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    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16314 En caso de condición de resolutoria que garantiza una renta vitalicia, la Dirección General confirma la calificación que exige consentimiento de los herederos del perceptor o resolución judicial; pero parece que debe entenderse que ello es sin perjuicio de esperar los plazos legales para la liberación de cargas por caducidad del asiento
    Categorias: CANCELACION CARGA REGISTRAL, PRESCRIPCION EXTINTIVA, CANCELACION ASIENTO, CONDICION RESOLUTORIA, CADUCIDAD ASIENTO, ALIMENTOS(CONTRATO), RENTA VITALICIA
    Resumen:
    En caso de condición de resolutoria que garantiza una renta vitalicia, la Dirección General confirma la calificación que exige consentimiento de los herederos del perceptor o resolución judicial; pero parece que debe entenderse que ello es sin perjuicio de esperar los plazos legales para la liberación de cargas por caducidad del asiento.

    [Tras el fallecimiento acreditado del acreedor en cuyo beneficio se constituyó la condición resolutoria que grava la finca transmitida, a fin de asegurar una renta vitalicia. Se hace constar que se habían cumplido las obligaciones asumidas, sin que del Registro de la Propiedad resultase inscripción o anotación alguna que lo impidiera, haciéndose constar así mismo que había transcurrido el plazo legal previsto para el ejercicio de la acción de reclamación correspondiente]
    En el caso de condiciones resolutorias pactadas para garantizar obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no puede aplicarse por analogía el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, ya que se trata de supuestos distintos (derechos de modificación jurídica y condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer y no hacer) y en ningún caso sería de aplicación el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
    En cambio, el artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que «hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».
    No cabe, por tanto en el presente caso, la cancelación de la condición resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resolución judicial.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16314 En la liberación sin expediente- de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, la legitimación la tiene cualquier interesado; a diferencia de la cancelación de cargas prescritas, que sólo la puede pedir el titular registral
    Categorias: CANCELACION CARGA REGISTRAL, PRESCRIPCION EXTINTIVA, CANCELACION ASIENTO, CONDICION RESOLUTORIA, LEGITIMACION PROCESAL, TITULAR REGISTRAL
    Resumen:
    En la liberación sin expediente- de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, la legitimación la tiene cualquier interesado; a diferencia de la cancelación de cargas prescritas, que sólo la puede pedir el titular registral.[Tras el fallecimiento acreditado del acreedor en cuyo beneficio se constituyó la condición resolutoria que grava la finca transmitida, a fin de asegurar una renta vitalicia. Se hace constar que se habían cumplido las obligaciones asumidas, sin que del Registro de la Propiedad resultase inscripción o anotación alguna que lo impidiera, haciéndose constar así mismo que había transcurrido el plazo legal previsto para el ejercicio de la acción de reclamación correspondiente]En el caso de condiciones resolutorias pactadas para garantizar obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no puede aplicarse por analogía el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, ya que se trata de supuestos distintos (derechos de modificación jurídica y condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer y no hacer) y en ningún caso sería de aplicación el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.En cambio, el artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que «hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».No cabe, por tanto en el presente caso, la cancelación de la condición resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resolución judicial.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16314 La liberación sin expediente- de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales no se fundamenta en la prescripción civil del derecho, sino en un régimen puramente registral de caducidad de asientos
    Categorias: CANCELACION CARGA REGISTRAL, PRESCRIPCION EXTINTIVA, CANCELACION ASIENTO, CONDICION RESOLUTORIA, LEGITIMACION PROCESAL, TITULAR REGISTRAL, CADUCIDAD ASIENTO
    Resumen:
