciones de 29 de diciembre de 1992 y 11 de octubre de 2005). En suma, como afirmó la Resolución de 7 de enero de 1994 “El principio de especialidad y la concreta regulación legal en esta materia (artículos 9 y 30 Ley Hipotecaria y 51 Reglamento Hipotecario) exigen la descripción de la finca en el título que pretenda el acceso al Registro de la Propiedad como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral”». 3. El defecto recurrido no puede ser confirmado por los argumentos anteriormente expuestos. En el presente expediente nos encontramos ante una finca inscrita respecto de la que no se pretende la modificación de su cabida, siendo mantenida su descripción (a excepción del nombre de la calle y número de policía) en el título objeto de calificación. Además, no se plantea en la calificación impugnada ninguna duda fundada respecto de la coincidencia de la finca registral con la que resulta ser objeto de adjudicación hereditaria resultando del propio historial tabular la cabida de la misma perfectamente identificada. En este supuesto, y como ha sido práctica habitual en el procedimiento registral, la descripción del inmueble está inscrita y queda perfectamente concretada por la longitud de sus lados que, tras una simple operación matemática, determinará la cabida exacta de la línea poligonal cerrada que delimita la finca registral. Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. I. C. V. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5, doña María del Pilar Palazón Valentín, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. Hechos I Mediante escritura autorizada por la notaria de Zaragoza, doña María Luisa Lorén Rosas, el día 27 de diciembre de 2018, se otorgó por doña A. I. C. V. la aceptación de la herencia de su madre, doña J. V. P., y se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes de la misma. La causante había fallecido el día 12 de agosto de 2016 en estado de viuda dejando dos hijas, llamadas doña A. I. y doña E. M. C. V. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último testamento ante el notario de Zaragoza, don José María Badía Gascó, el día 3 de mayo de 2004, en el que instituyó herederas universales a sus dos citadas hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes. La citada escritura se otorgó por la única compareciente, doña A. I. C. V. que, en pago de su haber hereditario, se adjudicaba una mitad indivisa de los bienes inventariados de forma que, en la misma escritura, se había requerido a la coheredera, doña E. M. C. V., para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, aceptase pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renunciase a la misma ante la notaria, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entendería aceptada la herencia pura y simplemente. Por diligencia de fecha 28 de enero de 2019 se hizo constar que la notaria se había personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones: el día 14 de enero de 2019, tanto a las 11:30 horas, como a las 16:40 horas, y el día 15 de enero de 2019 a las 17:00 horas; que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que el día 18 de enero de 2019 remitió por correo certificado, con aviso de recibo, copia simple de la escritura, y que había recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día 23 de enero de 2019 a la propia doña E. M. C. V. Por diligencia, de fecha 25 de febrero de 2019, se hizo constar que la notificada no había comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procedía a dar por finalizado el requerimiento. II Presentada el día 25 de febrero de 2019 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Denegada la inscripción solicitada en el precedente documento por los siguiente [sic] motivos: Hechos. – Doña J. V. P., titular según el Registro de la finca 1576 y 4751/8, falleció el doce de agosto de dos mil dieciséis, bajo testamento autorizado por el notario de Zaragoza Don José María Badía Gascó, el tres de mayo de dos mil cuatro, número 1623 de protocolo. – En dicho testamento, declara que se halla casada en únicas nupcias con Don J. C. M., de quien está separada judicialmente, y de cuyo matrimonio tienen dos hijas A. I. y E. M. C. V., a las que instituye herederas por iguales partes, quienes serán sustituidas para los casos de premoriencia, incapacidad y renuncia, por sus respectivos descendientes. – Mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho ante la notario Doña María Luisa Loren Rosas, número 2961 de protocolo, Doña A. I. C. V. acepta la designación de heredera hecha a su favor por su madre J. V. P. en el citado testamento y en pago de su haber se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados en la misma, manifestando que ha comunicado a la coheredera Doña E. M. C. V. para que en el plazo de treinta días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante el Notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante el notario, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. – Por diligencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas, hace contar: 1. Que se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, sito en esta ciudad, en la calle (…) el día catorce de enero de dos mil diecinueve, tanto a las once horas treinta minutos como a la dieciséis horas y cuarenta minutos, y el día quince de enero a las diecisiete horas. En las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna. 2. Que el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple del precedente protocolo, a la misma dirección, entregándose a la notario por el Servicio de Correos de esta ciudad, el oportuno resguardo del envío número (…), resguardo que deja unido a la matriz de la escritura mediante fotocopia y del que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve a la propia E. M. C. V., y aparece firmado. – Y por diligencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas hace constar que la notificada no ha comparecido ante ella en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procede a dar por terminado este instrumento público. Fundamentos de Derecho. – Establece el artículo 80 del Reglamento Hipotecario que, para obtener la inscripción de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos, se deberán presentar, cuando fuesen varios los herederos, "escritura de partición, escritura o, en su caso, acta de protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las leyes o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado". – Es decir, este precepto exige la concurrencia de los herederos para «partir la herencia», y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos. – Ello viene confirmado por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Hipotecaria según el cual "en derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva". – No se puede confundir por tanto la institución de herederos "por partes iguales", en cuyo caso se establece una comunidad germánica de los llamados a la herencia con la institución de herederos de cuotas indivisa en bienes concretos, en cuyo caso estaríamos ante una comunidad romana. – La comunidad germánica en la total herencia se convierte en comunidad romana por el acto de la partición y adjudicación de cuotas indivisas de los distintos bienes que integran la herencia, lo que exige un acto de partición, al que habrán de concurrir la totalidad de los herederos. – No prevé el vigente Código de Derecho Foral de Aragón, en los artículos 365 y siguientes (reguladores de la partición hereditaria) la posibilidad prevista en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, de que la partición la pueden hacer los herederos que representen más de la mitad del haber partible y sean, al menos, dos, notificando notarialmente a los demás, por lo que deberán concurrir todos los herederos al acto particional. – Cuando esta consecuencia no pueda conseguirse, habrá que acudir al procedimiento para la división de la herencia previsto en los artículos 782 y siguientes de la LEC que expresamente establece que «cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario. – No habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario en los términos de los artículos 42. 6.º y 46 de la Ley Hipotecaria. Por todo lo ello he resulto denegar la inscripción solicitada. Contra la presente calificación (…) Zaragoza, a veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (firma ilegible). Fdo.: M.ª del Pilar Palazón Valentín.» III Contra la anterior nota de calificación, doña A. I. C. V., interpuso recurso el día 26 de abril de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente: Primero. Que a la otra heredera se le ha requerido en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y se ha intentado al menos por tres veces para que en el plazo de 30 días naturales acepte pura y simplemente o con beneficio de inventario o repudie la herencia, de manera que de no hacerlo se entenderá aceptada pura y simplemente. Segundo. Que la inscripción ha causado ya inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, por lo que los preceptos mencionados por la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5 no tienen que ver, siendo que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de agosto de 1879 indica que no hace falta acreditar la aceptación de la herencia por los llamados a ella como herederos, pues el título de la herencia puede inscribirse sin que conste la aceptación de la misma por los herederos. Esta doctrina se funda en que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que en virtud del artículo 23 de la Ley Hipotecaria puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 1880 y de 12 de diciembre de 1927 que reiteraron este criterio). En consonancia con esta tesis, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2002, sostiene que no constando la aceptación de los herederos puede practicarse la inscripción, pero no con el carácter de firme o definitiva sino sujetándola a condición suspensiva de que en un momento posterior se acredite la aceptación y sin perjuicio de que, en caso de renuncia del heredero se pueda cancelar la inscripción reviviendo la titularidad del causante. Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos del artículo 1005 del Código Civil, y que en la Resolución de 20 de julio de 2007 establece que «dicha aceptación habrá de entenderse cumplida cuando el expresado heredero o legatario realicen cualquier acto inscribible», y que, de conformidad con el artículo 1005 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con la calificación hoy recurrida, le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras, siendo igual de eficaz la aplicación del 1005 del Código Civil, al evitar acudir a juicio con la actuación del notario. Cuarto. Que la registradora en su calificación menciona una serie de preceptos (artículo 46 de la Ley Hipotecaria), que, con el debido respeto, no tienen nada que ver, y que habiendo causado inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, no se entiende que, siendo la escritura perfectamente válida, no sirva para causar inscripción en otro Registro. Además, la registradora, «no solo no inscribe, sino que deniega la inscripción». IV Mediante escrito, de fecha 21 de mayo de 2019, la registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificado el día 6 de mayo de 2019 a la notaria autorizante del título calificado el recurso interpuesto, no se ha producido alegación alguna. