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    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 Particular supuesto en el que la finca fue inmatriculada según una descripción catastral que estaba inmersa en un procedimiento de subsanación de discrepancias; se solicita la georreferenciación de las parcelas colindantes, en los términos resultantes de ese expediente, pero la Dirección General hace prevalecer la legitimación registral y requiere el acuerdo del titular registral.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, PRINCIPIO LEGITIMACION, COORDINACION REGISTROS-CATASTRO, CATASTRO, COORDINACION NOTARIAS-CATASTRO, INMATRICULACION FINCA REGISTRAL
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 La subsanación de discrepancias en el Catastro no tiene reflejo registral hasta que se siga el expediente de dominio previsto en la Ley Hipotecaria.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, PRINCIPIO LEGITIMACION, COORDINACION REGISTROS-CATASTRO, CATASTRO, COORDINACION NOTARIAS-CATASTRO,
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 Cuando la georreferenciación implique invasión de fincas colindantes, cabe acudir al expediente de deslinde o también que esos colindantes consientan en el propio expediente de georreferenciación (siempre que ello no implique encubrimiento de negocios jurídicos).
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, EXPEDIENTE DOMINIO, JURISDICCION VOLUNTARIA, JURISDICCION VOLUNTARIA NOTARIAL, LINDERO FINCA REGISTRAL, DESLINDE/AMOJONAMIENTO, UNANIMIDAD
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 En caso de duda de invasión del dominio público o de fincas colindantes o de encubrimiento de negocios jurídicos, procede tramitar el expediente de georreferenciación, para que los interesados puedan alegar.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, EXPEDIENTE DOMINIO, JURISDICCION VOLUNTARIA, JURISDICCION VOLUNTARIA NOTARIAL, LINDERO FINCA REGISTRAL, DOMINIO PUBLICO
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 El inicio del expediente de georreferenciación debe anotarse en la finca objeto del mismo y no en las colindantes.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, PROCEDIMIENTO REGISTRAL, NOTA MARGINAL REGISTRAL
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10413 Procede suspender la inscripción de la ampliación de obra (y debe entenderse que de la obra nueva), hasta que se clarifiquen las dudas sobre la georreferenciación de la finca matriz.
    GEORREFERENCIACION FINCA REGISTRAL, OBRA NUEVA, SUSPENSION INSCRIPCION
    Resumen:
    El registrador suspende la tramitación del expediente porque “la georreferenciación aportada solapa parcialmente, lo cual puede determinar una perturbación de hecho no consentida, con dos fincas registrales colindantes que tienen su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro” con motivo de su inmatriculación. Alegan los recurrentes la improcedencia de esa inmatriculación al estar pendiente sobre ellas un procedimiento de subsanación de discrepancias. Pero, esa circunstancia no puede producir repercusión registral; el registrador inmatriculó en su día las fincas con una certificación catastral descriptiva y gráfica vigente y, por tanto, firme, donde la descripción de la finca coincidía con la de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica, y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario o titular registral. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento por alguno de los medios previstos en la legislación hipotecaria. Respecto a las fincas con georreferenciación inscrita, se presume que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, con lo cual se invierte la carga de la prueba en un juicio y quien alega la inexactitud ha de probarla ante un juez, sin ser suficiente para lograr la rectificación registral un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias, que solo se produce a efectos catastrales. Para que puedan inscribirse en el Registro las nuevas descripciones catastrales, se requiere su presentación y solicitud del inicio de sendos expedientes del artículo 199, por aplicación del principio hipotecario de rogación, frente al principio de actuación de oficio que rige en el Catastro. Pero el artículo 199 de la Ley Hipotecaria con cierta imprecisión dispone que, si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada y siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. En este sentido, si el registrador tiene dudas sobre, por ejemplo, la invasión del dominio público o la eventual invasión de parcelas colindantes o el encubrimiento de negocios jurídicos, no puede sin más rechazar la iniciación del expediente, sino que lo que debe hacer es tramitarlo, y, una vez concluido, calificar a la vista de lo actuado. En el mismo sentido, el asiento a practicar como consecuencia del inicio del expediente debe hacerse en la finca objeto del mismo, pero no en otra distinta. Ahora bien, si el promotor del expediente alega que la georreferenciación de la otra finca se solapa con la suya, debe el registrador tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicando las notificaciones correspondientes a los colindantes, que permita a éstos realizar las alegaciones que estimen pertinentes, que el registrador habrá de valorar, a los efectos de efectuar una calificación positiva o negativa. En el presente caso, esas alegaciones pueden consistir en solicitar el inicio de un expediente para cada una de las fincas indicadas, para actualizar su descripción y su georreferenciación, si hay acuerdo. Si hay oposición, será cuando el registrador deberá valorar la misma y podrá denegar la inscripción. Siendo correcta la actuación del registrador respecto a la suspensión de la inscripción de la ampliación de la obra, hasta que se clarifique la pertenencia de la parte del solar discutida sobre el que se asienta la construcción.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10412 La Dirección General recuerda su doctrina sobre inscripción de parcelaciones por antigüedad; añadiendo, como suele, matizaciones y contradicciones.