    La liberación sin expediente- de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales no se fundamenta en la prescripción civil del derecho, sino en un régimen puramente registral de caducidad de asientos.[Tras el fallecimiento acreditado del acreedor en cuyo beneficio se constituyó la condición resolutoria que grava la finca transmitida, a fin de asegurar una renta vitalicia. Se hace constar que se habían cumplido las obligaciones asumidas, sin que del Registro de la Propiedad resultase inscripción o anotación alguna que lo impidiera, haciéndose constar así mismo que había transcurrido el plazo legal previsto para el ejercicio de la acción de reclamación correspondiente]En el caso de condiciones resolutorias pactadas para garantizar obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no puede aplicarse por analogía el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, ya que se trata de supuestos distintos (derechos de modificación jurídica y condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer y no hacer) y en ningún caso sería de aplicación el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.En cambio, el artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que «hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».No cabe, por tanto en el presente caso, la cancelación de la condición resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resolución judicial.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16314 En caso de condición de resolutoria que garantiza una renta vitalicia, la Dirección General, a efectos de liberación de la carga, por prescripción o caducidad del asiento, parte de la base de que no consta inscrita la fecha de ejercicio del derecho (se pretende por el recurrente que es el fallecimiento del perceptor)
    Categorias: CANCELACION CARGA REGISTRAL, PRESCRIPCION EXTINTIVA, CANCELACION ASIENTO, CONDICION RESOLUTORIA, CADUCIDAD ASIENTO, ALIMENTOS(CONTRATO), RENTA VITALICIA
    Resumen:
    En caso de condición de resolutoria que garantiza una renta vitalicia, la Dirección General, a efectos de liberación de la carga, por prescripción o caducidad del asiento, parte de la base de que no consta inscrita la fecha de ejercicio del derecho (se pretende por el recurrente que es el fallecimiento del perceptor).[Tras el fallecimiento acreditado del acreedor en cuyo beneficio se constituyó la condición resolutoria que grava la finca transmitida, a fin de asegurar una renta vitalicia. Se hace constar que se habían cumplido las obligaciones asumidas, sin que del Registro de la Propiedad resultase inscripción o anotación alguna que lo impidiera, haciéndose constar así mismo que había transcurrido el plazo legal previsto para el ejercicio de la acción de reclamación correspondiente]En el caso de condiciones resolutorias pactadas para garantizar obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no puede aplicarse por analogía el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, ya que se trata de supuestos distintos (derechos de modificación jurídica y condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer y no hacer) y en ningún caso sería de aplicación el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.En cambio, el artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que «hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».No cabe, por tanto en el presente caso, la cancelación de la condición resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resolución judicial.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16319 El expediente de negociación extrajudicial se anota en el Registro, desde que el mediador acepta el encargo, siendo título inscribible la copia autorizada del acta notarial de designación -y no un testimonio o certificación de su contenido-
    Categorias: CONCURSO ACREEDORES, MEDIADOR CONCURSAL, TITULO INSCRIBIBLE, COPIA NOTARIAL AUTORIZADA, CERTIFICACION NOTARIAL, TESTIMONIO NOTARIAL, ANOTACION PREVENTIVA, JURISDICCION VOLUNTARIA NOTARIAL, JURISDICCION VOLUNTARIA
    Resumen:
    El expediente de negociación extrajudicial se anota en el Registro, desde que el mediador acepta el encargo, siendo título inscribible la copia autorizada del acta notarial de designación -y no un testimonio o certificación de su contenido-.La subsanación del defecto y la práctica en su caso del asiento solicitado no son obstáculo para la interposición del recurso.La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce en nuestro ordenamiento un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresariosPara garantizar sus efectos, la Ley Concursal prevé que se haga constar por anotación preventiva en el Registro de la Propiedad o en el Registro de Bienes Muebles (o en cualquier otro registro de bienes), la apertura del expediente una vez que el mediador concursal designado haya aceptado el encargo.La competencia para tramitar el procedimiento y designar al mediador concursal se atribuye a notarios, registradores mercantiles y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, habiendo tenido esta Dirección General la oportunidad de pronunciarse sobre la debida delimitación competencial entre unos y otros (vid. Resoluciones de 4 y 9 de marzo y 18 de octubre de 2016).