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 988, 1004, 1005, 1052, 1053, 1958, 1059, 1061 y 1062 del Código Civil; 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 18, 19 bis, 42 y 46 de la Ley Hipotecaria; 342 y 365 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 80 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre y 12 de noviembre de 2002, 14 de junio de 2005, 22 de mayo de 2009, 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013, 11 de marzo y 3 de abril de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 13 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016. 1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante deja dos hijas y en su testamento instituye herederas universales a esas dos hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes; la escritura se otorga por una sola de las herederas, que, en pago de su haber hereditario, se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados, de forma que en la misma escritura, se ha requerido a la otra heredera, para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente; por diligencia se hace constar que la notaria, se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, y que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que se remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple de la escritura, y que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva; que por diligencia, se hace constar que la notificada no ha comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna. La registradora señala como defecto que la ley exige la concurrencia de los herederos para partir la herencia, y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos; que no habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario. La recurrente alega lo siguiente; que la escritura causó anteriormente inscripción en otro Registro; que la otra heredera ha sido requerida en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y que no habiéndose contestado en plazo, se entiende por aceptada la herencia; que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas; que la calificación le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras. 2. Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente, sobre que la escritura ha causado inscripción en otro Registro, como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. Tampoco está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo título por otro registrador aunque este haya sido inscrito Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio -«ex novo»- de todo el procedimiento registral. El registrador no está vinculado por las calificaciones de sus predecesores, ni siquiera por las realizadas por él mismo respecto de documentos similares (Resolución de 18 junio de 2010). En la Resolución de 8 mayo de 2012, se añade que tampoco está vinculado por sus propias calificaciones en las sucesivas presentaciones de un mismo documento (doctrina reiterada en las Resoluciones de 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013 y más recientemente en las de 11 de marzo de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 15 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016). 3. Entrando en el fondo del expediente, hay que diferenciar previamente el acto de aceptación de la herencia del de su partición y adjudicación. El hecho de que uno de los herederos acepte la herencia no significa que haya prestado su consentimiento para la partición de la misma. Así, en el supuesto concreto, se ha practicado la «interpellatio in iure» conforme el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y ante el silencio de la requerida, lo que está absolutamente acreditado y la registradora no objeta nada sobre este punto, la ley determina que la herencia está aceptada pura y simplemente. Pero esto no implica que se haya consentido en la partición y adjudicación realizada por la recurrente de forma unilateral. En cuanto a esta cuestión central de este expediente, ha dicho este Centro Directivo (vid. Resoluciones en «Vistos») «que en el caso de partición y adjudicaciones en la que no concurran la totalidad de los herederos, se quiebra el principio de que la partición de la herencia se debe realizar por todos los coherederos por unanimidad, pues una cosa es el derecho hereditario a aceptar la herencia, que no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y otra el derecho en concreto sobre bienes o cuotas determinadas, en tanto no se lleve a efecto la partición de la herencia, de modo que, es necesario el concurso de todos los llamados a la partición de la herencia para que cada derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes del caudal hereditario. Parecido sentido se deduce de la redacción del Código Civil en su artículo 988: «La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres», de los artículos 1052 y 1053 que conceden la acción para exigir la partición a cualquiera de los herederos, y los artículos 1058 y 1059 que exigen la concurrencia de todos los herederos para la partición. Así pues, una cosa es la posibilidad de aceptación separada por lo herederos y otra la conversión del derecho hereditario abstracto en uno concreto sobre los bienes hereditarios, que exigiría la concurrencia de todos los herederos a falta de contador partidor facultado para ello. Y de la misma forma, las disposiciones del Código Civil, recogen también este principio, y en ese mismo sentido se exige por el juego de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil, la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión de su derecho hereditario abstracto, en un derecho concreto sobre los bienes que integran la masa hereditaria». 4. Ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que una cosa es que la herencia haya de tenerse por aceptada en virtud del auto judicial en el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y otra muy distinta que para la partición correspondiente no haya de contarse con los herederos cuyo consentimiento se omite en el otorgamiento de la escritura calificada. El derecho hereditario que, mediante la aceptación, se atribuye a los coherederos no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y no un derecho concreto sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a efecto la partición. Por eso el Código Civil reconoce al titular de una cuota o porción de herencia el derecho a promover la división de la comunidad hereditaria (artículo 1051), y dispone que los herederos pueden verificar la partición del modo que tuvieren por conveniente (cfr. artículo 1058), sin que ninguno de ellos pueda imponer al otro la atribución por participaciones indivisas de todos y cada uno de los bienes resultantes (vid. artículos 1059, 1061 y 1062), de modo que, ultimada la liquidación, tanto puede ocurrir que a un heredero no le corresponda ningún derecho sobre determinado bien -o sobre el único existente- como que se le adjudique éste en su integridad (cfr., asimismo, los artículos 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria). 5. Ciertamente, dentro del complejo fenómeno sucesorio, la aceptación y la partición o adjudicación son dos actos jurídicos con efectos jurídicos diferentes (artículos 988, 1004, 1005, 1058 y 1068 del Código Civil) por lo que la ley distingue dos procedimientos judiciales distintos, el de aceptación y el de testamentaría o partición testamentaria con las adjudicaciones correspondientes de bienes concretos. En el supuesto de este expediente, sólo se ha aceptado la herencia por la heredera otorgante y se da por aceptada pura y simplemente por la compareciente, en virtud de la «interpellatio in iure» del artículo 1005 del Código Civil. Pero la aceptación y partición con adjudicación son negocios jurídicos distintos, integrados en el proceso sucesorio, exigiendo esta última la voluntad de todos los herederos que aceptaron la herencia para, previa liquidación y valoración, adjudicarse los bienes concretos o partes indivisas de los mismo. En consecuencia, el derecho hereditario en abstracto que corresponde a cada una de las herederas, para convertirse en titularidad concreta sobre cada uno de los bienes precisa de la partición, que necesita del consentimiento individualizado de todas ellas. Por todo ello, es indudable la necesidad de concurrencia de todos los llamados a la sucesión para que ese derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes que a cada uno de ellos se le adjudiquen mediante las operaciones de liquidación. Por lo tanto, la escritura calificada, no puede considerarse inscribible al no comparecer ni expresar su voluntad en la partición una de las herederas, conforme a los artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 80 de su Reglamento. En el Código Civil de Derecho Foral de Aragón, se recoge de forma semejante en su artículo 342.2, que permite a los llamados a la herencia aceptarla o repudiarla con independencia de los otros, de manera que con la aplicación supletoria de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil común, se exige la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión del derecho hereditario abstracto en un derecho concreto sobre los bienes del caudal relicto. 6. Alega la recurrente que la registradora motiva su calificación con preceptos que no tienen relación con la cuestión. El artículo 46 de la Ley Hipotecaria establece que «el derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, solo podrá ser objeto de anotación preventiva». Se trata de un desarrollo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, conforme el cual se permite solicitar la anotación preventiva de los respectivos derechos en el Registro correspondiente a los herederos respecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos. Pues bien, el texto de estos dos artículos está referido exclusivamente al derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos, que es lo que ha ocurrido en este expediente, de manera que la registradora ha hecho constar esto en la calificación para indicar que, si no concurren todos los herederos, no pueden inscribirse bienes o participaciones indivisas de bienes concretos, sino tan solo anotarse el derecho hereditario. Para la práctica de esta anotación preventiva -que no cabe de oficio por el registrador- ha de cumplirse lo establecido por el artículo 46 de la Ley Hipotecaria: solicitud por cualquiera de los que tenga derecho a la herencia, acompañado de los documentos fehacientes previstos en el artículo 16 de la ley. Alega la recurrente, para sostener la inscripción sometida a condición suspensiva de la aceptación, una Resolución de este Centro Directivo de 19 de septiembre de 2002, pero el supuesto de esta estaba referido a una protocolización de operaciones particionales por parte del contador partidor y no solo por uno de los herederos. También alega una Resolución de esta Dirección General, de 3 de abril de 2014, en la que se admitió una adjudicación de mitad indivisa hecha en favor y por una sola coheredera, si bien en el supuesto de esta Resolución, había sido inscrita la otra mitad a favor de la otra coheredera, por lo que el Centro Directivo resaltó que «sin prejuzgar, por estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, si esa inscripción debió o no practicarse dado lo expuesto (…)». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. I. C. V. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5, doña María del Pilar Palazón Valentín, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. Hechos I Mediante escritura autorizada por la notaria de Zaragoza, doña María Luisa Lorén Rosas, el día 27 de diciembre de 2018, se otorgó por doña A. I. C. V. la aceptación de la herencia de su madre, doña J. V. P., y se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes de la misma. La causante había fallecido el día 12 de agosto de 2016 en estado de viuda dejando dos hijas, llamadas doña A. I. y doña E. M. C. V. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último testamento ante el notario de Zaragoza, don José María Badía Gascó, el día 3 de mayo de 2004, en el que instituyó herederas universales a sus dos citadas hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes. La citada escritura se otorgó por la única compareciente, doña A. I. C. V. que, en pago de su haber hereditario, se adjudicaba una mitad indivisa de los bienes inventariados de forma que, en la misma escritura, se había requerido a la coheredera, doña E. M. C. V., para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, aceptase pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renunciase a la misma ante la notaria, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entendería aceptada la herencia pura y simplemente. Por diligencia de fecha 28 de enero de 2019 se hizo constar que la notaria se había personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones: el día 14 de enero de 2019, tanto a las 11:30 horas, como a las 16:40 horas, y el día 15 de enero de 2019 a las 17:00 horas; que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que el día 18 de enero de 2019 remitió por correo certificado, con aviso de recibo, copia simple de la escritura, y que había recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día 23 de enero de 2019 a la propia doña E. M. C. V. Por diligencia, de fecha 25 de febrero de 2019, se hizo constar que la notificada no había comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procedía a dar por finalizado el requerimiento. II Presentada el día 25 de febrero de 2019 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Denegada la inscripción solicitada en el precedente documento por los siguiente [sic] motivos: Hechos. – Doña J. V. P., titular según el Registro de la finca 1576 y 4751/8, falleció el doce de agosto de dos mil dieciséis, bajo testamento autorizado por el notario de Zaragoza Don José María Badía Gascó, el tres de mayo de dos mil cuatro, número 1623 de protocolo. – En dicho testamento, declara que se halla casada en únicas nupcias con Don J. C. M., de quien está separada judicialmente, y de cuyo matrimonio tienen dos hijas A. I. y E. M. C. V., a las que instituye herederas por iguales partes, quienes serán sustituidas para los casos de premoriencia, incapacidad y renuncia, por sus respectivos descendientes. – Mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho ante la notario Doña María Luisa Loren Rosas, número 2961 de protocolo, Doña A. I. C. V. acepta la designación de heredera hecha a su favor por su madre J. V. P. en el citado testamento y en pago de su haber se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados en la misma, manifestando que ha comunicado a la coheredera Doña E. M. C. V. para que en el plazo de treinta días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante el Notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante el notario, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. – Por diligencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas, hace contar: 1. Que se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, sito en esta ciudad, en la calle (…) el día catorce de enero de dos mil diecinueve, tanto a las once horas treinta minutos como a la dieciséis horas y cuarenta minutos, y el día quince de enero a las diecisiete horas. En las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna. 2. Que el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple del precedente protocolo, a la misma dirección, entregándose a la notario por el Servicio de Correos de esta ciudad, el oportuno resguardo del envío número (…), resguardo que deja unido a la matriz de la escritura mediante fotocopia y del que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve a la propia E. M. C. V., y aparece firmado. – Y por diligencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas hace constar que la notificada no ha comparecido ante ella en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procede a dar por terminado este instrumento público. Fundamentos de Derecho. – Establece el artículo 80 del Reglamento Hipotecario que, para obtener la inscripción de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos, se deberán presentar, cuando fuesen varios los herederos, "escritura de partición, escritura o, en su caso, acta de protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las leyes o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado". – Es decir, este precepto exige la concurrencia de los herederos para «partir la herencia», y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos. – Ello viene confirmado por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Hipotecaria según el cual "en derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva". – No se puede confundir por tanto la institución de herederos "por partes iguales", en cuyo caso se establece una comunidad germánica de los llamados a la herencia con la institución de herederos de cuotas indivisa en bienes concretos, en cuyo caso estaríamos ante una comunidad romana. – La comunidad germánica en la total herencia se convierte en comunidad romana por el acto de la partición y adjudicación de cuotas indivisas de los distintos bienes que integran la herencia, lo que exige un acto de partición, al que habrán de concurrir la totalidad de los herederos. – No prevé el vigente Código de Derecho Foral de Aragón, en los artículos 365 y siguientes (reguladores de la partición hereditaria) la posibilidad prevista en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, de que la partición la pueden hacer los herederos que representen más de la mitad del haber partible y sean, al menos, dos, notificando notarialmente a los demás, por lo que deberán concurrir todos los herederos al acto particional. – Cuando esta consecuencia no pueda conseguirse, habrá que acudir al procedimiento para la división de la herencia previsto en los artículos 782 y siguientes de la LEC que expresamente establece que «cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario. – No habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario en los términos de los artículos 42. 6.º y 46 de la Ley Hipotecaria. Por todo lo ello he resulto denegar la inscripción solicitada. Contra la presente calificación (…) Zaragoza, a veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (firma ilegible). Fdo.: M.ª del Pilar Palazón Valentín.» III Contra la anterior nota de calificación, doña A. I. C. V., interpuso recurso el día 26 de abril de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente: Primero. Que a la otra heredera se le ha requerido en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y se ha intentado al menos por tres veces para que en el plazo de 30 días naturales acepte pura y simplemente o con beneficio de inventario o repudie la herencia, de manera que de no hacerlo se entenderá aceptada pura y simplemente. Segundo. Que la inscripción ha causado ya inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, por lo que los preceptos mencionados por la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5 no tienen que ver, siendo que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de agosto de 1879 indica que no hace falta acreditar la aceptación de la herencia por los llamados a ella como herederos, pues el título de la herencia puede inscribirse sin que conste la aceptación de la misma por los herederos. Esta doctrina se funda en que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que en virtud del artículo 23 de la Ley Hipotecaria puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 1880 y de 12 de diciembre de 1927 que reiteraron este criterio). En consonancia con esta tesis, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2002, sostiene que no constando la aceptación de los herederos puede practicarse la inscripción, pero no con el carácter de firme o definitiva sino sujetándola a condición suspensiva de que en un momento posterior se acredite la aceptación y sin perjuicio de que, en caso de renuncia del heredero se pueda cancelar la inscripción reviviendo la titularidad del causante. Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos del artículo 1005 del Código Civil, y que en la Resolución de 20 de julio de 2007 establece que «dicha aceptación habrá de entenderse cumplida cuando el expresado heredero o legatario realicen cualquier acto inscribible», y que, de conformidad con el artículo 1005 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con la calificación hoy recurrida, le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras, siendo igual de eficaz la aplicación del 1005 del Código Civil, al evitar acudir a juicio con la actuación del notario. Cuarto. Que la registradora en su calificación menciona una serie de preceptos (artículo 46 de la Ley Hipotecaria), que, con el debido respeto, no tienen nada que ver, y que habiendo causado inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, no se entiende que, siendo la escritura perfectamente válida, no sirva para causar inscripción en otro Registro. Además, la registradora, «no solo no inscribe, sino que deniega la inscripción». IV Mediante escrito, de fecha 21 de mayo de 2019, la registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificado el día 6 de mayo de 2019 a la notaria autorizante del título calificado el recurso interpuesto, no se ha producido alegación alguna. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 988, 1004, 1005, 1052, 1053, 1958, 1059, 1061 y 1062 del Código Civil; 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 18, 19 bis, 42 y 46 de la Ley Hipotecaria; 342 y 365 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 80 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre y 12 de noviembre de 2002, 14 de junio de 2005, 22 de mayo de 2009, 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013, 11 de marzo y 3 de abril de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 13 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016. 1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante deja dos hijas y en su testamento instituye herederas universales a esas dos hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes; la escritura se otorga por una sola de las herederas, que, en pago de su haber hereditario, se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados, de forma que en la misma escritura, se ha requerido a la otra heredera, para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente; por diligencia se hace constar que la notaria, se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, y que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que se remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple de la escritura, y que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva; que por diligencia, se hace constar que la notificada no ha comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna. La registradora señala como defecto que la ley exige la concurrencia de los herederos para partir la herencia, y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos; que no habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario. La recurrente alega lo siguiente; que la escritura causó anteriormente inscripción en otro Registro; que la otra heredera ha sido requerida en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y que no habiéndose contestado en plazo, se entiende por aceptada la herencia; que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas; que la calificación le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras. 2. Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente, sobre que la escritura ha causado inscripción en otro Registro, como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. Tampoco está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo título por otro registrador aunque este haya sido inscrito Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio -«ex novo»- de todo el procedimiento registral. El registrador no está vinculado por las calificaciones de sus predecesores, ni siquiera por las realizadas por él mismo respecto de documentos similares (Resolución de 18 junio de 2010). En la Resolución de 8 mayo de 2012, se añade que tampoco está vinculado por sus propias calificaciones en las sucesivas presentaciones de un mismo documento (doctrina reiterada en las Resoluciones de 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013 y más recientemente en las de 11 de marzo de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 15 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016). 3. Entrando en el fondo del expediente, hay que diferenciar previamente el acto de aceptación de la herencia del de su partición y adjudicación. El hecho de que uno de los herederos acepte la herencia no significa que haya prestado su consentimiento para la partición de la misma. Así, en el supuesto concreto, se ha practicado la «interpellatio in iure» conforme el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y ante el silencio de la requerida, lo que está absolutamente acreditado y la registradora no objeta nada sobre este punto, la ley determina que la herencia está aceptada pura y simplemente. Pero esto no implica que se haya consentido en la partición y adjudicación realizada por la recurrente de forma unilateral. En cuanto a esta cuestión central de este expediente, ha dicho este Centro Directivo (vid. Resoluciones en «Vistos») «que en el caso de partición y adjudicaciones en la que no concurran la totalidad de los herederos, se quiebra el principio de que la partición de la herencia se debe realizar por todos los coherederos por unanimidad, pues una cosa es el derecho hereditario a aceptar la herencia, que no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y otra el derecho en concreto sobre bienes o cuotas determinadas, en tanto no se lleve a efecto la partición de la herencia, de modo que, es necesario el concurso de todos los llamados a la partición de la herencia para que cada derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes del caudal hereditario. Parecido sentido se deduce de la redacción del Código Civil en su artículo 988: «La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres», de los artículos 1052 y 1053 que conceden la acción para exigir la partición a cualquiera de los herederos, y los artículos 1058 y 1059 que exigen la concurrencia de todos los herederos para la partición. Así pues, una cosa es la posibilidad de aceptación separada por lo herederos y otra la conversión del derecho hereditario abstracto en uno concreto sobre los bienes hereditarios, que exigiría la concurrencia de todos los herederos a falta de contador partidor facultado para ello. Y de la misma forma, las disposiciones del Código Civil, recogen también este principio, y en ese mismo sentido se exige por el juego de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil, la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión de su derecho hereditario abstracto, en un derecho concreto sobre los bienes que integran la masa hereditaria». 4. Ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que una cosa es que la herencia haya de tenerse por aceptada en virtud del auto judicial en el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y otra muy distinta que para la partición correspondiente no haya de contarse con los herederos cuyo consentimiento se omite en el otorgamiento de la escritura calificada. El derecho hereditario que, mediante la aceptación, se atribuye a los coherederos no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y no un derecho concreto sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a efecto la partición. Por eso el Código Civil reconoce al titular de una cuota o porción de herencia el derecho a promover la división de la comunidad hereditaria (artículo 1051), y dispone que los herederos pueden verificar la partición del modo que tuvieren por conveniente (cfr. artículo 1058), sin que ninguno de ellos pueda imponer al otro la atribución por participaciones indivisas de todos y cada uno de los bienes resultantes (vid. artículos 1059, 1061 y 1062), de modo que, ultimada la liquidación, tanto puede ocurrir que a un heredero no le corresponda ningún derecho sobre determinado bien -o sobre el único existente- como que se le adjudique éste en su integridad (cfr., asimismo, los artículos 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria). 5. Ciertamente, dentro del complejo fenómeno sucesorio, la aceptación y la partición o adjudicación son dos actos jurídicos con efectos jurídicos diferentes (artículos 988, 1004, 1005, 1058 y 1068 del Código Civil) por lo que la ley distingue dos procedimientos judiciales distintos, el de aceptación y el de testamentaría o partición testamentaria con las adjudicaciones correspondientes de bienes concretos. En el supuesto de este expediente, sólo se ha aceptado la herencia por la heredera otorgante y se da por aceptada pura y simplemente por la compareciente, en virtud de la «interpellatio in iure» del artículo 1005 del Código Civil. Pero la aceptación y partición con adjudicación son negocios jurídicos distintos, integrados en el proceso sucesorio, exigiendo esta última la voluntad de todos los herederos que aceptaron la herencia para, previa liquidación y valoración, adjudicarse los bienes concretos o partes indivisas de los mismo. En consecuencia, el derecho hereditario en abstracto que corresponde a cada una de las herederas, para convertirse en titularidad concreta sobre cada uno de los bienes precisa de la partición, que necesita del consentimiento individualizado de todas ellas. Por todo ello, es indudable la necesidad de concurrencia de todos los llamados a la sucesión para que ese derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes que a cada uno de ellos se le adjudiquen mediante las operaciones de liquidación. Por lo tanto, la escritura calificada, no puede considerarse inscribible al no comparecer ni expresar su voluntad en la partición una de las herederas, conforme a los artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 80 de su Reglamento. En el Código Civil de Derecho Foral de Aragón, se recoge de forma semejante en su artículo 342.2, que permite a los llamados a la herencia aceptarla o repudiarla con independencia de los otros, de manera que con la aplicación supletoria de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil común, se exige la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión del derecho hereditario abstracto en un derecho concreto sobre los bienes del caudal relicto. 6. Alega la recurrente que la registradora motiva su calificación con preceptos que no tienen relación con la cuestión. El artículo 46 de la Ley Hipotecaria establece que «el derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, solo podrá ser objeto de anotación preventiva». Se trata de un desarrollo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, conforme el cual se permite solicitar la anotación preventiva de los respectivos derechos en el Registro correspondiente a los herederos respecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos. Pues bien, el texto de estos dos artículos está referido exclusivamente al derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos, que es lo que ha ocurrido en este expediente, de manera que la registradora ha hecho constar esto en la calificación para indicar que, si no concurren todos los herederos, no pueden inscribirse bienes o participaciones indivisas de bienes concretos, sino tan solo anotarse el derecho hereditario. Para la práctica de esta anotación preventiva -que no cabe de oficio por el registrador- ha de cumplirse lo establecido por el artículo 46 de la Ley Hipotecaria: solicitud por cualquiera de los que tenga derecho a la herencia, acompañado de los documentos fehacientes previstos en el artículo 16 de la ley. Alega la recurrente, para sostener la inscripción sometida a condición suspensiva de la aceptación, una Resolución de este Centro Directivo de 19 de septiembre de 2002, pero el supuesto de esta estaba referido a una protocolización de operaciones particionales por parte del contador partidor y no solo por uno de los herederos. También alega una Resolución de esta Dirección General, de 3 de abril de 2014, en la que se admitió una adjudicación de mitad indivisa hecha en favor y por una sola coheredera, si bien en el supuesto de esta Resolución, había sido inscrita la otra mitad a favor de la otra coheredera, por lo que el Centro Directivo resaltó que «sin prejuzgar, por estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, si esa inscripción debió o no practicarse dado lo expuesto (…)». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. I. C. V. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5, doña María del Pilar Palazón Valentín, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. Hechos I Mediante escritura autorizada por la notaria de Zaragoza, doña María Luisa Lorén Rosas, el día 27 de diciembre de 2018, se otorgó por doña A. I. C. V. la aceptación de la herencia de su madre, doña J. V. P., y se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes de la misma. La causante había fallecido el día 12 de agosto de 2016 en estado de viuda dejando dos hijas, llamadas doña A. I. y doña E. M. C. V. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último testamento ante el notario de Zaragoza, don José María Badía Gascó, el día 3 de mayo de 2004, en el que instituyó herederas universales a sus dos citadas hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes. La citada escritura se otorgó por la única compareciente, doña A. I. C. V. que, en pago de su haber hereditario, se adjudicaba una mitad indivisa de los bienes inventariados de forma que, en la misma escritura, se había requerido a la coheredera, doña E. M. C. V., para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, aceptase pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renunciase a la misma ante la notaria, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entendería aceptada la herencia pura y simplemente. Por diligencia de fecha 28 de enero de 2019 se hizo constar que la notaria se había personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones: el día 14 de enero de 2019, tanto a las 11:30 horas, como a las 16:40 horas, y el día 15 de enero de 2019 a las 17:00 horas; que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que el día 18 de enero de 2019 remitió por correo certificado, con aviso de recibo, copia simple de la escritura, y que había recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día 23 de enero de 2019 a la propia doña E. M. C. V. Por diligencia, de fecha 25 de febrero de 2019, se hizo constar que la notificada no había comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procedía a dar por finalizado el requerimiento. II Presentada el día 25 de febrero de 2019 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Denegada la inscripción solicitada en el precedente documento por los siguiente [sic] motivos: Hechos. – Doña J. V. P., titular según el Registro de la finca 1576 y 4751/8, falleció el doce de agosto de dos mil dieciséis, bajo testamento autorizado por el notario de Zaragoza Don José María Badía Gascó, el tres de mayo de dos mil cuatro, número 1623 de protocolo. – En dicho testamento, declara que se halla casada en únicas nupcias con Don J. C. M., de quien está separada judicialmente, y de cuyo matrimonio tienen dos hijas A. I. y E. M. C. V., a las que instituye herederas por iguales partes, quienes serán sustituidas para los casos de premoriencia, incapacidad y renuncia, por sus respectivos descendientes. – Mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho ante la notario Doña María Luisa Loren Rosas, número 2961 de protocolo, Doña A. I. C. V. acepta la designación de heredera hecha a su favor por su madre J. V. P. en el citado testamento y en pago de su haber se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados en la misma, manifestando que ha comunicado a la coheredera Doña E. M. C. V. para que en el plazo de treinta días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante el Notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante el notario, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. – Por diligencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas, hace contar: 1. Que se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, sito en esta ciudad, en la calle (…) el día catorce de enero de dos mil diecinueve, tanto a las once horas treinta minutos como a la dieciséis horas y cuarenta minutos, y el día quince de enero a las diecisiete horas. En las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna. 2. Que el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple del precedente protocolo, a la misma dirección, entregándose a la notario por el Servicio de Correos de esta ciudad, el oportuno resguardo del envío número (…), resguardo que deja unido a la matriz de la escritura mediante fotocopia y del que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve a la propia E. M. C. V., y aparece firmado. – Y por diligencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas hace constar que la notificada no ha comparecido ante ella en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procede a dar por terminado este instrumento público. Fundamentos de Derecho. – Establece el artículo 80 del Reglamento Hipotecario que, para obtener la inscripción de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos, se deberán presentar, cuando fuesen varios los herederos, "escritura de partición, escritura o, en su caso, acta de protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las leyes o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado". – Es decir, este precepto exige la concurrencia de los herederos para «partir la herencia», y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos. – Ello viene confirmado por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Hipotecaria según el cual "en derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva". – No se puede confundir por tanto la institución de herederos "por partes iguales", en cuyo caso se establece una comunidad germánica de los llamados a la herencia con la institución de herederos de cuotas indivisa en bienes concretos, en cuyo caso estaríamos ante una comunidad romana. – La comunidad germánica en la total herencia se convierte en comunidad romana por el acto de la partición y adjudicación de cuotas indivisas de los distintos bienes que integran la herencia, lo que exige un acto de partición, al que habrán de concurrir la totalidad de los herederos. – No prevé el vigente Código de Derecho Foral de Aragón, en los artículos 365 y siguientes (reguladores de la partición hereditaria) la posibilidad prevista en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, de que la partición la pueden hacer los herederos que representen más de la mitad del haber partible y sean, al menos, dos, notificando notarialmente a los demás, por lo que deberán concurrir todos los herederos al acto particional. – Cuando esta consecuencia no pueda conseguirse, habrá que acudir al procedimiento para la división de la herencia previsto en los artículos 782 y siguientes de la LEC que expresamente establece que «cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario. – No habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario en los términos de los artículos 42. 6.º y 46 de la Ley Hipotecaria. Por todo lo ello he resulto denegar la inscripción solicitada. Contra la presente calificación (…) Zaragoza, a veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (firma ilegible). Fdo.: M.ª del Pilar Palazón Valentín.» III Contra la anterior nota de calificación, doña A. I. C. V., interpuso recurso el día 26 de abril de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente: Primero. Que a la otra heredera se le ha requerido en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y se ha intentado al menos por tres veces para que en el plazo de 30 días naturales acepte pura y simplemente o con beneficio de inventario o repudie la herencia, de manera que de no hacerlo se entenderá aceptada pura y simplemente. Segundo. Que la inscripción ha causado ya inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, por lo que los preceptos mencionados por la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5 no tienen que ver, siendo que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de agosto de 1879 indica que no hace falta acreditar la aceptación de la herencia por los llamados a ella como herederos, pues el título de la herencia puede inscribirse sin que conste la aceptación de la misma por los herederos. Esta doctrina se funda en que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que en virtud del artículo 23 de la Ley Hipotecaria puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 1880 y de 12 de diciembre de 1927 que reiteraron este criterio). En consonancia con esta tesis, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2002, sostiene que no constando la aceptación de los herederos puede practicarse la inscripción, pero no con el carácter de firme o definitiva sino sujetándola a condición suspensiva de que en un momento posterior se acredite la aceptación y sin perjuicio de que, en caso de renuncia del heredero se pueda cancelar la inscripción reviviendo la titularidad del causante. Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos del artículo 1005 del Código Civil, y que en la Resolución de 20 de julio de 2007 establece que «dicha aceptación habrá de entenderse cumplida cuando el expresado heredero o legatario realicen cualquier acto inscribible», y que, de conformidad con el artículo 1005 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con la calificación hoy recurrida, le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras, siendo igual de eficaz la aplicación del 1005 del Código Civil, al evitar acudir a juicio con la actuación del notario. Cuarto. Que la registradora en su calificación menciona una serie de preceptos (artículo 46 de la Ley Hipotecaria), que, con el debido respeto, no tienen nada que ver, y que habiendo causado inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, no se entiende que, siendo la escritura perfectamente válida, no sirva para causar inscripción en otro Registro. Además, la registradora, «no solo no inscribe, sino que deniega la inscripción». IV Mediante escrito, de fecha 21 de mayo de 2019, la registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificado el día 6 de mayo de 2019 a la notaria autorizante del título calificado el recurso interpuesto, no se ha producido alegación alguna. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 988, 1004, 1005, 1052, 1053, 1958, 1059, 1061 y 1062 del Código Civil; 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 18, 19 bis, 42 y 46 de la Ley Hipotecaria; 342 y 365 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 80 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre y 12 de noviembre de 2002, 14 de junio de 2005, 22 de mayo de 2009, 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013, 11 de marzo y 3 de abril de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 13 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016. 