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    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 La adquisición por el ayuntamiento de una finca ya inscrita es un negocio de Derecho Privado, que requiere para su inscripción de escritura pública.
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMPRAVENTA BIEN MUNICIPAL, TITULO INSCRIBIBLE, ESCRITURA PUBLICA
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 Tienen carácter administrativo los contratos otorgados por una administración pública que sean de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios -con excepciones-, los así calificados expresamente por una Ley y los vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o que satisfacen directamente una finalidad pública.
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, CONCESION ADMINISTRATIVA, ARRENDAMIENTO OBRA, ARRENDAMIENTO SERVICIOS
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 Los contratos administrativos se rigen, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las de derecho privado.
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMPRAVENTA BIEN MUNICIPAL, REGIMEN JURIDICO
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 Son de carácter privado los contratos otorgados por una administración pública que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales).
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA,
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 La adquisición de bienes inmuebles por una Administración Pública es un contrato privado, sujeto al Derecho privado (efectos y extinción) y al Derecho Público (preparación y adjudicación del contrato, formación de la voluntad contractual y representación).
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMPRAVENTA BIEN MUNICIPAL, BIEN PATRIMONIAL ENTE PUBLICO
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 Son de carácter privado los contratos otorgados por una administración pública de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que se regirán por la legislación patrimonial; sus efectos, modificación y extinción se regirán por el Derecho privado.
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMPRAVENTA BIEN MUNICIPAL, REGIMEN JURIDICO, DONACION, PERMUTA,
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10530 Las operaciones otorgados por una administración pública de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros.
    CONTRATACION ADMINISTRATIVA, SEGREGACION FINCA REGISTRAL, DIVISION FINCA REGISTRAL, AGRUPACION FINCA REGISTRAL, TITULO INSCRIBIBLE
    Resumen:
    Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación. Por ello entra dentro de la competencia del registrador valorar qué documento es el idóneo para procurar el acceso al Registro, pues los diversos títulos admitidos por la Ley Hipotecaria no son intercambiables ni pueden ser utilizados de manera indistinta. En el presente caso de adquisición por el Ayuntamiento de una finca inscrita, por título de compraventa, lo que la certificación recoge es una oferta de venta aceptada por el Ayuntamiento, fijándose un precio determinado, pero sin que la misma llegue a formalizarse puesto que en el mismo acuerdo se autoriza al alcalde para proceder al otorgamiento de escritura pública. Y a la misma conclusión se llega a la vista de la transcripción del Inventario de Bienes de la Corporación, donde consta como título de adquisición el acuerdo plenario elevado a escritura pública, por lo que incluso cabria plantearse si dicha escritura llegó a otorgarse. La discrepancia entre la registradora y el recurrente se basa fundamentalmente en el carácter de contrato privado o administrativo que respectivamente atribuyen a la compraventa del inmueble. Tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, con las excepciones señaladas en el propio apartado y los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley especial y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por su parte, tendrán la consideración de contratos privados todos los que no encajan en la categoría de administrativos (ya sean típicos o especiales). Además, el mismo texto legal excluye del ámbito de aplicación de la Ley a «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial». En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. En consecuencia, en este supuesto nos encontramos ante un contrato privado. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante certificación, siempre que no afecten a terceros. Pero, para practicar el resto de inscripciones sobre fincas que se encuentren ya inmatriculadas, el título inscribible será la correspondiente escritura pública o, en su caso, tratándose de contratos administrativos, el documento de formalización.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10529 No cabe tener en cuenta en el recurso documentos que no se aportaron a la calificación.
    RECURSO GUBERNATIVO, CUESTION NUEVA RECURSO GUBERNATIVO
    Resumen:
    Los documentos aportados por la recurrente, en los que apoya sus alegaciones sobre los herederos de los titulares registrales, son documentos que no tuvo a la vista la registradora en el momento de la calificación, por lo que no puede sustentarse en ellos la resolución del recurso. La calificación del registrador del tracto sucesivo será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, y c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral. En caso de procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales, sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios. En este caso, la anotación se practicará sobre los inmuebles o derechos que especifique el mandamiento judicial en la parte que corresponda el derecho hereditario del deudor. En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados -herencia yacente-, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente. En el supuesto de este expediente, de la documentación presentada a calificación, resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es genérico. Respecto a la incidencia de la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos seguidos contra la herencia yacente, no evita la necesidad de nombrar administrador el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que conste haberse otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia. Pero distinto sería el caso de que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les había hecho en éste, pues en este caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10529 La renuncia a la herencia hecha después de iniciado el proceso y tras recibir el requerimiento por el juzgado, implica un adecuado reconocimiento de los derechos de defensa de los intereses de la herencia yacente.
    HERENCIA YACENTE, REPUDIACION HERENCIA
    Resumen:
    Los documentos aportados por la recurrente, en los que apoya sus alegaciones sobre los herederos de los titulares registrales, son documentos que no tuvo a la vista la registradora en el momento de la calificación, por lo que no puede sustentarse en ellos la resolución del recurso. La calificación del registrador del tracto sucesivo será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, y c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral. En caso de procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales, sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios. En este caso, la anotación se practicará sobre los inmuebles o derechos que especifique el mandamiento judicial en la parte que corresponda el derecho hereditario del deudor. En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados -herencia yacente-, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente. En el supuesto de este expediente, de la documentación presentada a calificación, resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es genérico. Respecto a la incidencia de la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos seguidos contra la herencia yacente, no evita la necesidad de nombrar administrador el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que conste haberse otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia. Pero distinto sería el caso de que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les había hecho en éste, pues en este caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia.
    21/06/2019 (17/07/2019) BOE-A-2019-10529 Tratándose de deudas propias del heredero demandado, la anotación de embargo únicamente puede recaer sobre el derecho hereditario del deudor, derecho que debe ser determinado, aportando el título sucesorio.
    ANOTACION PREVENTIVA EMBARGO, HEREDERO, DERECHO HEREDITARIO
    Resumen:
    Los documentos aportados por la recurrente, en los que apoya sus alegaciones sobre los herederos de los titulares registrales, son documentos que no tuvo a la vista la registradora en el momento de la calificación, por lo que no puede sustentarse en ellos la resolución del recurso. La calificación del registrador del tracto sucesivo será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, y c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral. En caso de procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales, sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente. Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios. En este caso, la anotación se practicará sobre los inmuebles o derechos que especifique el mandamiento judicial en la parte que corresponda el derecho hereditario del deudor. En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados -herencia yacente-, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente. En el supuesto de este expediente, de la documentación presentada a calificación, resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es genérico. Respecto a la incidencia de la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos seguidos contra la herencia yacente, no evita la necesidad de nombrar administrador el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que conste haberse otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia. Pero distinto sería el caso de que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les había hecho en éste, pues en este caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia.
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