[Debe tratarse de resoluciones del Sistema Notarial]Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral.Dejando de lado la poco afortunada técnica legislativa del precepto, lo cierto es que distingue adecuadamente entre la obligación de «dar cuenta» al registro público competente de la designación y aceptación del mediador concursal a los efectos de causar asiento de anotación preventiva y la mera «comunicación» del hecho de la designación y aceptación a otras instancias especificando, respecto de estas últimas, cual haya de ser el contenido del comunicado.Reservada la comunicación a los efectos y con el contenido citados, la presentación en el registro de bienes competente debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas generales del ordenamiento. La reforma no ha pretendido alterar el sistema documental propio de la profesión notarial ni el principio de legalidad registral.Así, la disyuntiva entre certificación o copia se predica, no de cualquiera de las autoridades competentes, sino respecto de los registradores mercantiles por un lado y de los notarios por otro. De este modo los registradores y Cámaras Oficiales remitirán a los registros competentes certificación del expediente comprensiva de los particulares necesarios para la práctica de la anotación preventiva y el notario remitirá copia autorizada del acta de designación del mediador concursal comprensiva de las diligencias hasta ese momento practicadas. Del mismo y en cuanto al título para provocar la cancelación del asiento de anotación preventiva, aquellos expedirán certificación de cierre del expediente y el notario la correspondiente copia autorizada de su acta.Sin necesidad de acudir a conjeturas que por afectar al régimen de documentación notarial de los actos jurídicos habrían de estar respaldadas por un mandato legal terminante.Y todo ello sin afectar tampoco a las respectivas competencias de notarios y registradores en cuanto a la redacción y formación del documento público y a su calificación una vez practicado el oportuno asiento de presentación. En el ámbito del procedimiento de designación de mediador concursal por notario corresponderá a este la documentación de las distintas diligencias que se vayan practicando así como la apreciación de la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para la procedencia del nombramiento, sin perjuicio de la competencia del registrador para apreciar el cumplimiento de la forma legalmente exigible así como que su contenido se ajusta a la previsión legal de conformidad con las reglas generales.Y todo ello sin perjuicio de la competencia del notario para emitir certificaciones u otros documentos cuyo contenido y efectos son los previstos en el reglamento notarial, pero no los propios de los documentos públicos denominados actas.[Art. 144RN: Los testimonios, certificaciones, legalizaciones y demás documentos notariales que no reciban la denominación de escrituras públicas pólizas intervenidas o actas, tienen como delimitación, en orden al contenido, la que este Reglamento les asigna.]
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16319 Normas de la Dirección General sobre el reparto de competencias para designar mediador concursal, entre notarios, registradores mercantiles y Cámaras de Comercio
    Categorias: CONCURSO ACREEDORES, MEDIADOR CONCURSAL, TITULO INSCRIBIBLE, COPIA NOTARIAL AUTORIZADA, CERTIFICACION NOTARIAL, TESTIMONIO NOTARIAL, ANOTACION PREVENTIVA, JURISDICCION VOLUNTARIA NOTARIAL, JURISDICCION VOLUNTARIA, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, COMPETENCIA JURISDICCION, COMPETENCIA FUNCIONAL NOTARIO, REGISTRADOR MERCANTIL, CAMARA COMERCIO INDUSTRIA
    Resumen:
    Normas de la Dirección General sobre el reparto de competencias para designar mediador concursal, entre notarios, registradores mercantiles y Cámaras de Comercio.La subsanación del defecto y la práctica en su caso del asiento solicitado no son obstáculo para la interposición del recurso.La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce en nuestro ordenamiento un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresariosPara garantizar sus efectos, la Ley Concursal prevé que se haga constar por anotación preventiva en el Registro de la Propiedad o en el Registro de Bienes Muebles (o en cualquier otro registro de bienes), la apertura del expediente una vez que el mediador concursal designado haya aceptado el encargo.La competencia para tramitar el procedimiento y designar al mediador concursal se atribuye a notarios, registradores mercantiles y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, habiendo tenido esta Dirección General la oportunidad de pronunciarse sobre la debida delimitación competencial entre unos y otros (vid. Resoluciones de 4 y 9 de marzo y 18 de octubre de 2016).[Debe tratarse de resoluciones del Sistema Notarial]Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral.Dejando de lado la poco afortunada técnica legislativa del precepto, lo cierto es que distingue adecuadamente entre la obligación de «dar cuenta» al registro público competente de la designación y aceptación del mediador concursal a los efectos de causar asiento de anotación preventiva y la mera «comunicación» del hecho de la designación y aceptación a otras instancias especificando, respecto de estas últimas, cual haya de ser el contenido del comunicado.Reservada la comunicación a los efectos y con el contenido citados, la presentación en el registro de bienes competente debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas generales del ordenamiento. La reforma no ha pretendido alterar el sistema documental propio de la profesión notarial ni el principio de legalidad registral.Así, la disyuntiva entre certificación o copia se predica, no de cualquiera de las autoridades competentes, sino respecto de los registradores mercantiles por un lado y de los notarios por otro. De este modo los registradores y Cámaras Oficiales remitirán a los registros competentes certificación del expediente comprensiva de los particulares necesarios para la