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA, SEGREGACION FINCA REGISTRAL, PARCELACION URBANISTICA, PRESCRIPCION ACCIONES, LICENCIA URBANISTICA, PRESCRIPCION EXTINTIVA, DISCIPLINA URBANISTICA, INFRACCION URBANISTICA
    Resumen:
    Esta Dirección General reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas A falta de una norma que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación sin licencia, cabe la eficacia civil y situación consolidada del acto jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su antigüedad. Para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar. En el caso de este expediente, podría alegarse que la segregación fue realizada con fecha fehaciente anterior a la norma que exige la licencia (en este caso la acreditada mediante certificado expedido por Catastro) pero no es suficiente la acreditación de no constar expediente municipal alguno relativo al inmueble, pues ello no implica un reconocimiento de la existencia independiente de la parcela o de su situación de fuera de ordenación o de haber prescrito la acción de restablecimiento de legalidad urbanística. Tampoco puede compartirse que la segregación de finca rústica sometida a la Ley del suelo de 1992 no estuviera sometida a ningún tipo de intervención municipal, pues, en las escrituras de división de terrenos, exigía que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, lo que implicaba el sometimiento a licencia de las parcelaciones urbanísticas y la declaración de inncesariedad de licencia para las de naturaleza rústica.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10412 La inscripción de una segregación por antigüedad requiere del documento administrativo que reconozca la prescripción o declare la finca en situación de fuera de ordenación (u otro cualquiera de los varios medios de prueba que -a veces- permite la Dirección General).
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA, SEGREGACION FINCA REGISTRAL, PARCELACION URBANISTICA, PRESCRIPCION ACCIONES, LICENCIA URBANISTICA, INFRACCION URBANISTICA, INFORME, COORDINACION REGISTROS-CATASTRO, PARCELA CATASTRAL, CATASTRO
    Resumen:
    Esta Dirección General reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas A falta de una norma que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación sin licencia, cabe la eficacia civil y situación consolidada del acto jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su antigüedad. Para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar. En el caso de este expediente, podría alegarse que la segregación fue realizada con fecha fehaciente anterior a la norma que exige la licencia (en este caso la acreditada mediante certificado expedido por Catastro) pero no es suficiente la acreditación de no constar expediente municipal alguno relativo al inmueble, pues ello no implica un reconocimiento de la existencia independiente de la parcela o de su situación de fuera de ordenación o de haber prescrito la acción de restablecimiento de legalidad urbanística. Tampoco puede compartirse que la segregación de finca rústica sometida a la Ley del suelo de 1992 no estuviera sometida a ningún tipo de intervención municipal, pues, en las escrituras de división de terrenos, exigía que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, lo que implicaba el sometimiento a licencia de las parcelaciones urbanísticas y la declaración de inncesariedad de licencia para las de naturaleza rústica.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10412 Dado que la ley no declara la nulidad radical de la segregación sin licencia, el acto puede quedar consolidado por prescripción.
    SEGREGACION FINCA REGISTRAL, PARCELACION URBANISTICA, PRESCRIPCION ACCIONES, LICENCIA URBANISTICA, NULIDAD
    Resumen:
    Esta Dirección General reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas A falta de una norma que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación sin licencia, cabe la eficacia civil y situación consolidada del acto jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su antigüedad. Para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar. En el caso de este expediente, podría alegarse que la segregación fue realizada con fecha fehaciente anterior a la norma que exige la licencia (en este caso la acreditada mediante certificado expedido por Catastro) pero no es suficiente la acreditación de no constar expediente municipal alguno relativo al inmueble, pues ello no implica un reconocimiento de la existencia independiente de la parcela o de su situación de fuera de ordenación o de haber prescrito la acción de restablecimiento de legalidad urbanística. Tampoco puede compartirse que la segregación de finca rústica sometida a la Ley del suelo de 1992 no estuviera sometida a ningún tipo de intervención municipal, pues, en las escrituras de división de terrenos, exigía que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, lo que implicaba el sometimiento a licencia de las parcelaciones urbanísticas y la declaración de inncesariedad de licencia para las de naturaleza rústica.
    31/05/2022 (23/06/2022) BOE-A-2022-10412 La Dirección General -matizando una vez más su propia doctrina al respecto- rechaza que, a efectos de su inscripción, la antigüedad de la segregación sin licencia se acredite por certificiación de Catastro (Vid Rcd de 19 de octubre de 2020).
    DIRECCION GENERAL REGISTROS NOTARIADO, INTERPRETACION, JURISPRUDENCIA, SEGREGACION FINCA REGISTRAL, PRESCRIPCION ACCIONES, LICENCIA URBANISTICA, CATASTRO, COORDINACION REGISTROS-CATASTRO, PARCELA CATASTRA
    Resumen:
    Esta Dirección General reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas A falta de una norma que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación sin licencia, cabe la eficacia civil y situación consolidada del acto jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su antigüedad. Para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar. En el caso de este expediente, podría alegarse que la segregación fue realizada con fecha fehaciente anterior a la norma que exige la licencia (en este caso la acreditada mediante certificado expedido por Catastro) pero no es suficiente la acreditación de no constar expediente municipal alguno relativo al inmueble, pues ello no implica un reconocimiento de la existencia independiente de la parcela o de su situación de fuera de ordenación o de haber prescrito la acción de restablecimiento de legalidad urbanística. Tampoco puede compartirse que la segregación de finca rústica sometida a la Ley del suelo de 1992 no estuviera sometida a ningún tipo de intervención municipal, pues, en las escrituras de división de terrenos, exigía que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, lo que implicaba el sometimiento a licencia de las parcelaciones urbanísticas y la declaración de inncesariedad de licencia para las de naturaleza rústica.
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