1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante deja dos hijas y en su testamento instituye herederas universales a esas dos hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes; la escritura se otorga por una sola de las herederas, que, en pago de su haber hereditario, se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados, de forma que en la misma escritura, se ha requerido a la otra heredera, para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente; por diligencia se hace constar que la notaria, se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, y que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que se remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple de la escritura, y que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva; que por diligencia, se hace constar que la notificada no ha comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna. La registradora señala como defecto que la ley exige la concurrencia de los herederos para partir la herencia, y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos; que no habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario. La recurrente alega lo siguiente; que la escritura causó anteriormente inscripción en otro Registro; que la otra heredera ha sido requerida en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y que no habiéndose contestado en plazo, se entiende por aceptada la herencia; que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas; que la calificación le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras. 2. Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente, sobre que la escritura ha causado inscripción en otro Registro, como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. Tampoco está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo título por otro registrador aunque este haya sido inscrito Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio -«ex novo»- de todo el procedimiento registral. El registrador no está vinculado por las calificaciones de sus predecesores, ni siquiera por las realizadas por él mismo respecto de documentos similares (Resolución de 18 junio de 2010). En la Resolución de 8 mayo de 2012, se añade que tampoco está vinculado por sus propias calificaciones en las sucesivas presentaciones de un mismo documento (doctrina reiterada en las Resoluciones de 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013 y más recientemente en las de 11 de marzo de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 15 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016). 3. Entrando en el fondo del expediente, hay que diferenciar previamente el acto de aceptación de la herencia del de su partición y adjudicación. El hecho de que uno de los herederos acepte la herencia no significa que haya prestado su consentimiento para la partición de la misma. Así, en el supuesto concreto, se ha practicado la «interpellatio in iure» conforme el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y ante el silencio de la requerida, lo que está absolutamente acreditado y la registradora no objeta nada sobre este punto, la ley determina que la herencia está aceptada pura y simplemente. Pero esto no implica que se haya consentido en la partición y adjudicación realizada por la recurrente de forma unilateral. En cuanto a esta cuestión central de este expediente, ha dicho este Centro Directivo (vid. Resoluciones en «Vistos») «que en el caso de partición y adjudicaciones en la que no concurran la totalidad de los herederos, se quiebra el principio de que la partición de la herencia se debe realizar por todos los coherederos por unanimidad, pues una cosa es el derecho hereditario a aceptar la herencia, que no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y otra el derecho en concreto sobre bienes o cuotas determinadas, en tanto no se lleve a efecto la partición de la herencia, de modo que, es necesario el concurso de todos los llamados a la partición de la herencia para que cada derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes del caudal hereditario. Parecido sentido se deduce de la redacción del Código Civil en su artículo 988: «La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres», de los artículos 1052 y 1053 que conceden la acción para exigir la partición a cualquiera de los herederos, y los artículos 1058 y 1059 que exigen la concurrencia de todos los herederos para la partición. Así pues, una cosa es la posibilidad de aceptación separada por lo herederos y otra la conversión del derecho hereditario abstracto en uno concreto sobre los bienes hereditarios, que exigiría la concurrencia de todos los herederos a falta de contador partidor facultado para ello. Y de la misma forma, las disposiciones del Código Civil, recogen también este principio, y en ese mismo sentido se exige por el juego de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil, la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión de su derecho hereditario abstracto, en un derecho concreto sobre los bienes que integran la masa hereditaria». 4. Ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que una cosa es que la herencia haya de tenerse por aceptada en virtud del auto judicial en el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y otra muy distinta que para la partición correspondiente no haya de contarse con los herederos cuyo consentimiento se omite en el otorgamiento de la escritura calificada. El derecho hereditario que, mediante la aceptación, se atribuye a los coherederos no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y no un derecho concreto sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a efecto la partición. Por eso el Código Civil reconoce al titular de una cuota o porción de herencia el derecho a promover la división de la comunidad hereditaria (artículo 1051), y dispone que los herederos pueden verificar la partición del modo que tuvieren por conveniente (cfr. artículo 1058), sin que ninguno de ellos pueda imponer al otro la atribución por participaciones indivisas de todos y cada uno de los bienes resultantes (vid. artículos 1059, 1061 y 1062), de modo que, ultimada la liquidación, tanto puede ocurrir que a un heredero no le corresponda ningún derecho sobre determinado bien -o sobre el único existente- como que se le adjudique éste en su integridad (cfr., asimismo, los artículos 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria). 5. Ciertamente, dentro del complejo fenómeno sucesorio, la aceptación y la partición o adjudicación son dos actos jurídicos con efectos jurídicos diferentes (artículos 988, 1004, 1005, 1058 y 1068 del Código Civil) por lo que la ley distingue dos procedimientos judiciales distintos, el de aceptación y el de testamentaría o partición testamentaria con las adjudicaciones correspondientes de bienes concretos. En el supuesto de este expediente, sólo se ha aceptado la herencia por la heredera otorgante y se da por aceptada pura y simplemente por la compareciente, en virtud de la «interpellatio in iure» del artículo 1005 del Código Civil. Pero la aceptación y partición con adjudicación son negocios jurídicos distintos, integrados en el proceso sucesorio, exigiendo esta última la voluntad de todos los herederos que aceptaron la herencia para, previa liquidación y valoración, adjudicarse los bienes concretos o partes indivisas de los mismo. En consecuencia, el derecho hereditario en abstracto que corresponde a cada una de las herederas, para convertirse en titularidad concreta sobre cada uno de los bienes precisa de la partición, que necesita del consentimiento individualizado de todas ellas. Por todo ello, es indudable la necesidad de concurrencia de todos los llamados a la sucesión para que ese derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes que a cada uno de ellos se le adjudiquen mediante las operaciones de liquidación. Por lo tanto, la escritura calificada, no puede considerarse inscribible al no comparecer ni expresar su voluntad en la partición una de las herederas, conforme a los artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 80 de su Reglamento. En el Código Civil de Derecho Foral de Aragón, se recoge de forma semejante en su artículo 342.2, que permite a los llamados a la herencia aceptarla o repudiarla con independencia de los otros, de manera que con la aplicación supletoria de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil común, se exige la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión del derecho hereditario abstracto en un derecho concreto sobre los bienes del caudal relicto. 6. Alega la recurrente que la registradora motiva su calificación con preceptos que no tienen relación con la cuestión. El artículo 46 de la Ley Hipotecaria establece que «el derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, solo podrá ser objeto de anotación preventiva». Se trata de un desarrollo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, conforme el cual se permite solicitar la anotación preventiva de los respectivos derechos en el Registro correspondiente a los herederos respecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos. Pues bien, el texto de estos dos artículos está referido exclusivamente al derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos, que es lo que ha ocurrido en este expediente, de manera que la registradora ha hecho constar esto en la calificación para indicar que, si no concurren todos los herederos, no pueden inscribirse bienes o participaciones indivisas de bienes concretos, sino tan solo anotarse el derecho hereditario. Para la práctica de esta anotación preventiva -que no cabe de oficio por el registrador- ha de cumplirse lo establecido por el artículo 46 de la Ley Hipotecaria: solicitud por cualquiera de los que tenga derecho a la herencia, acompañado de los documentos fehacientes previstos en el artículo 16 de la ley. Alega la recurrente, para sostener la inscripción sometida a condición suspensiva de la aceptación, una Resolución de este Centro Directivo de 19 de septiembre de 2002, pero el supuesto de esta estaba referido a una protocolización de operaciones particionales por parte del contador partidor y no solo por uno de los herederos. También alega una Resolución de esta Dirección General, de 3 de abril de 2014, en la que se admitió una adjudicación de mitad indivisa hecha en favor y por una sola coheredera, si bien en el supuesto de esta Resolución, había sido inscrita la otra mitad a favor de la otra coheredera, por lo que el Centro Directivo resaltó que «sin prejuzgar, por estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, si esa inscripción debió o no practicarse dado lo expuesto (…)». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