práctica de la anotación preventiva y el notario remitirá copia autorizada del acta de designación del mediador concursal comprensiva de las diligencias hasta ese momento practicadas. Del mismo y en cuanto al título para provocar la cancelación del asiento de anotación preventiva, aquellos expedirán certificación de cierre del expediente y el notario la correspondiente copia autorizada de su acta.Sin necesidad de acudir a conjeturas que por afectar al régimen de documentación notarial de los actos jurídicos habrían de estar respaldadas por un mandato legal terminante.Y todo ello sin afectar tampoco a las respectivas competencias de notarios y registradores en cuanto a la redacción y formación del documento público y a su calificación una vez practicado el oportuno asiento de presentación. En el ámbito del procedimiento de designación de mediador concursal por notario corresponderá a este la documentación de las distintas diligencias que se vayan practicando así como la apreciación de la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para la procedencia del nombramiento, sin perjuicio de la competencia del registrador para apreciar el cumplimiento de la forma legalmente exigible así como que su contenido se ajusta a la previsión legal de conformidad con las reglas generales.Y todo ello sin perjuicio de la competencia del notario para emitir certificaciones u otros documentos cuyo contenido y efectos son los previstos en el reglamento notarial, pero no los propios de los documentos públicos denominados actas.[Art. 144RN: Los testimonios, certificaciones, legalizaciones y demás documentos notariales que no reciban la denominación de escrituras públicas pólizas intervenidas o actas, tienen como delimitación, en orden al contenido, la que este Reglamento les asigna.]
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16313 El derecho de adquisición preferente puede ser configurado como propio derecho real, siempre que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se dijo que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada)
    Categorias: DERECHO PREFERENTE ADQUISICION, DERECHO REAL, DERECHO PERSONAL, NUMERUS CLAUSUS, INSCRIPCION REGISTRAL, PRINCIPIO ESPECIALIDAD
    Resumen:
    El derecho de adquisición preferente puede ser configurado como propio derecho real, siempre que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se dijo que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada).La doctrina del «numerus apertus» permite, no sólo la constitución de nuevas figuras de derechos reales, incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales, sino también la alteración del contenido típico de los derechos reales. Pero respetando las normas estructurales del estatuto jurídico de los bienes.Son características estructurales típicas su inmediatividad, o posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber general de abstención que posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo determinado.Los derechos de adquisición preferente pueden ser configurados como un verdadero y propio derecho real, pero debe hacerse de forma que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se decía que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada). Se hace imprescindible la determinación del concreto contenido y extensión de las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al Registro.Por la elasticidad del dominio y por su carácter abstracto, cabe en vía de principio que una de las facultades dominicales cual es la dispositiva sea objeto de disgregación de modo que sea objeto de una configuración propia de los derechos reales. Prueba de ello es la existencia de figuras como la del usufructo con facultad de disponer o la de la donación con reserva de la facultad dispositiva. Precisamente, si en este último caso puede desmembrarse del dominio por vía de «deductio» (aunque, para algunos autores, también en el supuesto del artículo 639 del Código Civil lo que se reserva el donante es un derecho real independiente que nace de lo pactado en la donación), no debe existir obstáculo para que el mismo resultado se produzca por vía de «translatio», como ocurre con otras facultades dominicales como es la de disfrutar y gozar de una cosa «erga omnes».En la escritura calificada es objeto de donación no una mera facultad sino un verdadero derecho subjetivo, de los denominados potestativos o de modificación jurídica, que atribuye al donatario un poder para disponer con plenos efectos de bienes ajenos pertenecientes a las donantes .La inmediatividad, absolutividad, reipersecutoriedad, preferencia y exclusión propias de los derechos reales quedan asegurada, en tanto en cuanto cualquiera que sea el propietario poseedor de las fincas referidas podrá el donatario del «ius disponendi» ejercitarlo. El hecho de que se configure como un derecho inalienable y personalísimo no impide su consideración como verdadero derecho real (como acontece en el caso de otros derechos como los de uso y habitación, o ciertas servidumbres personales). Además, al extinguirse tal derecho y consolidarse en el de las donantes por el fallecimiento del donatario, la desmembración del dominio no es perpetua.Por otra parte, no puede negarse que la presente configuración de la facultad de disponer como derecho «in re aliena» tenga justificación Y el hecho de que pueda coincidir en parte con los efectos propios de las prohibiciones de disponer no impide que, con base en la autonomía de la voluntad, sus propietarias puedan decidir alcanzar esos objetivos parcialmente coincidentes no mediante una limitación sin desintegración del dominio -como acontece con las prohibiciones de disponer- sino mediante esta modificación del dominio con disociación del mismo en cuanto al «ius disponendi».Por último, el hecho de que para realizar el acto dispositivo deba contar el titular de la facultad de disponer con el consentimiento de las propietarias no es incompatible con el carácter real del derecho, pues las constituyentes no quedarían como únicas afectadas y favorecidas con el gravamen. Si puede donarse el «ius disponendi» de modo que el donatario tenga disponibilidad plena del bien a que se refiere, ningún obstáculo existe para que el derecho donado se configure como poder de disposición limitado, por ejemplo para el caso de que concurra alguna circunstancia concreta o por la necesidad de que también concurra el consentimiento de otra persona -de las donantes, en este caso-.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16313 La configuración de un derecho real atípico requiere establecer consecuencias reales, en caso de incumplimiento o contravención, y no la simple obligación de resarcir daños y perjuicios
    Categorias: DERECHO REAL, DERECHO PERSONAL, NUMERUS CLAUSUS, INSCRIPCION REGISTRAL, DAÑOS/PERJUICIOS, PRINCIPIO ESPECIALIDAD
    Resumen:
    La configuración de un derecho real atípico requiere establecer consecuencias reales, en caso de incumplimiento o contravención, y no la simple obligación de resarcir daños y perjuicios.La doctrina del «numerus apertus» permite, no sólo la constitución de nuevas figuras de derechos reales, incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales, sino también la alteración del contenido típico de los derechos reales. Pero respetando las normas estructurales del estatuto jurídico de los bienes.Son características estructurales típicas su inmediatividad, o posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber general de abstención que posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo determinado.Los derechos de adquisición preferente pueden ser configurados como un verdadero y propio derecho real, pero debe hacerse de forma que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se decía que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada). Se hace imprescindible la determinación del concreto contenido y extensión de las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al Registro.Por la elasticidad del dominio y por su carácter abstracto, cabe en vía de principio que una de las facultades dominicales cual es la dispositiva sea objeto de disgregación de modo que sea objeto de una configuración propia de los derechos reales. Prueba de ello es la existencia de figuras como la del usufructo con facultad de disponer o la de la donación con reserva de la facultad dispositiva. Precisamente, si en este último caso puede desmembrarse del dominio por vía de «deductio» (aunque, para algunos autores, también en el supuesto del artículo 639 del Código Civil lo que se reserva el donante es un derecho real independiente que nace de lo pactado en la donación), no debe existir obstáculo para que el mismo resultado se produzca por vía de «translatio», como ocurre con otras facultades dominicales como es la de disfrutar y gozar de una cosa «erga omnes».En la escritura calificada es objeto de donación no una mera facultad sino un verdadero derecho subjetivo, de los denominados potestativos o de modificación jurídica, que atribuye al donatario un poder para disponer con plenos efectos de bienes ajenos pertenecientes a las donantes .La inmediatividad, absolutividad, reipersecutoriedad, preferencia y exclusión propias de los derechos reales quedan asegurada, en tanto en cuanto cualquiera que sea el propietario poseedor de las fincas referidas podrá el donatario del «ius disponendi» ejercitarlo. El hecho de que se configure como un derecho inalienable y personalísimo no impide su consideración como verdadero derecho real (como acontece en el caso de otros derechos como los de uso y habitación, o ciertas servidumbres personales). Además, al extinguirse tal derecho y consolidarse en el de las donantes por el fallecimiento del donatario, la desmembración del dominio no es perpetua.Por otra parte, no puede negarse que la presente configuración de la facultad de disponer como derecho «in re aliena» tenga justificación Y el hecho de que pueda coincidir en parte con los efectos propios de las prohibiciones de disponer no impide que, con base en la autonomía de la voluntad, sus propietarias puedan decidir alcanzar esos objetivos parcialmente coincidentes no mediante una limitación sin desintegración del dominio -como acontece con las prohibiciones de disponer- sino mediante esta modificación del dominio con disociación del mismo en cuanto al «ius disponendi».Por último, el hecho de que para realizar el acto dispositivo deba contar el titular de la facultad de disponer con el consentimiento de las propietarias no es incompatible con el carácter real del derecho, pues las constituyentes no quedarían como únicas afectadas y favorecidas con el gravamen. Si puede donarse el «ius disponendi» de modo que el donatario tenga disponibilidad plena del bien a que se refiere, ningún obstáculo existe para que el derecho donado se configure como poder de disposición limitado, por ejemplo para el caso de que concurra alguna circunstancia concreta o por la necesidad de que también concurra el consentimiento de otra persona -de las donantes, en este caso-.