En el recurso interpuesto por doña A. I. C. V. contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5, doña María del Pilar Palazón Valentín, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia. Hechos I Mediante escritura autorizada por la notaria de Zaragoza, doña María Luisa Lorén Rosas, el día 27 de diciembre de 2018, se otorgó por doña A. I. C. V. la aceptación de la herencia de su madre, doña J. V. P., y se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes de la misma. La causante había fallecido el día 12 de agosto de 2016 en estado de viuda dejando dos hijas, llamadas doña A. I. y doña E. M. C. V. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último testamento ante el notario de Zaragoza, don José María Badía Gascó, el día 3 de mayo de 2004, en el que instituyó herederas universales a sus dos citadas hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes. La citada escritura se otorgó por la única compareciente, doña A. I. C. V. que, en pago de su haber hereditario, se adjudicaba una mitad indivisa de los bienes inventariados de forma que, en la misma escritura, se había requerido a la coheredera, doña E. M. C. V., para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, aceptase pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renunciase a la misma ante la notaria, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entendería aceptada la herencia pura y simplemente. Por diligencia de fecha 28 de enero de 2019 se hizo constar que la notaria se había personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones: el día 14 de enero de 2019, tanto a las 11:30 horas, como a las 16:40 horas, y el día 15 de enero de 2019 a las 17:00 horas; que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que el día 18 de enero de 2019 remitió por correo certificado, con aviso de recibo, copia simple de la escritura, y que había recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día 23 de enero de 2019 a la propia doña E. M. C. V. Por diligencia, de fecha 25 de febrero de 2019, se hizo constar que la notificada no había comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procedía a dar por finalizado el requerimiento. II Presentada el día 25 de febrero de 2019 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Denegada la inscripción solicitada en el precedente documento por los siguiente [sic] motivos: Hechos. – Doña J. V. P., titular según el Registro de la finca 1576 y 4751/8, falleció el doce de agosto de dos mil dieciséis, bajo testamento autorizado por el notario de Zaragoza Don José María Badía Gascó, el tres de mayo de dos mil cuatro, número 1623 de protocolo. – En dicho testamento, declara que se halla casada en únicas nupcias con Don J. C. M., de quien está separada judicialmente, y de cuyo matrimonio tienen dos hijas A. I. y E. M. C. V., a las que instituye herederas por iguales partes, quienes serán sustituidas para los casos de premoriencia, incapacidad y renuncia, por sus respectivos descendientes. – Mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho ante la notario Doña María Luisa Loren Rosas, número 2961 de protocolo, Doña A. I. C. V. acepta la designación de heredera hecha a su favor por su madre J. V. P. en el citado testamento y en pago de su haber se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados en la misma, manifestando que ha comunicado a la coheredera Doña E. M. C. V. para que en el plazo de treinta días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante el Notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante el notario, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. – Por diligencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas, hace contar: 1. Que se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, sito en esta ciudad, en la calle (…) el día catorce de enero de dos mil diecinueve, tanto a las once horas treinta minutos como a la dieciséis horas y cuarenta minutos, y el día quince de enero a las diecisiete horas. En las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna. 2. Que el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple del precedente protocolo, a la misma dirección, entregándose a la notario por el Servicio de Correos de esta ciudad, el oportuno resguardo del envío número (…), resguardo que deja unido a la matriz de la escritura mediante fotocopia y del que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve a la propia E. M. C. V., y aparece firmado. – Y por diligencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve la notario Doña María Luisa Loren Rosas hace constar que la notificada no ha comparecido ante ella en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna, por lo que procede a dar por terminado este instrumento público. Fundamentos de Derecho. – Establece el artículo 80 del Reglamento Hipotecario que, para obtener la inscripción de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos, se deberán presentar, cuando fuesen varios los herederos, "escritura de partición, escritura o, en su caso, acta de protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las leyes o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado". – Es decir, este precepto exige la concurrencia de los herederos para «partir la herencia», y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos. – Ello viene confirmado por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Hipotecaria según el cual "en derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva". – No se puede confundir por tanto la institución de herederos "por partes iguales", en cuyo caso se establece una comunidad germánica de los llamados a la herencia con la institución de herederos de cuotas indivisa en bienes concretos, en cuyo caso estaríamos ante una comunidad romana. – La comunidad germánica en la total herencia se convierte en comunidad romana por el acto de la partición y adjudicación de cuotas indivisas de los distintos bienes que integran la herencia, lo que exige un acto de partición, al que habrán de concurrir la totalidad de los herederos. – No prevé el vigente Código de Derecho Foral de Aragón, en los artículos 365 y siguientes (reguladores de la partición hereditaria) la posibilidad prevista en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, de que la partición la pueden hacer los herederos que representen más de la mitad del haber partible y sean, al menos, dos, notificando notarialmente a los demás, por lo que deberán concurrir todos los herederos al acto particional. – Cuando esta consecuencia no pueda conseguirse, habrá que acudir al procedimiento para la división de la herencia previsto en los artículos 782 y siguientes de la LEC que expresamente establece que «cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario. – No habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario en los términos de los artículos 42. 6.º y 46 de la Ley Hipotecaria. Por todo lo ello he resulto denegar la inscripción solicitada. Contra la presente calificación (…) Zaragoza, a veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (firma ilegible). Fdo.: M.ª del Pilar Palazón Valentín.» III Contra la anterior nota de calificación, doña A. I. C. V., interpuso recurso el día 26 de abril de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente: Primero. Que a la otra heredera se le ha requerido en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y se ha intentado al menos por tres veces para que en el plazo de 30 días naturales acepte pura y simplemente o con beneficio de inventario o repudie la herencia, de manera que de no hacerlo se entenderá aceptada pura y simplemente. Segundo. Que la inscripción ha causado ya inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, por lo que los preceptos mencionados por la registradora de la Propiedad de Zaragoza número 5 no tienen que ver, siendo que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de agosto de 1879 indica que no hace falta acreditar la aceptación de la herencia por los llamados a ella como herederos, pues el título de la herencia puede inscribirse sin que conste la aceptación de la misma por los herederos. Esta doctrina se funda en que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que en virtud del artículo 23 de la Ley Hipotecaria puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 1880 y de 12 de diciembre de 1927 que reiteraron este criterio). En consonancia con esta tesis, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2002, sostiene que no constando la aceptación de los herederos puede practicarse la inscripción, pero no con el carácter de firme o definitiva sino sujetándola a condición suspensiva de que en un momento posterior se acredite la aceptación y sin perjuicio de que, en caso de renuncia del heredero se pueda cancelar la inscripción reviviendo la titularidad del causante. Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos del artículo 1005 del Código Civil, y que en la Resolución de 20 de julio de 2007 establece que «dicha aceptación habrá de entenderse cumplida cuando el expresado heredero o legatario realicen cualquier acto inscribible», y que, de conformidad con el artículo 1005 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con la calificación hoy recurrida, le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras, siendo igual de eficaz la aplicación del 1005 del Código Civil, al evitar acudir a juicio con la actuación del notario. Cuarto. Que la registradora en su calificación menciona una serie de preceptos (artículo 46 de la Ley Hipotecaria), que, con el debido respeto, no tienen nada que ver, y que habiendo causado inscripción en el Registro de la Propiedad de Calamocha, no se entiende que, siendo la escritura perfectamente válida, no sirva para causar inscripción en otro Registro. Además, la registradora, «no solo no inscribe, sino que deniega la inscripción». IV Mediante escrito, de fecha 21 de mayo de 2019, la registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificado el día 6 de mayo de 2019 a la notaria autorizante del título calificado el recurso interpuesto, no se ha producido alegación alguna. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 988, 1004, 1005, 1052, 1053, 1958, 1059, 1061 y 1062 del Código Civil; 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 18, 19 bis, 42 y 46 de la Ley Hipotecaria; 342 y 365 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 80 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre y 12 de noviembre de 2002, 14 de junio de 2005, 22 de mayo de 2009, 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013, 11 de marzo y 3 de abril de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 13 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016. 