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16313 Disgregada la facultad de disponer y enajenada a un tercero, puede configurarse de modo que el titular, para efectivamente disponer, requiera también del consentimiento de los propietarios, o de cualquier otro modo limitar tal ejercicio, por ejemplo, condicionándolo a que concurran circunstancias concretas
    Categorias: FACULTAD DISPOSICION, CONSENTIMIENTO, PROHIBICION DISPONER
    Resumen:
    Disgregada la facultad de disponer y enajenada a un tercero, puede configurarse de modo que el titular, para efectivamente disponer, requiera también del consentimiento de los propietarios, o de cualquier otro modo limitar tal ejercicio, por ejemplo, condicionándolo a que concurran circunstancias concretas.La doctrina del «numerus apertus» permite, no sólo la constitución de nuevas figuras de derechos reales, incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales, sino también la alteración del contenido típico de los derechos reales. Pero respetando las normas estructurales del estatuto jurídico de los bienes.Son características estructurales típicas su inmediatividad, o posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber general de abstención que posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo determinado.Los derechos de adquisición preferente pueden ser configurados como un verdadero y propio derecho real, pero debe hacerse de forma que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se decía que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada). Se hace imprescindible la determinación del concreto contenido y extensión de las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al Registro.Por la elasticidad del dominio y por su carácter abstracto, cabe en vía de principio que una de las facultades dominicales cual es la dispositiva sea objeto de disgregación de modo que sea objeto de una configuración propia de los derechos reales. Prueba de ello es la existencia de figuras como la del usufructo con facultad de disponer o la de la donación con reserva de la facultad dispositiva. Precisamente, si en este último caso puede desmembrarse del dominio por vía de «deductio» (aunque, para algunos autores, también en el supuesto del artículo 639 del Código Civil lo que se reserva el donante es un derecho real independiente que nace de lo pactado en la donación), no debe existir obstáculo para que el mismo resultado se produzca por vía de «translatio», como ocurre con otras facultades dominicales como es la de disfrutar y gozar de una cosa «erga omnes».En la escritura calificada es objeto de donación no una mera facultad sino un verdadero derecho subjetivo, de los denominados potestativos o de modificación jurídica, que atribuye al donatario un poder para disponer con plenos efectos de bienes ajenos pertenecientes a las donantes .La inmediatividad, absolutividad, reipersecutoriedad, preferencia y exclusión propias de los derechos reales quedan asegurada, en tanto en cuanto cualquiera que sea el propietario poseedor de las fincas referidas podrá el donatario del «ius disponendi» ejercitarlo. El hecho de que se configure como un derecho inalienable y personalísimo no impide su consideración como verdadero derecho real (como acontece en el caso de otros derechos como los de uso y habitación, o ciertas servidumbres personales). Además, al extinguirse tal derecho y consolidarse en el de las donantes por el fallecimiento del donatario, la desmembración del dominio no es perpetua.Por otra parte, no puede negarse que la presente configuración de la facultad de disponer como derecho «in re aliena» tenga justificación Y el hecho de que pueda coincidir en parte con los efectos propios de las prohibiciones de disponer no impide que, con base en la autonomía de la voluntad, sus propietarias puedan decidir alcanzar esos objetivos parcialmente coincidentes no mediante una limitación sin desintegración del dominio -como acontece con las prohibiciones de disponer- sino mediante esta modificación del dominio con disociación del mismo en cuanto al «ius disponendi».Por último, el hecho de que para realizar el acto dispositivo deba contar el titular de la facultad de disponer con el consentimiento de las propietarias no es incompatible con el carácter real del derecho, pues las constituyentes no quedarían como únicas afectadas y favorecidas con el gravamen. Si puede donarse el «ius disponendi» de modo que el donatario tenga disponibilidad plena del bien a que se refiere, ningún obstáculo existe para que el derecho donado se configure como poder de disposición limitado, por ejemplo para el caso de que concurra alguna circunstancia concreta o por la necesidad de que también concurra el consentimiento de otra persona -de las donantes, en este caso-.
    08/11/2018 (29/11/2018) BOE-A-2018-16313 Cabe disgregar la facultad de disposición, darle autonomía y transmitirla a un tercero; la Dirección General no pone la condición añadida de que éste sólo pueda disponer por actos intervivos; aunque sí parece considerar esencial el requisito -que se da en el caso concreto- de que la facultad en sí sea indisponible, y el dominio no permanecerá dividido indefinidamente
    Categorias: FACULTAD DISPOSICION, DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION, ACTO MORTIS CAUSA, PROHIBICION DISPONER
    Resumen:
    Cabe disgregar la facultad de disposición, darle autonomía y transmitirla a un tercero; la Dirección General no pone la condición añadida de que éste sólo pueda disponer por actos intervivos; aunque sí parece considerar esencial el requisito -que se da en el caso concreto- de que la facultad en sí sea indisponible, y el dominio no permanecerá dividido indefinidamente.La doctrina del «numerus apertus» permite, no sólo la constitución de nuevas figuras de derechos reales, incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales, sino también la alteración del contenido típico de los derechos reales. Pero respetando las normas estructurales del estatuto jurídico de los bienes.Son características estructurales típicas su inmediatividad, o posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber general de abstención que posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo determinado.Los derechos de adquisición preferente pueden ser configurados como un verdadero y propio derecho real, pero debe hacerse de forma que no quepa duda al respecto (se rechazó en un caso en que no se decía que tuviera carácter real, ni se establecía que sería inscribible, ni se expresaban las consecuencias del acto para el caso de que se realizara la venta contraviniendo la notificación pactada). Se hace imprescindible la determinación del concreto contenido y extensión de las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al Registro.Por la elasticidad del dominio y por su carácter abstracto, cabe en vía de principio que una de las facultades dominicales cual es la dispositiva sea objeto de disgregación de modo que sea objeto de una configuración propia de los derechos reales. Prueba de ello es la existencia de figuras como la del usufructo con facultad de disponer o la de la donación con reserva de la facultad dispositiva. Precisamente, si en este último caso puede desmembrarse del dominio por vía de «deductio» (aunque, para algunos autores, también en el supuesto del artículo 639 del Código Civil lo que se reserva el donante es un derecho real independiente que nace de lo pactado en la donación), no debe existir obstáculo para que el mismo resultado se produzca por vía de «translatio», como ocurre con otras facultades dominicales como es la de disfrutar y gozar de una cosa «erga omnes».En la escritura calificada es objeto de donación no una mera facultad sino un verdadero derecho subjetivo, de los denominados potestativos o de modificación jurídica, que atribuye al donatario un poder para disponer con plenos efectos de bienes ajenos pertenecientes a las donantes .La inmediatividad, absolutividad, reipersecutoriedad, preferencia y exclusión propias de los derechos reales quedan asegurada, en tanto en cuanto cualquiera que sea el propietario poseedor de las fincas referidas podrá el donatario del «ius disponendi» ejercitarlo. El hecho de que se configure como un derecho inalienable y personalísimo no impide su consideración como verdadero derecho real (como acontece en el caso de otros derechos como los de uso y habitación, o ciertas servidumbres personales). Además, al extinguirse tal derecho y consolidarse en el de las donantes por el fallecimiento del donatario, la desmembración del dominio no es perpetua.Por otra parte, no puede negarse que la presente configuración de la facultad de disponer como derecho «in re aliena» tenga justificación Y el hecho de que pueda coincidir en parte con los efectos propios de las prohibiciones de disponer no impide que, con base en la autonomía de la voluntad, sus propietarias puedan decidir alcanzar esos objetivos parcialmente coincidentes no mediante una limitación sin desintegración del dominio -como acontece con las prohibiciones de disponer- sino mediante esta modificación del dominio con disociación del mismo en cuanto al «ius disponendi».Por último, el hecho de que para realizar el acto dispositivo deba contar el titular de la facultad de disponer con el consentimiento de las propietarias no es incompatible con el carácter real del derecho, pues las constituyentes no quedarían como únicas afectadas y favorecidas con el gravamen. Si puede donarse el «ius disponendi» de modo que el donatario tenga disponibilidad plena del bien a que se refiere, ningún obstáculo existe para que el derecho donado se configure como poder de disposición limitado, por ejemplo para el caso de que concurra alguna circunstancia concreta o por la necesidad de que también concurra el consentimiento de otra persona -de las donantes, en este caso-.