1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante deja dos hijas y en su testamento instituye herederas universales a esas dos hijas por partes iguales sustituidas por sus descendientes; la escritura se otorga por una sola de las herederas, que, en pago de su haber hereditario, se adjudica una mitad indivisa de los bienes inventariados, de forma que en la misma escritura, se ha requerido a la otra heredera, para que en el plazo de 30 días naturales desde la notificación, acepte pura y simplemente la herencia, con el beneficio del inventario o renuncie a la misma ante notario, con la advertencia expresa de que, de no manifestar su voluntad en dicho plazo ante la notaria, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente; por diligencia se hace constar que la notaria, se ha personado en el domicilio indicado en el requerimiento en tres ocasiones, y que en las tres ocasiones, tras llamar al portero automático varias veces, no recibe respuesta alguna; que se remite por correo certificado con acuse de recibo copia simple de la escritura, y que ha recibido el aviso de recibo del envío según el cual se hizo entrega efectiva; que por diligencia, se hace constar que la notificada no ha comparecido en el plazo estipulado para hacer manifestación alguna. La registradora señala como defecto que la ley exige la concurrencia de los herederos para partir la herencia, y realizar las diferentes adjudicaciones cuando se trate de varios herederos; que no habiéndose otorgado la correspondiente escritura de partición por todos los herederos o instado y finalizado el correspondiente procedimiento judicial, al heredero solo le cabe solicitar la anotación preventiva de su derecho hereditario. La recurrente alega lo siguiente; que la escritura causó anteriormente inscripción en otro Registro; que la otra heredera ha sido requerida en los términos del artículo 1005 del Código Civil, y que no habiéndose contestado en plazo, se entiende por aceptada la herencia; que la aceptación de la herencia es un hecho que constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta transmisión del dominio, que una vez hecha, se retrotrae a la fecha en que se verifique la aceptación, y que nada impide que puedan inscribirse los títulos traslativos del dominio sujetos a condiciones suspensivas; que la calificación le conmina a acudir a un procedimiento judicial de división de herencia, que lo único que va a ocasionar son más gastos y demoras. 2. Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente, sobre que la escritura ha causado inscripción en otro Registro, como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. Tampoco está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo título por otro registrador aunque este haya sido inscrito Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio -«ex novo»- de todo el procedimiento registral. El registrador no está vinculado por las calificaciones de sus predecesores, ni siquiera por las realizadas por él mismo respecto de documentos similares (Resolución de 18 junio de 2010). En la Resolución de 8 mayo de 2012, se añade que tampoco está vinculado por sus propias calificaciones en las sucesivas presentaciones de un mismo documento (doctrina reiterada en las Resoluciones de 30 de enero, 19 de marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 de junio de 2013 y más recientemente en las de 11 de marzo de 2014, 16 de febrero, 25 de marzo, 10 de junio y 15 de julio de 2015 y 12 de abril, 12 de mayo, 28 de junio, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 2016). 3. Entrando en el fondo del expediente, hay que diferenciar previamente el acto de aceptación de la herencia del de su partición y adjudicación. El hecho de que uno de los herederos acepte la herencia no significa que haya prestado su consentimiento para la partición de la misma. Así, en el supuesto concreto, se ha practicado la «interpellatio in iure» conforme el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y ante el silencio de la requerida, lo que está absolutamente acreditado y la registradora no objeta nada sobre este punto, la ley determina que la herencia está aceptada pura y simplemente. Pero esto no implica que se haya consentido en la partición y adjudicación realizada por la recurrente de forma unilateral. En cuanto a esta cuestión central de este expediente, ha dicho este Centro Directivo (vid. Resoluciones en «Vistos») «que en el caso de partición y adjudicaciones en la que no concurran la totalidad de los herederos, se quiebra el principio de que la partición de la herencia se debe realizar por todos los coherederos por unanimidad, pues una cosa es el derecho hereditario a aceptar la herencia, que no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y otra el derecho en concreto sobre bienes o cuotas determinadas, en tanto no se lleve a efecto la partición de la herencia, de modo que, es necesario el concurso de todos los llamados a la partición de la herencia para que cada derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes del caudal hereditario. Parecido sentido se deduce de la redacción del Código Civil en su artículo 988: «La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres», de los artículos 1052 y 1053 que conceden la acción para exigir la partición a cualquiera de los herederos, y los artículos 1058 y 1059 que exigen la concurrencia de todos los herederos para la partición. Así pues, una cosa es la posibilidad de aceptación separada por lo herederos y otra la conversión del derecho hereditario abstracto en uno concreto sobre los bienes hereditarios, que exigiría la concurrencia de todos los herederos a falta de contador partidor facultado para ello. Y de la misma forma, las disposiciones del Código Civil, recogen también este principio, y en ese mismo sentido se exige por el juego de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil, la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión de su derecho hereditario abstracto, en un derecho concreto sobre los bienes que integran la masa hereditaria». 4. Ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que una cosa es que la herencia haya de tenerse por aceptada en virtud del auto judicial en el procedimiento del artículo 1005 del Código Civil, y otra muy distinta que para la partición correspondiente no haya de contarse con los herederos cuyo consentimiento se omite en el otorgamiento de la escritura calificada. El derecho hereditario que, mediante la aceptación, se atribuye a los coherederos no es más que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y no un derecho concreto sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a efecto la partición. Por eso el Código Civil reconoce al titular de una cuota o porción de herencia el derecho a promover la división de la comunidad hereditaria (artículo 1051), y dispone que los herederos pueden verificar la partición del modo que tuvieren por conveniente (cfr. artículo 1058), sin que ninguno de ellos pueda imponer al otro la atribución por participaciones indivisas de todos y cada uno de los bienes resultantes (vid. artículos 1059, 1061 y 1062), de modo que, ultimada la liquidación, tanto puede ocurrir que a un heredero no le corresponda ningún derecho sobre determinado bien -o sobre el único existente- como que se le adjudique éste en su integridad (cfr., asimismo, los artículos 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria). 5. Ciertamente, dentro del complejo fenómeno sucesorio, la aceptación y la partición o adjudicación son dos actos jurídicos con efectos jurídicos diferentes (artículos 988, 1004, 1005, 1058 y 1068 del Código Civil) por lo que la ley distingue dos procedimientos judiciales distintos, el de aceptación y el de testamentaría o partición testamentaria con las adjudicaciones correspondientes de bienes concretos. En el supuesto de este expediente, sólo se ha aceptado la herencia por la heredera otorgante y se da por aceptada pura y simplemente por la compareciente, en virtud de la «interpellatio in iure» del artículo 1005 del Código Civil. Pero la aceptación y partición con adjudicación son negocios jurídicos distintos, integrados en el proceso sucesorio, exigiendo esta última la voluntad de todos los herederos que aceptaron la herencia para, previa liquidación y valoración, adjudicarse los bienes concretos o partes indivisas de los mismo. En consecuencia, el derecho hereditario en abstracto que corresponde a cada una de las herederas, para convertirse en titularidad concreta sobre cada uno de los bienes precisa de la partición, que necesita del consentimiento individualizado de todas ellas. Por todo ello, es indudable la necesidad de concurrencia de todos los llamados a la sucesión para que ese derecho hereditario en abstracto se convierta en titularidades singulares y concretas sobre los bienes que a cada uno de ellos se le adjudiquen mediante las operaciones de liquidación. Por lo tanto, la escritura calificada, no puede considerarse inscribible al no comparecer ni expresar su voluntad en la partición una de las herederas, conforme a los artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 80 de su Reglamento. En el Código Civil de Derecho Foral de Aragón, se recoge de forma semejante en su artículo 342.2, que permite a los llamados a la herencia aceptarla o repudiarla con independencia de los otros, de manera que con la aplicación supletoria de los artículos 1058 y 1059 del Código Civil común, se exige la necesaria concurrencia de todos los llamados a la sucesión para la conversión del derecho hereditario abstracto en un derecho concreto sobre los bienes del caudal relicto. 6. Alega la recurrente que la registradora motiva su calificación con preceptos que no tienen relación con la cuestión. El artículo 46 de la Ley Hipotecaria establece que «el derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, solo podrá ser objeto de anotación preventiva». Se trata de un desarrollo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, conforme el cual se permite solicitar la anotación preventiva de los respectivos derechos en el Registro correspondiente a los herederos respecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos. Pues bien, el texto de estos dos artículos está referido exclusivamente al derecho hereditario cuando no se haga especial adjudicación a los herederos, que es lo que ha ocurrido en este expediente, de manera que la registradora ha hecho constar esto en la calificación para indicar que, si no concurren todos los herederos, no pueden inscribirse bienes o participaciones indivisas de bienes concretos, sino tan solo anotarse el derecho hereditario. Para la práctica de esta anotación preventiva -que no cabe de oficio por el registrador- ha de cumplirse lo establecido por el artículo 46 de la Ley Hipotecaria: solicitud por cualquiera de los que tenga derecho a la herencia, acompañado de los documentos fehacientes previstos en el artículo 16 de la ley. Alega la recurrente, para sostener la inscripción sometida a condición suspensiva de la aceptación, una Resolución de este Centro Directivo de 19 de septiembre de 2002, pero el supuesto de esta estaba referido a una protocolización de operaciones particionales por parte del contador partidor y no solo por uno de los herederos. También alega una Resolución de esta Dirección General, de 3 de abril de 2014, en la que se admitió una adjudicación de mitad indivisa hecha en favor y por una sola coheredera, si bien en el supuesto de esta Resolución, había sido inscrita la otra mitad a favor de la otra coheredera, por lo que el Centro Directivo resaltó que «sin prejuzgar, por estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, si esa inscripción debió o no practicarse dado lo expuesto (…)». Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación. Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 28 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.